Protección contra empresa ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S

Valdivia, dieciséis de Diciembre de dos mil diez.

En cuanto a la petición de oficios contenido en la presentación de fojas 1: No ha lugar.

En cuanto al fondo:

VISTOS:

A fojas 1 comparecen don nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, profesora jubilada, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, profesor jubilado, domiciliado en domicilio reservado y don nombre reservado, mecánico, domiciliado en domicilio reservado interponen recurso de protección en contra de la empresa ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. RUT: RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana; del giro telecomunicaciones, la que se encuentra realizando trabajos para la instalación de una antena de telefonía móvil y que ha solicitado modificación de la concesión para instalar una antena de telefonía móvil en las coordenadas de latitud 39°46’08’’ Sur y longitud 73°12’28’’ Oeste de la comuna de Valdivia, cuya ubicación geográfica en esta comuna está situada en sector El Arenal, km. 2, salida Norte.

Indican que todos ellos son dueños de terrenos ubicados en sector El Arenal, km. 2 de esta comuna, viendo afectadas sus garantías constitucionales en virtud de la inminente realización de obras para instalación de antena telefonía móvil, en el Sector El Arenal Km.2, comuna de Valdivia, en el interior de la propiedad de nombre reservado, toda vez que el día 29 de Septiembre de 2010, se alertaron por la llegada de desconocidos al sector en una camioneta, con herramientas, maderas y un grupo de hombres, éstos traspasaron el portón de madera que fue construido con la intención de dar a conocer a desconocidos desde donde comienza la propiedad privada de los vecinos del sector; pasando éstos al sitio del Sr. nombre reservado. Consultados porqué habían ingresado habiendo visto el portón de seguridad, contestaron que desconocían que era propiedad privada, sin más detalles de su estadía, se retiraron por las peticiones de los propietarios del sector. De esto dejaron constancia en la Prefectura de Carabineros, de la vía por la cual ingresaron éstos individuos quienes violaron el derecho de propiedad de doña nombre reservado. Luego, con fecha 30 de Septiembre de 2010, los vecinos del lugar nuevamente se alertaron por la llegada de desconocidos al sector en camionetas, con herramientas, maderas al sitio que colinda con la propiedad de los recurrentes, ocurriendo esta vez por un camino que se encuentra en la propiedad del Sr. nombre reservado, procediendo a marcar y remover tierra, por lo que llamaron a carabineros para que verificase que contaban con los permisos correspondientes, pues son todos sitios de carácter privado y entrevistado éstos con el encargado de obras indica que en el lugar se instalará una Antena de Telefonía Móvil de la Empresa nombre reservado, que trabajan para la constructora Comercial Industrial DELVA S.A. pero a petición y por orden de la Empresa nombre reservado con quien el Sr. nombre reservado había hecho un contrato de arrendamiento. Al requerírsele que presenten los documentos que les habilitaba para trabajar en el sitio y ante la ausencia de tales autorizaciones Carabineros decide cursar una Infracción a Comercial Industrial DELVA S.A. contratista de la empresa nombre reservado, por no contar con la documentación necesaria para la realización de las faenas. Posteriormente con fecha 04 de Octubre de 2010, solicitaron copia de Carpeta de Documentos y Fiscalización en terreno a la Dirección de Obras Municipales de Valdivia correspondiente a instalación de Antena Telefónica Empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., cuya ubicación conforme a antecedentes oficiales que constan en dicha carpeta, es El Arenal Santa Elvira en las coordenadas 39°46’08’’ latitud S. y 73°12’28’’ longitud O.. Tras la recepción de esta carpeta se han podido percatar de una serie de irregularidades, las que conforme a la normativa vigente hacen insustentable la construcción de cimientos de la torre e instalación de la antena referida en sus actuales condiciones, por cuanto se vislumbran: a) un incumplimiento en los deslindes, ya que de acuerdo a la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), en su artículo 2.6.3 señala que los soportes y elementos rígidos deben cumplir con un distanciamiento mínimo de un tercio de su altura total, para el caso correspondería a 14, 1 mts. pero a simple vista la distancia entre la excavación de 25 metros cuadrados, para la construcción de la base de la antena y uno de los terrenos colindantes sería de 9,5 mts. aproximadamente, con lo que se estaría conculcando la garantía constitucional del artículo 19 Nº 2 de nuestra Carta fundamental. b) la ubicación de la construcción es aledaña a un corte de cerro, pues el sitio en donde actualmente se realizan las excavaciones para instalar los cimientos en donde se empotrará la estructura que sostendrá la antena se ubica sobre un cerro que presenta cortes con ángulos de 90° aproximadamente, bajo esta ladera de profundidad de 30 metros aproximados, en donde