Protección contra Sociedad Turística y Ganadera Cerro Azul Ltda

Valdivia, once de Noviembre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 13, don nombre reservado, Director Sindical del sindicato de trabajadores agrícolas N° 1 Cerro Azul, organización sindical, domiciliada en domicilio reservado, en representación del sindicato señalado y de los afiliados nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, de su mismo domicilio, como de los trabajadores despedidos y ex socios del sindicato referido y que menciona, interpone recurso de Protección en contra de la Sociedad Turística y Ganadera Cerro Azul Ltda., empresa de su giro, representada por don nombre reservado, gerente administrador, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso en el hecho que el Sindicato que representa se formó en el mes de Julio del año 2012 y desde esa fecha el recurrido ha procedido a despedir a trabajadores y socios, que se ha reclamado de ello y que el 8 de Abril del año en curso se dictó sentencia en la causa laboral T-3-2012 del Tribunal de Río Bueno, que declaró que la sociedad Agrícola y Ganadera Cerro Azul Ltda. incurrió en prácticas antisindicales, lesionando la libertad sindical de sus trabajadores.

Que, por otra parte, señala que desde el 02 de Abril de 2013 se encuentra vigente el contrato colectivo, cuyo cumplimiento forzado se está ejecutando en el Tribunal de Río Bueno, en las causas que indica.

Que, además, desde el año 2013 se han efectuado ante la Inspección del Trabajo del Ranco y ante la Dirección Regional del Trabajo de los Ríos un sin número de denuncias por prácticas antisindicales y uno de los incumplimientos es que no ha sido reincorporado en propiedad a las funciones por las que se encuentra contratado.

Que, con lo anterior, la recurrida ha privado, perturbado y amenazado los derechos consagrados en el artículo 19 N° 16, en lo que se refiere a la libertad de trabajo y a lo establecido en su inciso cuarto en relación y armonía con el artículo 19 N° 19 relativo a la libertad y autonomía sindical, y artículo 19 N° 24, en lo relativo al derecho de propiedad, garantías que han sido conculcadas a través de los despidos injustificados, ilegales e improcedentes, alterando en un 30% el quorum existente de la organización sindical.

Pide, en consecuencia, tener por deducida la presente acción de protección y, en definitiva, declarar que se acoge, ordenando a la recurrida el cese de las conductas antijurídicas, con costas.

A fojas 87, informando el recurrido, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica, en cuanto a los hechos, que los días 10 y 12 de Septiembre en curso, su representada procedió a comunicar a tres de sus dependientes la desvinculación con la empresa por la causal “necesidades de la empresa”, ofreciendo pagar las prestaciones que la ley exige, deduciendo éstos los respectivos reclamos ante la Inspección del Trabajo, sin tener conocimiento de las acciones judiciales relacionadas con la justificación del despido.

El contrato colectivo a que se alude en el recurso, es objeto de cuestionamiento de parte de su representada, lo que ha generado la apertura de varios juicios, todos ellos pendientes y en tramitación.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, que se habrían conculcado a través de despidos injustificados, ilegales e improcedentes, que habría alterado el quorum de existencia de la organización sindical, ello no es verdad y no existe ningún indicio que justifique semejante imputación, porque su representada no tiene ninguna injerencia en el funcionamiento o existencia del sindicato, teniendo más de 26 trabajadores, todos ellos potenciales miembros del sindicato; y si, por otra parte se pretende que los despidos han sido injustificados, ilegales o improcedentes, lo que corresponde es ejercer las acciones que el propio Código del Trabajo establece para ello.

Respecto de las garantías constitucionales presuntamente conculcadas, en relación a la libertad de trabajo, los hechos en que se funda el recurso no pueden ser consideradas como un atentado a ésta, ya que los despidos de los tres trabajadores fueron realizadas con arreglo a la ley; tampoco se ha atentado a la libertad sindical ni a la autonomía sindical, como al derecho de propiedad.

