Protección contra PREFECTURA N°24 DE CARABINEROS DE OSORNO

Valdivia, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Don nombre reservado, carabinero, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; recurre de protección en contra de la PREFECTURA N°24 DE CARABINEROS DE OSORNO, con domicilio en la ciudad de Osorno.

Señala que el 4 de mayo de 2018 denunció obstrucción a la justicia en contra del Subcomisario de la Subcomisaria Rahue de Carabineros, don nombre reservado, teniente de carabineros, por lo cual se le ordenó verbalmente por el comisario de la Tercera Comisaría de Osorno, don nombre reservado, mayor de carabineros, que informara por oficio el hecho ocurrido, lo que realizó por medio del Oficio N°1 Particular, siguiendo los pasos respectivos. Acusa que no correspondía dar dicha instrucción de esa forma a su persona, ya que había personal con mayor grado y él ya había informó la situación; con lo cual se sintió menoscabado y presionado por el alto mando, quienes a pesar de saber que se encontraba saliente de guardia por aproximadamente 13 horas, a fin de realizar las primeras diligencias lo hicieron esperar por más de cuatro horas para declarar.

Dado lo anterior, teme futuras represalias de los mandos, haciendo presente que denunció ante la Fiscalía Local de Osorno, causa RUC: 1800436817-3; señalando que los derechos vulnerados son la igualdad ante la ley, ya que el procedimiento no se realizó como correspondía.

Solicita que se acoja el presente recurso de protección, ordenando el restablecimiento del imperio del derecho afectado con la acción de la recurrida.

Evacuando informe, la recurrida señaló que el 4 de mayo de 2018, a las 03:25 horas, fue fiscalizado en contexto del artículo 12 de la Ley N° 20.931, el señor nombre reservado, quien registraba una orden de detención vigente decretada por el Juzgado de Garantía de Osorno, siendo trasladado a la unidad policial, donde al ser registradas sus vestimentas le fueron hallados siete envoltorios de papel en cuyo interior se encontraba una sustancia color blanco similar al clorhidrato de cocaína; por lo que previa comunicación el Fiscal de Turno, concurriendo al lugar personal de la S.I.P. quienes practicaron la prueba de campo correspondiente, confirmando la presencia de cocaína, comunicándole la imputación al detenido y confeccionándose el parte respectivo y pasando a disposición del Tribunal por la orden de detención vigente y por el delito antes señalado.

Según lo expuesto en los Informes N° 1 y N° 2, el recurrente habría escuchado mientras el detenido se encontraba en el calabozo, que el Subcomisario de la unidad policial de Rahue habría comentado a otros funcionarios, que al primero solo se le debía realizar la denuncia por la orden de detención vigente; razón por la cual el recurrente tomó contacto con el Fiscal de turno, y posteriormente denunció la situación. Sostiene la recurrida que constan los partes de cada procedimiento.

Agrega que el recurrente al informar lo ocurrido, el comisario de la Tercera Comisaría de Osorno, le solicitó informe escrito para recabar mayores antecedentes, medida propia interna. Al conocer los hechos, el superior informó el mismo día en forma interna al mando de la repartición, solicitando el inicio de una investigación administrativa, designándose al efecto un oficial fijando como plazo de cierre el 22 de mayo pasado. La solicitud de información hecha por el superior del recurrente responde a una acción propia a los hechos que éste informaba, fundado en la Constitución y la Ley Orgánica de Carabineros, dado que involucraba a un funcionario de la institución, no configurando un acto vulneratorio de derechos, razón por la cual debiera rechazarse la acción ejercida.

El Ministerio Público remitió antecedentes, en los cuales se contiene el Parte Denuncia de fecha 4 de mayo de 2018, figurando el recurrente como denunciante, por el delito de obstrucción a la justicia, los informes N° 1 y 2 en los cuales da a conocer a la Tercera Comisaría de Osorno lo ocurrido, y el Parte de Detenidos correspondiente al imputado nombre reservado de fecha 4 de mayo de 2018 por el delito de Porte de Pasta Base Cocaína.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de Justicia una tutela eficaz y eficiente, para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer una acción de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la acción constitucional de protección requiere para una sentencia favorable la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria, es decir, contraria a la ley o arbitraria, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella; b) la afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el citado artículo 20; c) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; d) posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

TERCERO: Respecto al primer requisito, esto es la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, es decir contraria a la ley en el primer caso, o por mero capricho en el segundo; cabe realizar un examen de las acciones realizadas por la recurrida con ocasión de la denuncia hecha por el recurrente en contra de otro funcionario policial.