se ubica la vivienda del Señor nombre reservado y su grupo familiar, lo que representa un inminente peligro para la propiedad del Sr. nombre reservado y su grupo familiar, viéndose él y su núcleo familiar en una situación de temor e incertidumbre ante esta situación, hechos que vulnerarían las garantías constitucionales del artículo 19 Nº24 y Nº1 de la Constitución. c) La instalación de antena telefonía móvil desvaloriza las propiedades, dado que la construcción de la antena constituye para los propietarios de los terrenos una amenaza a su derecho de propiedad, al causarles una disminución en la tasación comercial de sus propiedades, lo que evitaría que terceros se interesen por adquirir estas propiedades, siendo la única opción restar su precio comercial actual por otro infinitamente menor, conculcando la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política. d) Respecto al uso de suelo, la propiedad en la cual se está construyendo posee, según el Servicio de Impuestos Internos, un destino de carácter agrícola. Según lo cual debiera presentarse ante el organismo competente una solicitud de cambio de uso de suelo rural agrícola a equipamiento telefónico, diligencia no efectuada por la Empresa en cuestión, contrariando lo indicado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución. e) Respecto a las vías de acceso para construir cimientos, torre porta antena y posterior instalación de la antena de telefonía, se requeriría ensanchar la ruta por la que acceden los camiones, ya que las características de lo que se pretende construir requerirá traslado de materiales pesados, presencia de maquinaria y camiones de grandes dimensiones, para lo cual se verían obligados a cortar árboles nativos, tales como coigües, robles, arrayanes, entre otros. Además, sabido es por los vecinos originarios del sector que en el lugar existen variedad de especies nativas, entre ellas, algunas protegidas como el copihue y la fauna existente en el lugar la que desaparecería con la intervención que se pretende hacer en el lugar, y al verse afectado la flora y fauna del lugar en cuestión, produciría un impacto ambiental de grandes proporciones, con lo que se estaría vulnerando la garantía del artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política del Estado. f) considerando los puntos anteriores es de pertinencia aplicar el principio precautorio, siendo lo más reciente en el ámbito científico internacional respecto a la exposición a Campos Electromagnéticos el Informe BioInitiative de 2007, que en sus conclusiones plantea la necesidad de aplicar el principio precautorio, señalando que es imprescindible seguir investigando para definir cuáles son los niveles aceptables de radio frecuencias relacionados con las nuevas tecnologías, sin perjuicio de tomar las medidas inmediatas que mitiguen un futuro daño a la población, para lo cual es preciso adoptar un límite precautorio de exposición de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado para la exposición acumulativa al aire libre, consideran razonable aplicar estos estándares donde las personas viven, trabajan y estudian; tales límites podrían por ahora evitar cargas desproporcionadas sobre quienes están cercanos a estas instalaciones. Siendo este principio la solución del derecho para este tipo de problemas. La base de este principio, está en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992, y el sentido del principio es fundamentalmente manejar la incertidumbre, permitiendo a las autoridades públicas adoptar medidas para prevenir un riesgo en relación a la protección de la salud y el medio ambiente cuando se carece de certeza científica concluyente. En Chile, el principio de precaución, no está expresamente consagrado en normas o políticas ambientales. Sin embargo, se inserta y recepciona en nuestra legislación a través de los Tratados Internacionales ratificados que lo contemplan y que se encuentren vigentes a la luz de lo que dispone el artículo 5º de la Constitución Política del Estado, tales como la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono; el Protocolo de Montreal, la Convención de la Biodiversidad y la Convención de Cambio Climático. Estos tratados imponen a nuestro país adoptar el principio precautorio como principio general en el cumplimiento de los objetivos de estas convenciones, y es en razón de estos fundamentos que las cuestiones relativas a los campos electromagnéticos se instalan en la decisión política social insertándonos en lo que se llama gestión y prevención de riesgos, que es un proceso de decisión que implica consideraciones políticas, sociales, económicas y de gestión necesarias para desarrollar, analizar y comparar las opciones legislativas. Con lo que queda ubicado – en lo institucional y lo global- el problema electromagnético. Finalmente pide se acoja el presente recurso y se ordene a Entel PCS Telecomunicaciones S.A. la paralización inmediata de las faenas de construcción, instalación y funcionamiento de la antena y se disponga prudencialmente cualquier otra medida de protección para la debida seguridad de los derechos de los recurrentes.

