Protección contra Universidad Austral de Chile

Valdivia, veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

La acción de protección.

Primero: Jaime Benito Gallardo Casanova, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación del señor nombre reservado, bioquímico, con domicilio en domicilio reservado, deduce acción de protección en contra de Universidad Austral de Chile, persona jurídica del giro de su denominación, representada por su rector señor nombre reservado, profesor de castellano, con domicilio ambos en Campus Miraflores, decanato de Facultad de Ciencias de la Ingeniería, domicilio reservado.

Señala que los hechos que fundan el presente recurso tienen carácter público en tanto han circulado en diversos medios de comunicación, así como en redes sociales, que tienen como fuente informativa diversas declaraciones de la recurrida, las que dan cuenta pública y pormenorizadamente de la tramitación de una investigación en contra de su representado por denuncia de acoso sexual. A través de esa vía la casa de estudios informa de la existencia de acoso sexual y de las sanciones aplicadas al señor nombre reservado, sanciones que no incluían su despido. Luego, el 23 de abril de 2018 y debido a las presiones ejercidas por diversos actores, la Universidad en el marco de reunión extraordinaria de Consejo Académico, tomó la decisión de desvincular al docente.

Reprocha el accionar de la UACH en lo que se refiere a la tramitación del sumario propiamente tal, el cual fue ventilado públicamente, que en su concepto ha vulnerado los principios de igualdad ante la ley, debido proceso, protección de la honra personal y del grupo familiar y protección a la integridad psíquica. Estima grave y arbitraria la falta de imparcialidad observada por la Universidad, en la unidad jurídica a cargo de la tramitación del proceso, pues como ministra de fe y actuaria, fue nombrada la abogada señora Natalia Salazar quien, a su vez, integra el Comité Paritario de Género y Diversidad de la misma universidad, instancia dedicada a la prevención de acoso sexual, con una posición que respetuosamente y sin que conlleve juicio de valor, pudiera calificarse como militante en el tema. La profesional integra dicho comité en calidad igualmente de secretaria ejecutiva como indican pantallazos tomados desde página web de la UACH, además de la falta de imparcialidad del equipo a cargo de la instrucción de la investigación en el cual le cupo particular importancia a la actuaria, el estatuto normativo que con sus cruces y exclusiones de diversos cuerpos entre sí, hacen confuso determinar cuál es el estatuto utilizado y la vigencia del mismo debido al hecho que habiéndose iniciado la investigación bajo el Reglamento vigente a la época, éste luego es derogado por entrada en vigencia de nueva reglamentación la cual le es aplicada sólo parcialmente al recurrente, a pesar de justificarse su aplicación por principios pro operario.

Refiere al estándar probatorio utilizado: sólo prueba testimonial (ningún testigo presencial de 43 testigos examinados), sin documentos ni informes periciales que den cuenta de la credibilidad de la denuncia, lo que posibilita que se sancione al recurrente habiéndose ampliado la acusación en su contra de manera de comprender situaciones históricas de acoso y consumo de alcohol, lo último declarado sin existir referencia alguna a él en la vista fiscal. Y de los testigos sólo conoce los números con los que se les individualiza, no sabe sus identidades y referidos vagamente para acreditar hechos imprecisos, sin referencia a fechas y contextos.

El recurrente don nombre reservado, 52 años de edad, casado, padre de familia, se desempeña desde el año 1999 como docente de la Universidad Austral de Chile y en su calidad de bioquímico y doctor en ciencias, ha ejercido diversos cargos directivos al interior de la Universidad, desempeñando hasta antes de los hechos el cargo de director académico de una importante unidad de investigación, profesional de reconocida trayectoria en el área de la investigación, con diversas publicaciones especializadas en el extranjero, quien ha asistido en calidad de profesor patrocinante a un número indeterminado de alumnos en sus tesis.

Expone que por la denuncia formulada en contra de su representado, la recurrida dispuso la instrucción de sumario. El hecho denunciado tuvo relación a una supuesta conducta de acoso sexual consistente en abrazo y solicitud subsecuente de abrazo con acercamiento físico seguido de susurro al oído de la frase “estoy cachondo hoy día.”. El sumario tramitado por la Unidad Jurídica de la Universidad en la persona de su fiscal, abogado señor Carlos Carnevali, ejerciendo como actuaria la abogada señora Natalia Salazar concluye declarando la existencia de acoso sexual, con clara infracción del principio de igualdad ante la ley, del debido proceso, afectando con ello irremediablemente la integridad psíquica del recurrente, su imagen profesional, así como su honra y la de su grupo familiar. Como resultado del sumario, al docente le fueron aplicadas diversas sanciones, pero no se incluyó el despido o la destitución, hecho que cambió posteriormente.

El hecho denunciado así como la tramitación del sumario, adquirió rápidamente carácter público, sin respeto al principio de presunción de inocencia pues desde un primer momento se filtró información de la existencia de la denuncia y de la identidad del denunciado. Al interior del campus Miraflores, en dependencia de la Unidad Jurídica fueron citados y prestaron testimonio 43 personas, recibiéndose igualmente declaraciones de personas no vinculadas hoy a la casa de estudios por vía correo electrónico.

En este contexto y luego de hacerse pública las medidas sancionatorias adoptadas por la universidad -concluido el sumario- el 23 de abril pasado y a propósito de la situación de tomas y declaraciones, la Universidad adoptó la decisión de destituir al recurrente don nombre reservado, información que fue entregada a la Comunidad Universitaria a través de email institucional masivo dirigido a cada una de las direcciones electrónicas vinculadas a la comunidad educativa, y publicada en sitio web de la casa de estudio, en ambos casos a las 18.32 horas. Ese mismo día, la información fue publicada profusamente en diversos medios de comunicación social, declaración señala textualmente:

“A la Comunidad Universitaria. La Universidad Austral de Chile informa que, a partir de la propuesta de Rectoría y con el pronunciamiento favorable del Consejo Académico y del Directorio de la Universidad -a través de la Comisión mandatada para estos efectos- resolvió poner término al contrato de trabajo del académico Sr. nombre reservado, por “razones de interés institucional”.

Sostiene que el despido resultó ser consecuencia de la presión ejercida por diversos actores quienes le reprochan a la autoridad no haber destituido al recurrente en el marco del sumario, ya que la fiscalía propuso originalmente la destitución del docente, la que no fue acogida por la autoridad universitaria, como se indicó. Y los medios de comunicación mostraron imágenes de parte de la comunidad universitaria festejando el anuncio de destitución, así aconteció con Diario Electrónico Emol quien en edición de 24 de abril de 2018 publicó fotografía de estudiantes con pancarta donde se lee “ALERTA VIOLADORES EN LA UACH SE LES ACABÓ LA IMPUNIDAD”. La leyenda destaca en rojo la palabra “violadores” e “impunidad”. A pie de página se lee “Las reacciones luego del anuncio del despido docente no se hicieron esperar en la casa de estudios donde ex alumnos, académicos, y organizaciones celebraron la medida, aunque la consideraron tardía.”.

En redes sociales, como indica mismo medio, circula video de funa del docente. En él se exhibe a un numeroso grupo de estudiantes al interior de dependencias de la UACH gritando “fuera nombre reservado”.

El marco de declaraciones públicas de la autoridad universitaria tiene igualmente otros hitos: declaración de fecha 17 de abril de 2018, en la cual de la manera antes dicha, se le informa a los integrantes de la comunidad universitaria las sanciones aplicadas a “académico del Instituto de Bioquímica y Microbiología de la Facultad de Ciencias” consistentes en:

“Destitución inmediata del cargo directivo que se encontraba ejerciendo; prohibición de postular o ejercer cargos directivos por el máximo periodo que permite el Reglamento; mantención del contrato de trabajo sujeto al cumplimiento de diversas condiciones: prohibición de realizar labores de docencia; ingresar y cumplir con lo requerido por el Centro de Hombres del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; limitación para concurrir a las dependencias que ocupaba hasta la fecha de la resolución; prohibición de contacto, por cualquier vía, con la denunciante; traslado definitivo a otra unidad de la Facultad de Ciencias, fuera del Campus Isla Teja.” .

El 24 de abril de 2018, 12.12 horas, esto es, al día siguiente en que se comunica la decisión de destituir al docente, el rector de la Universidad emitió una declaración pública dirigida a la comunidad universitaria señalando que con la investigación realizada “se cumplió estrictamente con el mandato de proteger y resguardar los derechos de la denunciante; investigar exhaustivamente y sancionar duramente los hechos denunciados; así como resguardar la integridad institucional”.

A renglón seguido, la autoridad sostuvo que “La Universidad apoya a todos quienes contribuyen a denunciar y evitar cualquier práctica de acoso, violencia o discriminación y seguirá impulsando de manera permanente una política de prevención y sanción cuando corresponda. Por ello, en los últimos años como Rectoría hemos contribuido a impulsar un amplio debate que nos ha permitido avanzar en políticas y normativas sobre prevención, investigación y sanción de conductas de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria.”.

La declaración concluye con un conjunto de medidas que la autoridad estima pertinente trabajar, incluida la instrucción a la Dirección de Personal de “realizar un proceso de reparación del clima laboral en la Facultad de Ciencias y, en especial, en el Instituto de Bioquímica y Microbiología”.

El mismo día 24 de abril de 2018, esta vez, a las 12.54 horas, la Unidad Jurídica a través de comunicado público informó a la comunidad universitaria que la medida adoptada por la autoridad es el resultado de la aplicación del reglamento nuevo que entrara en vigencia en enero de 2018, que resultó aplicable al docente de conformidad a principios penales y laborales, sin perjuicio de indicarlo así igualmente informe en derecho solicitado por esta casa de estudios, respecto del cual desconoce mayores antecedentes. El comunicado público concluye con numerando 10 que señala textualmente: “Esta Dirección comparte y comprende plenamente que hechos de acoso sexual generan una profunda preocupación y dolor en la Comunidad Universitaria, por lo que corresponde la solidaridad y cuidado de las víctimas y la sanción a los responsables, lo que en este caso se encuentra asegurado por un procedimiento que estableció medidas de acompañamiento y protección para la denunciante y que terminó en una dura sanción inédita en nuestra Universidad” . El comunicado es suscrito por “Dirección Jurídica Universidad Austral de Chile.”.

Señala que la medida de destitución adoptada por la autoridad fue profusamente divulgada por diversos medios de comunicación local. Así, el Diario Austral de Valdivia en edición de 24 de abril de 2018, página 6, Sección Actualidad, tituló “Desvinculan a docente acusado de acoso sexual en la Universidad Austral. Medida fue adoptada tras críticas de la comunidad Universitaria”. La publicación reproduce el comunicado de la casa de estudios acotando que nombre reservado, académico, fue investigado y sancionado con reubicación “medida que fue cuestionada por estudiantes, funcionarios y académicos, los que solicitaron públicamente la desvinculación del académico.”.

