SANTA HILDA SPA con INCOFIN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valdivia.

Valdivia, quince de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Don nombre reservado, constructor, por si y en representación de la empresa Constructora Santa Hilda SPA, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, de Valdivia, interponen Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de las acciones ilegales y arbitrarias de los recurridos de autos, en este caso, el Juzgado de Letras de la ciudad de Mariquina, el receptor judicial de dicho Juzgado don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, como así también en contra de INCOFIN S.A RUT RUT reservadoy INCOFIN LEASING S.A. RUT RUT reservadoambos con domicilio para estos efectos en su sucursal de Puerto Montt, Quillota 175, Of. 1403, Edificio La Construcción, Puerto Montt y representados legalmente por don nombre reservado.

Relata que el día jueves 27 de noviembre (sic) del presente año estando en el lugar donde realizan faenas y guardan sus camiones, esto es en calle Los linderos LT C1, sector Angachilla, comuna de Valdivia, alrededor de las 18:00 hrs. arribó un grupo de personas y allanaron la propiedad, un escuadrón de Carabineros de Chile acompañados del Sr. nombre reservado.

Manifiesta que no mostraron ninguna orden judicial de allanamiento, llegaron acompañados de cámaras de video aparentemente grabando, traspasaron los límites de la propiedad sin autorización expresa del propietario y/o residente del mismo, señalando que venían por orden judicial a retirar y llevarse los camiones placa patente LXLJ-48 y LLXD-32, ambos marca Hyundai del año 2020 y 2019 respectivamente, a causa de un juicio pendiente.

Agrega que no tuvieron información completa y oportuna por parte del receptor judicial.

Estima que llevaron a cabo la diligencia de manera absolutamente irregular y se llevaron secuestrados los camiones, sin informar la causa de origen, la causa que dio lugar a dichos hechos, quien era el depositario ni por nombre, ni por RUT, tampoco señalaron donde quedarían resguardados los camiones. Nada al respecto. Cabe señalar que los camiones estaban trabajando y llegaron del trabajo en perfecto funcionamiento.

Recalca que tampoco presentaron una orden de allanamiento para el domicilio de donde se realizó la diligencia.

Enfatiza que pensaba que esto era parte de un juicio que actualmente se lleva ante el 28° Civil de Santiago, causa Rol C-61-2022, INCOFIN S.A. con / nombre reservado y Santa Hilda, pero aquí se encontró, con que era demandado en un nuevo juicio.

Explica las deudas que mantiene con INCOFIN S.A. y la demanda que le fue notificada, por cobro de una suma cercana a los $280.000.000.- a comienzos de año, fundados en un pagaré en el cual sumaron todas sus obligaciones adeudadas supuestamente, dentro de las cuales aceleraron las deudas.

Estima que se trata de una estrategia artera, baja y que realmente está fuera de toda lógica jurídica y procesal. Lo más grave de lo anterior, expresa, es que no solo se vieron avalados por un abogado que preparo esta estrategia que demuestra una bajeza procesal y humana total, dejando a 12 personas sin poder trabajar por ya más de una semana a la fecha, si no que demuestra una conducta a lo menos cuestionable del Sr. nombre reservado, que certificó una oposición por su parte como ejecutado, en un domicilio, primero que todo, inexistente, y segundo, que claramente no les pertenece.

Expresa que las garantías constitucionales vulneradas por los recurridos, resultado de las acciones y omisiones ilegales y arbitrarias denunciadas, son:

A. Art. 19 CPR N°24 El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

B. Art. 19 CPR N°2 La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.

C. Art. 19 CPR N°3º La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Termina pidiendo se acoja el recurso y se ordene procedan a enmendar las respectivas resoluciones, cesando y revocando todo acto arbitrario e ilegal que han dictado, y aquellos que se han realizado en contra de la Constructora Santa Hilda SPA, para que se proceda a realizar cualquiera medida, procedimiento o gestión ante tribunal competente y realizando las gestiones en los domicilios reales y establecidos por la norma, actuando conforme a derecho y con las autorizaciones y resoluciones legales que correspondan, facultando a los funcionarios que deban realizarlas conforme a la ley señala y por consiguiente, al dejar sin efecto las actuaciones ilegales desplegadas, hagan entrega de los bienes muebles incautados de manera ilegal y arbitraria Informa don nombre reservado, Juez Presidente del Juzgado de Letras, del Trabajo y Familia de San José de la Mariquina.