A fojas 42, don Natalio Vodanovic Schnake, abogado, en representación judicial de ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., sociedad del giro de su denominación, domiciliada en domicilio reservado, Santiago Informando el recurso de protección deducido, expresar que el mismo resulta extemporáneo y ha perdido oportunidad; las recurrentes carecen de legitimación activa para deducirlo; y que, además, ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A., no ha efectuado actos u omisiones ilegales o arbitrarias que de cualquier modo pudieren significar para la parte recurrente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ninguno de los derechos o garantías amparados por la presente acción constitucional, teniendo presente además que los hechos en que se funda carecen de todo fundamento, por lo que solicita sea declarado, en definitiva, sin lugar. Señala que la Concesión de Telefonía Móvil Digital 1.900 Decreto Supremo 145/97 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, misma entidad que mediante Decreto Supremo Nº 145, de 14 de abril de 1997, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, otorgó a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1.900. El punto segundo de los referidos decretos autorizó a la respectiva concesionaria para instalar, operar y explotar un sistema de telefonía móvil digital 1.900 (PCS), consistente en una red de telecomunicaciones móviles formada, entre otros, por un conjunto de estaciones base cuyo nombre y localización específica por comuna se individualizó circunstanciadamente en el señalado acto de concesión y en sus modificaciones posteriores, estableciéndose que el desarrollo de la red comprometía la instalación de diversas estaciones base (antenas) en distintas comunas del país. Este decreto fue objeto de toma de razón por la Contraloría General de la República, y debidamente publicado en el Diario Oficial. La estación base "acceso norte Valdivia" ubicada en Arenal Santa Elvira, mediante Decreto Exento N° 622 de fecha 13 de Julio de 2010, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, modificó el Decreto Supremo N° 145/97, que otorgara Concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, autorizando a la concesionaria para instalar, operar y explorar una nueva estación base, denominada "ACCESO NORTE VALDIVIA", ubicada en El Arenal Santa Elvira, Valdivia, celebrando mediante escritura pública de fecha 8 de Abril de 2010 con el propietario del correspondiente predio, un contrato de Arrendamiento y Autorizaciones con relación a parte del inmueble ya señalado ubicado en km 2, Norte, El Arenal, Comuna de Valdivia, a fin de situar esas instalaciones en dicho lugar. A su turno la Dirección General de Aeronáutica Civil (DASA) mediante Certificado C.A.M.A. N° 14101/37-1-2. 010 de fecha 17 de Enero de 2010, señaló que la instalación del mástil de antena destinado a finalidad de telecomunicaciones en El Arenal Santa Elvira, no constituye impedimento para la navegación aérea en la localización señalada, estableciendo los requisitos de señalización con que debe contar para efectos de seguridad; y con fecha 10 de Agosto de 2010 su representada ingresó a la Dirección de Obras de la l. Municipalidad de Valdivia el respectivo aviso de instalación, con planos de antena de telecomunicaciones a situar en el inmueble tantas veces mencionados en pleno cumplimiento del distanciamiento especial establecido en el artículo 2.6.3. de la Ordenanza General de Urbanismo. Con fecha 12 de Octubre, la Dirección de Obras Municipales de Valdivia procedió a emitir una serie de observaciones al aviso de instalación presentado por su representada, excediendo el plazo que tenía para aquello de 15 días, por lo que entienden aprobado dicho aviso, indicando esta misma entidad edilicia en su escrito de observaciones que su representada "ingresó toda la documentación respectiva en conformidad a lo que dispone la norma aplicable en esta materia, el art 5.1.2 de la OGU". Agrega que la instalación de antenas de telecomunicaciones no está sujeta a la emisión de un permiso de edificación, sino que las empresas de telecomunicaciones sólo deben hacer entrega, ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, de un aviso de instalación. Señala que no debe darse lugar a esta acción por su formulación extemporánea, y su falta de oportunidad, dado que de acuerdo a lo establecido en el N° 1 del Autoacordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dictado por la Excma. Corte Suprema es patente que el recurso de protección deducido es extemporáneo, por cuanto el conocimiento de la existencia de esta antena tiene lugar desde la publicación en el Diario Oficial del extracto del Decreto correspondiente que modifica la concesión de telefonía móvil, lo que ocurrió el 20 de Agosto del año 2010, vale decir, desde esta fecha, los recurrentes ya tienen conocimiento o debieran tenerlo de los hechos que motivan el presente recurso de protección y como tal el recurso es extemporáneo al haberse planteado más allá del plazo de 30 días que exige el Autoacordado de la Corte Suprema sobre el ramo. Respecto a la falta de legitimidad, expresa que de la lectura del recurso, los recurrentes no han acreditado su carácter de vecinos del sector aledaño a la