nombre reservado con nombre reservado

C.A de Valdivia.

Valdivia, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

VISTO:

a) A folio 1, con fecha 03 de noviembre de 2022, comparecen nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, agricultor, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, agricultor; nombre reservado ,cedula de identidad número RUT reservado, agricultora, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, médico; nombre reservado, cedula de identidad número RUT reservado, agricultor; nombre reservado, cedula de identidad número RUT reservado, agricultora; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, agricultora; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, dueña de casa; nombre reservado cédula de identidad número RUT reservado, agricultor, todos miembros del Pueblo Mapuche y domiciliados en Lof Conarupu, comuna de Panguipulli, localidad de Coñaripe interponiendo recurso de protección por la conducta desplegada por nombre reservado, cédula de Identidad número RUT reservado, educadora diferencial, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de Identidad número RUT reservado, ingeniero informático, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, ingeniera en administración de empresas, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, cedula de identidad número RUT reservado, chofer, domiciliado en domicilio reservado que consideran ilegal y arbitraria afectando la garantía constitucional del artículo 19 N°6 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la libertad de conciencia.

Explican que El Lof Conarupu, a principios del siglo XX fue reconocido y fragmentado en tres Títulos de Merced entregados en distintos años, compuesto por Nº2429 nombre reservado, Nº2376 nombre reservado y Nº 2407 nombre reservado.

Señalan que la comunidad nombre reservado en su composición original contiene 42 personas jefes de familia con un total de 238 personas; que son parte del antiguo Lof Conarupu que comprende a los herederos de la reducción entregada a través de Título de Merced 4, en el año 1913 bajo el Nº2429, que dicho Lof mantiene una pertenencia territorial milenaria donde hay una existencia de un vínculo primordial de las familias mapunche-originarias con este mapu, y se configura una relación íntima del ser humano con las fuerzas tutelares y elementales presentes en la naturaleza que se habita, que se habitan espacios profundamente significativos, respetados, venerados y protegidos, en el contexto de la cosmovivencia contenida en el Feyentun (certezas vinculadas al plano de la fe y creencias) del Azmapuchemongen (Formas de vida mapuche).

Indican que la comunidad nombre reservado fue dividida por sentencia del 28 de Junio de 1982 en causa Rol N°776 del Juzgado de Letras de Panguipulli, y que otorgó la hijuela N°193 a nombre reservado, que trajo como consecuencia la pérdida territorial de espacios significativos culturalmente, específicamente un Complejo Ceremonial emplazado en el camino al lago Pellaifa y que compone el Eltuwe (Cementerio), pampa de Guillatum y Licay Lelfun, hecho que fue denunciado en el año 1995 al Subdirector Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (en adelante CONADI), nombre reservado, de cuya visita al lugar se genera la Resolución N°0814 de fecha 15 de marzo de 1995, que refiere la necesidad de ampliar el terreno actualmente existente para cementerio, el cual incluso se estaba prestando servicios transitorios al Pueblo de Coñaripe, centro urbano que aún no cuenta con cementerio; igualmente se plantea la posibilidad de ampliar la hijuela N°193, pues se está solicitando la adquisición de ese terreno para el desarrollo efectivo del Guillatun.

Refieren que en diciembre de 1995 se envió una carta a la referida autoridad haciendo presente que para realizar su ceremonia de Guillatun, que se celebra en el mes de enero de cada año, debieron arrendar el espacio al Sr. nombre reservado quien se encontraba llano a aceptar negociar y vender las hectáreas en cuestión.

Reseñan que el año 1996 el dueño del predio toma la decisión de que se ocupe menos tierra de la necesaria para realizar la ceremonia sagrada, generando conflicto y afectación a la religiosidad generando que la CONADI abriera una carpeta de estudio de los terrenos e inicio de conversaciones con el dueño del terreno para llegar a un acuerdo de venta.

Luego, los años 1996, 1998 y 1999 se enviaron cartas a la CONADI dando cuenta de la continuación de la problemática y solicitan ampliación del Cementerio atento informe que en ese sentido evacuó el Servicio de Salud Valdivia dando cuenta de falta de lugares para estacionamiento, falta de dotación de servicios higiénicos adecuados y falta de nuevos patios para sepultación.