Afirma que las resoluciones judiciales citadas en el recurso, que fueron dictadas por ese tribunal, responden a las causas de exhortos n° 304 y 395 ambas del año 2022, ellas han sido suscritas por el Juez que suscribe y la magistrado Paula Fernández Belmar, conforme al plan de trabajo que asigna causas pares e impares para cada uno de los jueces con el objetivo de mantener un equilibrio en la carga de trabajo.

Hace referencia a cada uno de los exhortos y a las resoluciones en detalle dictadas en cada cual.

A continuación y en relación a la justificación de las resoluciones judiciales dictadas en las causas e-304-2022 y e-395-2022, expresa que ese Tribunal recibió por el sistema de interconexión los exhortos ya individualizados provenientes del 14°Juzgado Civil de Santiago, los que fueron tramitados sistémicamente con las nomenclaturas correspondientes y conforme lo previsto en los artículos 71 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; contando con todos los antecedentes que se estimaron suficientes para su diligenciamiento así como la firma del Juez que ordenaba la ejecución de las diligencias, se procedió a cumplir con lo ordenado por el Juzgado Exhortante.

En cuanto a los puntos del recurso que hacen referencia a resoluciones o actuaciones de este tribunal.

Al Punto n° 15 y 17 del recurso: Señala el recurrente que se le ha impedido acceder a la causa, agregando a su libelo una imagen que da cuenta de la reserva de la misma. A ello informa que, la tramitación electrónica del exhorto se encuentra predeterminada por la acción así como el procedimiento que se sigue ante el Tribunal exhortante, teniendo el efecto sistémico de “reservada”, el Tribunal exhortado no tiene facultades sistémicas para modificarlo. Sin perjuicio de lo anterior y atenida la naturaleza prejudicial de la orden que proviene del Juzgado de origen, la Administradora entregó al recurrente información general de las actuaciones ya realizadas tanto por el exhorto como las de referencia de la causa original, considerando las restricciones ya mencionadas que provienen del 14° Juzgado Civil de Santiago .

En cuanto a la negligencia del tribunal de letras de Mariquina, al respecto informa que la tramitación administrativa, sistémica y de derecho que se ha ordenado seguir en los exhortos n° 395-2022 y n° 304-2022, se ajusta a lo previsto en los artículos 71 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la ley 18.120.

Concluye que no corresponde a ese tribunal pronunciarse sobre la tramitación de las acciones del Tribunal exhortante, sino sólo dar cumplimiento a lo ordenado conforme la normativa ya citada.

Informa el receptor judicial, manifestando que a solicitud del abogado de la parte demandante procedió a dar cumplimiento a resoluciones de cúmplase en exhortos 304-2022 y 395-2022, del Juzgado de Letras de Mariquina, en los cuales se certifica en estampados de fecha trece de julio de dos mil veintidós oposición al retiro de bienes. En ellos, se certifica que la diligencia no se pudo llevar a cabo por oponerse una persona adulta de sexo masculino al ingreso al inmueble de ese ministro de fe y posterior verificación de los bienes.

Añade que también a solicitud del abogado de la parte demandante se procede a dar cumplimiento a resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós en exhorto 304-2022; y resolución de fecha diecinueve de julio de dos mil veintidós en exhorto 395-2022.

Explica que el día veintisiete de octubre de dos mil veintidós y a solicitud del abogado de la parte demandante, compareció al domicilio ubicado en domicilio reservado, acompañado por personal de Carabineros de Chile de la Subcomisaria nombre reservado. El personal policial no hizo uso de sus facultades de allanamiento y descerrajamiento, dado que no fue impedido el paso por ninguna persona del lugar. Posterior a esto, ya en el interior de la propiedad se procede a verificar los bienes informados en cada exhorto, dando resultado positivo. Ya verificados los bienes, estos se entregan para su movimiento y retiro a don nombre reservado.N.I. RUT reservado, quien tiene poder suficiente.

