Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

Valdivia, doce de junio de dos mil dieciocho.

Vistos:

Doña nombre reservado, auxiliar de aseo en el colegio municipal El Bosque, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de Valdivia, persona jurídica de derecho público, domiciliada en domicilio reservado, representada legalmente por su presidenta la Dra. nombre reservado y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), persona jurídica de derecho público, domiciliado en domicilio reservado, presidida por el Superintendente Sr. Claudio Reyes Barrientos.

Señala que con fecha 05-05-2018 la SUSESO le notifica en su domicilio por correo la resolución que tiene por número de referencia 29700-2016-P1-R1, en virtud de la cual rechaza las siguientes licencias médicas Nºs 50993789, 52342954, extendidas por un total de 36 días a contar del 08-11-2016, además en la misma rechaza las siguientes licencias médicas Nºs 52909194, 53437332, 52907614, 53201097, 5401632, 54406360, 53719384, 54996021, 36531482, 54996036, extendidas por un total de 64 días a contar del 15 de febrero de 2017, todas rechazadas por reposo injustificado, puesto que aseguran que los antecedentes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado, además, todas estas licencias fueron ya descontadas de su sueldo en los años 2016 y 2017.

La resolución que por este acto se está impugnando es un acto administrativo ilegal porque es contrario a diversas disposiciones legales que señalan expresamente que los actos administrativos deben ser fundados, y las expresiones contenidas en el acto recurrido como son: "reposo injustificado'' y “los antecedentes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado" no fundamentan el por qué los antecedentes médicos fueron rechazados.

Pues bien, el acto recurrido no proporciona fundamento alguno, dejando a su parte en la indefensión en cuanto a poder controvertir su contenido y argumentos ya jurídicos, ya médicos, siendo legítimo cuestionarse cuáles son los fundamentos por que se deniega el recurso de reposición y confirma la negativa en orden a la aceptación de las licencias médicas respectivas y el pago del subsidio por incapacidad aparejado ésta.

Es necesario señalar que las licencias médicas han sido acompañadas a la recurrida al momento de interponerse los recursos de reposición, sin embargo, ella no se hace cargo en forma alguna con argumentos médicos y/o jurídicos para rechazarlas, dejando a su parte en la más absoluta indefensión.

En efecto, el acto administrativo debe necesariamente ser comprensible para el ciudadano en orden a que éste mediante su sola lectura pueda entender racionalmente los argumentos tanto fácticos, médicos y jurídicos que se esgrimen para fundar la decisión del órgano perteneciente a la administración del Estado, lo que evidentemente no se cumple con la expresión citada.

El art. 3º de la ley 19.880 Sobre Procedimiento Administrativos señala claramente qué se entiende por acto administrativo: "Para efectos de esta ley se entenderá por Acto Administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública", y a su vez, qué se entiende por procedimiento administrativo, según preceptúa el art. 18 del cuerpo normativo antes referido, el procedimiento administrativo es una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal.

La resolución final debe tener el contenido que le exige y le impone el art. 41 inc. 4º de la ley 19.880, el que señala específicamente que: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En idéntico sentido, el art. 16 del DS Nº3/1984 del Ministerio de Salud expresa que la Compin o la lsapre al momento de rechazar una determinada licencia debe dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, norma que debe ser también tenida en consideración por la recurrida, sin embargo, la ha omitido.

Agrega doctrina del constitucionalista don nombre reservado.

Sostiene que el acto recurrido es ilegal, en cuanto es contrario al ordenamiento jurídico porque vulnera e infringe flagrante los artículos 3 y 41 de Ia Ley Nº 19.880 sobre Procedimiento Administrativo y el artículo 16 del DS N° 03/1984 de Ministerio de Salud al ser un acto administrativo infundado tanto desde el punto de vista técnico, esto es, en orden a expresar las razones médicas en que sustenta el rechazo, tanto desde el punto de vista fáctico, en orden a señalar los hechos en que se basa la decisión denegatoria, ya que ellos en definitiva se omiten de plano.

El acto recurrido es además arbitrario en cuanto no ha sido adoptado con criterios que puedan estimarse racionales de acuerdo a los hechos, sobre todo en la respuesta infundada que se le confiere al peticionario.

El acto recurrido infringe y conculca la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y síquica contemplado en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República de Chile.

Se comprenderá que el pago del subsidio que va aparejado con cada licencia médica suple la remuneración del trabajador que se encuentra afectado por una determinada incapacidad laboral y que en definitiva su rechazo implica en la praxis que el dependiente que ha hecho uso de licencia médica no contará con los medios económicos para hacer frente a sus diarias necesidades que van desde alimentarse hasta poder comprar los medicamentos prescritos de acuerdo a la patología que padece, comprometiendo con ello claramente su derecho a la vida e integridad física y síquica.