Deponen que el año 1999 el dueño del predio firmó un compromiso de venta demostrando su compromiso de entregar el espacio sagrado lo que se concretó parcialmente ya que se transfirieron sólo dos hectáreas que comprenden el Guillatun y el Cementerio antiguo, continuando entonces, hoy en día, la fragmentación de dicho espacio por las divisiones y dominio de particulares que han comenzado a realizar construcción habitacional ocasional como construcción de cercos y pozos profundos, que afectan gravemente el equilibrio que en dichos lugares debe mantenerse para quienes mantienen la creencia y ejercen la cosmovisión mapunche, habiendo transcurrido 26 años sin que las autoridades políticas les den solución.

Hacen referencia en el recurso de la importancia del Complejo religioso y ceremonial establecido ancestralmente para su uso espiritual colectivo y explican el desarrollo del nguillatun, forma de ubicación de los asistentes donde se realizan las ofrendas y plegarias, incluyendo la ceremonia del eltun, el lirkay kura entre otros, que componen el complejo religioso y ceremonial de la cosmovisión mapunche donde habita el “Ngen Kona Paillalafken”, espíritu que es parte fundamental de la cosmovisión religiosa de las comunidades mapunche del sector, ilustrando que su relación con el territorio no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que debemos gozar plenamente para preservar nuestro legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras y que por ello la intervención del centro ceremonial es un grave perjuicio, y hoy tienen como deber proteger lo que es parte de sus vidas.

Acusan que las construcciones existentes y futuras son ilegales porque infringen normas urbanísticas y de protección del suelo rural regulados en el D.L. N°3516 de 1980, en el artículo 55 de la ley general de urbanismo y construcción en relación con lo dispuesto en el Art 2.1.19 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; y el artículo 46 de la Ley 18.755, que regula al SAG; todo lo cual debe relacionarse con las reglas generales sobre la autorización por las Direcciones de Obras Municipales, contenidas en el artículo 116 de la LGUC para toda construcción y obra de urbanización de cualquier naturaleza y en las disposiciones complementarias y que además, es arbitrario al afectarse directamente la posibilidad de realizar ceremonias de vital importancia y dividiendo un espacio que es uno solo según su cosmovisión vulnerándose entonces la garantía constitucional del N°6 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado teniendo el Estado el deber de constitucional de asegurar a todas las personas la posibilidad de practicar el conjunto de ritos a través de los cuales se accede a aquello en que se cree en materia religiosa Cita el artículo 1 inciso 2° de la ley N°19.253, el artículo 4.1 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 25 de la Declaración de naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Piden en definitiva, se acoja el recurso y se decrete el cese de las actividades de los recurridos que afectan los derechos de los recurrentes y se les permita a éstos el libre acceso al Centro Ceremonial Lirkay Lelfun para ejercer sus actividades religiosas y cualquier otra medida que restablezca el imperio del derecho.

Acompañan informe antropológico “Complejo Ceremonial Mapunche Lircay Lelfun”; Resolución 0814 de 15 Marzo 1995 Cementerio nombre reservado; carta al Subdirector de la CONADI 26 Diciembre de 1995; carta al Abogado de CONADI nombre reservado Vargas; iInforme Visita Coñaripe de 21 Enero de 1996; adjudicación de fecha 16 Agosto de 1982; solicitud de ampliación Cementerio, de fecha 22 de Julio de 1999; certificado de Factibilidad Nº156, de fecha 09 de Julio de 1999; copia Plano Subdivisión Hijuela 193; copia compraventa nombre reservado y otros; copia compraventa nombre reservado

13.- Copia Compraventa nombre reservado; copia compraventa Comunidad nombre reservado; copia rectificación compraventa comunidad nombre reservado y compromiso de venta firmado por nombre reservado, de fecha 17 de diciembre de 1999.

b) A folio 13, con fecha 30 de noviembre de 2022, evacuó informe la abogada Noris Fuentealba Lagos en representación de nombre reservado quien señala ser dueña única y exclusiva del inmueble denominado lote 193-B-A 1B, del plano de subdivisión del Lote 193-A Uno de la división de la Hijuela número 193 de la división de la comunidad Indígena encabezada por don nombre reservado, ubicada en el lugar Coñaripe, comuna de Panguipulli, que tiene una superficie aproximada de 5.000 m2, indicando sus deslindes, cuyo dominio adquirió por tradición de don nombre reservado, sirviendo de justo título escritura pública de compraventa de fecha 24 de febrero del año 2017, otorgada en la Notaria de Villarrica, cuyo dominio rola a fojas 374 N° 385, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli, correspondiente al año 2017.

