nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

C.A. de Valdivia.

Valdivia, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero. Comparece don nombre reservado, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, y deduce acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., por el acto de 28 de mayo de 2026 que rechazó su solicitud de retiro de fondos como técnico extranjero, que estima ilegal y arbitrario y lesivo de las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la Ley N° 18.156 no excluye a quienes se vinculan con un organismo público por acto administrativo de nombramiento y que la exigencia de legalización del certificado de afiliación resulta de cumplimiento imposible por el término de las relaciones diplomáticas con Venezuela, situación que asimila al caso fortuito del artículo 45 del Código Civil, la que habría suplido con una declaración jurada notarial apostillada, siendo además la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales verificable en línea mediante su código único. Añade que otras administradoras han accedido a solicitudes fundadas en documentación equivalente. Pide que se reconozca como válida la documentación acompañada, se emita un nuevo pronunciamiento y se disponga la devolución de los fondos.

Segundo. A folio 8 informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso con costas. Alega, en primer lugar, la improcedencia de la vía, por no existir un derecho preexistente e indubitado, desde que lo pedido supone declarar previamente que los antecedentes acompañados satisfacen los requisitos del beneficio.

En cuanto al fondo, funda su decisión en el incumplimiento del artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y de las instrucciones del Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones: la constancia electrónica acompañada carece de firma autorizada y no se encuentra apostillada ni legalizada, de manera que no permite verificar que la actora estuviera cubierta, durante el tiempo que trabajó en Chile, por un régimen extranjero que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Invoca los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, la calidad de Venezuela como Estado Parte del Convenio de La Haya y el oficio ordinario N° 12.954, de 17 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, conforme al cual las certificaciones electrónicas sin firma, los documentos obtenidos de plataformas web y las declaraciones juradas de los propios interesados no reemplazan la certificación de la autoridad previsional competente. Cita, entre otras, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 18.930-2025, confirmada por la Corte Suprema el 18 de febrero de 2026 en el Rol N° 3.343-2026.

Tercero. Que el marco normativo de la devolución solicitada se encuentra en la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten.

Su artículo 1° dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”. A su turno, el artículo 7° prescribe que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Cuarto. Que se trata de un beneficio excepcional, cuyos presupuestos son copulativos y de derecho estricto, y cuya acreditación documental ha sido precisada por la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de la potestad interpretativa que le confieren el Decreto Ley N° 3.500 y el D.F.L. N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyas instrucciones obligan a las administradoras. Conforme al Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la documentación pertinente debe presentarse debidamente legalizada, y el oficio ordinario N° 12.954, de 17 de julio de 2025, precisó que la afiliación al régimen extranjero se acredita mediante certificación de la institución de seguridad social competente, con las formalidades de autenticación exigibles.

Quinto. Que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada no satisface esa exigencia. Carece de firma de quien la emite, no se encuentra apostillada ni legalizada, su propia vigencia expiró el 31 de julio de 2025 —antes incluso de presentarse la solicitud, el 14 de octubre siguiente—, no precisa las prestaciones cubiertas y da cuenta de una asegurada en estatus cesante desde el 30 de diciembre de 2016, con 52 semanas cotizadas; esto es, informa el término de la relación que sustentaba la cobertura y no su vigencia durante el período en que la actora cotizó en Chile.

Tampoco suple ese defecto la declaración jurada otorgada ante notario chileno y apostillada en Chile.

Sexto. Que la alegación de imposibilidad derivada del término de las relaciones consulares con Venezuela dificulta el cumplimiento de la exigencia, pero no lo torna imposible, pues el trámite puede realizarse ante sedes consulares venezolanas en países que mantienen relaciones con ese Estado o por los canales telemáticos de su Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Y el hecho de que otras administradoras hayan accedido a solicitudes de terceros no altera lo concluido: la juridicidad del acto se mide frente a la ley y a la normativa del regulador, y no frente a la práctica de otros agentes del sistema, cuyos antecedentes esta Corte no conoce.

Séptimo. Que a lo anterior se agrega que los períodos cuya devolución se pidió corresponden a designaciones a plazo fijo dispuestas por decreto alcaldicio conforme al artículo 14, inciso tercero, de la Ley N° 19.378, y a contrataciones a honorarios del artículo 4° de la Ley N° 18.883, sin que exista el contrato de trabajo en que, según la letra b) del artículo 1°, la actora debía expresar su voluntad de mantener la afiliación extranjera. La única cláusula de ese tenor que obra en autos fue incorporada por anexo de 19 de diciembre de 2025 al contrato celebrado con el Departamento de Salud Municipal de Calbuco, empleador distinto de aquellos que enteraron las cotizaciones reclamadas y con posterioridad a la solicitud.

Octavo. Que, así las cosas, la recurrida no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad al exigir los presupuestos que la ley y la normativa del regulador establecen para un beneficio excepcional, sin que su decisión importe privación ni amenaza del derecho de propiedad de la actora: los fondos permanecen en su cuenta de capitalización individual y conserva íntegros los derechos que le confiere el Decreto Ley N° 3.500, de 1980. Lo razonado hace innecesario pronunciarse sobre la alegación de improcedencia de la vía.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-688-2026.