Mientras tanto, al interior de la Comunidad Universitaria se conocieron nuevas denuncias de acoso sexual, como la que aconteció en contra del docente y director de Escuela de Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile, quien fue acusado el 25 de abril de 2018 por Centro de Alumnos de la carrera de hacer clases con hálito alcohólico “hecho totalmente inapropiado para un docente y Director de Escuela”, denuncia que incluye acoso en contra de sus estudiantes, consistente en “acercamiento físico hacia ellas, comentarios fuera de lugar, comentario por redes sociales, miradas inapropiadas”.

Luego, y en lo que compete al recurrente, sin mediar hasta la fecha otra notificación que no sea la aplicación de las medidas adoptadas en sumario incoado en su contra, entre las que se incluyó el condicionamiento de su contrato, se enteró a través de una declaración pública de 23 de abril de 2018 que fue despedido. El fundamento del despido, la causal que se invocaría, son materia de especulación que, como fuere y a vista de la comunidad, no son sino el resultado de acciones de acoso sexual.

La recurrida expuso haber investigado y sancionado los hechos con estricta sujeción a la normativa vigente, dada principalmente por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la Universidad Austral de Chile de 7 de octubre de 2009, modificado por Reglamento de Intervención de Situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación de la Comunidad Universitaria de 28 de febrero de 2018. Según previene artículo 2° de las disposiciones transitorias de este último cuerpo normativo, este Reglamento de Intervención viene en modificar el Título X “Del Procedimiento Para Investigación y Sanción frente a denuncias de Acoso Sexual” y el Título “XI Del acoso laboral.”.

El telón normativo de fondo está dado por la Ley 20.005 de 18 de marzo de 2005, que, entre otros aspectos, modificó el inciso 2° del Código del Trabajo en los siguientes términos: “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de las personas. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.”.

La denunciante el 30 de noviembre de 2017 informó al rector de la Universidad haber sido objeto de acoso sexual en grado 4 y 5 según Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad, estableciendo como causa agravante la “reincidencia de estas conductas del agresor”. Se individualiza como encargada financiera en Austral-Omics, con contrato vigente hasta 28 de febrero de 2018, acotando que “la relación de trabajo entre su persona y nombre reservado es directa”, en tanto sus labores requieren de aprobación y firma del denunciado y “es, por lo tanto, un cargo que depende de forma directa de esa jefatura.”. El hecho, sin precisar la fecha, habría acontecido en circunstancias que requiriendo la firma del recurrente mientras hablaba por teléfono, éste le pone la cara para saludarlo en ambos lados de su rostro para luego y mientras seguía hablando por teléfono tapando el micrófono le dice “¿abrázame?” abriendo sus brazos “lo voy a abrazar” momento en el cual la habría presionado contra él diciéndole al oído “ando muy cachondo hoy (sic).”. La denunciante refiere haber lanzado “una carcajada de nerviosa”, y él alejándose le hace un gesto indicándole silencio, seguía hablando por teléfono. Ella refiere luego que sale al hall nerviosa, sin saber qué hacer para regresar mientras él firmaba la documentación y sonriendo le habría señalado “oye disculpa por lo de recién, es que el día me tiene así.”. El relato continúa aseverando que el denunciado le habría señalado “bueno entonces ahora abrázame tú” abriéndole los brazos, le reitera “ya po abrázame, ven abrázame”; “abrázame más fuerte, yo no te voy a abrazar ahora, ahora te toca a ti y lo suelto”. A continuación le habría señalado “oye te pusiste rojita” para luego decir “gracias y disculpa por lo de recién.”. La conducta denunciada encuadraría, al decir de la denunciante, en los niveles 4 y 5 de conformidad a tipificación dada en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, tipificación inexistente hoy como consecuencia de la entrada en vigencia del Reglamento de Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria de 28 de febrero de 2018, que le fuera aplicado al denunciado en materia de sanciones.

El 4 de diciembre de 2017 se dispuso una investigación, quedando a cargo del abogado señor Carlos Carnevali, director jurídico y como ministro de fe doña Natalia Salazar, asesora jurídica. Se citó a declarar a la denunciante y el denunciado en dependencias de la dirección jurídica, ubicadas en el edificio del decanato del Campus Miraflores. El 4 de enero de 2018 se resolvió: Considerando que en el curso de la investigación se han detectado nuevos hechos que podrían ser constitutivos de conducta de acoso sexual y con la finalidad de resguardar el debido proceso del derecho a defensa por parte del denunciado, cítese a declarar nuevamente al señor nombre reservado el día Lunes 8 de enero de 2018, a las 15 horas en dependencias de la Dirección Jurídica, ubicada en el Campus Miraflores, Edificio del Decanato, segundo piso.”. La resolución lleva firma de fiscal y actuaria, quienes son individualizados. Compareció nuevamente el señor nombre reservado a quien se le informó “En el contexto de la investigación han surgido nuevos antecedentes de conductas que usted habría realizado y que podrían ser conductas de acoso sexual, como por ejemplo; piropear la vestimenta de alumnas o trabajadoras, agarrarlas por la cintura a alumnas o trabajadoras sin su consentimiento, tocarle los senos a estudiantes o trabajadoras tanto dentro de la Universidad como fuera y realizar comentarios de doble sentido y contenido sexual que incomodan a los demás.” .

Expone que la Resolución de Rectoría N° 01/2018 de 2 de abril de 2018, dio por reconocido el acoso sexual en los términos señalados en la investigación, abundando respecto de la aplicación del Reglamento de Intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria; dice: “…este sentenciador descartará dicha sugerencia -el despido- considerando que la gravedad de las conductas atribuidas al señor nombre reservado es adecuadamente reprochada a través de una sanción distinta y que el despido o la terminación del contrato de trabajo constituye la medida más drástica y extrema para cualquier trabajador por lo que debe reservarse para aquellos casos en que la gravedad de la conducta es de tal entidad que sea imposible una solución distinta para proteger a la víctima y reparar el mal causado. Las sanciones graves y ejemplares que se adoptan en esta resolución tienen por objeto además permitir al trabajador sancionado la adecuación de su conducta futura a la que deben respetar todos los integrantes de la comunidad universitaria, hoy suficientemente detallada y difundidas a través de la nueva reglamentación y de los órganos creados para tales fines”.

De conformidad a lo antes dicho, la autoridad resolvió el sometimiento a evaluación para “determinar la necesidad de tratamiento médico por consumo de alcohol”, así como “seguimiento semestral del trabajador para verificar el cumplimiento de las medidas dispuestas en esta resolución. El incumplimiento de las condiciones establecidas podrá ser motivo de término inmediato del contrato”. Esta resolución fue notificada el 2 de abril de 2018 y, con posterioridad y como consecuencia de la presión ejercida por distintos actores de la Universidad, el 23 de abril de 2018 en el marco de sesión extraordinaria del Consejo Académico se informó a la comunidad universitaria que el recurrente fue destituido, decisión ampliamente difundida en diversos medios de comunicación.

Así, la destitución fue la respuesta de la Universidad a la presión ejercida, hecho que acontece en el marco de otra resolución notificada al recurrente y que dispuso otras medidas.

Sostiene que los hechos no pueden ser sino catalogados como arbitrarios si es que no ilegales atento a lo infundado y parcial que resulta el accionar de la Universidad tanto en lo que se refiere a la sustanciación del proceso investigativo como a su accionar político comunicacional en la materia, hechos que tienen como hilo conductor su accionar mediático ante la comunidad universitaria, local y nacional, que ha contribuido a generar un verdadero enjuiciamiento público, donde declaraciones tras declaraciones determinaron la suerte del recurrente, accionar que en su concepto ha implicado a lo menos una perturbación y amenaza permanente de garantías constitucionales previstas en los artículos siguientes: artículos 19 N° 3, 19 N° 1 y 19 N° 4 de la Constitución Política República de Chile y artículo 19 N° 3 inciso 5°, pues el artículo 20 hace extensivo el recurso de protección a aquellos actos u omisiones arbitrarios o ilegales que conlleven privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos, entre otros, en el artículo 19 número 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, de la manera antes dicha “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

Y que el debido proceso de conformidad al artículo 5° de la Constitución en relación con el artículo 8.1 del Pacto de San nombre reservado Rica y el artículo 141 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos presupone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, y todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.

Afirma que la Universidad vulneró el principio del debido proceso, el cual al no ser respetado, erige a la Unidad Jurídica en comisión especial. El ejercicio de la función jurisdiccional, debe siempre encuadrar, plena y perfectamente, en el principio del debido proceso. De otra forma señala, el instructor del sumario se aparta de su función y deja de ser tal.

Y son garantía de un debido proceso, la existencia de un tribunal competente, independiente e imparcial, garantía no fue respetada en el procedimiento incoado en contra del recurrente. En efecto, la Universidad en materia de acoso sexual exhibe una posición pionera en la materia lo que le permite contar con un órgano creado por ella para efectos de prevenir el acoso sexual, como lo es, el Comité Paritario de Género y Diversidad, lo que hace que la universidad tenga una actitud decidida, militante respecto del tema, hecho al cual contribuye el mismo perfil de sus integrantes.

El artículo 2 del Código del Trabajo señala que constituyen acoso sexual “…requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien lo recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo.”. Tal hecho no pudo ser acreditado en investigación practicada por la UACH ya que no existieron tales “requerimientos de carácter sexual no consentidos”. Consciente de tal hecho, el proceso investigativo ha debido ampliarse a través de catálogo establecido en Reglamento Interno, catálogo que determina las referencias a diversos grados, ninguno de los cuales se encuentra hoy vigente debido a la derogación de la cual fue objeto tal reglamento por la entra en vigencia de nueva reglamentación en la materia. Así, se le aplica nueva reglamentación al denunciado invocando principios protectores.

A mayor abundamiento, y ante el imperativo de condenar al denunciado se acuña el concepto de “acoso ambiental” para dar cuenta de situaciones de hecho presentes en ambiente laboral. Por esta vía se obvia la institución prescripción.

La nueva reglamentación incorpora un preámbulo que establece principios que informan el proceso investigativo, que evidentemente no han sido respetados, como lo es la buena fe, la imparcialidad.

Infracción al artículo 19 N° 2 de la Constitución de la República de Chile que consagra igualdad ante la Ley. En la especie, se ha infraccionado tal garantía atento al hecho que se ha aplicado al recurrente un estándar normativo que no fue el utilizado en caso anterior de acoso por la Universidad. Incluso más allá de eso, se ha tipificado como acoso sexual un accionar que no encuadra en el número 2 del Código del Trabajo, creando una figura además no establecida por ley como es “acoso ambiental”.

La propia ley de diversa manera establece la necesidad de sentencias razonadas en las cuales se pondere adecuadamente la prueba bajo la plena vigencia del principio de presunción de inocencia, hecho que no aconteció.

Infracción al artículo 19 N° 1 y 4° de nuestra Carta Política. Los hechos denunciados naturalmente no han podido sino afectar la integridad psíquica del recurrente quien ha sido objeto de los más diversos comentarios y descalificaciones por redes sociales: funas y panfletos han sido la tónica de un accionar alimentado por el accionar público de la universidad y por el poco celo exhibido en el tratamiento del tema respecto del recurrente.

