nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HEROES

C.A. de Valdivia Valdivia, veintiuno de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS, TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

1) Comparece don Patricio Alberto Muñoz Alvarez, abogado, en favor de don nombre reservado, obrero agrícola, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, representada por su gerente general don nombre reservado.

Refiere que contrajo con la recurrida un crédito social pactado en cuotas de $117.068, cuya primera cuota venció el 14 de agosto de 2013, del que alcanzó a pagar solo algunas hasta que perdió el empleo que entonces tenía. Agrega que desde el 1 de febrero de 2017 presta servicios para Inversiones e Inmobiliaria Radimadi S.A., sin que durante esos más de nueve años la Caja intentara cobro efectivo alguno, de modo que las acciones se encuentran prescritas conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil.

Sostiene que, pese a ello, la recurrida instruyó el descuento por planilla de la cuota, sin aviso previo de cobranza y sin título ejecutivo vigente, del que tomó conocimiento el 29 de mayo de 2026 al recibir su liquidación de remuneraciones de ese mes, y que la afectación se repetirá mensualmente. Denuncia vulnerado su derecho de propiedad sobre la remuneración, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, y pide que se ordene a la recurrida cesar en los descuentos y restituir los fondos retenidos, con costas.

2) A folio 8 informa el abogado Felipe Velastin Torres por la recurrida y solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Indica que el 14 de agosto de 2013 el recurrente suscribió con su representada un contrato de mutuo de dinero —crédito social N° 101307072— por $2.719.280, pagadero en 36 cuotas mensuales de $117.068, que no cumplió en tiempo y forma; que antes de reanudar los descuentos le remitió la comunicación previa que exige el punto 3.1.17.3 del Libro III del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, detallando el estado del crédito y confiriéndole un plazo de 15 días para regularizar su situación; y que el descuento por planilla no constituye una facultad discrecional de la Caja, sino el cumplimiento del mandato del artículo 22 de la Ley N° 18.833, en relación con el artículo 58 del Código del Trabajo.

Añade que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, conforme a los artículos 2493 y 2514 del Código Civil, y que, mientras no exista declaración respecto de la acción ordinaria emanada del mutuo —que prescribe en cinco años según el artículo 2515 del mismo cuerpo legal—, la obligación civil subsiste íntegra; que esa declaración exige un debate de lato conocimiento que la sede cautelar no admite; y que la restitución es improcedente, tanto porque los descuentos extinguen parcialmente una obligación vigente cuanto porque, en la hipótesis de prescripción declarada, el pago de una obligación natural es irrepetible conforme al artículo 1470 N° 2 del Código Civil. Acompaña el correo electrónico remitido al recurrente, el listado del plan de pagos original del crédito y el Dictamen N° 63768-2026 de la Superintendencia de Seguridad Social.

3) El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho de quienes incurren en él— que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

4) Que, en este sentido, resulta necesario explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar y urgente, que no detenta el carácter de declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento pretender la obtención de un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y, en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

5) Que de los antecedentes agregados a la carpeta electrónica, todos ellos documentos emanados de las propias partes, resultan establecidos los siguientes hechos. Conforme al listado del plan de pagos original acompañado por la recurrida, el crédito social N° 101307072 se colocó el 14 de agosto de 2013, por $2.719.280, pagadero en 36 cuotas mensuales de $117.068, con vencimiento de la última el 31 de agosto de 2016; las cuotas 1 a 13 aparecen pagadas, la última de ellas el 16 de marzo de 2015, y las cuotas 14 a 36 sin pago, llevando todas la anotación “CAST. 30/06/17”, bajo la denominación de producto “Crédito Castigado”, dato coherente con el documento que la propia recurrida emitió el 2 de junio de 2026, titulado pronóstico de liquidación de deuda castigada.

Consta, asimismo, que el recurrente presta servicios para Inversiones e Inmobiliaria Radimadi S.A. en virtud de contrato de trabajo suscrito el 1 de febrero de 2017, vigente y actualizado por anexo de 31 de enero de 2026; que el 18 de mayo de 2026, a las 12:27 horas, la recurrida le remitió un correo electrónico informándole que registraba 23 cuotas impagas del crédito N° 101307072, con 13 cuotas pagadas, y advirtiéndole que si en el plazo de 15 días no regularizaba su situación ni entregaba una aclaración satisfactoria, la Caja podría reanudar el descuento de sus remuneraciones; y que en la liquidación de remuneraciones de mayo de 2026, entregada al trabajador el 29 de ese mes, aparece practicado el descuento de $117.068 por concepto de cuota de préstamo CCAF, sobre un alcance líquido de $1.560.400.

6) Que el artículo 22, inciso primero, de la Ley N° 18.833 —Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar— dispone que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. El descuento por planilla es, entonces, un mecanismo especial de recaudación que la ley establece en resguardo del Fondo Social y que el empleador debe acatar, sin necesidad de autorización del trabajador. Con todo, que la ley habilite el descuento no significa que la Caja pueda activarlo en cualquier tiempo y de cualquier modo. Se trata de una potestad reglada, cuyo ejercicio la Superintendencia de Seguridad Social ha sujetado a condiciones precisas en el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de observancia obligatoria para la entidad acreedora, y cuyo cumplimiento es precisamente lo que la recurrida invoca en su informe como fundamento de la juridicidad de su actuar.