antena ni acompañan antecedentes que permitan concluir que están siendo directamente afectados por la instalación de la antena. Agrega que nombre reservado cumple con normativa de urbanismo para instalación de antenas de telecomunicaciones y cumple cabalmente con los requisitos y condiciones establecidas en los instrumentos de planificación local y en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo, por cuanto las antenas de telecomunicaciones no requieren permiso ni pago de derechos municipales; legalmente las instalaciones de telecomunicaciones no precisan de permiso municipal ni pago de derechos municipales, ni tampoco de ninguna otra autorización previa del municipio y o la comunidad para su instalación, funcionamiento y operación. La Ley General de Urbanismo, no contiene norma alguna relativa a las instalaciones de telecomunicaciones, materia que sólo ha sido regulada por la Ordenanza General del ramo. En efecto, el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece de modo expreso que la Ordenanza General podrá establecer excepciones al requerimiento de permiso, es decir, pueden existir obras, sean mayores o menores, que por excepción no requieren de permiso municipal alguno. Que la instalación recurrida no infringe normativa sobre "uso de suelo", puesto que el artículo 2.1.24 en relación con el articulo 2.1.29 de la OGUC, la compatibilidad de las instalaciones de telecomunicaciones con los usos de suelo y otros aspectos de la planificación territorial, se encuentra expresamente regulada en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en virtud de la modificación introducida a la misma por el 0.5. N°217/01 de 26 de octubre de 2001 (0.0. de 20.02.02). Las antenas de telecomunicaciones se entienden siempre admitidas y complementarias a todo uso de suelo por el hecho de ser infraestructuras de servicios públicos y pertenecer a redes interconectadas, esto en estrecha armonía con el articulo 2.1.29 que señala en su parte pertinente que: las redes de distribución, redes de comunicaciones y de servicios domiciliarios y en general los trazados de infraestructura se entenderán siempre admitidos y se sujetarán a las disposiciones que establezcan los organismos competentes. Respecto a la supuesta afectación a garantías constitucionales relativas a la igualdad ante la ley; protección de la vida, salud, medio ambiente; y el derecho de propiedad, los recurrentes señalan un pormenorizado catálogo de supuestas garantías constitucionales amagadas y un conjunto de supuestas ilegalidades. En primer lugar, enuncia en su acción de protección ciertas inquietudes a la garantía constitucional del artículo 19 N° 2, que protege la igualdad ante la ley. Formula la afectación en la supuesta vulneración al artículo 2.6.3 de la OGUC señalando que no se habría dado cumplimiento a los distanciamientos legales. Sólo basta examinar el plano que mi representada acompañó oportunamente cuando se presentó el aviso ante la DOM, donde se grafica que su representada acompañó a la Dirección de Obras Municipales dicho plano, el que expresa de manera clara y meridiana que se dan cumplimiento al distanciamiento legal exigido. La antena cuestionada tiene un altura total de 42.30 metros y el distanciamiento contemplado es 14 metros diez centímetros, por lo tanto, la alegación de la recurrente en sentido contrario no merece mayor atención. En segundo lugar, se señala afectada por los recurrentes la garantía constitucional del artículo 19 N° 1 en relación a la 19 N° 9, al respecto hace presente a los recurrentes que el recurso de protección protege la libre elección del sistema de salud al cual desea acogerse, sea este estatal o privado. Se estima por parte de los recurrentes seriamente afectada la integridad física y síquica del Sr. nombre reservado y de su familia, por el inminente desmembramiento de la ladera que presenta un corte, según afirman los recurrentes; corte que por cierto existe hace mucho, y por las características climáticas del sector jamás ha constituido un riesgo, por lo que es forzoso estimar que tampoco lo será la construcción de la antena, que se dispondrá al interior del inmueble. Referente a la aplicación del "Principio Precautorio", que invoca la recurrente para obstaculizar el funcionamiento de la antena de celular de mí representada, pierde sustento, por cuanto, en la base de aplicación de éste, se encuentra la concurrencia de los presupuestos materiales que lo hacen operativo. Por cierto, el sustrato básico de este principio, está dado por la existencia de un peligro de "..daño grave e irreversible ... " que, en la especie, no se visualiza en atención a la reglamentación técnica vigente, particularmente a los resguardos técnicos que ha adoptado la autoridad para efectos de controlar y fiscalizar la emisión de ondas nocivas. Pide finalmente se declare inadmisible o sin lugar al recurso de protección interpuesto por los recurrentes, por ser extemporáneo, por carecer los recurrentes de legitimación activa y por carecer de fundamento jurídico y no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarias, concretas e irrebatibles imputables a mi representada que afecten derechos fundamentales de los recurrentes o de quienquiera, en relación con los hechos en que se funda el recurso.