Pide se declare que el accionar de la recurrida es a lo menos arbitrario, si es que no ilegal, y que conlleva infracción a las garantías constitucionales antes indicadas. Solicita: dejar sin efecto sumario incoado en contra de su representado atento a las serias irregularidades denunciadas, disponiendo se instruya nuevo sumario con pleno respeto a las garantía infringidas, el que deberá ser instruido por otros integrantes de la Unidad Jurídica y en todo caso de conformidad a nuevo estatuto vigente en la casa de estudios; hacer pública sesión del Consejo Académico de fecha 23 de abril de 2018; suspender cualquier medida de destitución en contra del recurrente mientras se tramita nuevo sumario; ordenar a la recurrida omitir cualquier referencia pública al recurrente como consecuencia de los hechos denunciados; disponer las medidas que se estimen del caso, atento a la gravedad de los hechos denunciados y al imperativo de reestablecer el imperio del derecho; y condenar en costas a la recurrida.

El informe de la Universidad Austral de Chile.

Segundo: El señor Carlos Carnevali Dickinson, abogado, domiciliado en domicilio reservado, por su representada, la Universidad Austral de Chile, corporación de derecho privado sin fines de lucro, del giro de su denominación, domiciliada en domicilio reservado, informa al tenor del recurso.

Afirma que el recurrente omite información relevante que demuestra que la Universidad Austral de Chile no ha incurrido en ninguna acción ilegal o arbitraria que afecte las garantías constitucionales del recurrente, pues la Dirección Jurídica, por mandato del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, recibió e investigó una denuncia por acoso sexual presentada por una profesional administrativa de la Facultad de Ciencias en contra del recurrente don nombre reservado, investigación instruida de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 48 y siguientes del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad del Personal de la Universidad Austral de Chile y lo prescrito por la Ley N°20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual, desarrollada con pleno respeto a tal normativa y tuvo un nivel de exhaustividad que implicó la declaración de 42 testigos, más las declaraciones de denunciante y denunciado, e incluyendo por cierto a todos los testigos que los propios involucrados solicitaron citar.

Expone que la investigación fue realizada bajo los más estrictos estándares de confidencialidad, sin que haya existido comunicación o filtración alguna de parte de quienes sustanciaban dicha investigación, ni siquiera a las autoridades universitarias y terminada la investigación, y tal como consta en el informe final que se acompaña, el Fiscal se formó la convicción de que el acoso sexual denunciado había existido y se logró constatar otras conductas del denunciado que configuraban acoso ambiental.

Afirma que la dinámica de los hechos, la coherencia en el relato, los testimonios recabados y nuevos hechos que se constataron en el curso de la investigación, permitieron generar la convicción que don nombre reservado acosó sexualmente a doña nombre reservado en una oportunidad y que realizó a través de los años en forma regular conductas constitutivas de acoso sexual ambiental en el ejercicio de sus funciones.

Y habiéndose dado por acreditados la existencia de acoso sexual en contra de la denunciante y la concurrencia de un acoso sexual ambiental perpetrado a través del tiempo, el Fiscal sugirió en su informe final la sanción prevista en el artículo 58 numeral 2° del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Universidad Austral de Chile, esto es, “el despido de la persona considerada como responsable de conducta o conductas de Acoso Sexual, sin derecho a indemnización alguna”, teniendo presente que la única otra sanción que podía aplicarse, según el Reglamento ya indicado, era la establecida en el artículo 58 N°1, esto es, una multa ascendente a un 25% de la remuneración diaria.

Luego de ser notificadas ambas partes del informe final de 17 de enero de 2018, fueron enviados los antecedentes completos a la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, para que, de conformidad a la ley, se pronunciase respecto a la legalidad de la investigación.

La Inspección Provincial del Trabajo Valdivia, mediante Oficio Ordinario N°000275, de 19 de marzo de 2018, que se acompaña, aprobó la investigación, constatando el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la investigación interna efectuada, y ratificando lo resuelto referente a la existencia de las conductas de acoso sexual.

Añade que la etapa siguiente del procedimiento en este tipo de casos es la aplicación de la sanción y por tal motivo, una vez notificados de lo resuelto por la Inspección Provincial del Trabajo Valdivia, los antecedentes fueron enviados al señor Rector, quien de acuerdo al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad es quien debió adoptar la decisión definitiva respecto a la sanción a aplicar.

Por otra parte, la Universidad había aprobado el día 28 de febrero de 2018 un nuevo Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la Comunidad Universitaria, reglamento largamente discutido en distintas instancias y, finalmente, aprobado por el Consejo Académico.

Señala que entre las modificaciones más relevantes que este reglamento introdujo, se encuentra la ampliación del catálogo de sanciones, que permite al momento de determinar el castigo aplicar cabalmente el principio de proporcionalidad de la pena según la gravedad de la conducta, lo que con la reglamentación anterior -que sólo establecía la multa y el despido como sanciones- no era posible.

El señor Rector consultó a la Dirección Jurídica respecto a si el catálogo de sanciones que contenía este nuevo Reglamento, ya plenamente vigente, resultaba o no aplicable a las investigaciones de hechos anteriores a su entrada en vigencia y la Dirección Jurídica concluyó que, por aplicación de principios de derecho laboral y penal, resultaba aplicable el catálogo de sanciones establecido en el nuevo Reglamento para efectos de sancionar conductas de acoso sexual realizadas de manera previa a la entrada en vigencia del mismo.

Y teniendo presente dicha opinión, habiendo revisado íntegramente los antecedentes de la investigación, mediante Resolución N°01/2018, de 2 de abril de 2018, el señor Rector resolvió:

“1) Aplicar al trabajador Sr. nombre reservado las sanciones establecidas en el artículo 35 I. letras d), e), f) y g) del Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria, esto es:

a) Remoción del cargo de Director del Laboratorio Austral Omics.

b) Prohibición de postular o ejercer cargos Directivos por cuatro semestres a contar de la fecha de la presente resolución.

c) Contrato de trabajo sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. El trabajador no podrá realizar actividades de docencia por un período de cuatro semestres a contar de la fecha de la presente resolución.

2. Asimismo, el trabajador deberá someterse a una evaluación encargada por la Dirección de Personal para determinar la necesidad de tratamiento médico por consumo de alcohol.

3. El trabajador deberá abstenerse de concurrir a las dependencias de trabajo que ocupaba hasta esta fecha, sin perjuicio de las medidas que pudiere implementar el Decano de la Facultad de Ciencias, como se señala en el punto 2 de esta resolución.

4. Se prohíbe al trabajador sancionado que se contacte en forma directa por cualquier vía (presencial, telemática, telefónica u otra) a contar de la fecha de esta resolución con la denunciante Srta. nombre reservado.

5. El Director de Personal deberá realizar un seguimiento semestral del trabajador sancionado para verificar el cumplimiento de las medidas dispuestas en esta resolución. El incumplimiento de las condiciones establecidas podrá ser motivo de término inmediato del contrato de trabajo.

d) Traslado definitivo del trabajador al Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, perteneciente a la Facultad de Ciencias.

El trabajador quedará adscrito, a partir de esta fecha, al Decanato de la Facultad de Ciencias. Dicha adscripción podrá ser modificada por el Decano de la Facultad de Ciencias, a algún otro Instituto de dicha macrounidad, que en ningún caso podrá ser el Instituto de Bioquímica y Microbiología, o a unidades que a futuro deriven de éste.

2) El Decano de la Facultad de Ciencias deberá:

a) Implementar todas aquellas medidas que permitan armonizar el cumplimiento de las actividades académicas de investigación y extensión del Sr. nombre reservado con el impedimento de concurrir a las dependencias de trabajo que ocupaba hasta esta fecha.

b) Coordinar con la Dirección de Personal actividades de intervención destinadas a mejorar el clima laboral al interior de la Facultad de Ciencias y a educar respecto a la normativa interna y su cumplimiento.

3) Regístrese la sanción en la carpeta de antecedentes del trabajador sancionado en la Dirección de Personal.

4) Notifíquese personalmente esta resolución al trabajador sancionado, a la denunciante y al Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile.”

Dicha resolución fue notificada personalmente a las partes, al recurrente con fecha 3 de abril de 2018, declarando, al momento de ser notificado personalmente, que la acataba en todas sus partes y renunciaba al ejercicio de acciones contra ella, conformidad que también se constata con una serie de actos personales del recurrente posteriores a la notificación. En efecto, el recurrente coordinó con el Decano de la Facultad de Ciencias día y horas para el uso del laboratorio y el cambio de oficina, y también se sometió al tratamiento sicológico indicado en la Resolución con un profesional indicado por la Dirección de Personal.

Afirma que la Universidad Austral de Chile, tanto en las actuaciones de la Dirección Jurídica al momento de investigar como del señor Rector al momento de sancionar, se ajustaron al ordenamiento jurídico vigente, lo cual es corroborado con la reglamentación interna vigente, concordante con la legislación laboral en la materia, refrendada por la Inspección del Trabajo, órgano administrativo encargado por el propio legislador de velar por la legalidad de estas investigaciones y sanciones.

Respecto a la aplicación del nuevo Reglamento, que en beneficio del recurrente permitió aplicar una sanción más benévola al despido recomendado originalmente por el Fiscal a cargo de la investigación, y que podría ser lo más discutible desde el punto de vista jurídico, es la propia Resolución del Rector la que explica los motivos que se tuvieron en cuenta.

La Resolución de Rectoría N°1/2018, de 2 de abril de 2018, señala lo siguiente:

“Quinto: Que mediante Decreto de Rectoría N°07, de fecha 28 de febrero de 2018, se promulga el Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria, Reglamento que modifica, entre otras materias, tanto el procedimiento de investigación como el régimen de sanciones para las conductas de acoso sexual. Este Reglamento entró en vigencia con fecha 30 de marzo del año en curso, con posterioridad a la emisión del informe final recaído en la investigación que es materia de esta resolución.

Sexto: Que el artículo 35 del Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria establece, en lo pertinente, lo siguiente: “Sanciones. La o las sanciones a aplicar a quienes sean responsables de la comisión de hechos constitutivos de violencia, discriminación o acoso, debidamente comprobados de acuerdo al procedimiento establecido en este Reglamento, dependerán del vínculo jurídico que se tiene entre la persona sancionada y la Institución, conforme a las siguientes reglas:

I. Si la persona a sancionar es trabajador o trabajadora de la Universidad, podrán aplicarse las siguientes sanciones:

a) Amonestación verbal, consistente en un llamado de atención a la persona sancionada en forma reservada, por parte del Director(a) de Personal, en presencia de su superior directo.

b) Amonestación escrita, consistente en una reprensión por escrito que se hace al trabajador, debiendo remitir copia a la Dirección de Personal y a la Inspección del Trabajo.

c) Descuento de hasta un 25% en la remuneración diaria de la persona sancionada.

d) Contrato sujeto al cumplimiento de las condiciones que fije la Comisión por un lapso no superior a cuatro semestres académicos.

e) Remoción del cargo que estuviere ejerciendo.

f) Prohibición de postular o ejercer cargos Directivos, por un período entre uno y cuatro semestres académicos.

g) Traslado definitivo a otra unidad de la Corporación, el que se sujetará al cumplimiento de las condiciones que fije la Comisión.

h) Propuesta de terminación del contrato de trabajo. En ese caso, los antecedentes se enviarán al Rector de la Universidad para que, en uso de sus facultades legales, resuelva, en definitiva”.

