Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia

Valdivia, tres de Octubre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 167, don nombre reservado, Jefe nombre reservado, en representación de Rendic Hermanos S.A., RUT: RUT reservado, sociedad comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, representada legalmente por doña nombre reservado, empleada pública, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Por intermedio de dicha acción solicita a esta Corte restablecer el imperio del derecho y otorgar amparo al derecho de su representada relativo a la libertad de trabajo y libre contratación y, además, a su derecho de propiedad, de los cuales se encuentra privado, o que al menos se encuentran perturbados o amenazados, como consecuencia de la acción arbitraria e ilegal de la Inspección del Trabajo de Valdivia la que, sin mayores antecedentes, ha ordenado el “reintegro por separación ilegal” de dos dirigentes sindicales, que, a la fecha de presentación de su recurso, no han sido separados por su representada y cuya relación laboral se encuentra plenamente vigente.

Señala que su representada Rendic Hermanos S.A. forma parte del Holding Empresarial cuya sociedad matriz es SMU S.A., que se encuentra dedicado a la explotación de un conjunto de supermercados minoristas y mayoristas, los que en total suman aproximadamente 550 a lo largo de todo Chile, operación que se realiza a través de distintas marcas, tales como Unimarc, Ok Market, Súper 10, etc. Lo anterior atendido a que su representada compró el 13 de diciembre de 2007 los activos del negocio en marcha Supermercados Unimarc.

Dice que así comenzó un proceso de expansión, el que culminó en el mes de septiembre de 2011, fecha en la cual su representada se fusionó con Supermercados del Sur, sociedad que administraba la cadena de Supermercados Bigger.

Indica que con motivo de dicha fusión, con fecha 20 de septiembre de 2011, se realizó una consulta al Tribunal de la Libre Competencia, que al efecto dictó la Resolución Nº43, que en lo medular aprobaba la fusión, pero imponía una serie de condiciones que debían cumplirse en el lapso de ocho meses contados desde la resolución en comento.

Refiere que dentro de estas condiciones, estaba la desinversión de 18 locales de Supermercados, uno de las cuales correspondía a Valdivia, imponiendo, además, dos condiciones adicionales, la primera, que la venta de los 18 locales se efectuara como unidad económica, a una sola persona y que esa persona que comprara, no podría ser ninguna de los dos cadenas de Supermercado con mayor presencia en el país (Walmart y Cenconsud).

Finalmente explica que la venta de los 18 locales se llevó a efecto a una sociedad ligada al empresario nombre reservado. Explica que como la venta impuesta por el Tribunal de la Libre Competencia debía verificarse como unidad económica, ello implicaba el traspaso de los locales en funcionamiento, con sus mercaderías, trabajadores, etc.

De este modo, a partir del 1 de agosto de 2014, y en una operación que le significó a su representada una pérdida de $11.000.000.000, la sociedad ligada al Sr. nombre reservado comenzó a operar y administrar los locales de Supermercados, precisando que al momento de verificarse el traspaso, por el solo ministerio de la ley y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º del Código del Trabajo, los trabajadores que prestaban sus servicios en los locales traspasados cambiaron de empleador, manteniéndose inalterados sus derechos laborales y obligaciones, emanados de los contratos individuales y colectivos del trabajo. Añade que en consecuencia, la relación laboral se mantiene vigente con el nuevo empleador, por lo que dichos trabajadores dejan de ser dependientes de su representada por el solo ministerio de la ley.

Añade que en el local de calle Errázuriz ubicado en la ciudad de Valdivia y que fue traspasado a la sociedad ligada al Sr. nombre reservado, pertenecían cuatro dirigentes sindicales (Sras. nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado), precisando que conforme lo dispone el artículo 4º del Código del Trabajo, estas trabajadoras, cambiaron de empleador por el solo ministerio de la ley.

Sin perjuicio de lo anterior, y en lo que constituye el acto que priva o al menos perturba o amenaza el derecho a la libre contratación de su representada y también su derecho de propiedad, la Inspección Provincial del Trabajo, con fecha 4 de agosto de 2014, fiscalizó a su representada por haber “separado ilegalmente a trabajadores con fuero sindical”.

Refiere que la actitud de la recurrida importa, sin duda, una transgresión a los derechos mencionados y protegidos en los Nº16 y Nº24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Sostiene que para que la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia pudiera fiscalizar a su representada y exigirle la reincorporación de los trabajadores despedidos ilegalmente, lo primero que debió constatar fue la existencia de un despido. Y nada de eso hizo. Agrega que de las propias actas de fiscalización consta que los trabajadores no fueron despedidos sino que fueron traspasados a nuevo empleador, pese a lo cual e ignorando lo dispuesto en el artículo 4º del Código del Trabajo, la fiscalizadora concluye que su representada ha incurrido en una ilegalidad por cuanto las dirigentes en cuestión fueron traspasadas al nuevo empleador sin contar con autorización judicial previa y de mismo modo, se le informa que ello constituye una práctica antisindical y que será denunciada a tribunales, lo cual constituye el acto ilegal y arbitrario respecto del cual reclama.

