nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS

C.A. de Valdivia.

Valdivia, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, con fecha 2 de agosto de 2025, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Gobierno Regional de Los Ríos.

Expone que la recurrida dictó con fecha 1 de julio de 2025, la Resolución Exenta N°386, que dispuso su destinación desde la División de Fomento e Industria hacia la División de Infraestructura y Transporte, fundándose en el objeto principal de dar cumplimiento a la RECA N°860686723062025 de la ACHS, cuyo contenido refiere desconocer. Señala que la decisión fue adoptada sin acto administrativo previo que acreditara responsabilidad alguna de su parte, sin investigación, sin sumario administrativo y sin procedimiento contradictorio. Agrega que con fecha 2 de julio de 2025, interpuso un recurso de reposición, la cual fue rechazada por la recurrida.

Indica que la decisión de la recurrida, de efectos inmediatos, involucró no sólo un cambio de funciones, sino que de División y de espacio físico fuera del edificio institucional.

Alega la existencia de múltiples vicios de procedimiento, dado que la resolución se habría adoptado sin investigación previa, no pudiendo acceder a los fundamentos legales, técnicos y documentales de la medida, así como el uso de una resolución externa como la RECA emanada de la ACHS como único fundamento y que la enfermedad profesional invocada respecto de una funcionaria obedecería a un conflicto con otra funcionaria de la misma División y no a su conducta.

Argumenta que la decisión adoptada por la recurrida tiene un carácter sancionatorio, dado que ésta habría admitido que se habría originado por una denuncia presentada, generándole daños en sus funciones, en el ámbito profesional, en el reputacional y en el psicológico y familiar. Afectándose sus derechos a un debido proceso, igualdad ante la ley, libertad de trabajo, y al respeto y protección de su honra.

Solicita que se acoja la acción constitucional interpuesta y que, se ordene dejar sin efecto las resoluciones que indica, disponiendo su reintegro inmediato a sus funciones y lugar de trabajo, entre otras solicitudes.

2°) Que, con 22 de agosto de 2025, comparecen Paola Hermosilla Bucarey y Pablo Ignacio Cantó Delgado, abogados, cédula nacional de identidad N°RUT reservado y N°RUT reservado respectivamente, en representación del Gobierno Regional de los Ríos, quienes evacúan informe al tenor de la acción constitucional interpuesta.

En primer término, alega que la acción constitucional interpuesta es extemporánea, en virtud de haber tomado conocimiento el recurrente de la resolución que dispone su nueva destinación con fecha 2 de julio de 2025 y haber interpuesto la acción constitucional con fecha 2 de agosto.

En segundo lugar, argumenta que la acción constitucional interpuesta no constituye la vía idónea, toda vez que no dice relación con un derecho indubitado, como tampoco existe acción u omisión ilegal o arbitraria, dado que con fecha 23 de junio de 2025, la Asociación Chilena de Seguridad dicta la Resolución de Calificación RECA N°860686723062025, la cual en lo pertinente señala como agente de riesgo la disfuncionalidad y hostilidad de la jefatura, existiendo una instrucción de naturaleza imperativa en orden a realizar acciones destinadas a proteger a la denunciante y modificar las condiciones de riesgo causantes de la Enfermedad Profesional, no existiendo un expediente a su disposición de lo diligenciado por el organismo calificador.

Agrega que con el acto recurrido el Gobierno Regional concilia dos necesidades, la instrucción imperativa de la ACHS y la necesidad verificada en la División de Infraestructura y Transporte, otorgando funciones claras y relacionadas con el funcionario recurrente, acorde a su experticia y experiencia en el servicio.

Por otra parte, señala que respecto de las alegaciones vinculadas a que la funcionaria no volvería al lugar de trabajo en el Gobierno Regional de Los Ríos, es una mera especulación del recurrente, mientras que afirma que la separación de espacios con la denunciante, no solo es protector para ella y en cumplimiento de lo resuelto e instruido por la Asociación Chilena de Seguridad, sino que también es un acto que resguarda al recurrente mientras dure la investigación disciplinaria en curso, evitando la exposición a nuevas situaciones entre los involucrados, por lo que revela un eficaz control de la situación. En tal sentido, niega que se trate de una sanción anticipada, dado que el traslado no se prevé como sanción en el Estatuto Administrativo.

Concluye señalando que no existe en consecuencia vulneración a derecho o garantía constitucional alguna, solicitando su rechazo, con costas.

3°) Que, la acción de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar de emergencia, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, es decir, como surge de lo expresado previamente, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, según la acepción contenida en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, que provoque algunas de las situaciones que se han indicado y que afecten una o más de las garantías constitucionales protegidas.

4°) Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

5°) Que, no obstante, cabe en primer término hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad efectuada por la recurrida. Al respecto, no se encuentra discutido que el recurrente interpuso un recurso de reposición en contra de lo resuelto por el Sr. Gobernador Regional, por lo cual, malamente podría haber interpuesto la presente acción constitucional antes de que se resolviera aquel medio de impugnación, puesto que aquello invariablemente habría desencadenado el rechazo de la acción constitucional por hallarse pendiente la vía administrativa, argumento más que suficiente para rechazar tal alegación.

6°) Que, en cuanto a la alegación de la recurrida en cuanto a no ser la acción constitucional de autos la vía idónea para conocer del acto impugnado, cabe tener presente para rechazar esta argumentación lo señalado por el profesor nombre reservado, quien señala que si bien, “en sentido estricto, la acción de protección no constituye una acción contencioso administrativa de nulidad (…) tampoco se puede negar que, frente a la ausencia de un contencioso administrativo general, la acción de protección ha sido el principal mecanismo de impugnación de los actos administrativos”. En tal sentido, concurriendo los requisitos constitucionales que la hacen procedente, “la medida de protección adoptada por nuestros tribunales ha sido en muchos casos la declaración de ilegalidad de los actos administrativos, dejándolos sin efecto” (Cordero, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. Escuela de Derecho Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2023, pp. 1176-1177).

7°) Que, del mérito de los antecedentes, examinado el acto recurrido, se advierte que este se ha dictado en el marco de las potestades públicas de la recurrida, particularmente aquellas previstas en el Estatuto Administrativo, habiendo mantenido el recurrente su grado y remuneración con ocasión del traslado, hallándose el acto suficientemente motivado. En tal sentido, el recurrente podrá hacer valer sus argumentos y peticiones en el procedimiento disciplinario que actualmente se encuentra en tramitación, en la oportunidad que corresponda.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido nombre reservado en contra del Gobierno Regional de Los Ríos.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-711-2025.