Séptimo: Que la modificación del régimen de sanciones frente a este tipo de conductas resultaba imperiosa ante la insuficiencia de la normativa anterior, normativa que impedía aplicar adecuadamente los criterios de proporcionalidad entre la falta cometida, los daños causados y la sanción aplicada. El nuevo régimen de sanciones, establecido en el ya señalado artículo 35 del Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria permite al sentenciador aplicar tales criterios, los cuales resultan indispensables en el ejercicio de la actividad punitiva del empleador.

Octavo: Que, habiéndose consultado previamente a la Dirección Jurídica de la Corporación, respecto a la factibilidad de aplicar el Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria, ésta ha informado que, por aplicación de principios básicos del derecho laboral y derecho penal, las disposiciones de tal Reglamento, especialmente en lo relativo al régimen de sanciones, resultan aplicables a conductas realizadas con anterioridad a su vigencia, conforme a la argumentación que se expone en las consideraciones siguientes.

Noveno: En efecto, es posible la aplicación del Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria, siempre y cuando favorezca al trabajador, en el marco de la sanción efectiva de las conductas de acoso sexual impuesto por la Ley Nº 20.005. Ello es plenamente compatible con el principio pro operario, el principio de protección y la regla de la aplicación normativa más favorable al trabajador emanadas del Derecho laboral. Asimismo, ello se aviene con la aplicación de la retroactividad de ley penal más favorable, sancionada en el artículo 19 Nº3 inciso 7° de la Constitución, de aplicación análoga en materia laboral derivada de la función punitiva del ejercicio de la potestad disciplinaria del empleador.

Décimo: Que el Código del Trabajo, en su artículo 153, señala que “las empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas que ocupen normalmente diez o más trabajadores permanentes, contados todos los que presten servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque estén situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a confeccionar un reglamento nombre reservado, higiene y seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o establecimiento”. En dicho Reglamento Interno el empleador podrá imponer sanciones a los trabajadores que incumplan sus deberes laborales en relación con el normal funcionamiento de la empresa. A ello la doctrina laboral ha denominado “potestad disciplinaria del empleador” o “poder disciplinario empresarial”.

La potestad disciplinaria del empleador se corresponde con aquella medida empresarial que tiene por objeto mantener el orden de los trabajadores al interior de la organización y se dirige a la corrección de conductas contrarias a la disciplina laboral. Desde esta perspectiva, entonces, las sanciones a las conductas de acoso sexual contenidas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad y el Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria forman parte de la potestad disciplinaria empresarial, es decir, constituyen una facultad privativa del empleador, en este caso de la UACH, que solo reconoce como límite el respeto de los derechos fundamentales del trabajador.

De esta manera, el empleador podrá determinar, respetando los mínimos legales y los derechos fundamentales de los trabajadores, las condiciones de aplicabilidad de la potestad disciplinaria; entre ellas, la temporalidad de la misma en los casos en que se han producido variaciones de la reglamentación interna válidamente sancionada de acuerdo a la organización de la empresa, con mayor razón aún si se considera que ello otorga una posición actual más ventajosa al trabajador en comparación con la que detentaba con regulaciones anteriores ya derogadas, lo cual es compatible y concordante, como ya se ha señalado, con el criterio pro operario, el principio de protección del trabajador, la aplicación de la regla de la norma más favorable y/o la regla de la condición más beneficiosa.

Décimo primero: Que siendo jurídicamente procedente la aplicación del régimen de sanciones establecido en el Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria, normativa ampliamente discutida y validada por la comunidad universitaria, y que de manera unánime ha sido percibida como un gran avance en nuestra regulación interna, no existen dudas para este sentenciador de que el régimen que corresponde aplicar para efectos de la resolución de este caso es justamente el establecido en esta normativa.

Décimo segundo: En atención a lo anterior, considerando que la aplicación de una sanción debe necesariamente responder a un criterio de proporcionalidad entre la falta cometida, los daños causados y la sanción a aplicar, y que en la investigación se logró acreditar la existencia de un hecho constitutivo de acoso sexual grave y de varios hechos constitutivos de acoso sexual ambiental, perpetrados en un periodo prolongado de tiempo y que afectaron a académicas, funcionarias y estudiantes, este sentenciador estima que la sanción a aplicar debe ser una de las más drásticas que contempla el reglamento, que suponga un enérgico reproche a su conducta, acompañado de sanciones que permitan reparar el mal causado y, especialmente, otorgar protección a las víctimas y evitar que los hechos materia de investigación se puedan repetir.

Décimo tercero: Que, si bien el Fiscal a cargo de la Investigación sugirió la aplicación de la sanción de terminación del contrato de trabajo, que como ya se explicó era una de las únicas dos sanciones disponibles en el catálogo anterior de sanciones, este sentenciador descartará dicha sugerencia, considerando que la gravedad de las conductas atribuidas al Sr. nombre reservado es adecuadamente reprochada a través de una sanción distinta y que el despido o la terminación del contrato de trabajo constituye la medida más drástica y extrema para cualquier trabajador por lo que debe reservarse para aquellos casos en que la gravedad de la conducta es de tal entidad que sea imposible una solución distinta para proteger a la víctima y para reparar el mal causado. Las sanciones graves y ejemplares que se adoptan en esta resolución tienen por objeto además permitir al trabajador sancionado la adecuación de su conducta futura a la que deben respetar todos los integrantes de la comunidad universitaria, hoy suficientemente detalladas y difundidas a través de la nueva reglamentación y de los órganos creados para tales fines.

Décimo cuarto: Los actos constatados son graves y vulneran valores que han sido fuertemente abrazados por la institución, especialmente en los últimos años, y que se han traducido en la creación de órganos y reglamentación especialmente dedicados a su protección. Por ello, a juicio de este sentenciador, corresponde la aplicación de sanciones igualmente graves y proporcionales a las faltas cometidas, tal como se expondrá en lo resolutivo, que permitan proteger además eficazmente a la víctima, y que al mismo tiempo constituyan un fuerte reproche para el denunciado, de modo que tenga la oportunidad de reflexionar sobre las implicancias de su comportamiento, su antijuridicidad, y la necesidad de adecuarlo a los principios y valores de nuestra institución.”.

Señala que esta resolución, que fue notificada a los dos involucrados, al Decano de la Facultad de Ciencias y al Director de Personal, fue rápidamente conocida por la comunidad universitaria sin que haya intervenido en algún acto de difusión alguna ni la Dirección Jurídica ni Rectoría.

Cuando se tuvo conocimiento por parte de la comunidad universitaria de la Resolución N°01/2018 de Rectoría -recién transcrita- comenzaron, por parte de estudiantes, académicos y funcionarios, una serie de acciones de manifestaciones, tomas de dependencias universitarias y paralización de actividades académicas en señal de reproche a las sanciones impuestas. Por otra parte, afirma que el cumplimiento de algunas de las sanciones se hizo imposible, pues grupos de estudiantes y académicos que desarrollan sus actividades en el Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, perteneciente a la Facultad de Ciencias, lugar donde se dispuso el traslado definitivo del señor nombre reservado, rechazaron la posibilidad de trabajar con él argumentando en base al riesgo que significaba exponerlos a ellos a un acosador. Así también se manifestaron grupos de académicos que se negaban a que el señor nombre reservado pudiese hacer parte de su investigación en el laboratorio del Instituto de Bioquímica, aún con horarios preestablecidos, por las mismas razones expuestas anteriormente.

Y ante la imposibilidad de aplicar las sanciones establecidas y la paralización de las actividades universitarias ya extendidas a los campus universitarios de Isla Teja, Miraflores y la Sede Puerto Montt, el señor Rector convocó a un Consejo Académico Extraordinario para el día 23 de abril de 2018, con el objeto de analizar tal contingencia universitaria y adoptar decisiones para reanudar las actividades institucionales. En dicho Consejo Académico, y consta en Acta del mismo que se acompaña en el primer otrosí, se acordó lo siguiente:

“Con la finalidad de resolver la contingencia universitaria que afecta el normal desarrollo de las actividades académicas al interior de la Facultad de Ciencias, y de la Universidad en su conjunto, el Consejo Académico acuerda pronunciarse a favor de la desvinculación del académico Sr. nombre reservado, adscrito al Decanato de la Facultad de Ciencias, invocando la causal de necesidades de la Corporación, establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, considerando que es necesario para restablecer el clima institucional y laboral.

Complementariamente, el Consejo Académico acuerda solicitar a Rectoría que implemente las siguientes medidas:

a) Iniciar un proceso de reparación del clima institucional al interior de la Facultad de Ciencias.

b) Implementar medidas de prevención en materia de acoso sexual, que tengan énfasis en educar respecto a las conductas permitidas y las no permitidas en el marco de la nueva reglamentación interna.

c) Divulgar ampliamente la nueva normativa sobre Prevención, investigación y sanción del acoso, la violencia y la discriminación en la comunidad universitaria, al mismo tiempo que el nuevo catálogo de sanciones contemplado.

d) Emitir un comunicado respecto a la decisión adoptada en esta sesión, invitando a la Comunidad Universitaria a participar de las instancias de prevención y a generar un clima de respeto interno que permita la salvaguarda de los derechos fundamentales de todos quienes la integramos.”.

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos de la Universidad, que disponen que es atribución del Directorio aprobar la terminación del contrato de trabajo de un trabajador de la Universidad por la causal de necesidades de la empresa, se realizó una sesión extraordinaria de la Comisión del Directorio mandatada para estos fines, con fecha 23 de abril de 2018, y cuya acta se adjunta, sesión en la que se acordó, “por la unanimidad de sus integrantes, aprobar la terminación del contrato de trabajo de don nombre reservado, por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, la que se funda en la necesidad de resguardar la imagen institucional que se ha visto fuertemente dañada por su permanencia en la Universidad y que ha derivado en el entorpecimiento del desarrollo normal de las actividades académicas de la Facultad de Ciencias y de la Universidad en general, lo que solo puede ser reparado con la desvinculación del académico.”.

Señala que si bien los cuerpos colegiados de la Universidad aprobaron la terminación del contrato de trabajo del señor nombre reservado por aplicación de la causal de necesidades de la empresa establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, ella no ha podido ser comunicada al recurrente, pues el mismo 23 de abril de 2018, luego de conocida la decisión del Consejo Académico, el señor nombre reservado presentó una licencia médica siquiátrica, la que se extiende hasta el día 25 de mayo de 2018, y que impide, de acuerdo a la misma disposición legal, poner término al contrato de trabajo por dicha causal mientras estuviese vigente tal licencia. Luego de ello, en virtud de la orden de no innovar decretada por esta Corte, tampoco se ha podido hacer efectivo el despido.