Cita el artículo 582 del Código Civil indicando que amparada en el derecho de propiedad, y actuando siempre de buena fe, procedió al cerramiento de su lote y a efectuar limpias del mismo; que de ninguna manera, importaron impedir el acceso a terrenos de significación religiosa para la Comunidad, pues según aprecia en el plano acompañado por la recurrente, y fotografía satelital del predio primitivo antes de la subdivisión, se aprecia claramente que al Este del inmueble de su representada discurre el camino público, que da libre acceso al sitio ceremonial y al cementerio ubicado en la Hijuela N° 411, por lo que estima no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal que cause daño a los bienes de la Comunidad nombre reservado, o impedido u obstaculizado la práctica de ceremonias religiosas o manifestación de las mismas.

Dice que en el contexto de inicio de faenas a finales del año 2019, para construir una casa habitación, su representada fue visitada por algunos miembros de la Comunidad Indígena colindante, quienes le señalan la conveniencia de paralizar obras, toda vez que ellos han iniciado acciones tendientes a reivindicar los predios colindantes al sitio Ceremonial de Guillatun de la Comunidad Indígena recurrente, comunicación que le causa gran temor y stress por lo que se entrevistó con miembros de la Comunidad quienes les informan que otrora, el lugar era parte de terrenos de gran significación religiosa, en el cual se encuentran sitios ceremoniales y el cementerio de la comunidad.

Indica que por lo anterior, el Director Regional de CONADI presenta oferta de venta, del Lote 193-A1B, la referida carta de oferta, es de fecha 19 de noviembre de 2020; con fecha 23 de noviembre de 2020, su representada recibe correo respuesta de la Conadi, por intermedio de doña nombre reservado, profesional de la Unidad Local de Tierras y Aguas de la Dirección Regional CONADI de Los Ríos y que a partir de esas coordinaciones, su representada no ha vuelto a tener ninguna noticia sobre el particular de parte de la a de Los Ríos.

Señala que desde finales del año 2019, no ha vuelto a efectuar trabajo alguno en el inmueble de su propiedad, por lo que mal podría haber afectado los intereses sociales, culturales o religiosos de la recurrente solicitando su rechazo por improcedente, debido a la inexistencia de actos arbitrarios o ilegales de parte de la recurrida a la Comunidad nombre reservado, con expresa condenación en costas de la recurrente.

Acompaña copia correo carta dirigida a la Conadi, de fecha 19 de noviembre de 2020; copia de carta respuesta de la Conadi, de fecha 23 de noviembre de 2020; copia carta respuesta de la Conadi, de fecha 24 de noviembre de 2020 y copia de mandato judicial.

c) A folio 15, con fecha 26 de diciembre de 2022, a folio 16, con igual fecha, a folio 25, con fecha 04 de marzo de 2023 y a folio 29, con fecha 31 de marzo de 2023, evacuaron informe nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, señalando que los actos de propiedad que han realizado los recurridos en la hijuela 193 y sus respectivas subdivisiones en ningún momento entorpecen el normal desarrollo de las actividades espirituales aludidas, dado que son propiedades diferentes, que lo único en común es el sector donde se encuentran ubicadas y que los actos de los recurridos no son distintos de aquellos que, con ánimo de señor y dueño, les entrega el hecho de ser propietarios, garantizados a nivel constitucional en el artículo 19 N°24.

Refieren que respecto al hecho de realizar búsqueda de agua en una de las subdivisiones, es algo lógico que todo ser viviente requiere de este elemento para su subsistencia, dada la precariedad del abastecimiento a nivel nacional y que en la zona rural de Coñaripe, una localidad abandonada por las autoridades se hace aún más precaria la situación, que por cierto, se encuentra íntimamente relacionado con otra garantía constitucional, como el derecho a la vida del articulo 19 N°1.

Indican que en ningún momento se está realizando un cambio de uso de suelos, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente, según consta en las incorporadas en las respectivas escrituras de compraventa.

Acusan que los recurrentes intentan imponer un gravamen de facto sobre la hijuela 193 de propiedad de los recurridos, lo cual es un acto arbitrario e ilegal, toda vez que no se impide, amenaza ni mucho menos prohíbe que realicen sus actividades espirituales en las hijuelas referidas, dado que son propiedades distintas, con accesos independientes entre sí, según se puede evidenciar de las imágenes que los mismo recurrentes aportaron en el recurso.

nombre reservado y nombre reservado agregan que su propiedad aún se encuentra sin cerco perimetral, ni adelanto alguno, por lo que difícilmente se encuadra en la vulneración descrita por los recurrentes, dado que tampoco corresponde a la propiedad que realizó el pozo profundo en búsqueda de agua.