CONSIDERANDO:

En cuanto a la extemporaneidad reclamada por la recurrida 1°) Que como primera alegación la recurrida plantea que la presente acción de protección resulta extemporánea, toda vez que a la luz de lo establecido en el número uno del Autoacordado sobre tramitación del recurso de protección dictado por la Excma. Corte Suprema, el término de 30 días se debe computar en este caso desde el 20 de agosto de 2010, oportunidad en que se publicó en el Diario Oficial el extracto del decreto correspondiente que modifica la concesión de telefonía móvil y que autoriza la instalación de la antena en cuestión. En todo caso, agrega, el plazo debe computarse desde el 25 de agosto de 2010, oportunidad en que dio inicio a los trabajos pues los recurrentes dicen ser vecinos de la citada obra, lo que importa que estos conocían desde entonces la existencia de las faenas.

2°) Que al respecto el autoacordado citado en el motivo anterior prescribe que el término para recurrir de amparo constitucional es de 30 días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, asunto que se hará constar en autos. En el presente caso, el relato de los recurrentes sobre este punto se ubica temporalmente en los días 29 y 30 de septiembre de 2010, cuando advierten el ingreso de trabajadores encargados de la instalación de la antena de telefonía móvil, asunto que motivó que se dejase testimonio a modo de “constancia” en la Primera Comisaría de esta ciudad. Visto lo anterior y considerando la fecha de ingreso del presente recurso, 29 de octubre de 2010, no cabe sino desestimar la alegación de extemporaneidad en la comparecencia de los recurrentes, pues el relato expuesto al efecto refrendado por la documental también indicada conducen en el sentido contrario, esto es, se trata de una actuación que cumple con la exigencia de oportunidad que impone el mencionado Autoacordado. Ello importa desestimar el Diario Oficial, y la publicación del decreto que permite la instalación del artefacto de telefonía móvil, como efectiva vía de conocimiento para los recurrentes, pues de ordinario las personas no se enteran por este conducto de las actuaciones y decisiones de la autoridad, sino cuando las anteriores se materializan. De admitir la publicación en el mencionado periódico, como hito efectivo de conocimiento, la posibilidad de pedir y obtener amparo constitucional, frente a vulneraciones de derechos y garantías fundamentales se transformaría en un vía más aparente que real, desnaturalizando el propósito del constituyente y de la misma Excma. Corte Suprema, en cuanto prescribe computar el plazo para recurrir desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los actos, hechos u omisiones de que trate el caso.