De los antecedentes expuestos por el recurrente y antecedentes que acompañan, se observa que la supuesta afectación o vulneración de las garantías constitucionales invocadas se habría producido mediante dos acciones: a) La primera, de ellas en la fase de investigación y sanción del acoso sexual, por cuanto habría existido un proceso de investigación parcializado que habría vulnerado las garantías constitucionales del recurrente consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 19; y, b) La segunda, a raíz de la decisión de la Universidad, informada públicamente, de poner término al contrato de trabajo del señor nombre reservado, lo que vulneraría las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política.

Sostiene la recurrida que el procedimiento de investigación por acoso sexual contra el recurrente y la posterior sanción aplicada se realizó con apego al ordenamiento jurídico y reglamentación interna vigente.

En su concepto no ha existido acto ilegal alguno, pues la normativa del Código del Trabajo obliga a los empleadores a investigar toda denuncia de acoso sexual entre trabajadores y a aplicar las sanciones establecidas en su Reglamento Interno, en caso de constatarse el acoso sexual.

Indica que la ley obliga al empleador a establecer en su Reglamento Interno el procedimiento de investigación y la Universidad lo cumple, pues dispone de un título especial que regula este procedimiento y las sanciones aplicables. El Código del Trabajo establece una opción para el empleador: efectuar la investigación internamente, de acuerdo a dicho procedimiento, o a derivar la denuncia a la Inspección del Trabajo competente para que sea dicho órgano quien realice la investigación.

La Universidad Austral de Chile tomó la opción de efectuar la investigación internamente, por cuanto ha considerado que dispone de mayores medios para realizar una investigación completa, con personal idóneo, especializado en estos temas y con dedicación para realizar la investigación, de modo de dar seguridad a los involucrados que todos los antecedentes serán investigados acuciosamente. El Reglamento Interno dispone que la investigación será efectuada por la Dirección Jurídica de la Universidad y que la sanción, en caso de constatarse los hechos denunciados, será aplicada por el Rector de la Corporación.

La Universidad Austral de Chile, por mandato legal, ha efectuado el procedimiento de investigación por los órganos que reglamentariamente están investidos para ello con anterioridad a la ocurrencia de los hechos que se investigaron, lo que descarta la existencia de una comisión especial formada para juzgar los actos del recurrente, lo que fue reafirmado por la Inspección del Trabajo de Valdivia, la que luego de dos meses de revisión del caso determinó que este se ajustaba plenamente a la legalidad vigente, tanto en el desarrollo del proceso de investigación como en sus conclusiones.

Afirma que tampoco ha existido arbitrariedad alguna en el procedimiento y sanción del acoso sexual, pues la arbitrariedad implica un actuar contrario a la razón, lo que en el caso se traduciría a una falta de fundamentación de la resolución que aplica la sanción.

La ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en el procedimiento de investigación y sanción se evidencia además por la propia actuación del mismo una vez resuelta la investigación, pues el recurrente, al momento de ser notificado personalmente manifestó su conformidad con la resolución que lo sancionaba y renunció al ejercicio de acciones contra ella. Además, realizó una serie de actos posteriores que confirman tal postura, como el haber coordinado el retiro de sus bienes personales de la oficina que utilizaba y su traslado a su nueva oficina, además de comenzar el tratamiento siquiátrico bajo la supervisión de la Dirección de Personal, lo que desmiente el hecho que la investigación haya sido parcializada o atentatoria contra sus derechos fundamentales, aspectos que sólo objeta a partir de la decisión de desvinculación.

Añade que no hubo ilegalidad en la decisión de poner término al contrato de trabajo del señor nombre reservado, pues se trata de una decisión exclusiva del empleador el poner término al contrato de trabajo de cualquiera de sus trabajadores dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, tanto en lo que respecta a la correcta aplicación de la causal invocada como al cumplimiento de las formalidades legales.

Si se estimare ilegal, improcedente o injustificado el despido el trabajador dispone de los medios y acciones jurisdiccionales que contempla el Código del Trabajo, una justicia especializada y competente para conocer de las acciones encaminadas a obtener la declaración de despido injustificado o improcedente y las indemnizaciones que correspondan.

En este caso, es el empleador, a través de sus órganos estatutarios, quien decidió poner término al contrato de trabajo del recurrente por aplicación de la causal de necesidades de la empresa, del artículo 161 del Código del Trabajo, lo que no se ha podido concretar única y exclusivamente por encontrarse con licencia médica el trabajador.

El despido únicamente se produce una vez que se cumplen con las formalidades legales, específicamente la carta de aviso de término de contrato.

Tampoco existe arbitrariedad en la adopción de dicha decisión: se trata de una decisión discutida en los cuerpos colegiados de la Universidad, fundamentada en la necesidad institucional, tal como se observa de las actas respectivas que se acompañan. Que dichos fundamentos sean considerados o no como suficientes para invocar dicha causal es algo que deberá resolver el juzgado del trabajo competente en caso que el recurrente demande el despido injustificado o improcedente una vez que efectivamente éste se haya producido.

Acusa el recurrente, en primer lugar, una vulneración al artículo 19 N°3, inciso 4°, que establece: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.” Si bien el recurrente transcribe además el inciso quinto, éste no se encuentra protegido mediante la acción de protección.

La vulneración a esta garantía se encontraría en que el proceso de investigación fue realizado por la Dirección Jurídica, la que no actuaría en un contexto de neutralidad e imparcialidad por cuanto la actuaria y Ministra de fe del proceso, la abogada Natalia Salazar, era a su vez integrante del Comité Paritario de Género y Diversidad.

Tal como ya se ha desarrollado, es el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Universidad Austral de Chile quién dispone que el proceso de investigación de las denuncias por acoso sexual sea instruido por la Dirección Jurídica de la Universidad, reglamento que se encontraba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos denunciados.

El hecho que posteriormente haya entrado en vigencia un nuevo Reglamento no modifica la investigación en curso, pues sólo se aplica para este caso el nuevo catálogo de sanciones justamente en beneficio del trabajador, sin modificarse el procedimiento de investigación que se encontraba preestablecido.

Rechaza las acusaciones infundadas vertidas en la acción de protección por la supuesta ausencia de imparcialidad y objetividad de la abogada señora Natalia Salazar, pues su participación como Secretaria Ejecutiva del Comité Paritario de Género y Diversidad en ningún caso la inhabilita para participar de estas investigaciones. Al contrario, su experiencia en materias de género sin duda que constituyen un aporte en procesos investigativos que revisten características especiales que las hacen muy distintas a investigaciones por otro tipo de faltas funcionarias. En efecto, por las características propias de las conductas de acoso sexual, éstas se dan en un ambiente clandestino o soterrado, en donde el victimario aprovecha las situaciones de privacidad para acosar a su víctima. Siendo así, resulta muy relevante, en la apreciación de la prueba y en la calificación de los hechos acreditados, para poder determinar la existencia o no de una conducta de acoso sexual, la experiencia en este tipo de materias.

Por otra parte, el recurrente intenta restar valor a la múltiple prueba testimonial recogida en el proceso de investigación. Omite el recurrente que, por las características propias de las conductas de acoso sexual, éstas se dan en un ambiente clandestino o soterrado, en donde el victimario aprovecha las situaciones de privacidad para acosar a su víctima. Siendo así, resulta del todo importante atender a las pruebas indiciarias y colaterales, para poder determinar la existencia o no de una conducta de acoso sexual, siendo prácticamente inexistentes pruebas directas en este tipo de casos. Es relevante al efecto lo que dispone el artículo 493 del Código del Trabajo al señalar que “Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”. La norma transcrita no supone eximir de la carga de la prueba al denunciante, ni alterar ésta, sino facilitar la probanza del actor a través de indicios o prueba indirecta o circunstancial que permitan al juzgador tener por acreditada la conducta denunciada. Que, en la especie, y tal como se desarrolla en el informe final de la investigación por parte del Fiscal, la valoración realizada de conformidad a la ley de la denuncia; la dinámica de exposición de los hechos, la coherencia en el relato; los testimonios recabados y los nuevos hechos constatados, permitieron generar en el Fiscal la convicción de que don nombre reservado acosó sexualmente a doña nombre reservado en una oportunidad y que realizó a través de los años en forma regular conductas constitutivas de acoso sexual ambiental en el ejercicio de sus funciones, existiendo evidencia suficiente para desacreditar el relato del señor nombre reservado, y para descartar la posibilidad de que los hechos objeto de investigación hayan sido inventados por la denunciante o parte de un montaje en su contra.

Señala el recurrente que se habría infringido, en el proceso de investigación y sanción por acoso sexual en su contra, el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, que consagra la igualdad ante la ley.

Dicha garantía se habría vulnerado por cuanto se habría aplicado al recurrente un estándar normativo que no fue el utilizado en caso anterior de acoso sexual por parte de la Universidad, tipificando como acoso sexual el acoso ambiental, infringiendo las normas relativas a la prescripción y la necesidad que las sentencias sean razonadas y que se pondere en ellas adecuadamente la prueba bajo la vigencia del principio de presunción de inocencia.

No explica el recurrente como esas supuestas infracciones implicarían un atentado al principio de igualdad ante la ley y por qué se habría utilizado un estándar normativo distinto que al utilizado en el caso anterior. Sin embargo, ello no es efectivo. El caso anterior fue sustanciado bajo el mismo procedimiento establecido en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Universidad Austral de Chile, fue instruido por la misma Dirección Jurídica, actuando como Fiscal y Actuaria los mismos funcionarios, y fue sancionado finalmente por el Rector. La única diferencia se produce en la aplicación, para el caso del recurrente, del nuevo catálogo de sanciones que establece el nuevo Reglamento. Ello, además de fundamentarse adecuadamente, tal como se desarrolló en los acápites anteriores, benefició al recurrente. En efecto, con las sanciones existentes en el Reglamento vigente a la época de los hechos correspondía el despido del Sr. nombre reservado, tal como lo recomendó el Fiscal en su informe final. Sin embargo, por aplicación del principio indubio pro operario, el Rector aplicó, frente a una conducta ya constatada y determinada, la aplicación de sanciones más beneficiosas para el recurrente.

Alega el recurrente que los hechos que expone han afectado su integridad síquica, quien habría sido objeto de los más diversos comentarios y descalificaciones por redes sociales, lo que se habría visto alimentado por el accionar público de la Universidad y por el poco celo exhibido en el tratamiento del tema. Además, señala que el recurrente ha sido testigo de su despido público aún cuando no ha sido notificado, siendo ventilada su vida privada, mostrándolo como un sujeto abominable como resultado de un proceso que buscó sancionarlo por supuesto comportamiento histórico lascivo.

En ningún caso se puede atribuir por lo tanto responsabilidad a la Universidad, la cual ha sido sumamente cuidadosa en la confidencialidad del proceso y en la protección tanto de los involucrados como de los testigos del proceso. Menos aún se le pueda atribuir responsabilidad en una supuesta afectación a su integridad síquica o en su derecho a la honra.

Concluye su informe reiterando que no ha existido acción ilegal por parte de la Universidad en el proceso de investigación y sanción del acoso sexual denunciado. La Universidad llevo a cabo dicho procedimiento según las normas del Código del Trabajo y su Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, lo que fue corroborado por la Inspección del Trabajo Valdivia, encontrándose por lo demás obligada legalmente a sustanciar dicha investigación.

