nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Valdivia Valdivia, once de julio de dos mil veintitrés.

Visto:

Comparece el señor nombre reservado, trabajador dependiente, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por el señor nombre reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expresa que el 28 de marzo 2018 se suscribió el pagaré N° 17.RUT reservado, por medio del cual solicitó un crédito de dinero a C.C.A.F. Los Andes por la suma de $1.857.131 por concepto de capital, más los intereses correspondientes, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 18.010, pagaderos en 36 cuotas mensuales con fecha de vencimiento los días 30 de cada mes, con excepción del mes de febrero, en que el vencimiento sería el último día del mes, de cuotas de $76.600, venciendo la primera de ellas el 30 de abril de 2018.

Agrega que, atendido diversos motivos ajenos a su voluntad, se vio en la imposibilidad de cumplir con las cuotas pactadas, constituyéndose en mora desde el 30 de junio de 2018.

En razón de lo anteriormente señalado la C.C.A.F Los Andes lo demandó ejecutivamente, en causa C-430-2019, caratulada Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado, tramitada ante el 2º Juzgado Civil de Temuco, libelo que se funda en el pagaré N° 17.RUT reservado por la suma de $1.857.131, por concepto de capital más los intereses respectivos señalados en el documento. Asimismo, indica que Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ha declinado de hacer el cobro individual de cada cuota morosa, haciendo exigible la totalidad mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración que conlleva la interposición de la demanda ejecutiva por el total adeudado, causa que se encuentra archivada y que tal estado se funda única y exclusivamente en la desidia, dejación y negligencia de la recurrida en la prosecución del cobro ejecutivo y finalización del proceso judicial que ella misma voluntariamente promovió.

Agrega que en su actual trabajo pudo verificar que existe un descuento en favor de Caja Los Andes por la suma de $134.050. En virtud de lo anterior concurrió al área de recursos humanos de su empleador en busca de una respuesta, y en aquel entonces le indicaron que la retención fue realizada por voluntad exclusiva de la recurrida; posteriormente, asistió a la sucursal más cercana de dicha entidad, pero no pudieron explicarle la razón del descuento a pesar de existir un juicio pendiente.

Argumenta que en estas circunstancias, la recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada.

Establece que el actuar de la recurrida vulnera lo dispuesto por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica. Concluye que resulta evidente la presencia de un acto ilegal y arbitrario, que vulnera las garantías constitucionales, pues se ha realizado un descuento por planilla del sueldo, sin que se haya dado noticias e información de manera previa, motivada y racional, existiendo un actuar de improviso, realizando un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República.

Termina pidiendo acoger la presente acción en todas sus partes, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando:

a) Que la recurrida debe cesar en los descuentos por planilla efectuados sobre la remuneración mensual.

b) Restituir los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción.

c) Condenar en costas a la recurrida.

Informa la señora Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Los Andes, solicitando sea rechazado el recurso.

Argumenta que no existe actuación ilegal o arbitraria, ya que su representada se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Expresa que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad- que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho.

Agrega que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

Hace presente que su representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre mi representada y el recurrente.

Y considerando:

Primero: En el presente caso, lo reclamado del punto de vista fáctico, recae en la retención de parte de la remuneración mensual del actor, lo que verificó su empleadora, para abonar al crédito social otorgado por la caja recurrida. Estos hechos no se encuentran discutidos.

Segundo: En esta sede de protección, no estamos ante una acción para la resolución de disputas y controversias entre partes, sino que se trata de tutela de derechos fundamentales, lo que impone a esta acción constitucional una fisonomía especial. Por lo pronto, la acción de protección no es un proceso donde -en igualdad de armas- se ventila una controversia entre partes. Aun cuando, a propósito de una acción de esta naturaleza se provoca, la más de las veces, intercambio de pareceres e intereses, el objeto de la “litis” es la tutela de un derecho subjetivo público tal problema trasciende la controversia puntual. No se trata de darle la razón a una parte o a la otra. Si no de proteger el derecho en la específica situación o circunstancias que plantea “El que” se ha visto lesionado en el derecho. De hecho, cualquiera que esté en semejante situación puede exigir idéntica protección.

Tercero: Con la aclaración previa, se quiere poner de manifiesto que resulta fundamental que el sustento fáctico que se narra por el actor, implique una conculcación de la garantía fundamental invocada, para que este recurso pueda ser acogido, pues lo que exceda a ello, no puede ser resuelto por esta vía. En este escenario entonces, es necesario plasmar desde ya, que en este punto se aprecia una deficiencia en la acción entablada.

Cuarto: Que si bien las alegaciones del recurrente pueden ser atendidas, éstas deben ser formuladas en la sede respectiva, específicamente en la causa civil referida en lo expositivo, encontrándose por lo mismo el asunto sometido al imperio del derecho, razón por la cual, el presente recurso será rechazado.

Por las anteriores consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el señor nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Juan Ignacio Correa Rosado.

N°Protección-675-2023.