Igualmente, estima que se conculca en Ia especie con el acto recurrido el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone expresamente que: "La Constitución asegura a todas las personas: Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos".

En efecto, el acto administrativo recurrido se ha dictado con infracción a la garantía constitucional del debido proceso pues en su generación no ha sido legalmente tramitado ya que no se ha dado cumplimiento a las normas de fundamentación que debe necesariamente contener de acuerdo a los artículos 3 y 41 de la Ley Nº 19.880.

Por último, en la especie se infringe y vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental que dispone "La Constitución asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales ".

El acto recurrido mantiene el rechazo de las licencias médicas ya referidas significando la no percepción por parte de la recurrente del subsidio por enfermedad respectiva, lo que implica un perjuicio patrimonial derivado del derecho de dominio que tiene sobre tal prestación, derecho el cual en la especie ha sido flagrantemente vulnerado. Este perjuicio patrimonial puede verse nuevamente afectado, ya que, las licencias mencionadas podrían ser nuevamente descontadas debido a la notificación recibida por la recurrente.

Doña nombre reservado, SEREMI (S) de Salud de La Región de Los Ríos, evacúa el informe requerido, señalando en primer término que habiéndose dirigido el recurso en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Los Ríos y siendo uno de los departamentos de la Secretaria Ministerial de Salud de Los Ríos, corresponde a su jefatura emitir el informe.

En cuanto a los antecedentes aportados por la COMPIN señala que La recurrente es trabajadora de la Municipalidad de Valdivia y se desempeña como auxiliar de aseo en escuelas municipales, que de acuerdo al sistema informático FONASA (SIF), la trabajadora presenta un extenso historial de Licencias Médicas por distintos diagnósticos y emitidas por diferentes médicos de las comunas de Osorno y Valdivia, en forma rotativa desde aproximadamente el mes de marzo de 2014 a la fecha, han sido prácticamente ininterrumpidas, superando el centenar de licencias médicas y alrededor de mil días de reposo laboral. En la mayoría de sus periodos de reposo psiquiátricos, en su mayoría son emitidos por depresión o trastorno adaptativo, sin más desarrollo del diagnóstico.

Atendido los hechos mencionados y considerando aspectos de orden técnico, la Contraloría Médica de la COMPIN de Los Ríos, ha modificado varias de estas licencias médicas basadas en antecedentes médicos adicionales técnicamente insuficientes o definitivamente por falta de la entrega de éstos, por parte de la usuaria, inclusive en el mes de mayo de 2016, y en el contexto de reposo por "depresión", se realizó un peritaje de segunda opinión por especialista psiquiatra de la COMPIN, quien determinó que no se justificaba el reposo laboral y que debía reintegrarse a sus labores. Pese a lo anterior, la recurrente continuó presentando licencias por otros diagnósticos, por lo que fue citada a peritaje en la Contraloría Médica de COMPIN Los Ríos el 25 de agosto de 2016. La evaluación pericial da cuenta de permanentes problemas laborales de la trabajadora con sus jefaturas y compañeras de trabajo en donde doña nombre reservado, refiere que sólo ve tres salidas de su situación actual: que la despidan, cambiarse de trabajo, o bien que le rechacen las licencias médicas, pero no está en sus planes reintegrarse a su actual empleo. Niega realizar otra actividad remunerada durante el reposo laboral. " Considerando lo anterior, con fecha 31 de marzo de 2017, se analizó el expediente de la recurrente y se concordó en que el reposo laboral era injustificado, sin rol terapéutico y que a futuro solo se autorizarían periodos de reposo en que la incapacidad laboral estuviera absolutamente acreditada, que a fines del mes de julio de 2017 la trabajadora recurrente eleva solicitud a la SEREMI de Los Ríos para su revisión, a lo cual la institución accede pero la recurrente no se presenta, sin justificación.

La señora nombre reservado continua presentando sus reclamos ante la comisión ampliada de la COMPIN, motivo por el cual, la Contraloría Médica, compuesta por varios especialistas, entre ellos, médico psiquiatra; deciden gestionar una evaluación pericial en el Subdepartamento de Psiquiatría del Hospital Base de Valdivia, con el fin de consensuar un diagnóstico psiquiátrico base de la trabajadora que pudieran dar cuenta de la irrecuperabilidad laboral indiscutida. En donde nuevamente y habiéndose notificado de la fecha de la citación personalmente, la Sra. nombre reservado no asistió a dicha evaluación.