En cuanto a la falta de legitimación activa de los recurrentes 3°) Que al respecto la recurrida sostiene que los comparecientes no han acreditado su calidad de vecinos del sector aledaño a la antena ni acompañan antecedentes que permitan concluir que resultan directamente afectados por su instalación. Sobre este particular y considerando que efectivamente la presente acción de amparo está dispuesta para brindar protección jurisdiccional a favor de la o las personas que sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías mencionados en el artículo 20 de la carta fundamental, el mérito de los documentos allegados al presente recurso permite inferir que los comparecientes efectivamente son vecinos del lugar en donde la recurrida planea la instalación de su antena de telefonía móvil. En efecto además de las inscripciones de dominio de cuatro de los cincos recurrentes, aparece el mandato judicial corriente a fojas 33 de estos autos, en donde todos los recurrentes señalan como domicilio domicilio reservado, lugar coincidente con aquel que recepcionará la antena, vistos los planos y aviso de instalación que la recurrida presentó en la Dirección de Obras de la Municipalidad de esta ciudad.

En cuanto al fondo 4°) Que sobre el derecho fundamental de la igualdad ante la ley, los recurrentes manifiestan que la instalación de la antena no respeta la distancia mínima entre la base que se pretende construir y las propiedades vecinas, pues “a simple vista la distancia entre la excavación de 25 metros cuadrados, para la construcción de la base de la antena y uno de los terrenos colindantes sería de 9,5 metros aproximadamente”. Atendida la altura de la estructura, 42,3 metros, lo que exige una distancia mínima de 14,1 metros, tal separación no es respetada infringiendo con ello el artículo 5.1.2 de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Asimismo sostienen que se les lesiona en esta garantía, cuando la empresa no pide cambio de uso de suelo, de uso agrícola a equipamiento telefónico, como cuando no obtiene el necesario permiso de edificación en lo relativo a la construcción de la estructura que soportará la antena de telefonía.

5°) Que en cuanto a la exigencia de distancia mínima, efectivamente la norma citada en el motivo anterior, prescribe que en el caso de la instalación de antenas de telecomunicaciones, el interesado debe presentar a la Dirección de Obras Municipales, con una antelación de al menos quince días, un aviso de instalación adjuntando, entre otros documentos, plano que cumpla con lo dispuesto en los incisos décimoquinto al décimo séptimo del artículo 2.6.3. de la citada Ordenanza, norma esta última que dispone la necesidad de cumplir las edificaciones aisladas con distanciamientos mínimos en relación a los deslindes con otros predios, que en el caso de antenas corresponde a un tercio de su altura total.

6°) Que en cumplimiento de la normativa en comento la recurrida ingresó un aviso al Municipio de esta ciudad, el 10 de agosto de 2010, comunicando: “instalación de telecomunicaciones” en el Arenal Santa Elvira, acompañando: “planos del proyecto, debidamente suscritos”, que, a la vista de la documental allegada por las partes corresponden al plano de la estructura, plano de aviso de instalación y plano de emplazamiento del sitio. En respuesta la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valdivia, por medio del ordinario Nº562 de 12 de octubre de 2010, dirigido al representante de la recurrida sobre este punto específico expuso: “En dicha presentación se señala un emplazamiento en base a coordenadas geográficas sobre las cuales se plantea una divergencia respecto de su real emplazamiento en terreno, cabe señalar que esta DOM no cuenta con el instrumental técnico (GPS corregido) que permita determinar fehacientemente dicho emplazamiento, para lo cual se solicita aclarar situación y posibilidad de rectificación fundada en el punto geográfico determinado”.