Pide en definitiva se acoja el recurso, ordenando a la recurrida poner término a los actos materia del recurso, disponiendo cualquier otra medida de protección que esta Corte estime conducente a otorgar amparo en los derechos fundamentales que estima conculcados, con costas.

A fojas 188, don nombre reservado, por la parte recurrida Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, informa el recurso. En cuanto a los hechos, se remite a lo expuesto por el recurrente. Añade que por parte de su representada se ingresó denuncia judicial por prácticas antisindicales en causa RIT: S-6-2014, del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, precisando que el objeto litigioso ya no existe, a raíz de los acuerdos alcanzados tanto entre la empresa recurrente y sus trabajadoras, como entre su representada y aquella, en la causa judicial antes referida, conforme al detalle que consigna en su presentación.

A fojas 190 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, de lo expuesto por las partes y antecedentes allegados a la causa, aparece que el acto recurrido se materializó en una fiscalización efectuada por la Inspección Provincial del Trabajo el día 4 de agosto de 2014, la que concluyó con una denuncia formulada por dicha entidad al Tribunal de Letras del Trabajo del Valdivia por prácticas antisindicales en contra de Rendic Hermanos S.A., al haberse verificado el traspaso de cuatro trabajadoras que detentaban cargos sindicales sin autorización judicial previa, causa sustanciada bajo el RIT: S-6-2014 del mencionado tribunal. Estima la actora que en dicha fiscalización no se consideró el proceso de fusión y venta de locales ordenada por el Tribunal de la Libre Competencia que precedió a la medida adoptada, y, asimismo, arguye que se hizo caso omiso de lo dispuesto en el artículo 4º del Código del Trabajo. Los derechos que estima conculcados con la actuación descrita, son el derecho a la libre contratación y el derecho de propiedad, contemplados en los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, en primer lugar, conviene tener en vista algunas disposiciones legales aplicables en la materia:

Al respecto, el artículo 505 del Código del Trabajo establece:

“La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen.

Los funcionarios públicos deberán informar a la Inspección del Trabajo respectiva, las infracciones a la legislación laboral de que tomen conocimiento en el ejercicio de su cargo.”.

Por su parte, el artículo 1° del DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dispone:

“La Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaría de Trabajo.

Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden:

a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral;

b) Fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo;

c) La divulgación de los principios técnicos y sociales de la legislación laboral;

d) La supervigilancia del funcionamiento de los organismos sindicales y de conciliación, de acuerdo con las normas que los rigen, y e) La realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabajo.”.

CUARTO: Que, del claro tenor literal de las disposiciones legales transcritas, aparece de manifiesto que la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia no ha actuado de manera ilegal como reprocha el recurrente, pues tanto Código del Trabajo como su propio estatuto orgánico le encomiendan la función de fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales, lo que constituye no solo una facultad sino también un imperativo legal para dicha institución.

De lo anterior, se desprende que no ha existido un acto ilegal de parte de la recurrida en la fiscalización realizada y en la determinación adoptada por dicha entidad una vez finalizada la misma, muy por el contrario, de las normas transcritas y de los antecedentes aportados a la causa, aparece que la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones y en hipótesis expresamente descrita por el legislador.

QUINTO: Que, asimismo, tampoco se vislumbra que su acción sea arbitraria, vale decir, fruto del capricho o la sinrazón, desde que su actividad se inició precisamente ante la denuncia de las trabajadoras traspasadas al nuevo empleador, que estimaban vulnerados sus derechos laborales y sindicales, según da cuenta el documento agregado a fojas 8 por el propio actor, lo que resulta suficiente para desestimar el presente arbitrio constitucional.

SEXTO: Que, no obstante lo anterior, de acuerdo al mérito de los documentos acompañados por la Inspección del Trabajo corrientes de fojas 184 a 187, consta que la situación de hecho respecto de la cual la recurrente solicita el amparo constitucional, se encuentra sometida ya al conocimiento del tribunal especializado en la materia, y, por ende, sujeta al imperio del derecho. Más aún, los documentos agregados dan cuenta del reconocimiento de la relación laboral por parte de la recurrente con las dirigentes sindicales, de su aceptación a la reincorporación de las trabajadoras, lo que no se condice con las alegaciones vertidas en su recurso, todo en el marco de una mediación y avenimiento que a la fecha ya fue aprobado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, conforme da cuenta la copia de la resolución extraída del sistema informático del tribunal, por lo que, además, consta que respecto de la presente controversia existe un equivalente jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada, que no puede alterarse por la vía del presente arbitrio cautelar y excepcional, razón por la que el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta a fojas 167, por don nombre reservado, en representación de Rendic Hermanos S.A., RUT: RUT reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, representada legalmente por doña nombre reservado.

Redacción de la Ministra Titular Srta. Ruby Antonia Alvear Miranda.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 721 – 2014. CIV.

Pronunciada por la PRIMERA SALA, por la Ministra Srta. RUBY ALVEAR MIRANDA, Ministro Sr. JUAN IGNACIO CORREA ROSADO, Abogado Integrante Sr. ALFRED BONVALLET RIVERA. Autoriza la Secretaria Sra. ANA MARIA LEON ESPEJO.

En Valdivia, tres de octubre de dos mil catorce, notifiqué por el ESTADO DIARIO la resolución precedente