Se hace presente además a SS. lltma. que nuevamente cursado el caso de la Sra. nombre reservado a Comisión Ampliada con fecha 27.04.18, se decide enviar un reservado a la Municipalidad de Valdivia, el cual fue emitido con fecha 08 de mayo de 2018 por parte de esta SEREMI de Salud al empleador de la recurrente, indicándole lo inédito del historial de licencias médicas y que analicen los antecedentes en conjunto con los departamentos correspondientes de su Municipio para determinar las acciones a seguir por parte del mismo, evaluando, entre otros y si así lo estima, una eventual Salud Incompatible con el cargo, aplicando el Art 148 de la Ley 18.883, dado que esa es una determinación que corresponde al empleador y no a la COMPIN, a quien sólo le cabe declarar la Salud Irrecuperable.

Por lo tanto y atendido lo indicado en los numerados precedentes, la COMPIN de Los Ríos ha aplicado todos los protocolos técnicos, legales y reglamentarios para el tratamiento de la situación de la recurrente, respetando las garantías constitucionales, el debido proceso, la integridad psíquica y física de la persona y, en general, todos los derechos fundamentales; antecedentes que fueron, puestos a disposición de la SUSESO mediante la plataforma o Sistema Informático FONASA (SIF), al cual tiene acceso dicha entidad, sumado a todas las Notificaciones efectuadas a la usuaria y que justifican plenamente, la decisión adoptada por el organismo mediante la resolución recurrida.

Pide tener por evacuado el informe solicitado y se rechace el recurso interpuesto, en su totalidad o al menos en lo que respecta a esa entidad.

Por su parte el abogado Tomas Garro Gómez, en representación de la recurrida Superintendencia De Seguridad Social, alega en primer término la extemporaneidad del recurso, por cuanto la recurrente señala que se notificó con fecha 5 de mayo del presente año, sin perjuicio de aquello la recurrente tenía conocimiento del dictamen contra el cual recurre data de fecha 24 de abril del 2018, que resuelve el recurso de reconsideración interpuesta por la recurrente con fecha 15 de noviembre de 2017, lo que fue resuelto en definitiva por la superintendencia mediante resolución de fecha 1 de junio de 2017, por estas consideraciones estima que el recurso de la recurrente fue interpuesta una vez vencido con crecer el plazo fatal de 30 días corridos que señala la Constitución política de la República.

En subsidio el abogado de la recurrida, informa el recurso, haciendo alusión a que la superintendencia recibió con fecha 17 de marzo reclamo por cuanto el COMPIN había confirmado el rechazo de las licencias médicas, rechazando su recurso de reconsideración por las licencias que fueron extendidas por un total de 36 días, rechazo que fue confirmado por la superintendencia mediante resolución exenta IBS N°13990 de 1 de junio de 2017. En seguida, la recurrente solicita la reconsideración del dictamen y en conjunto con esto presenta un nuevo reclamo por el rechazo de licencias médicas por el total de 64 días, las que en concordancia con lo resuelto anteriormente, se confirmó lo resuelto por el COMPIN de La Región de Los Ríos, con fecha 24 de mayo del presente año. Para estas resoluciones la superintendencia tuvo a la vista la Cartola Medica del servicio de salud, donde se concluye por el COMPIN de la región de los ríos, que la recurrente entre los años 2014 y 2016, presento 47 licencias médicas, que en su totalidad corresponden a 349 días de licencia medicas extendido por médicos particulares y diversos diagnósticos, entre los cuales se encuentran trastorno adaptativo, depresión, influenza, otitis, celulitis, varice y síndrome vertiginoso, lo que hace llegar a la convicción de que su historial de reposo laboral es ajeno a toda labor médica y sentido común, sólo explicado por el rechazo del paciente a volver a su empleo.

Agrega en su informe que la superintendencia de salud, conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 16.395, corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, y con ocasión de la reforma a la autoridad sanitaria, las funciones del código sanitario fueron traspasadas a la secretaria regional ministerial de salud, las que tienen a su cargo las comisiones de medicina preventiva e invalidez, las que participan en la administración del derecho a licencias médicas, actuando como primera instancia o segunda según sea el caso de trabajador cotizante en FONASA o ISAPRE, respectivamente.

Además hace presente que la pretensión de la recurrente en orden a que se instruya a través de la Superintendencia a la COMPIN de La Región de Los Ríos, el pago del subsidio por incapacidad laboral, además de no tener fundamento alguno, ciertamente desborda los límites la aplicación de la acción de protección, la cual es una herramienta de protección de derechos indubitados.

Por lo tanto y atendido lo indicado en los numerados precedentes, no existe acto ilegal o arbitrario de la Superintendencia de Seguridad Social, por haber actuado dentro del ámbito de sus competencias de acuerdo a la normativa que regula las licencias médicas, que de la presentación efectuada por la recurrente, no existe vulneración ni amenaza a garantía constitucional alguna, por cuanto la decisión de la COMPIN en orden de no autorizar una licencia médica, es un acto médico administrativo que dice relación con la justificación o no de la ausencia del trabajador en su trabajo pero en ningún caso con las prestaciones médicas que desde hace casi tres años, se le han brindado por el sistema de salud a la recurrente por sus “patologías”. En lo que dice relación con la vulneración a las normas del debido proceso, la señora nombre reservado, hizo uso de todas las vías de impugnación que contempla el procedimiento establecido para la autorización de licencias médicas.