7°) Que como se advierte en esta parte la recurrida ha seguido el derrotero reglamentario que precede al inicio de los trabajos de instalación de la antena, presentando los planos de ubicación ante la autoridad competente sin procurar sortear o eludir dicha actuación, asunto que de acontecer revelaría el intento por ubicarse al margen de la ley para obtener provecho o ventaja ilegítimo. Ahora bien, los particulares pueden denunciar inobservancias como las acusadas, distancias mínimas entre la antena y los deslindes con predios vecinos, pero es la autoridad señalada por la norma quien debe constatar y reparar tal incumplimiento, asunto que en este caso no acontece, toda vez que el organismo técnico encargado de vigilar el cumplimiento de esta exigencia, en definitiva no reparó concretamente en la distancia mínima exigida por la ordenanza, sino que dio cuenta de la ausencia de instrumentos para practicar la medición, solicitando a la empresa de telefonía aclarar la situación. Lo anterior conduce a desestimar la alegación expuesta en esta parte por los recurrentes, tanto porque no se puede cargar a los particulares, en este caso la recurrida, las deficiencias de la administración, como porque la presunta infracción se sostiene por los recurrentes solo en lo que constatan a simple vista, considerando que se trata de un asunto eminentemente técnico 8°) Que en lo referido a la necesidad de cambio de uso de suelo y y obtención de permiso de edificación, del estudio de lo previsto en los artículos 2.1.24 y 5.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, aparece que la instalación de antenas de telecomunicaciones se encuentran exentas de la obtención del demandado permiso, pues solamente deben cumplir con el llamado “aviso de instalación” y que en el caso del cambio de uso de suelo, la antena proyectada se ubica en el sector rural de la comuna, no demandado tal trámite que solo está previsto para aquellas obras que requieren permiso de la Dirección de Obras Municipales, cuyo no es el caso de la instalación de antenas de telefonía móvil.

9°) Que asimismo los recurrentes sobre el entendido de vulneración de las garantías reconocidas por los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la carta fundamental, sostienen que la recurrida procura la instalación de una antena en un cerro que presenta cortes con ángulos de 90º aproximadamente, ubicándose bajo la ladera y a una profundidad de 30 metros aproximados, la vivienda de don nombre reservado y su familia. Acusan que la erosión en el terreno implica la posibilidad de provocar una inestabilidad en los cimientos de la futura estructura que sostendrá la antena, lo que se agravado por el desganche de árboles y trabajos de limpieza de la vegetación del mismo lugar.

10°) Que en esta parte, el mérito de los fotografías acompañadas por la recurrente, añadido al contenido del Ordinario N°562 evacuado por la Dirección de Obras Municipales, no permiten concluir del modo que se sostiene por los recurrentes y que se ha sintetizado en el considerando anterior. En efecto, en cuanto a las fotografías estas demuestran que la torre se ubicará a 30 metros de la quebrada, a 70 metros de la construcción que se individualiza pertenecer el dueño del inmueble que arrendó parte del mismo para la edificación proyectada y a más 90 metros del inmueble que pertenece al Sr. nombre reservado. El mencionado ordinario, no revela peligro alguno, ni actual ni futuro.

11°) Que en otro apartado de su recurso, los recurrentes sostiene que la construcción de la antena representa una amenaza a su derecho de propiedad al provocar una disminución en la tasación comercial sus inmuebles, pues la envergadura y características de la estructura proyectada en caso alguno forma un conjunto armonioso con el paisaje natural del sector. Se afecta con lo anterior el derecho de propiedad, reconocido en el numeral 24 del artículo 19 de la ley primera.