CUARTO: El artículo 2 de la Ley Orgánica de Carabineros declara en su inciso primero: “Carabineros de Chile como cuerpo policial armado es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal estará sometido a las normas básicas establecidas en la presente ley orgánica, su Estatuto, Código de Justicia Militar y reglamentación interna”.

En la misma línea el artículo 36 señala: “La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo. El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle.”

A su vez el Reglamento N° 11 de Disciplina de Carabineros, en el Capítulo sobre Deberes Disciplinarios, establece en el inciso segundo de su artículo 9: “Los superiores que intervengan en procedimientos disciplinarios, están obligados, dentro de sus atribuciones, a propender que aquéllos se tramiten con la mayor prontitud posible, adoptando las medidas conducentes a ese objetivo. Para este efecto se considerará como de urgencia la firma de todo lo referente a documentos sobre la materia”.

En el artículo 12 del mismo cuerpo legal, respecto de aquellas faltas que no se establezcan fehacientemente por la observación del Jefe o por la propia confesión del inculpado y, en general, cuando existan dudas sobre los hechos o grado de responsabilidad, prescribe que deberán esclarecerse de conformidad con las normas dadas en el Reglamento de Sumarios Administrativos, cuando se trate de faltas graves o hechos de importancia, o mediante indagaciones verbales o escritas en los demás casos.

En la misma línea, el artículo 48, dentro del Título IX sobre Formalidades que debe cumplir un Reclamo, declara que el superior ante quien se presenta un reclamo, tendrá la obligación de resolver, en el más breve plazo, con pleno conocimiento de los hechos y absoluta justicia, para lo cual pedirá los informes necesarios y realizará las demás diligencias que estime convenientes.

A continuación cabe tener presente lo dispuesto en el Reglamento N° 15 sobre Sumarios Administrativos de Carabineros, el cual exige que éstos comiencen con antecedentes bases los cuales deben ser aportados por una persona identificada, indicándose por escrito los principales elementos para precisar el hecho y los responsables del mismo (artículos 22 y 23); estableciendo que las diligencias ordenadas por el fiscal deben registrar el día, hora, lugar de realización y personas que participan, no siendo necesario en las declaraciones testimoniales consignarse la hora de su producción (artículo 25). Agrega el artículo 26 que el Fiscal al iniciar el sumario requerirá la comparecencia de la persona que firma el denuncio para que lo ratifique, salvo que el antecedente base del sumario haya sido firmado por funcionario de carabinero, usando el pie de firma o sello correspondiente, caso en el cual no será necesaria su ratificación.

QUINTO: Que dado lo informado por la recurrida y lo expuesto por el recurrente, existe consenso en que el 4 de mayo de 2018 durante la madrugada, encontrándose de guardia el señor nombre reservado en su unidad policial, presentó una denuncia por obstrucción a la justicia en contra de un superior, de lo cual dió cuenta durante la misma jornada al comisario de la Tercera Comisaría de Osorno, don nombre reservado, quien le solicitó verbalmente el registro escrito de lo ocurrido junto con ordenar la declaración del primero, en el marco de las primeras diligencias la declaración del recurrente; todo lo cual ocurrió entre las 04:40 horas (oportunidad en que ocurre el hecho denunciado) y las 15:58 horas (comunicación del señor nombre reservado a sus superiores pidiendo inicio de una investigación) del mismo día, según consta en los documentos acompañados por las partes.

Según el Informe N° 2 suscrito por el recurrente, éste señala que a las 9:50 horas se comunicó con el Ministerio Público para informarle los hechos que dan origen a la denuncia por obstrucción de justicia, constando igualmente que informó a sus superiores paralelamente; concurriendo personalmente a estampar la denuncia el mismo día a las 15:22 horas (hora que señala el documento en el cual consta la denuncia).