Se decretó tener por no presentado el recurso respecto de las personas jurídicas INCOFIN S.A RUT RUT reservadoe INCOFIN LEASING S.A., por no haberse proporcionado en forma oportuna sus domicilios.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Para la procedencia de la acción de protección se requiere que la parte recurrente sea titular de uno o más derechos fundamentales respecto del cual haya sido privado, perturbado o amenazado en su ejercicio a través de acciones u omisiones del recurrido que revistan el carácter de ilegitimas o arbitrarias. Concretamente, se invoca la privación de variados derechos, por el diligenciamiento de dos exhortos que implicaron el secuestro de dos bienes en poder del recurrente.

SEGUNDO: Como se dijo, uno de los pilares del recurso de protección es la existencia de actuaciones u omisiones ilegales o arbitrarias.

La ilegalidad que se refiere por los recurrentes, si bien no tiene un desarrollo acabado en el recurso, se desprende que radica en la actuación del receptor judicial, al proceder a dar cumplimiento a una resolución del Juzgado de Letras de Mariquina, el que en el marco de dos exhortos, ordenó el secuestro de dos vehículos, con allanamiento y descerrajamiento de ser necesario y el auxilio de la fuerza pública.

A esto agrega, la desinformación, en los momentos en que se realizaba la diligencia, tanto en lo concerniente al origen de la orden y además en lo relativo al destino de los bienes, que individualiza.

Lo primero a determinar, sólo para fines clarificadores, es que la diligencia que motiva el presente recurso, el acto presunto arbitrario o ilegal, se verificó el día 27 de Octubre de 2022 y no 27 de Noviembre, como erróneamente se consigna en el recurso.

Pues bien, el presente análisis, se circunscribirá a lo contenido en la propia presentación de la parte recurrente, de la que se desprende que existe, al menos un juicio que se tramita ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, en que figura como demandada y en el que se cobra una suma cercana a los $280.000.000.-, por parte de la recurrida empresa Incofin Leasing S.A.. Que dos vehículos motorizados que detentaba, fueron objeto de la prejudicial de secuestro; y además que al día de la interposición del recurso, conoce que se tramita un segundo juicio ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, en su contra, en el que se decretó la medida, que la despojó de los bienes y que los vehículos estaban en su poder por un contrato de arrendamiento con opción de compra.

A su vez, del Informe emitido por el Juez del Juzgado de Mariquina, y por el receptor judicial, se desprende que los asertos de la recurrida son efectivos y que efectivamente se materializó la medida de secuestro respecto de los dos vehículos y que estos se encuentran en poder de un tercero, en calidad de secuestre.

TERCERO: Que, las resoluciones dictadas por el Juez del Tribunal recurrido y el actuar del Receptor judicial, se verificaron en el marco de la tramitación de dos exhortos, a saber:

A.- El exhorto n° 304-2022 proveniente del 14° Juzgado Civil de Santiago, en la causa ROL C-978-2022 caratulado INCOFIN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA/SANTA HILDA SPA.

Como consta en el sistema informático del Poder Judicial, fue ingresado a tramitación al Tribunal de Mariquina con fecha 13 de mayo del 2022, en él consta la resolución de ese Juzgado, de fecha 12 del mismo mes y año que reza en forma literal:

“ Proveyendo presentación del demandante de 10/05/2022 :

A lo principal: téngase presente nuevo domicilio del demandado señalado por la parte demandante para todos los efectos legales.

Al otrosí: como se pide, exhórtese al Juzgado de Letras de Mariquina, para efectos de notificar y materializar la medida prejudicial precautoria de secuestro decretada en autos, debiendo tramitarse por persona habilitada.”

Con fecha 13 de Julio del año en curso, consta a folio 3 de la carpeta judicial la georeferenciación de la actuación realizada y la certificación del señor Ministro de fe Orlando Salas Moraga en los siguientes términos: “En Mariquina a trece de Julio de dos mil veintidós, siendo las 17.08 horas, me constituí en Barrio Industrial s/n, Salida Norte, Comuna de Mariquina, con la finalidad de efectuar retiro de especies decretado en autos, diligencia que no fue posible realizar por oposición de persona adulta de sexo masculino, quien no se identifica. Por esa razón, no pude cumplir con lo ordenado por S.S.”

La demandante, a folio 4 solicita se le conceda el auxilio de la fuerza pública fundado en la certificación que antecede y además conforme lo previsto en norma expresa se autorice al Señor receptor de la comuna a cumplir con la orden del tribunal exhortante en los términos previstos en el artículo n° 391 del Código Orgánico de Tribunales, peticiones que fueron resueltas favorablemente al actor como consta a folio 5.