12°) Que la instalación de una antena de telefonía móvil al interior de una heredad ajena no amenaza siquiera el derecho fundamental de propiedad que los recurrentes presentan respecto de sus hijuelas, puesto que tal edificación no constituye ni remotamente el fin del dominio de los actores en relación a las mismas ni les impone gravamen alguno. En otras palabras, las vinculaciones dominicales que estas personas sostienen en la actualidad y/o que observarán en el futuro respectos de las heredades aledañas a la antena, es y resultará del todo independiente y ajena a lo que pueda acontecer o dejar de ocurrir con la proyectada construcción. Es claro además que el valor comercial no es una variable que resulte cubierta por la garantía fundamental del derecho de propiedad, atendido el tenor y extensión del derecho fundamental que la constitución reconoce en su artículo 19 N°24, pues la mayor o menor plusvalía de un inmueble no se relaciona con los caracteres y atributos que definen la esencia de este derecho esencial.

13°) Que como penúltimo punto, los recurrente sostienen en la garantía del artículo 19 Nº8 la necesidad de acoger el presente recurso toda vez que por la necesidad de ensanchar el camino de acceso al lugar de emplazamiento de la obra, será necesario el corte de árboles nativos y afectar la flora y fauna del lugar, provocando un impacto de grandes proporciones. Sobre este aspecto huelga destacar que lo amparado es el derecho de a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de modo tal que no se observa como el potencial corte de la vegetación del lugar representa la contaminación que se sanciona constitucionalmente. Por lo demás el recurso en esta parte se sostiene solo en los dichos que los recurrentes dicen haber obtenido de boca de los dueños de las maquinarias, sin que existan otros antecedentes que brinden mayor plausibilidad y seriedad al daño que se acusa está por venir.

14°) Que, finalmente, los recurrentes afirman que en base a todos los anteriores capítulos que sustentan su acción de protección resulta menester aplicar el principio precautorio, reconocido por el derecho y Estado chileno por la suscripción de tratados en esta materia y que se incorporan al ordenamiento jurídico nacional por así ordenarlo la disposición 5º de la Constitución Política. Este principio importa actuar en pro de la prevención de daños en las personas como consecuencia del funcionamiento de aparatos que emiten radiación electromagnética. Sobre este punto los recurrentes se respaldan en una serie de afirmaciones vertidas sobre el tema en general, pero sin aludir clara y específicamente a la antena de telefonía que se pretende ubicar en el sector El Arenal de la comuna de Valdivia. En efecto, no se ha señalado la capacidad de dicha antena, los niveles de emisión que se proyectan, el radio de impacto o algún otro dato que permita dar sostén y vinculación al mencionado principio en este concreto caso. Así las cosas no es posible, ni aun ruego de constituir un potencial peligro para la salud de la población, al menos en esta sede de protección, procurar la recepción de este recurso que está previsto para personas determinadas en un contexto y lugar también determinados. Al respecto atendida el objetivo de esta acción, remedio constitucional de carácter urgente y extraordinario, y vista también su tramitación, sumarísima, el amparado debe siempre y en todo caso explicar y concretizar la amenaza, perturbación o privación que acusa, no bastando una enunciación general de lo peligroso de la actividad, pues de resultar así las cosas, no cabe sino desestimar la pretensión.

15°) Que por todo lo antes anotado el presente recurso deberá ser desestimado.

Y visto además, lo previsto en el Autoacordado sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción interpuesta por don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado en contra de la empresa ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A, sin costas.

Déjase sin efecto la orden de no innovar decretada a fojas 20.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Mario Julio Kompatzki Contreras.

Rol N° 688 – 2010. CIV.

Pronunciada por la PRIMERA SALA, por el Ministro MARIO JULIO KOMPATZKI CONTRERAS, Ministra Sra. ADA GAJARDO PÉREZ, la Fiscal Judicial Sra. MARÍA HELIANA DEL RÍO TAPIA. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. FUAD SALMAN GASALY.

En Valdivia, dieciséis de diciembre de dos mil diez notifiqué por el ESTADO DIARIO la resolución precedente Certifico: Que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Valdivia, 16 de diciembre de 2010.