nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, veinte de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado comerciante, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Parque Torreones de la ciudad y comuna de Valdivia.

Funda su presentación señalando que es dueña del local destinado a Panadería, venta de abarrotes, frutería y verdulería, de nombre “Nenita” ubicado la ciudad de Valdivia, en domicilio reservado, el que fue construido con sus recursos dentro del recinto que pertenece a su propiedad y cuenta con todos los permisos de edificación y comerciales exigidos por el Departamento de obras de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, el Servicio de Impuestos Internos y Servicio de Salud.

Que a cuatro cuadras aproximadamente de su local, en domicilio reservado de la misma Villa, existe otro similar dedicado a la venta de abarrotes, bebidas alcohólicas, frutas y verduras y que es de propiedad del recurrido, por lo que ambos ejercen similares actividades, salvo lo concerniente al expendio de alcoholes. Ambos locales son los únicos que ejercen dicha actividad económica en el lugar.

Que desde hace algún tiempo aproximadamente desde el 25 de diciembre del año 2016 y así continuamente hasta el día 14 de marzo de 2019 el recurrido ha ejercido medidas de presión de hecho y hostigamientos a todas luces ilegales y arbitrarias, con la finalidad de evitar que ejerza su actividad comercial y que desde que inició la construcción del local a mediados del año 2014, comenzó a efectuar denuncias ante la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Valdivia con la finalidad de que ese departamento de la administración local efectuara fiscalizaciones en lo concerniente a los permisos de edificación, metros cuadrados construidos, cumplimiento de normas técnicas, instalaciones, ubicación del recinto etc. para ejercer sus actividades comerciales, insistiendo en que el local comercial de su propiedad estaría supuestamente emplazado en un bien nacional de uso público , en circunstancias que la propia Ilustre Municipalidad y Contraloría General de la Republica haciendo uso de sus facultades de fiscalización y control de los actos administrativos respectivamente, han constatado que todas las denuncias formuladas por el recurrido son infundadas y carentes de todo sustento material y jurídico, efectuadas con la finalidad de obtener que el local fuera demolido en la creencia errada que este se encontraba construido fuera del terreno de su propiedad, al punto que los propios funcionarios Municipales le advirtieron al denunciante y recurrido de autos que cesara en su proceder toda vez que esa actitud, además de perjudicar su actividad, hace incurrir a la administración en el uso de recursos públicos en gestiones innecesarias.

Que frente a la imposibilidad de obtener por la vía de las fiscalizaciones el resultado querido, comenzó a efectuar maniobras destinadas a intimidarle, tales como ir de noche a tomar fotografías de su local y su casa habitación sin su consentimiento, amenazarle de palabra insultándole e igualmente ha procedido de la misma manera contra su pareja que trabaja en el local, advirtiéndole que no cesaría en las denuncias y gestiones necesarias para obtener que su local sea clausurado siendo el último de los episodios el registrado con fecha 14 de marzo de 2019 en horas de la mañana, oportunidad en que además de denunciarle nuevamente, procedió a agredirla físicamente a ella y a su pareja dentro de su local y escupiendo los productos que ofrece, ello en frente de clientes y vecinos que se encontraban comprando en su local en ese minuto.

Estima que el actuar ilegal y arbitrario del recurrido vulnera las garantías contempladas en los numerales,1,4 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que pide concretamente que se ordene al recurrido que debe abstenerse de los hostigamientos constantes y que cese en el constante acoso y agresiones.

Pide además, que se abstenga de ejercer abusivamente la facultad de denunciar supuestas contravenciones legales y de ordenanza municipal con la finalidad de impedir el ejercicio de su actividad comercial, permitiéndole el libre desarrollo de su actividad económica.

Informa el recurso don nombre reservado, quien indica que nunca ha realizado acciones ilegales o arbitrarias, tampoco acción de presión de hecho y menos hostigamiento ante la recurrente, lo que ha hecho es ejercer el derecho de solicitar fiscalizaciones a los organismos pertinentes a lo que concierne a edificación de ampliaciones; cuando estas, a vista pública se han realizado fuera del perímetro de una propiedad.