A folio 11 consta la certificación del señor receptor descrita en el sistema como “retiro especie con fuerza pública exitosa” la descripción del trámite tiene fecha, hora y georeferenciación y lo informa en los siguientes términos: “En Valdivia a veintisiete de Octubre de dos mil veintidós siendo las 18.01 horas, me constituí en el domicilio ubicado en domicilio reservado, asistido por la fuerza pública de Subcomisaria nombre reservado, en este acto por el Cabo Primero Paillayao Castro, procedí efectuar Secuestro de bienes decretado en Medida Prejudicial indicada en autos, recibí conforme el siguiente bien: CAMIONETA; Marca HYUNDAI, Modelo HD 35 2.5; Año 2020; Color BLANCO; Numero de Motor D4CBK778323, Número de Chasis: KMFVA17RPLC340004; Inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación bajo la Placa Patente LXLJ 48.

Se deja constancia que el bien secuestrado se encuentran en buenas condiciones generales por el exterior y funcionando, con llaves, con documentación e interior del vehículo en buenas condiciones generales.

Se pone término a la presente diligencia, entregando el bien al secuestre designado en autos.

Se adjunta set de fotografías.-“ B.- El exhorto n° 395-2022 proveniente del 14° Juzgado Civil de Santiago, en la causa ROL C-981-2022 CARATULADO INCOFIN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA/SANTA HILDA SPA Tal como consta en el sistema informático del Poder Judicial, fue ingresado a tramitación del Tribunal de Mariquina con fecha 13 de mayo del 2022, en el consta la resolución de fecha 12 del mismo mes y año que reza en forma literal en lo pertinente: “Al otrosí: como se pide, exhórtese mediante interconexión al Juzgado Civil de Turno de Mariquina, con las facultades necesarias hasta llevar a cabo la medida prejudicial ordenada en autos, incluso las de otorgar auxilio de la fuerza pública con allanamiento y descerrajamiento si fuese necesario, habilitar días y horas inhábiles y notificar tanto la solicitud como su proveído, debiendo tramitarse por persona habilitada”.

Con fecha 13 de Julio del año en curso, consta a folio 3 de la carpeta judicial la georeferenciación de la actuación realizada y la certificación del señor Ministro de fe Orlando Salas Moraga en los siguientes términos: “ En Mariquina a trece de Julio de dos mil veintidós, siendo las 17.08 horas, me constituí en Barrio Industrial s/n, Salida Norte, Comuna de Mariquina, con la finalidad de efectuar retiro de especies decretado en autos, diligencia que no fue posible realizar por oposición de persona adulta de sexo masculino, quien no se identifica. Por esa razón, no pude cumplir con lo ordenado por S.S.-“ La demandante, a folio 4 solicita se le conceda el auxilio de la fuerza pública fundado en la certificación que antecede y además conforme lo previsto en norma expresa se autorice al Señor receptor de la comuna a cumplir con la orden del tribunal exhortante en los términos previstos en el artículo n° 391 del Código Orgánico de Tribunales, peticiones que fueron resueltas favorablemente al actor como consta a folio 5.

A folio 8 consta la certificación del señor receptor descrita en el sistema como “retiro especie con fuerza pública exitosa” la descripción del trámite tiene fecha hora y georeferenciación y lo informa en los siguientes términos: “En Valdivia a veintisiete de Octubre de dos mil veintidós siendo las 18.01 horas, me constituí en el domicilio ubicado en domicilio reservado, asistido por la fuerza pública de Subcomisaria nombre reservado, en este acto por el Cabo Primero Paillayao Castro, procedí efectuar Secuestro de bienes decretado en Medida Prejudicial indicada en autos, recibí conforme el siguiente bien: - CAMIONETA; Marca HYUNDAI, Modelo HD 35 2.5; Año 2019; Color BLANCO; Numero de Motor D4CBJ633210, Número de Chasis: KMFVA17RPKC332354; Inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación bajo la Placa Patente LLXD 32.

Se deja constancia que el bien secuestrado se encuentran en buenas condiciones generales por el exterior y funcionando, con llaves, con documentación e interior del vehículo en buenas condiciones generales.

Se pone término a la presente diligencia, entregando el bien al secuestre designado en autos.