Finalmente informa el recurrido respecto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, manifestando que la recurrente yerra al creer, que respecto al pago de una licencia médica se aplica este derecho, por cuanto las licencias médicas constituyen un eventual subsidio, sujeto a la aprobación de la misma, para su posterior pago.

Pide tener por evacuado el informe solicitado y se rechace el recurso interpuesto, en su totalidad con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, del análisis del recurso deducido y el mérito de los antecedentes acompañados, se concluye que el recurrente estima amenazados, privados y perturbados sus derechos y garantías consagradas en el artículo 19 números 1°, 3° y 24° de la Constitución Política de la República. En efecto, indica que mediante carta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, se le comunicó el rechazo de la Licencia Médica. Agrega que se le comunicó en la referida carta que: "Su licencia médica ha sido resuelta como rechazada por: No amerita reposo según peritaje efectuado". Alega que esta aseveración no se encuentra apoyada por suficientes antecedentes clínicos que le sirvan de fundamento y que puedan desvirtuar la opinión del médico que emitió la licencia impugnada. Expone que esta situación implica una vulneración a las garantías reconocidas por el artículo 19 N°1 inciso primero de la Constitución Política de la República, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, puesto que la no cancelación de las licencias médicas, le ha producido padecimientos de orden psicológico producto de la impotencia, angustia y dolor sufrido, al quedar injustificadamente impagas las licencias señaladas. Agrega que la COMPIN, al no emitir pronunciamiento sobre las licencias médicas sometidas a su tramitación, ha vulnerado la Garantía establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que en conformidad a lo expuesto por los informes y los antecedentes aportados, se verifica que la recurrente dirige su acción en contra de un acto administrativo terminal, como es la resolución N° 10551, emitida por SUSESO en mayo de 2.018 (que erradamente se indica como N°29700-2016-P1-R1, identificación del expediente administrativo en que se adopta la resolución), que resuelve y se pronuncia sobre una reposición. A ello se refiere el informe de la SUSESO, en cuanto reclama la extemporaneidad del arbitrio, dado que la decisión de rechazo de licencias médicas se remonta a fecha 01 de junio de 2017, resolviendo reclamo interpuesto en fecha 17 de marzo de 2.017 en contra de resolución emitida por COMPIN. De lo resuelto por SUSESO en fecha 01 de junio de 2017, la señora nombre reservado deduce reconsideración en fecha 15 de noviembre de 2017, la que a su vez es resuelta negativamente en fecha 24 de mayo de 2.018. En suma, la recurrente optó por tramitar en sede administrativa todas las instancias de reclamación, y sólo agotada la última de ellas, ha interpuesto la acción de rango constitucional.

QUINTO: Que, acorde con la jurisprudencia de nuestra Excma. Corte Suprema, y que consta en fallo precisamente citado por el informe de la SUSESO, la interposición de recursos administrativos en contra de una resolución, no priva a la afectada de la posibilidad de ejercer la acción constitucional establecida en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental. Por ende, el plazo para deducir esta última no se suspende y debe ser contabilizado desde que la afectada ha tomado conocimiento de la resolución N° 13.990, de fecha 01 de junio de 2.017.

SEXTO: Que, sin perjuicio de la extemporaneidad del recurso, cabe señalar que no es posible hacerse cargo respecto de la falta de fundamentación del acto recurrido, justamente por tratarse de una resolución que se pronuncia sobre un recurso de reconsideración. En efecto, para analizar la legalidad de la resolución 10551 emitida en mayo de 2018 por SUSESO, resulta imprescindible remontarse a las primeras resoluciones que rechazan las licencias médicas, y examinar los antecedentes que fueron tenidos en vista para tales decisiones, según la cronología detallada que realiza la COMPIN en su informe. No podría esta Corte limitarse a declarar infundado el acto recurrido, sin que necesariamente se restara eficacia igualmente a las resoluciones que, desde antes del 01 de junio de 2.017, se han pronunciado sobre licencias médicas rechazadas a doña nombre reservado. Cuestión que excede la naturaleza y fines del recurso de protección, y cuyo acertado juzgamiento requiere además de elementos técnicos de análisis que no pueden ser aportados en un procedimiento breve y desformalizado como el presente.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de Valdivia y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), sin costas por estimar que la recurrente tuvo motivo plausible para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívense, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Claudio Novoa Araya.

Rol 703 – 2018 PRO.