No ha existido acto arbitrario en el proceso de investigación y sanción del acoso sexual. Todas las conclusiones contenidas tanto en el informe final de la investigación como en la resolución de rectoría se encuentran debidamente fundamentadas, y las sanciones aplicadas responden a los hechos constatados.

No existe ilegalidad en la decisión respecto a la desvinculación. Es potestad del empleador poner término al contrato de trabajo invocando la causal correspondiente. Si el trabajador considera que dicha decisión es ilegal, improcedente o injustificada puede demandar a su empleador ante el Juzgado del Trabajo correspondiente, mediante el procedimiento para dichos fines establecidos y con las consecuencias que contempla el Código del Trabajo. No corresponde por tanto la discusión respecto a la procedencia o no de una determinada causal de término de contrato de trabajo en el curso de un procedimiento sobre recurso de protección.

No hay arbitrariedad en la decisión de poner término al contrato de trabajo. Tal como se observa de los antecedentes expuestos y que se acompañan en el primer otrosí, la decisión se encuentra debidamente fundamentada y luego de ser discutida en los cuerpos colegiados de la Corporación. Si el trabajador no comparte esos fundamentos o considera que ellos no configuran la causal correspondiente, la sede para discutir dichos aspectos de fondo es el juzgado del trabajo competente.

No ha existido vulneración de las garantías constitucionales de los numerales 3°, inciso cuarto, y 2° de la Constitución Política en el procedimiento de investigación y sanción. La Dirección Jurídica de la Universidad se encontraba investida de la facultad de investigar las denuncias de acoso sexual con anterioridad a la ocurrencia de los hechos investigados, por lo que no puede considerarse como una comisión especial, facultando la propia ley al empleador para poder realizar las investigaciones de estas conductas. Tampoco ha existido vulneración al principio de igualdad. La Universidad Austral de Chile aplicaba la misma reglamentación para las investigaciones de acoso sexual que se presentaron anteriormente en la Universidad.

Tampoco se han vulnerado las garantías constitucionales de los numerales 1° y 4° del artículo 19. La Universidad Austral de Chile llevo a cabo el procedimiento de investigación y sanción con estricta confidencialidad. La difusión respecto a la existencia de la denuncia y de un proceso investigativo fue realizada por los propios involucrados sin que la Universidad haya por tanto afectado la integridad síquica y la honra del recurrente. Por lo demás, es el mismo recurrente quien se ha puesto en dicha situación al realizar conductas constitutivas de acoso sexual.

Pide tener por cumplido el informe, rechazando el recurso con expresa condenación en costas.

Documentos.

Tercero: Se acompañaron -por la recurrente- los siguientes documentos:

1. Escritura pública donde consta mandato judicial de don Jaime Benito Gallardo Casanova, abogado, que acredita la representación que invoca.

2. Título X y XI de Reglamento nombre reservado, Higiene y seguridad de la Universidad Austral de Chile.

3. Reglamento de Intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la Comunidad Universitaria, de 28 de febrero de 2018.

4. Declaración pública de Rectoría Uach de 17 de abril de 2018 5. Comunicado de Rectoría Uach de 23 de abril de 2018.

6. Declaración pública Rectoría Uach 24 de abril de 2018.

7. Declaración pública de Dirección Jurídica Uach.

8. Edición Diario Austral de Valdivia de 24 de abril de 2018.

9. Sitio web institucional Uach, Comité Paritario de Género y Diversidad.

10. Resolución de Fiscalía.

11. Resolución Rectoría.

Y la Universidad Austral -recurrida- acompañó lo siguiente:

1. Copia autorizada de mandato judicial otorgada en la Notaría Podlech de Valdivia por la Universidad Austral de Chile a Carlos Carnevali Dickinson.

2. Copia de informe final de Fiscal en investigación por acoso sexual seguida en contra del señor nombre reservado.

3. Oficio Ordinario N°000275, de la Inspección Provincial del Trabajo Valdivia, de fecha 19 de marzo de 2018.

4. Resolución de Rectoría N°01/2018 de 2 de abril de 2018.

5. Acta de sesión extraordinaria de Consejo Académico de 23 de abril de 2018.

6. Acta de sesión extraordinaria de Comisión de Directorio de 23 de abril de 2018.

7. Copia de licencias médicas entregadas por el señor nombre reservado.

Finalidad del recurso de protección.

Cuarto: Como se ha dicho en otras oportunidades, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma carta magna señala, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, perturbe o amenace ese ejercicio.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Lo medular de lo discutido en esta acción.

Quinto: Que el señor Jaime Benito Gallardo Casanova, abogado, ejerce la presente acción de cautela de garantías constitucionales, en representación de nombre reservado, bioquímico, en contra Universidad Austral de Chile, persona jurídica del giro de su denominación, representada por su rector señor nombre reservado, profesor de castellano. Refiere a la tramitación de una investigación realizada por la Universidad Austral en contra de su representado por denuncia de acoso sexual, ventilado públicamente y que, en su concepto, ha vulnerado los principios de igualdad ante la ley, debido proceso, protección de la honra personal y del grupo familiar y protección a la integridad psíquica. Concluida la investigación los antecedentes fueron enviados al señor Rector, quien de acuerdo al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad es quien debió adoptar la decisión definitiva y resolvió lo siguiente, por Resolución N°01/2018, de 2 de abril de 2018:

“1) Aplicar al trabajador Sr. nombre reservado las sanciones establecidas en el artículo 35 I. letras d), e), f) y g) del Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria, esto es:

a) Remoción del cargo de Director del Laboratorio Austral Omics.

b) Prohibición de postular o ejercer cargos Directivos por cuatro semestres a contar de la fecha de la presente resolución.

c) Contrato de trabajo sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. El trabajador no podrá realizar actividades de docencia por un período de cuatro semestres a contar de la fecha de la presente resolución.

2. Asimismo, el trabajador deberá someterse a una evaluación encargada por la Dirección de Personal para determinar la necesidad de tratamiento médico por consumo de alcohol.

3. El trabajador deberá abstenerse de concurrir a las dependencias de trabajo que ocupaba hasta esta fecha, sin perjuicio de las medidas que pudiere implementar el Decano de la Facultad de Ciencias, como se señala en el punto 2 de esta resolución.

4. Se prohíbe al trabajador sancionado que se contacte en forma directa por cualquier vía (presencial, telemática, telefónica u otra) a contar de la fecha de esta resolución con la denunciante Srta. nombre reservado.

5. El Director de Personal deberá realizar un seguimiento semestral del trabajador sancionado para verificar el cumplimiento de las medidas dispuestas en esta resolución. El incumplimiento de las condiciones establecidas podrá ser motivo de término inmediato del contrato de trabajo.

d) Traslado definitivo del trabajador al Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, perteneciente a la Facultad de Ciencias.

El trabajador quedará adscrito, a partir de esta fecha, al Decanato de la Facultad de Ciencias. Dicha adscripción podrá ser modificada por el Decano de la Facultad de Ciencias, a algún otro Instituto de dicha macrounidad, que en ningún caso podrá ser el Instituto de Bioquímica y Microbiología, o a unidades que a futuro deriven de éste.

2) El Decano de la Facultad de Ciencias deberá:

a) Implementar todas aquellas medidas que permitan armonizar el cumplimiento de las actividades académicas de investigación y extensión del Sr. nombre reservado con el impedimento de concurrir a las dependencias de trabajo que ocupaba hasta esta fecha.

b) Coordinar con la Dirección de Personal actividades de intervención destinadas a mejorar el clima laboral al interior de la Facultad de Ciencias y a educar respecto a la normativa interna y su cumplimiento.

3) Regístrese la sanción en la carpeta de antecedentes del trabajador sancionado en la Dirección de Personal.

4) Notifíquese personalmente esta resolución al trabajador sancionado, a la denunciante y al Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile.”.

La resolución anterior fue notificada a los involucrados y también al Decano de la Facultad de Ciencias y al Director de Personal, siendo rápidamente conocida por la comunidad universitaria.

Ocurre que cuando se tuvo conocimiento de lo decisorio de la Resolución N°01/2018 de Rectoría, de 2 de abril de 2018, comenzaron por parte de estudiantes, académicos y funcionarios, una serie de manifestaciones, tomas de dependencias universitarias y paralización de actividades académicas en señal de reproche a las sanciones. Y grupos de estudiantes y académicos que desarrollan actividades en el Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, perteneciente a la Facultad de Ciencias, lugar donde se dispuso el traslado definitivo del señor nombre reservado, rechazaron la posibilidad de trabajar con él. También se manifestaron grupos de académicos que se negaron a que el señor nombre reservado pudiese hacer parte de su investigación en el laboratorio del Instituto de Bioquímica.

Ante la paralización de las actividades universitarias en los campus universitarios de Isla Teja, Miraflores y la Sede Puerto Montt, el señor Rector convocó a un Consejo Académico Extraordinario para el día 23 de abril de 2018, con el objeto de analizar tal contingencia universitaria y adoptar decisiones para reanudar las actividades institucionales. En dicho Consejo Académico, y consta en Acta del mismo se acordó lo siguiente:

“Con la finalidad de resolver la contingencia universitaria que afecta el normal desarrollo de las actividades académicas al interior de la Facultad de Ciencias, y de la Universidad en su conjunto, el Consejo Académico acuerda pronunciarse a favor de la desvinculación del académico Sr. nombre reservado, adscrito al Decanato de la Facultad de Ciencias, invocando la causal de necesidades de la Corporación, establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, considerando que es necesario para restablecer el clima institucional y laboral.

Asimismo, se realizó una sesión extraordinaria de la Comisión del Directorio mandatada para estos fines, el mismo día 23 de abril de 2018, sesión en la que se acordó, “por la unanimidad de sus integrantes, aprobar la terminación del contrato de trabajo de don nombre reservado, por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, la que se funda en la necesidad de resguardar la imagen institucional que se ha visto fuertemente dañada por su permanencia en la Universidad y que ha derivado en el entorpecimiento del desarrollo normal de las actividades académicas de la Facultad de Ciencias y de la Universidad en general, lo que solo puede ser reparado con la desvinculación del académico.”.

En resumen, estos actos que se inician en la Universidad Austral de Chile por una denuncia por acoso sexual y el consecuente sumario que tuvo por acreditado el acoso sexual en contra de la denunciante, investigación realizada en la misma casa de estudios, concluyó aplicando sanciones mediante la resolución de Rectoría, de 2 de abril de 2018, pero mantuvo subsistente la relación laboral.

Afinado aquel procedimiento sancionatorio, como después hubo manifestaciones de personas que han sido identificadas de “comunidad universitaria” que no estuvieron de acuerdo con la decisión de la autoridad y ante protesta y/o paralización de actividades de los mismos, el señor Rector convocó a un Consejo Académico Extraordinario que acordó pronunciarse a favor de la desvinculación del académico señor nombre reservado, decisión que fue refrendada por el Directorio de la Uach.

Y esto es lo que se acusa de ilegal y arbitrario, como se indicó más arriba.

Comunicaciones públicas de la Universidad.