Por su parte, nombre reservado señala que su propiedad se encuentra separada por un cerco del espacio ceremonial que comprende el cementerio y Guillatue, mientras que nombre reservado indica que su propiedad, también cercada, se encuentra a unos 200 metros aproximadamente de dicho lugar, adjuntando a sus informes fotografías con explicación de sus asertos.

Citan el artículo 582 del Código Civil y 19 N°1 y 24 de la Constitución Política del Estado destacando la parte que señala que nadie puede ser privado de su propiedad ni de sus atributos esenciales sino en virtud de ley o expropiación y el artículo 55 de la ley general de urbanismo y construcción.

Terminan solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Acompañan copia de escritura de compraventa, copia de inscripción de dominio y copia de certificado de litigios, hipotecas y gravámenes, certificado de prohibiciones e interdicciones, copia de subdivisión predial y copia de certificado de asignación de roles de propiedad.

d) A folio 32, con fecha 10 de abril de 2023, esta Corte resuelve que previo a entrar a la vista de la causa, se oficie a la CONADI para que informe respecto los hechos del presente recurso y del proceso de aplicabilidad de compra de tierras, y sobre la importancia y situación del centro ceremonial, como sitio de significación cultural y al Servicio de Salud de Valdivia, para que informe acerca de los antecedentes que mantienen respecto del cementerio e) A folio 37, con fecha 20 de abril de 2023, evacuó informe el Servicio de Salud Valdivia quien señala que respecto a la afirmación de los recurrentes respecto a que con fecha 22 de julio de 1999 ese servicio realizó una visita al cementerio del lugar, no obra en su poder ningún antecedente de los requeridos, pues las atribuciones y facultades de las cuales estaba legalmente investido en el año 1999 para fiscalizar las normas del Código Sanitario y sus reglamentos (entre ellos, el Reglamento General de Cementerios), las que fueron traspasadas íntegramente y por el solo ministerio de la ley, por la Ley 19.937 que crea la Autoridad Sanitaria y radica en las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud dichas atribuciones y facultades.

Señala que en virtud de dicho traspaso de competencias efectuado el año 2004, todos los archivos y documentación relativas a las mismas, fueron entregadas a la actual Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Ríos; por lo que de existir los antecedentes del año 1999 relativos a ese cementerio, los mismos están en poder de dicho órgano de la administración del Estado.

f) A folio 45, con fecha 25 de mayo de 2023, evacuó informe la Srta. nombre reservado, Directora Regional de CONADI, Región de Los Ríos quien señala que es efectiva la existencia de los Títulos de Merced mencionados, y en particular el N°2429 que fue otorgado en 1913 a don nombre reservado, para sí y 190 personas más de su familia y reducción, en el lugar de Coñaripe, haciendo merced de un terreno de 5232.5 hectáreas; que constan anotaciones marginales en el Título de Merced aludido, de fecha 28 de junio de 1982 que dan cuenta de dos expropiaciones, la primera por Decreto N°1460 de fecha 25 de octubre de 1961 del Ministerio de Tierras y Colonización respecto a un retazo de 40,90 hectáreas en favor del Fisco y, la segunda por Decreto Supremo N°674 de fecha 09 de junio de 1964 del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre un terreno de 10,20 hectáreas y que el título de Merced fue cancelado, mensurado, dividido y adjudicados los lotes resultantes por sentencia judicial de fecha 28 de julio de 1982, en causa Rol N°776 del Juzgado de Letras de Panguipulli.

Agrega que al momento de la división de la Reserva nombre reservado, realizada el año 1982, la hijuela N°193, fue asignada a don nombre reservado, por aplicación de la ley N°17.729 Indica que es efectivo que la comunidad nombre reservado mantiene un proceso de reivindicación por aplicación del artículo 20 b) de la ley N°19.253, iniciado con fecha 20 de marzo del año 1996, demandando la restitución de un sitio ceremonial que comprende un Cementerio y un Guillatue; que el proceso comienza por cartas de la comunidad Indígena nombre reservado, del Consejo de Administración del cementerio indígena nombre reservado Antimila y de la comunidad indígena El Roble, reivindicando la hijuela N°193 del plano de subdivisión de la ex reserva nombre reservado, solicitando adquirir terrenos para la ampliación del cementerio indígena y tener la propiedad del espacio donde se emplaza la cancha de Guillatue.