No se precisa por las partes la hora de término de la jornada de trabajo ni la hora, en que se realizó la diligencia que considera afectó sus derechos; siendo un dato necesario para evaluar la acción cuyo reproche se presenta.

Si bien el artículo 26 del Reglamento N° 15 establece la excepción de ratificar la declaración por el denunciante, si es funcionario de la institución, si ocupó su pie de firma o sello correspondiente; en primer lugar no se concluye la procedencia de dicho supuesto de hecho; y en segundo lugar, si así hubiere sido, dicho acto responde a una dinámica inicial de investigación, en que la regla establece la exigencia de la declaración, la cual dado la inmediatez de los hechos, coincidió con el término del turno del recurrente, no pudiendo haberse previsto dicha circunstancia, pues era imposible seleccionar la ocurrencia del hecho inicial y los actos posteriores al mismo.

Conforme a las citas legales previas se concluye la legalidad de las diligencias adoptadas por el señor nombre reservado, toda vez que están en conocimiento de una denuncia con tintes no sólo penales sino también disciplinarios (administrativos), ordena que ésta se registre por escrito conforme lo exige el Reglamento N° 15 y dispone la declaración del recurrente, lo cual también se prescribe en el texto legal citado; todo en el marco de la exigencia de prontitud temporal que la misma norma le impone al funcionario De lo anterior se colige que el actuar del recurrido se enmarca en el ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, por lo que no puede considerarse ilegal; además de desconocerse información relevante (la cual no fue aportada como se razonó previamente), para establecer que los vicios y/o defectos que se reprochan a la tramitación de la investigación sumaria.

La solicitud de información del superior a quien se le comunicó por el recurrente los hechos que dan inicio a una investigación interna, tampoco puede ser entendida como un acto de presión, toda vez que se funda en lo prescrito en los artículos 9, 12 y 48 del Reglamento N° 11 de Carabineros, y artículos 22, 23, 25 y 26 del Reglamento N° 15 de Carabineros; excluyéndose la arbitrariedad del mismo, toda vez que responde a una reacción acorde a los hechos de los cuales se informa y las exigencias en cuanto a la oportunidad de su actuación que las normas antes citadas le imponen.

Sobre las represalias que teme el recurrente dada la denuncia hecha en sede penal e institucional, no se han aportado antecedentes, que permitan verificar la existencia de éstas o a lo menos, actos indiciarios de las mismas; habiéndose informado por le recurrida las diligencias realizadas en similar línea a la contenida en la presentación que inicia esta causa como en los antecedentes remitidos desde el Ministerio Público de Osorno.

SEXTO: A mayor abundamiento, sobre la molestia expresada por el recurrente al considerar que no se siguió el procedimiento pertinente, específicamente en cuanto a que pese a haber entregado los antecedentes por escrito a su superior, debió esperar por cerca de cuatro horas para que le tomaran su declaración, cabe tener presente lo prescrito en el artículo 40 del Reglamento N° 11 de Disciplina de Carabineros, el cual establece el derecho a reclamo cuando un funcionario entendiera ofendida su dignidad o menoscabados sus derechos, pudiendo dirigirse al superior de quien adoptara la resolución por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles; lo cual en el caso de ser los afectados carabineros o cabos pueden realizar dicho reclamo en forma verbal (artículo 45); existiendo por ende otra vía para plantear su disconformidad con lo obrado, e incluso si es que se verificaran otros actos.

Así las cosas, no siendo ilegal ni arbitraria la actuación de la recurrida, procede desestimar el recurso de protección deducido en su contra.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación de los Recursos de Protección, SE RECHAZA la acción de protección interpuesta por don nombre reservado contra de la PREFECTURA N°24 DE CARABINEROS DE OSORNO, sin costas por estimar que el recurrente tuvo motivo plausible para recurrir.

Regístrese digitalmente y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Sr Mario Julio Kompatzki Contreras.

Rol 707 – 2018 PRO.