Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Valdivia.

Valdivia, treinta de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando: 1) Comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, abogada, Secretaria del Segundo Juzgado Civil de Valdivia, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por su Superintendenta doña nombre reservado, por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario consistente en las Resoluciones Exentas N°NUM001 y N°NUM002, ambas de 17 de mayo de 2026, notificadas por correo electrónico esa misma fecha, que confirmaron el rechazo, por reposo no justificado, de las licencias médicas N°NUM003, extendida por 21 días a contar del 14 de noviembre de 2025, y N°NUM004, extendida por 30 días a contar del 5 de diciembre de 2025, ambas de origen psiquiátrico y de reposo parcial, hechos que estima vulneran las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que en noviembre de 2024 fue diagnosticada de un cáncer de mama derecha, tratado mediante mastectomía total con reconstrucción inmediata el 13 de enero de 2025 y quince sesiones de radioterapia en marzo siguiente, y que desde diciembre de 2024 se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico, con farmacoterapia antidepresiva. Añade que a las secuelas del tratamiento oncológico —fatiga, insomnio y dolor crónico derivado de una contractura capsular del implante, abordado con kinesioterapia, fisiatría y fármacos— se sumó un cuadro anímico que motivó el reposo prescrito; que se reintegró a sus funciones en jornada parcial desde agosto de 2025 y a jornada completa en enero de 2026; y que sus labores, que comprenden la firma del despacho diario, el manejo de la cuenta corriente del tribunal y la jefatura del personal, exigen concentración y decisión permanentes.

Explica que dentro de una misma secuencia clínica se le extendieron cinco licencias médicas psiquiátricas de reposo parcial, todas reclamadas ante la recurrida, de las cuales tres fueron autorizadas por Resolución Exenta N°NUM005, de 17 de mayo de 2026, por encontrarse justificado el reposo, mientras las dos restantes fueron rechazadas por las resoluciones recurridas, dictadas y notificadas ese mismo día.

Sostiene que el rechazo es ilegal porque infringe el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, al emplear fórmulas estandarizadas que no explican por qué la media jornada indicada por la especialista carecería de justificación, y porque desatendió el artículo 21 del mismo reglamento, al no disponer examen, interconsulta ni informe complementario alguno; y arbitrario porque, ante una misma secuencia clínica y unos mismos antecedentes, autorizó tres licencias y rechazó otras dos sin expresar la razón objetiva de la distinción. Invoca, además, el estándar de no discriminación en la tasa de aceptación de licencias médicas por causa de salud mental establecido en la Ley N°21.331.

Agrega que el rechazo la obliga a restituir a su empleador las remuneraciones percibidas durante los períodos de reposo parcial, ya incorporadas a su patrimonio y destinadas a solventar su tratamiento.

Solicita se acoja la acción, se dejen sin efecto las resoluciones recurridas y se ordene autorizar las licencias médicas; en subsidio, que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento fundado, previo examen íntegro de los antecedentes clínicos y, de ser necesario, disponiendo medidas para mejor resolver. 2) Informó don Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, y solicitó el rechazo de la acción, con costas.

En primer término, alega la improcedencia de la acción de protección por tratarse de una materia perteneciente al sistema de seguridad social, contemplada en el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía no incluida en la enumeración taxativa del artículo 20 del mismo texto fundamental.