Señala que se reclaman terrenos que se encuentran en la parte “Este” de la hijuela N°193, desde donde se emplaza la cancha de guillatún hasta colindar con la Hijuela N°411 del cementerio indígena, terrenos que comprenden una superficie aproximada de cuatro hectáreas desde el río hasta el camino procediéndose a la compra de dos hectáreas del Sr. nombre reservado dando una solución parcial a la demanda de la comunidad nombre reservado, adquiriendo la propiedad de parte del terreno donde se emplaza la cancha de Guillatue, pero quedando pendiente la problemática del cementerio indígena.

Refiere que existe a partir del año 1999 una segunda carpeta ingresada a la Dirección Regional de CONADI de Osorno donde constan informes propios del proceso de reivindicación y que desde el traslado a la competencia de la Dirección Regional de Valdivia el año 2009, no existieron mayores avances hasta el año 2016 elaborándose un informe cultural complementario de fecha 03 de agosto de 2022 y recientemente con fecha 31 de marzo de 2023 la profesional asistente social de CONADI, emite informe social sobre la solicitud de reivindicación, encontrándose actualmente en estado de elaboración de informes pendientes ocupacional y jurídico y para obtener finalmente una resolución de aplicabilidad que establezca el reconocimiento de pérdida.

Luego, explica el proceso administrativo por el cual se financia la adquisición de un inmueble establecido en el artículo 20 letra b) de la ley N°19.253 en la que consta la etapa de aplicabilidad y de compra, proceso que además, se encuentra regulado en el Decreto Supremo N°395 y hace referencia a los diferentes cuerpos normativos que reglamentan los sitios de significación cultural y específicamente respecto a la importancia y situación del centro ceremonial existen dos informes culturales disponibles:

1. Informe cultural julio de 2004: que identifica siete comunidades indígenas como usuarios del sitio de significación cultural involucrando a 753 familias usuarias de cementerio indígena y 350 del Nguilatuwe; que el cementerio se encuentra pronto a colapsar por falta de espacio de sepultación y la cancha de Guillatún, por no tener las comunidades espacio suficiente, no pueden realizar la rogativa con toda la práctica ceremonial que la tradición cultural del lugar lo exige.

2. Informe cultural agosto de 2022: que en sus conclusiones señala que el cementerio se encuentra casi completo, teniendo problemas relacionados al colapso que ocasiona cuando alguien de la comunidad es sepultado, ocupando cualquier lugar disponible, alterando el orden ancestral que establece la necesidad de sepultar a los difuntos por familia y en dirección al Este; que la ampliación del cementerio debe ir en dirección hacia el campo en donde se celebra el nguillatún, espacio que es parte de un complejo ceremonial siendo el terreno indicado el correspondiente al Este de la Hijuela N°193 comprado por nombre reservado el año 1982, quedando el campo de nguillatún al interior de su terreno quien, cada año, arrendaba en $100.0000 el lugar para la realización de la rogativa; que luego se le compran dos hectáreas y el resto del terreno, en proceso de informes.

Indica la Conadi que queda pendiente de adquirir dos hectáreas del sector donde se ubica la cancha de guillatuwe, hijuela 193-B, quedando de acuerdo a los planos acompañados al expediente a folio 25, se observa la hijuela N°411 del cementerio indígena nombre reservado y entre ellos, los lotes 193-A1A3 de 0,51 hectáreas, 193-A1A5 de 0,51 hectáreas, 193 –A1A6, 0,51 hectáreas y 193-A1A7 de 0,50 hectáreas, concluyendo que la demanda de reivindicación indígena comprende sino todos, al menos los inmuebles que se encuentran en las hijuelas N°193 B y N°411, y posiblemente también la hijuela 193 A1B. De estos predios se encuentran transferidos las hijuelas 193 A1B a doña nombre reservado y la hijuela 193-A1A4 a doña nombre reservado y don nombre reservado, ambos de apellido Bizama Lizama.

Señala que respecto del pozo profundo no se tiene claridad de su ubicación especifica pero atento el informe de nombre reservado se encontraría en su terreno y por tanto, en la hipótesis del artículo 56 del Código de Aguas, con riesgo sanitario.