7) Que el punto 3.1.17.3 del Título I del Libro III de dicho Compendio, denominado “Reinicio de Descuentos”, dispone que cuando no ha sido posible descontar regularmente las cuotas de un crédito social en los últimos seis meses y los descuentos pudieren reanudarse, la Caja, previamente a informarlos a la entidad empleadora, debe enviar al trabajador un aviso individualizando los meses impagos y anunciando la reanudación, con la información del certificado de liquidación del número 3.1.16 actualizada a la fecha del envío. Y agrega, en lo que aquí resulta decisivo, que “El aviso otorgará al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que éste concurra a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses. Sin haber transcurrido este plazo y aun cuando el afiliado no concurra o no haya reprogramado o renegociado su crédito dentro de este término, la entidad de previsión social no podrá informar al empleador o entidad pagadora de pensión el descuento de la cuota de crédito social que corresponda”.

8) Que el cotejo de esa norma con los hechos asentados en el motivo quinto conduce a una conclusión inequívoca. El aviso se remitió el 18 de mayo de 2026 y confirió al deudor un plazo de quince días, que vencía el 2 de junio siguiente. El descuento, sin embargo, ya estaba practicado en la liquidación de remuneraciones entregada el 29 de mayo de 2026, once días después del aviso y cuatro antes de que el plazo expirara; y como la deducción supone que la recurrida hubiese informado previamente la cuota al empleador para su inclusión en la planilla, la infracción debió producirse incluso antes de esa fecha. La recurrida hizo, en suma, exactamente aquello que la norma le prohíbe: informar el descuento sin haber transcurrido el plazo.

Y no se trata de un reparo formal. El plazo de quince días es el que la norma concede al deudor para concurrir a la Caja, regularizar sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses, antecedente del que depende, a su turno, el monto de la cuota que puede reiniciarse. Anunciar una facultad y ejecutarla antes de que el destinatario pueda ejercer el derecho correlativo priva al aviso de todo sentido y lo reduce a una formalidad vacía. El propio correo de 18 de mayo de 2026 pedía al recurrente concurrir con sus tres últimas liquidaciones de remuneraciones: cuando pudo haberlo hecho, el descuento ya se había materializado.

9) Que a lo anterior se suma una segunda infracción. El punto 3.1.17.9.2 del mismo Título y Libro exige que, para efectuar el descuento de cuotas de un crédito social, la Caja cuente con los documentos de respaldo del crédito, tales como el pagaré o la solicitud, “no siendo suficiente para informar el descuento de cuotas el mero registro computacional de la deuda o un certificado de esta”, de modo que, mientras no cuente con ellos, debe abstenerse de descontar. En autos, pese a que el recurso reprocha derechamente el cobro sin título, la recurrida no acompañó pagaré ni solicitud de crédito social, sino únicamente un listado del plan de pagos emitido por sus propios sistemas el 7 de julio de 2026, esto es, precisamente el registro computacional que la norma declara insuficiente.

10) Que la afectación del derecho de propiedad del recurrente sobre su remuneración es consecuencia directa de lo expuesto. Es efectivo que los descuentos obligatorios del artículo 58 del Código del Trabajo no privan al trabajador de aquello que nunca ingresó libremente a su patrimonio, pero ese razonamiento supone que el descuento sea legal, que es justamente lo que aquí falta. Practicada la deducción en virtud de un mecanismo activado al margen de las normas que lo regulan, la suma retenida sale del patrimonio del recurrente sin título que lo justifique, con la particularidad de tratarse de una remuneración de carácter alimentario.

11) Que conviene precisar el alcance de lo que se resuelve. Esta sentencia no declara extinguida la obligación ni prescrita acción alguna: tales cuestiones son ajenas a esta sede cautelar y no declarativa, y deben ventilarse, si el recurrente lo estima, ante la judicatura ordinaria por medio de las acciones correspondientes que la ley ha determinado para tal efecto. Lo que se constata es que la recurrida reactivó un mecanismo de recaudación privilegiado sin observar las condiciones a que su ejercicio está sujeto, y es solo ese proceder el que se deja sin efecto, quedando a salvo el derecho de la Caja para perseguir el pago por los medios legales ordinarios y para reiniciar el descuento por planilla una vez cumplidas las exigencias que el Compendio le impone.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Patricio Alberto Muñoz Alvarez, abogado, en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes y, en consecuencia, se ordena a la recurrida dejar sin efecto de inmediato la instrucción de descuento por planilla impartida respecto del recurrente a su empleador, Inversiones e Inmobiliaria Radimadi S.A., y restituir las sumas descontadas por concepto de cuota del crédito social N° 101307072 desde el mes de mayo de 2026, dentro de quinto día de ejecutoriado este fallo, debiendo respetar el plazo de 15 días corridos de aviso que establece el punto 3.1.17.3 del Título I del Libro III del Compendio Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, el que comenzará a correr en su integridad a partir de la fecha en que el presente fallo quede firme y ejecutoriado, y siempre que se cumpla, además, lo señalado en el motivo noveno de este fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección-730-2026