En subsidio, informa en cuanto al fondo señalando que la licencia médica, regulada en el artículo 149 del D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, y en el Decreto Supremo N°3, de 1984, del mismo Ministerio, es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su actividad laboral. Expone que la recurrente presentó dos solicitudes de reconsideración, de 1 y de 17 de abril de 2026, resueltas por las resoluciones recurridas, y que en ambas se concluyó que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología, por cuanto los informes médicos, psicológicos y kinesiológicos no aportan claridad sobre la secuencia temporal de los componentes del tratamiento, ni respecto de las secuelas de la patología somática de base ni de la sintomatología de salud mental asociada. Reproduce la ficha médica de su contralora médica, que consigna el detalle de los reposos autorizados y rechazados y la falta de claridad sobre la evolución secuencial. Añade que sus profesionales estimaron suficientes los elementos disponibles para formarse convicción, sin ser indispensable requerir nuevos informes; que actuó dentro de las atribuciones que le confieren las Leyes N°16.395 y N°20.585; y que el solo otorgamiento de una licencia médica por el profesional tratante no hace nacer un derecho indubitado al subsidio o a la remuneración, el que requiere la previa autorización del organismo administrador competente. Pide el rechazo de la acción, con costas. 3) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho de quienes incurren en él— que provoque alguna de las situaciones indicadas y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental. 4) Que, en cuanto a la alegación de la recurrida en orden a que se declare la improcedencia de la acción por tratarse de una materia de seguridad social, ésta será desestimada, pues de la lectura del libelo se aprecia que la acción no se ha deducido en amparo de la garantía consagrada en el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sino de los derechos reconocidos en los numerales 1°, 2° y 24° del mismo artículo, comprendidos en el ámbito de protección del artículo 20 del texto constitucional. 5) Que, conforme al artículo 149 del D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, y al artículo 1° del Decreto Supremo N°3, de 1984, del mismo Ministerio, la licencia médica es el derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada, reconocida por su empleador y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o por la Institución de Salud Previsional según corresponda; tratándose, por su naturaleza, de un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es la recuperación de la salud del trabajador y su reincorporación a la actividad laboral. El artículo 16 del mismo cuerpo reglamentario habilita al organismo competente para aprobar o rechazar las licencias médicas, reducir o ampliar el período de reposo o cambiarlo de total a parcial y viceversa, imponiéndole en todos esos casos el deber de dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. 6) Que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo, como lo ha señalado en forma reiterada el máximo tribunal, de modo que la fundamentación sobre la base de razones meramente formales implica arbitrariedad e ilegalidad (Corte Suprema Rol N°27.467/2014). Se requiere la exposición clara y concreta de los motivos de la decisión, en términos que resulten suficientes para evaluar su razonabilidad y proporcionalidad. El artículo 11 de la Ley N°19.880 recoge esta exigencia al disponer que "los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos", y el artículo 41 del mismo cuerpo legal reitera que las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. 7) Que las resoluciones recurridas contienen una fundamentación idéntica entre sí. Ambas expresan que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral "más allá de los 120 días discontinuos de reposo ya autorizados por la misma patología", y que los informes médicos, psicológicos y kinesiológicos no aportan claridad sobre la secuencia temporal de los distintos componentes del tratamiento, de manera que no se cuenta con antecedentes claros respecto de la incapacidad funcional transitoria durante la licencia médica de que se trata ni sobre su rol terapéutico. 8) Que esa fundamentación debe confrontarse con la Resolución Exenta N°NUM005, dictada por la misma jefatura de la recurrida el propio 17 de mayo de 2026, que instruyó autorizar las licencias médicas N°NUM006, NUM007 y NUM008, extendidas por 90 días a contar del 16 de agosto de 2025. Sobre los mismos antecedentes clínicos, esa resolución concluyó que ellos permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal durante el período reclamado; que coexisten una patología somática grave y un severo impacto en la salud mental, recuperables a mediano plazo; que los informes de la especialista tratante describen una sintomatología que, junto a las secuelas del tratamiento somático, significó una severa interferencia en la capacidad funcional laboral; que consta un abordaje multidisciplinario con participación de kinesiología, psicología y fisiatría; y que el carácter parcial del reposo muestra un abordaje terapéutico activo, orientado al reintegro, demostrativo del rol terapéutico de las licencias. La existencia y el contenido de esta resolución no fueron controvertidos en el informe. 9) Que las licencias médicas rechazadas comprenden 51 días de reposo parcial que corren, sin solución de continuidad, entre el 14 de noviembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, esto es, inmediatamente después de los 90 días autorizados —que concluyeron el 13 de noviembre de 2025— y hasta el reintegro de la recurrente a su jornada completa. Se trata, pues, del tramo final de una misma serie ininterrumpida, del mismo origen psiquiátrico, extendida por la misma especialista y sustentada en los mismos antecedentes que la recurrida acaba de calificar como demostrativos de un abordaje terapéutico activo orientado al reintegro. No obstante, respecto de ese tramo las resoluciones recurridas afirman que no se cuenta con antecedentes claros sobre el rol terapéutico del reposo, sin expresar qué elemento clínico o administrativo justifica la conclusión opuesta. 10) Que a lo anterior se suma que el presupuesto de hecho sobre el que descansan los actos recurridos quedó desmentido ese mismo día.