Sexto: Declaración pública de Rectoría UACh, de 17 de abril de 2018, dirigida a la Comunidad Universitaria:

Atendiendo la connotación pública que ha tomado la investigación por acoso sexual realizada por la Universidad Austral de Chile, se comunica lo siguiente:

Nuestra Universidad investigó una denuncia de acoso sexual formulada por una profesional administrativa en contra de un académico del Instituto de Bioquímica y Microbiología de la Facultad de Ciencias. Recibida la denuncia, se adoptaron todas las medidas de acompañamiento y protección a favor de la denunciante. Dicha investigación concluyó la existencia del hecho de acoso sexual denunciado y de conductas de acoso sexual ambiental, originadas por el uso de expresiones y comportamientos de connotación sexual, indeseados y ofensivos para las personas destinatarias de éstas. El informe final de la investigación fue remitido a la Inspección del Trabajo, organismo público que, con fecha 19 de marzo, ratificó la legalidad de la investigación interna.

Con fecha 02 de abril, en cumplimiento a la legislación laboral e interna vigente, los hechos comprobados se sancionaron drásticamente, aplicando conjuntamente cuatro sanciones al trabajador infractor:

1. Destitución inmediata del cargo directivo que se encontraba ejerciendo;

2. Prohibición de postular o ejercer cargos directivos por el máximo periodo que permite el Reglamento;

3. Mantención del contrato de trabajo sujeto al cumplimiento de diversas condiciones: prohibición de realizar labores de docencia; ingresar y cumplir con lo requerido por el Centro de Hombres del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; limitación para concurrir a las dependencias que ocupaba hasta la fecha de la resolución; prohibición de contacto, por cualquier vía, con la denunciante.

4. Traslado definitivo a otra unidad de la Facultad de Ciencias, fuera del Campus Isla Teja.

Las graves sanciones impuestas responden a los hechos comprobados en el curso de la investigación y permiten, por una parte, castigar la conducta del académico denunciado y, por otra, proteger a la víctima.

Nuestra Universidad tiene un firme compromiso por el respeto y promoción de los derechos fundamentales de todos quienes forman parte de la comunidad universitaria y, en ese contexto, dispone y aplica políticas y procedimientos de acompañamiento, investigación y sanción ante conductas de acoso, violencia y discriminación que surjan en el marco de la convivencia interna. nombre reservado. Rector.

Comunicado de Rectoría de fecha 23 de abril de 2018 “A la Comunidad Universitaria La Universidad Austral de Chile informa que, a partir de la propuesta de Rectoría y con el pronunciamiento favorable del Consejo Académico y del Directorio de la Universidad -a través de la Comisión mandatada para estos efectos- resolvió poner término al contrato de trabajo del académico Sr. nombre reservado, por razones de interés institucional.

Valdivia, 23 de abril de 2018.”.

Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la UACH, de 7 de octubre de 2009.

Séptimo: En cuanto al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Universidad Austral de Chile, de 7 de octubre de 2009, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos denunciados, regula el procedimiento para la investigación y sanción frente a denuncias de acoso sexual, en los siguientes términos, que en lo pertinente se transcribe continuación:

Artículo 48. En cumplimiento con lo preceptuado en la Ley Nº 20.005, de 18 de marzo de 2005, que tipifica y sanciona el acoso sexual, y a efectos de garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los funcionarios, se ha establecido el siguiente procedimiento y sanciones frente a denuncias de acoso sexual que ocurran en la Universidad.

Artículo 49. Acoso sexual es toda conducta por la que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Para la Universidad Austral de Chile es de vital importancia mantener un ambiente de trabajo saludable y armónico entre los funcionarios, por lo que en caso de presentarse una o más de las siguientes situaciones descritas a continuación, no consentidas, se deberá proceder según lo indicado en los Independencia 641 · Valdivia · Chile Casilla 567 · Fono: teléfono reservado ·Fax: 63 212589 · e-mail: correo reservado www.uach.cl 17 artículos sucesivos: Nivel 1: Acoso leve, verbal: Chistes, piropos, conversaciones de contenido sexual. Nivel 2: Acoso moderado, no verbal y sin contacto físico: Miradas, gestos, lascivos, muecas. Nivel 3: Acoso medio, fuerte verbal: Llamadas telefónicas, cartas (por cualquier medio), misivas personales, comunicaciones o presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales. Nivel 4: Acoso fuerte, con contacto físico: Tocaciones con contenido sexual, sujetar o acorralar. Nivel 5: Acoso muy fuerte: Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos.

Artículo 50. En caso de que alguna persona que labore para la Universidad, se sienta afectada o tenga conocimiento de conductas que puedan considerarse como de acoso sexual, deberá realizar por escrito dichas denuncias, remitiendo una carta al Rector de la Universidad o a quien lo subrogue, señalando con claridad los siguientes antecedentes: 1. Nombre completo, Rut, domicilio, cargo en la Universidad y firma del denunciante. 2. Nombre y cargo en la Universidad del denunciado, en la medida en que se tenga dicha información. 3. Relación detallada de la o las conductas consideradas como de Acoso Sexual, con indicación, en lo posible, del día, lugar y hora en que las mismas se habrían verificado.

Artículo 51. Recibida la denuncia por el Rector o quien corresponda según lo señalado precedentemente, éste remitirá los antecedentes, dentro del día hábil inmediatamente siguiente al Director Jurídico de la Universidad, quien dispondrá la realización de una investigación interna y propondrá, a la luz de los antecedentes preliminares y en forma inmediata, las medidas de resguardo necesarias, pudiendo disponer a tal efecto, alguna de las siguientes: 1. Separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso 2. Redistribuir las jornadas de trabajo de uno o todos los involucrados 3. Redestinación de una o todas las partes involucradas. 4. Otorgamiento de un permiso con goce de remuneraciones para uno o todos los involucrados, el que no se podrá considerar bajo ningún respecto como despido ni será imputable al feriado anual y deberá constar en un documento laboral extendido al efecto. 5. Cualquiera otra medida que, atendida la naturaleza de la denuncia y las condiciones de trabajo, sea considerada como apropiada para el existo de la investigación.

Artículo 52. Junto con la adopción de las medidas de resguardo antes señaladas, el Director Jurídico de la Universidad dispondrá la realización de una investigación interna a efectos de verificar la efectividad de la o las denuncias de acoso sexual efectuadas. Dicha investigación deberá concluirse necesariamente dentro del plazo de 30 días corridos desde que fueron recibidos los antecedentes, plazo que se interrumpirá solamente durante el período de feriado colectivo de los funcionarios. Independencia 641 · Valdivia · Chile Casilla 567 · Fono: teléfono reservado ·Fax: 63 212589 · e-mail: correo reservado www.uach.cl.

Artículo 53. Una vez que los antecedentes de la denuncia efectuada estén en poder del Director Jurídico, éste, o el abogado de su dependencia que designe para llevar a cabo la investigación, notificará a todos los involucrados, personalmente o por escrito, mediante correo electrónico o carta certificada remitida al domicilio señalado en los respectivos contratos de trabajo o documento de denuncia, del procedimiento de inicio de la investigación, señalando en tal comunicación las fechas y lugares dispuestos para oír a todos los involucrados y para que los mismos puedan aportar o rendir las pruebas que sustenten sus posiciones. El abogado a cargo de la investigación podrá disponer tantas citaciones como estime prudentes y la realización de todas las diligencias que, a su juicio, puedan ayudar en el desarrollo de la investigación que se practica.

Artículo 54. La investigación que se realice deberá siempre constar por escrito, debiendo procurar el funcionario a cargo, la total reserva de los antecedentes que reciba. Atendidos los antecedentes que deriven de la investigación, el abogado investigador, podrá siempre proponer a la Universidad la aplicación, cambio o adopción de nuevas medidas de resguardo. En cualquier caso, será siempre la Universidad quien aplique las sanciones o medidas de resguardo que sean propuestas por el funcionario investigador.

Artículo 55. Una vez finalizada la investigación de acoso sexual, el Fiscal a cargo deberá, dentro del mismo plazo de 30 días señalado en el Artículo 52º, emitir un informe escrito el que deberá contener: 1. Individualización de las partes involucradas. 2. Relación de los hechos investigados. 3. Indicación de los testigos que hubieren declarado y de las demás pruebas aportadas por las partes a la investigación. 4. Las conclusiones finales de la investigación. 5. Propuesta de medidas o sanciones a aplicar en caso de estimar la procedencia de las mismas.

Artículo 56. El informe emitido por el Fiscal a cargo de la investigación deberá ser remitido a la Rectoría de la Universidad y notificado personalmente a los involucrados, también, dentro del plazo de 30 días a que hace referencia el Artículo 52º precedente.

Artículo 57. Copia del informe a que se refieren los artículos anteriores deberá, tan pronto se encuentre terminado y debidamente notificado a las partes involucradas, remitirse a la Inspección del Trabajo respectiva, la que podrá realizar observaciones a dicho informe, en cuyo caso, el funcionario investigador, deberá realizar las adecuaciones que estime pertinentes, debiendo notificar dicho informe, con las adecuaciones realizadas, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de las observaciones practicadas por el ente administrativo.

Artículo 58. Las sanciones o medidas disciplinarias cuya aplicación puede sugerirse serán algunas de las siguientes: 1. Descuento de hasta un 25% en la remuneración diaria del funcionario. 2. El despido de la persona considerada como responsable de conducta o conductas de Acoso Sexual, sin derecho a indemnización alguna. Las medidas o sanciones antes descritas deberán ser aplicadas por la Independencia 641 · Valdivia · Chile Casilla 567 · Fono: teléfono reservado ·Fax: 63 212589 · e-mail: correo reservado www.uach.cl. Universidad dentro de los 15 días de notificado, a su parte, el informe con las conclusiones de la investigación.

Artículo 59. Atendida la gravedad de las denuncias practicadas y considerando especialmente las conclusiones del abogado investigador y las observaciones practicadas por la autoridad administrativa en su caso, la Universidad podrá decretar el despido de la persona considerada como responsable de las conductas denunciadas, aplicando en dicho caso la causal del artículo 160 letra b) del Código del Trabajo, esto es “Conductas de acoso sexual”.

Artículo 60. Sin perjuicio de lo ya expresado anteriormente, la persona que se sienta afectada o tenga conocimiento de la ocurrencia de conductas que puedan considerarse como de acoso sexual podrá siempre recurrir ante la Inspección del Trabajo competente a efectos de realizar las denuncias respectivas, en especial cuando la denuncia de acoso sexual involucre a las personas encargadas de recibir o bien de tramitar la respectiva denuncia.

Artículo 61. En cualquier caso y atendida la naturaleza de la denuncia realizada, el funcionario encargado de realizar la investigación de denuncia de acoso sexual podrá siempre, si lo estima conveniente, derivar el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, para lo que tendrá un plazo de cinco días desde que recibe los antecedentes.

Artículo 62. Las sanciones señaladas en el Artículo 56º se aplicarán también al denunciante, en caso que la denuncia sea calificada como falsa.

Reglamento de Intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la Comunidad Universitaria.