En este sentido, señala que ha solicitado fiscalizaciones tanto DOM, como también a Contraloría General de la República por construcción de local comercial ubicado en Las Talaveras #1589 de Parque Los torreones en las Ánimas, puesto que esta se encuentra emplazada fuera de los límites de su propiedad.

En efecto Contraloría ha informado que efectivamente los permisos de edificación Nro.696 y Nro.930 otorgados por DOM se han construido fuera de la línea de cierro lateral correspondiente; incumpliendo lo dispuesto en el artículo 5.2.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones sancionada por el decreto número 47 de 1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Por otra parte, la DOM emitió primeramente recepción definitiva de dicha construcción, sin ajustarse a la normativa antes expuesta. Sin embargo, el día 17 de abril de este año el encargado del Departamento de Arquitectura de DOM, por orden número 220 la cual adjunto, en el punto Nro.2 de este escrito informa que se procedió a notificar a la recurrente de la demolición de la construcción en terreno de terceros. La DOM al tomar la decisión de corregir la mala recepción de la construcción en cuestión, detona a que la recurrente solicite el recurso de protección en su contra.

Que nunca ha pretendido monopolizar el tema comercial puesto que en Parque los Torreones existen a lo menos cuatro propietarios con similares características comerciales, nunca ha ingresado a su local comercial, como tampoco agredido verbal o físicamente a ella o algún miembro de su entorno, como tampoco ha tomado fotografías a su domicilio.

Informa la Municipalidad al tenor de lo requerido.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o aún amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

Segundo: Que, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de: i) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, ii) que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas, y, finalmente, iii) que quien lo interpone se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentra legitimado activamente para su ejercicio.

Tercero: Que la recurrente alega que el recurrido la ha acosado, e intimidado, concurriendo a su local e insultándola, inutilizando además su mercadería.

Indica además, que las constantes denuncias afectan su derecho a ejercer actividades económicas, que ella estima consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados al proceso, consta que efectivamente el denunciado ha efectuado denuncias a la Dirección de Obras Municipales y a la Contraloría General de la República, por la construcción que realizó la recurrente, y que éste estima construida fuera de los límites de la propiedad de aquella.

Quinto: Que efectivamente, los requerimientos del recurrido, ante los órganos estatales pertinentes, han tenido como consecuencia, que aquellos hayan emitido pronunciamientos, que han significado un cuestionamiento respecto de la construcción del negocio de la recurrente, al estimar que no se encuentra construido en la forma que fue autorizado.

Sexto: Que en todo caso, el recurrido sólo ha ejercido su derecho a formular peticiones ante la autoridad competente, garantía contemplada en el numeral 14 de la Carta Fundamental, por lo cual no puede estimarse que éste carece de sustento legal.

Séptimo: Que además, las peticiones formuladas, no aparecen como arbitrarias, ya que efectivamente han sido acogidas por las autoridades requeridas, por encontrase fundadas en hechos que fueron constatados en terreno por dichas autoridades.

Octavo: De lo expuesto, es posible colegir, que los requerimientos o peticiones formuladas a las autoridades por el recurrido, no constituyen un actuar ilegal o arbitrario.

Noveno: Que en relación a las garantías contempladas en los numerales 1 y 4 de la Carta Fundamental, que se estiman vulnerados, la recurrente no ha aportado antecedente alguno para acreditar la efectividad de la ocurrencia de los hechos en que se fundan sus alegaciones, razón por la cual, éstas en este sentido, deberán ser rechazadas.

Décimo: Que en virtud de lo expuesto, no habiendo acreditado la existencia de un actuar ilegal o arbitrario del recurrido, no es posible atender la alegación de la recurrente en este sentido.

Y visto lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto, en los artículos 19 N° 1,4 y 24 y artículo 20 de la Carta Fundamental, se RECHAZA, sin costas, el presente recurso.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 692 – 2019 PRO.