Mientras aquéllos razonan sobre 120 días discontinuos de reposo autorizados, la Resolución Exenta N°NUM005 consigna que, con la autorización que dispone, la recurrente completa 210 días discontinuos de licencia médica autorizados, total que estima suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral. Si este último fue el criterio determinante del rechazo, él no se expresa en las resoluciones recurridas, que son las llamadas a contenerlo conforme a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 y al artículo 16 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud. Resolviendo el mismo día tres reconsideraciones referidas a una misma secuencia clínica, la recurrida no armonizó sus decisiones ni revisó las impugnadas a la luz de lo que simultáneamente resolvía, de modo que la destinataria del acto quedó sin conocer la razón efectiva de la distinción, observándose así también un actuar arbitrario además de carete de fundamento. 11) Que, por otra parte, el rechazo se sustenta expresamente en la falta de claridad de los antecedentes clínicos. Frente a esa constatación, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, contempla, para el mejor acierto de las autorizaciones y rechazos, las medidas de practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas, disponer que se visite al trabajador, requerir del profesional que expidió la licencia los antecedentes clínicos complementarios y adoptar cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución. A su turno, el artículo 3° del Decreto Supremo N°7, de 2013, del mismo Ministerio, dispone que tratándose de pacientes con indicación de reposo continuo deberán tomarse algunas de las medidas de las letras a), b), d) y e) del citado artículo 21 a contar de la tercera licencia médica, y que sobre la base de sus resultados la Contraloría Médica determinará la procedencia de la aprobación, reducción o rechazo. Tratándose en la especie de una secuencia continua muy superior a ese umbral, la facultad se transformó en un deber reglamentario, cuyo cumplimiento no consta; los actos recurridos ni siquiera invocan ese reglamento entre sus vistos. 12) Que la omisión resulta más evidente si se atiende a que es la propia recurrida quien invoca en su informe el artículo 4° del Decreto Supremo N°7, de 2013, que respecto de las patologías mentales exige contar con un informe de peritaje de médico psiquiatra para prorrogar el reposo más allá de sesenta días, junto con evaluaciones periódicas del período previo.

No consta que se haya dispuesto ese peritaje ni ninguna otra diligencia, y el informe se limita a sostener que los profesionales del Servicio contaban con elementos suficientes para formarse convicción, en circunstancias que las resoluciones recurridas fundan el rechazo precisamente en que los antecedentes disponibles no aportan claridad. Rechazar por falta de claridad y prescindir al mismo tiempo de los instrumentos reglamentarios destinados a obtenerla priva a la decisión de sustento racional. 13) Que, en consecuencia, se observa un actuar contrario a la ley de parte de la recurrida, en cuanto las decisiones de mantener el rechazo de las licencias médicas N°sNUM003 y NUM004 se adoptaron con infracción del deber de motivación previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 y en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, y del deber indagatorio contemplado en el artículo 3° del Decreto Supremo N°7, de 2013, en relación con el artículo 21 letras a), b), d) y e) del Decreto Supremo N°3, de 1984, ambos del Ministerio de Salud, exigencia esta última que cobra particular densidad tratándose de licencias de origen psiquiátrico, atendido el estándar de no discriminación en la tasa de aceptación de licencias médicas que consagra el artículo 20 N°6 de la Ley N°21.331. Dicha ilegalidad resulta idónea para perturbar el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. A lo que se suma la clara arbitrariedad en él obrar de la recurrida, quien el mismo día y en base a los mismos antecedentes médicos de la recurrente, autorizó el mismo tipo de licencias médicas, estimando con ellos justificado el reposo parcial de la recurrente, para con la misma fecha, determinar, en términos generales, que los antecedentes no eran suficientes para autorizar otras dos licencias del mismo cuadro, sin, además, en su caso, decretar alguna medida o pericia que pudiere fundamentar o respaldar alguna diferencia de criterio para dar un trato diferente a las dos licencias rechazadas, lo que conduce a acoger la acción en los términos que se dirán, sin que resulte necesario emitir pronunciamiento sobre la restante garantía invocada.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, Acta 94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se acoge, con costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, dejándose sin efecto las Resoluciones Exentas N°NUM001 y N°NUM002, ambas de 17 de mayo de 2026, quedando autorizadas las dos licencias médicas a que se refiere la presente acción constitucional, esto es, la N°NUM003, extendida por 21 días a contar del 14 de noviembre de 2025, y la N°NUM004, extendida por 30 días a contar del 5 de diciembre de 2025.

Comuníquese, regístrese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-701-2026.