Octavo: También se tuvo a la vista el Reglamento de Intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la Comunidad Universitaria, de 28 de febrero de 2018, aprobado por el Consejo Académico y, efectivamente, entre las modificaciones más relevantes que este reglamento introdujo, se encuentra la ampliación del catálogo de sanciones, que permite al momento de determinar el castigo aplicar cabalmente el principio de proporcionalidad de la pena según la gravedad de la conducta, lo que con la reglamentación anterior -que sólo establecía la multa y el despido como sanciones- no era posible. El artículo 4 de este Reglamento señala lo que ha de entenderse por acoso y el artículo 35 se refiere a las sanciones:

Artículo 4. Definición de acoso, violencia y discriminación. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal y otras leyes vigentes, para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: a) Acoso. Serán constitutivas de acoso cualquiera de las siguientes conductas: i. Acoso sexual. Se entenderá como acoso sexual cualquier comportamiento no consentido, verbal, físico o de cualquier otro carácter, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de intimidar, degradar, ofender, estigmatizar o cosificar a una persona, de modo que se que haga uso del sexo, orientación sexual o identidad de género de una persona para atentar contra su dignidad. En particular, se entenderán constitutivas de acoso sexual los siguientes comportamientos: 1.- Requerimientos de favores sexuales que impliquen: a) Promesa de un trato preferencial, actual o futuro, respecto de la situación laboral, contractual o académica de la persona destinataria del requerimiento. b) Amenazas de daños o castigos referidos a la situación, actual o futura, laboral, contractual o académica, de la persona destinataria de un requerimiento de naturaleza sexual. Tales amenazas puedes ser implícitas o expresas. c) Exigencia implícita o explícita, de una conducta de connotación sexual, cuya sujeción o rechazo condicione el acceso o la permanencia en el empleo o el estudio. 2.- Uso de expresiones de connotación sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas. 3.- Acercamientos corporales u otros comportamientos de connotación sexual, indeseados y ofensivos para la persona destinataria de la conducta. 4.- Prevalerse de la calidad de superioridad jerárquica para obtener un acceso sexual hacia un o una estudiante. ii. Acoso discriminatorio. Se entenderá como acoso discriminatorio, cualquier conducta o práctica que perjudique a una persona y que sea realizada en consideración a la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o situación de discapacidad o alguna otra condición que genere desventaja incluyendo aquellas identificadas por la Ley que establece medidas contra la discriminación Nº 20.609 y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. iii. Acoso psicológico. Se entenderá por acoso psicológico cualquier situación en que una persona ejerce un hostigamiento de forma sistemática y recurrente sobre otra persona o personas, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, dañar su reputación, o perturbar el ejercicio de sus labores. iv. Acoso Laboral. Acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por una o varias personas que tenga la calidad de trabajador o trabajadora; en contra de una o varias personas que tengan la calidad de trabajador o trabajadora, por cualquier medio, y cuyo resultado sea el menoscabo, maltrato o 5 humillación de las personas destinatarias de estas conductas, o bien que amenace o perjudique la situación laboral o las oportunidades en el empleo de estas últimas. En especial, se considera acoso laboral el prevalerse de la calidad de jefe o autoridad para obtener un acceso sexual hacia un o una trabajadora. b) Violencia. Serán constitutivas de violencia las siguientes conductas: i. Violencia de género. Se entenderá como violencia de género cualquier acción o conducta que atente contra la vida, la integridad física y psicológica o la libertad sexual de una persona y que evidencie que ha sido realizada tomando en consideración el sexo, la orientación sexual o la identidad de género. ii. Violencia discriminatoria. Se entenderá como violencia discriminatoria cualquier acción o conducta que atente contra la vida, la integridad física o la libertad sexual de una persona y que evidencie que ha sido realizada tomando en consideración la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad o alguna otra condición que genere desventaja, incluyendo aquellas identificadas por la Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la discriminación y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. c) Discriminación arbitraria. Se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o situación de discapacidad. Cuando un determinado hecho constituya dos o más conductas tipificadas en este Reglamento, de la misma naturaleza, la Comisión resolverá sancionado la conducta más grave.

Artículo 35. Sanciones. La o las sanciones a aplicar a quienes sean responsables de la comisión de hechos constitutivos de violencia, discriminación o acoso, debidamente comprobados de acuerdo al procedimiento establecido en este Reglamento, dependerán del vínculo jurídico que se tiene entre la persona sancionada y la Institución, conforme a las siguientes reglas: I. Si la persona a sancionar es trabajador o trabajadora de la Universidad, podrán aplicarse las siguientes sanciones: a) Amonestación verbal, consistente en un llamado de atención a la persona sancionada en forma reservada, por parte del Director(a) de Personal, en presencia de su superior directo. b) Amonestación escrita, consistente en una reprensión por escrito que se hace al trabajador, debiendo remitir copia a la Dirección de Personal y a la Inspección del Trabajo. c) Descuento de hasta un 25% en la remuneración diaria de la persona sancionada. d) Contrato sujeto al cumplimiento de las condiciones que fije la Comisión por un lapso no superior a cuatro semestres académicos. e) Remoción del cargo que estuviere ejerciendo. f) Prohibición de postular o ejercer cargos Directivos, por un periodo entre uno y cuatro semestres académicos. g) Traslado definitivo a otra unidad de la Corporación, el que se sujetará al cumplimiento de las condiciones que fije la Comisión h) Propuesta de terminación del contrato de trabajo. En ese caso, los antecedentes se enviarán al Rector de la Universidad para que, en uso de sus facultades legales, resuelva, en definitiva.

En conclusión.

Noveno: No obstante los reparos hechos por el recurrente a la primera resolución impugnada por esta acción, esta es la Resolución N°01/2018, de 2 de abril de 2018, que aplica variadas sanciones sin desvincular laboralmente al señor nombre reservado de la Universidad Austral, a la luz de estos antecedentes aparece que el recurrente tuvo la oportunidad de efectuar descargos frente a una imputación conocida y rendir prueba. Y queda en evidencia que la Resolución cuestionada fue dictada por la autoridad correspondiente, dentro del ámbito de sus atribuciones y conforme a un procedimiento establecido con antelación, sanción que en concepto de esta Corte guarda proporción con los fundamentos de hecho que la han motivado, circunstancias que permiten concluir que en aquella no se vulnera la garantía constitucional del debido proceso.

Décimo: Como se expuso más arriba, cuando se tuvo conocimiento de la Resolución N°01/2018 de Rectoría, de 2 de abril de 2018, comenzaron por parte de un número indeterminado de estudiantes y otras personas vinculadas a la Universidad manifestaciones, tomas de dependencias universitarias y paralización de actividades académicas en señal de reproche a las sanciones, pues se estimaban de poca intensidad. Ante la paralización de las actividades universitarias el Rector convocó a un Consejo Académico Extraordinario para el día 23 de abril de 2018 y se acordó lo siguiente:

“Con la finalidad de resolver la contingencia universitaria que afecta el normal desarrollo de las actividades académicas al interior de la Facultad de Ciencias, y de la Universidad en su conjunto, el Consejo Académico acuerda pronunciarse a favor de la desvinculación del académico Sr. nombre reservado, adscrito al Decanato de la Facultad de Ciencias, invocando la causal de necesidades de la Corporación, establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, considerando que es necesario para restablecer el clima institucional y laboral.”.

Y se realizó una sesión extraordinaria de la Comisión del Directorio mandatada para estos fines, el mismo día 23 de abril de 2018, sesión en la que se acordó, “por la unanimidad de sus integrantes, aprobar la terminación del contrato de trabajo de don nombre reservado, por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, la que se funda en la necesidad de resguardar la imagen institucional que se ha visto fuertemente dañada por su permanencia en la Universidad y que ha derivado en el entorpecimiento del desarrollo normal de las actividades académicas de la Facultad de Ciencias y de la Universidad en general, lo que solo puede ser reparado con la desvinculación del académico.”.

Se tuvo a la vista el acta de la sesión recién transcrita y consta que estuvo presente el Rector señor nombre reservado, “quien explicita los fundamentos de la solicitud de Rectoría” y no se dejó registro de cuales fueron aquellos fundamentos que apresuraron el término de la relación laboral.

Undécimo: Como se observa, afinado el procedimiento sancionatorio con la notificación de la Resolución N°01/2018 de Rectoría, de 2 de abril de 2018, como continuaron las manifestaciones de personas que fueron identificadas de “comunidad universitaria” que no estuvieron de acuerdo con la decisión de la autoridad, ante la protesta y/o paralización de actividades, el señor Rector convocó a un Consejo Académico Extraordinario que acordó pronunciarse a favor de la desvinculación del académico señor nombre reservado, decisión que fue refrendada por el Directorio de la Uach.

Y esto es lo que también se acusa de ilegal y arbitrario.

Duodécimo: No existe ilegalidad en la decisión de desvinculación, pues se trata de una facultad del empleador quien puede poner término al contrato de trabajo y en el caso ha invocado la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, “la que se funda en la necesidad de resguardar la imagen institucional”… . Sin embargo, como aquella decisión vuelve a sancionar -por los mismos hechos- al profesor señor nombre reservado, contradiciendo lo resuelto días antes por la misma autoridad universitaria, todo para conseguir la benevolencia de aquellos que se encontraban en paro, aquello constituye una arbitrariedad, una amenaza a la garantía constitucional del debido proceso, pues en vez de cumplir la sentencia -esto es la Resolución N°01/2018 de 2 de abril de 2018- y exigir su cumplimiento a los involucrados y comunidad universitaria, a quienes también obligan los reglamentos que sustentan la primera sanción, prefiere desvincular al trabajador por necesidades de la casa de estudios, destrabando su problemática, lo que constituye un abuso de autoridad, razón que se estima suficiente para acoger esta acción constitucional, como se dirá.

Y atento a esta decisión, se hace innecesario pronunciarse sobre las demás infracciones de denuncia el mismo recurso.

Decimotercero: En consecuencia, al haberse constatado en este caso una amenaza a la garantía constitucional del debido proceso esta Corte, como medida de resguardo inmediato se determina dejar sin efecto la decisión de la autoridad universitaria, de 23 de abril de 2018, que avalada por sus cuerpos colegiados arbitrariamente desvincula laboralmente al trabajador nombre reservado de la Universidad Austral de Chile, donde se desempeña desde el año 1999, persona a quien le afectan otras sanciones determinadas por el mismo rector en la Resolución de Rectoría N° 01/2018 de 2 de abril de 2018, que deben cumplirse.

Por estos motivos y visto, además, lo establecido en los artículos 19 N°3 inciso 5°, 7, y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge sin costas la acción de protección deducida por Jaime Benito Gallardo Casanova, abogado, en representación de nombre reservado y como medida de resguardo inmediato se deja sin efecto la decisión de la autoridad universitaria, de 23 de abril de 2018, que avalada por sus cuerpos colegiados arbitrariamente desvincula laboralmente al trabajador nombre reservado de la Universidad Austral de Chile, donde se desempeña desde el año 1999, persona a quien le afectan otras sanciones determinadas por el mismo rector de la mencionada casa de estudios en la Resolución de Rectoría N° 01/2018 de 2 de abril de 2018, que deben cumplirse.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

N°Protección-690-2018.