Se adjunta set de fotografías.-“ CUARTO: Que el Juzgado de Mariquina actuó como tribunal exhortado, sin posibilidad de cuestionar si se cumplen o no los requisitos de la medida que se decretó por el exhortante. Ello resulta relevante de ser consignado, pues en un apartado del libelo, se lee ese reproche, en cuanto a la negligencia del actuar del tribunal de Mariquina al no haber constatado la concurrencia de ciertos requisitos para habilitar la medida de secuestro. Ello escapa a las facultades del tribunal recurrido, conforme a lo que dispone el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, de la citada norma se lee:

“Art. 71. Todo tribunal es obligado a practicar o a dar orden para que se practiquen en su territorio, las actuaciones que en él deban ejecutarse y que otro tribunal le encomiende.

El tribunal que conozca de la causa dirigirá al del lugar donde haya de practicarse la diligencia la correspondiente comunicación, insertando los escritos, decretos y explicaciones necesarias.

El tribunal a quien se dirija la comunicación ordenará su cumplimiento en la forma que ella indique, y no podrá decretar otras gestiones que las necesarias a fin de darle curso y habilitar al juez de la causa para que resuelva lo conveniente.”

Por su parte, el receptor judicial de San José verificó la diligencia en la ciudad de Valdivia, lo que no admite reproche, según se aprecia de la norma del artículo 391, que en lo pertinente dispone: “Art. 391. Los receptores estarán al servicio de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y de los juzgados de letras del territorio jurisdiccional al que estén adscritos.

Los receptores ejercerán sus funciones en todo el territorio jurisdiccional del respectivo tribunal. Sin embargo, también podrán practicar las actuaciones ordenadas por éste, en otra comuna comprendida dentro del territorio jurisdiccional de la misma Corte de Apelaciones”.

A su vez de las propias piezas del expediente que se incorporan en el escrito del recurso de protección, se aprecia que se contaba con las facultades de allanamiento y descerrajamiento. Siendo irrelevante lo que discute la actora, en torno a si dichas facultades excepcionales se decretaron para ser ejercidas en un domicilio distinto a aquel donde se materializó la medida de secuestro, pues la entrega fue voluntaria, por lo que la citada facultad excepcional no fue utilizada.

Carece igualmente de relevancia, la denuncia que se efectúa, en torno a que no se constató la oposición que justificó la utilización de fuerza pública, pues según se lee de las piezas transcritas de los exhortos, la fuerza pública tampoco debió actuar.

QUINTO: Que encontrándose claro que ninguna ilegalidad procedimental advierte esta Corte en el obrar de las recurridas,. tampoco se aprecia arbitrariedad. Un acto arbitrario, como otras veces ha quedado consignado, es uno carente de fundamento racional, esto es, uno en que sólo el capricho del agente ha motivado su voluntad. Nada de ello ocurre en el caso sub judice en que de acuerdo a lo informado, no hubo actuar que sea carente de razonabilidad.

En consecuencia tampoco se observa actuar arbitrario, toda vez que no ha sido producto de la irracionalidad o del simple antojo de quien lo ejecutó.

SEXTO: Que si no ha habido un actuar ilegal o arbitrario, no procede entrar a analizar si se han conculcado o no las garantías constitucionales mencionadas por la parte recurrente pues esta infracción debe ser, de acuerdo al citado artículo 20 de la Constitución Política de la República, precisamente una consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, una de las garantías que estiman transgredida, la del artículo 19 N° 3, sin indicar a qué inciso se refiere, y que en la explicación ulterior, hace descansar en transgresión al debido proceso, no se encuentra bajo el amparo de la presente acción constitucional.

OCTAVO: Que, finalmente, se debe consignar que todas las alegaciones que la parte recurrente ha efectuado en esta sede, puede realizarlas en cualquiera de los juicios que se dirigen en su contra, sin que pueda utilizarse esta vía constitucional para poder alterar lo resuelto en el marco de un juicio que se encuentra en actual tramitación en sede de tribunales civiles.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 n.° 24, 20 y 21 de la Constitución Política de la República y disposiciones pertinentes del Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, SE DECLARA QUE NO HA LUGAR, sin costas, al recurso interpuesto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Titular, doña María Elena llanos Morales.

N°Protección-6799-2022.