Termina señalando que se han elaborado informes que acreditan que la comunidad ha realizado un uso ancestral del sitio de significación cultural y en consecuencia, dada su naturaleza espiritual y cultural, la alteración de dicho espacio si genera una afectación a la religiosidad de la comunidad indígena, lo que implica que necesariamente que todo uso y goce está excluido, más aun considerando que la comunidad indígena nombre reservado y el resto de comunidades indígenas involucradas, hacen uso esporádico y normalmente una vez al año del espacio; que se debe comprender que el proceso administrativo aún se encuentra en trámite, no siendo factible proceder a una compra mientras no exista una resolución administrativa que reconozca la perdida territorial.

g) A folio 45, con fecha 05 de junio de 2023 esta Corte resuelve oficiar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Los Ríos, para que informe acerca de los antecedentes que mantiene respecto del cementerio indígena objeto de este recurso y oficiar a la Dirección General de Aguas de la Región de Los Ríos para que informe acerca de la legalidad del pozo profundo materia de estos antecedentes.

h) A folio 51, con fecha 27 de junio de 2023, nombre reservado., Director Regional (S) del Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas informa que según la imagen acompañada y la información disponible en las plataformas de información de la Dirección General de Aguas, en el cuadrante consultado, no existen derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas o superficiales constituidos legalmente ni tampoco se encuentran solicitudes pendientes de resolver.

Señala que respecto a la legalidad de construir un pozo como el que se muestra en las imágenes del recurso de protección, hace referencia a lo indicado en el inciso primero del artículo 56 del Código de Aguas, que indica “Cualquiera puede cavar en suelo propio pozos para las bebidas y usos domésticos de subsistencia, aunque de ello resulte menoscabarse el agua de que se alimente algún otro pozo; pero si de ello no reportare utilidad alguna, o no tanta que pueda compararse con el perjuicio ajeno, será obligado a cegarlo.”

i) A folio 56, con fecha 19 de julio de 2023 informó la Seremi de Salud que cita el artículo 1 del Decreto N°1754 y el artículo 3 del Decreto N°357 respecto de los requisitos para solicitar autorización sanitaria sobre cementerios y que específicamente el complejo religioso y ceremonial en cuestión, no se encuentra autorizado por esa Seremi de Salud, ni presenta trámites que estén pendientes de resolución agregando que en la localidad de Coñaripe se encuentran autorizados el Traitraico, comunidad Juan Caripian, resolución sanitaria 2062 del 24 de diciembre de 1965 y el de La Misión, comunidad nombre reservado, resolución sanitaria 814 del 11 de diciembre de 1989.

Se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para dicho efecto, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar protección.

SEGUNDO: Que la presente acción tiene por fin, por una parte, que los recurridos cesen obras en terrenos de su propiedad, que hoy se enmarcan en el levantamiento de un cierre perimetral y de un pozo profundo, mismas que fragmentan el territorio y que futuras construcciones, amenazan la espiritualidad de los recurrentes, afectando su derecho a culto y por otra, se les permita el libre acceso al centro ceremonial Lirkay Lelfun donde ejercen sus actividades religiosas, ubicado en esos mismos terrenos de propiedad de los recurridos, que comprenden la ceremonia del Guillatue y el cementerio, y respecto de este último, hacen presente su colapso y la necesidad de que sea ampliado.

TERCERO: Que, por una parte, se ha reconocido que los temas que son objeto del presente recurso, datan de varios años a la fecha y que se encuentran en conocimiento de otros Órganos del Estado, cuya respuesta ha sido lenta e insatisfactoria, fundamentos que no justifican la intervención urgente de esta Corte, a propósito del cercamiento de un predio por su dueña, y construcción de pozos en dicho lugar, ello, en ejercicio del derecho de propiedad que detenta, el cual no ha sido controvertido, en cuanto, no se visualiza de qué manera estos hechos constituyan actos ilegales, o arbitrarios que vulneren el derecho constitucional que invocan, en cuanto a la libertad de culto o de conciencia.

CUARTO: En ese contexto, no resulta este medio ser la vía idónea a los fines o propósitos planteados por los recurrentes, ni resulte posible, por este mecanismo constitucional adoptar las medidas que se han impetrado, especialmente aquellas asociadas con el colapso del cementerio, cuya solución corresponde a la autoridad sanitaria o la urbanización o división irregular del predio, cuyo conocimiento es de competencia de la autoridad sectorial a quien corresponde la regulación y control de estas materias en las zonas rurales.

QUINTO: Tampoco resulta acreditado que carezcan de acceso a dicho lugar o que la propietaria se los hubiere impedido ilegítimamente.

Por estas consideraciones, las normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, Se resuelve que:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, ello sin perjuicio de las peticiones que el recurrente pueda realizar ante la autoridad administrativa competente sobre la materia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-6730-2022.