A fojas 99, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como lo ha sostenido esta Corte, la acción de amparo de garantías fundamentales, a la vista de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley primera y del procedimiento habilitado al efecto por la Excma. Corte Suprema para su conocimiento y fallo, supone la existencia de un derecho indubitado y la ocurrencia de una actuación u omisión que pueda reputarse de ilegal o arbitraria. Y lo anterior dentro de un esquema procesal, estructurado sobre la base de una acción urgente que demanda una tramitación sumarísima, para la eficacia del remedio constitucional que se pretende. (Rol 174-2011).

SEGUNDO: Que por lo expuesto precedentemente, para que proceda la acción de protección, es necesario que el recurrente acredite o proporcione antecedentes suficientes, que de cuenta del derecho indubitado, conculcándose debido a la acción u omisión arbitraria del recurrido.

TERCERO: Que en el caso sublite, no se vislumbra por esta Corte, que se haya conculcado derecho alguno, por cuanto del merito de los antecedentes aportados se puede desprender que, si bien es un hecho cierto que la empresa recurrida ha procedido a despedir trabajadores y socios del Sindicato de Trabajadores Agrícolas N° 1 Cerro Azul, no es menos cierto que éstos pueden ejercer las acciones legales pertinentes, en sede jurisdiccional, discutiendo la procedencia del despido y de la causal invocada.

Que, por otra parte, tal como se indica en el recurso y consta de la documentación acompañada, la empresa recurrida ha sido objeto de varias acciones judiciales por parte del recurrente que se han conocido y tramitado en el Tribunal de Río Bueno, como también de denuncias ante la Inspección Provincial del Trabajo, por prácticas antisindicales, de manera tal que, si bien y al parecer se trata de una conducta recurrente de la empresa recurrida, no es el recurso de protección la vía idónea para reclamar de ello, más aún cuando en el propio Código del Trabajo se establece en el capítulo IX “De las prácticas desleales o antisindicales y su sanción”, como asimismo, en dicho texto legal se encuentra el procedimiento de Tutela Laboral, acciones que ha ejercido la recurrente, cuyo cumplimiento compete a los Tribunales Ordinarios y fiscalización a la Dirección del Trabajo.

Que, además, cabe tener presente que el recurrente en su recurso ha señalado que el Tribunal de Río Bueno, en causa Rol Nª T-3- 2012 condenó a la recurrida “al cese de presiones de cualquier tipo a sus trabajadores para lograr su desafiliación al sindicato o impedir la incorporación de nuevos trabajadores a este, bajo apercibimiento de los dispuesto en el artículo 492 del Código del Trabajo…”, de tal forma que no es posible acceder a lo pedido en el sentido de ordenar por esta Corte al indicado Tribunal el cumplimiento del fallo, por ser improcedente CUARTO: Que, por otra parte y en relación a que el recurrido está despidiendo trabajadores para evitar el quorum necesario para que pueda funcionar el sindicato, es un hecho no acreditado, por cuanto, la recurrida ha señalado que cuenta con 26 trabajadores, potenciales miembros de dicho sindicato.

En todo caso, en el evento de ser así, como se ha dicho, esta acción no es la pertinente para poner remedio a tal situación, porque de acuerdo, como se ha dicho, existen instrumentos legales y administrativos que están conociendo de los hechos denunciados.

Y visto además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Carta Fundamental, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, por si y en representación del Sindicato de Trabajadores N° 1 Cerro Azul, en contra de la Sociedad Turística y Ganadera Cerro Azul Ltda., representada por don nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente doña Gloria Hidalgo Álvarez.

Rol N° 759 – 2014. CIV.

Pronunciada por la PRIMERA SALA, Ministra Srta. RUBY ALVEAR MIRANDA, Ministra Interina Sra. MARIA SOLEDAD PIÑEIRO FUENZALIDA, Ministra Suplente Sra. GLORIA HIGALGO ALVAREZ. Autoriza la Secretaria Sra. ANA MARIA LEON ESPEJO.

En Valdivia, once de noviembre de dos mil catorce, notifiqué por el ESTADO DIARIO la resolución precedente.