nombre reservado con MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.

Valdivia, quince de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1) Comparece el abogado Dusan Yure Gasic Klett, en representación de nombre reservado, psicóloga, quien deduce recurso de protección en contra de MUTUAL DE SEGURIDAD CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, por el acto ilegal y arbitrario de la recurrida consistente en la negativa de otorgar la pensión de invalidez a que tiene derecho.

Sostiene que posee una incapacidad laboral de un 45%, según fue declarado por la Comisión Médica de Reclamos en Resolución N°B101/20250568 de 17 de junio de 2025, porcentaje que le da derecho a percibir una pensión de invalidez, aquella derivó de un accidente laboral de trayecto mientras era profesional del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Paillaco, regido por el Código del Trabajo.

Mientras se determinada el porcentaje de discapacidad la recurrente, se produjo el traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valdivia y se le otorgó la calidad de funcionaria pública, pasando a regirse por el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública (Ley N°21.109), aclarando que nunca estuvo sujeta a un estatuto público administrativo.

En ese entendido se le requirió por la Mutual que, para acceder a la pensión de invalidez, debía renunciar a su función pública dentro de un plazo de 6 meses y luego de ello, comenzaría a percibir su pensión. Ante dicha respuesta efectuó presentación en la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), explicando que a su respecto no regía la incompatibilidad (percibir una pensión y desempeñar un cargo público), porque ella no está regida por estatuto administrativo alguno y porque existe un artículo transitorio para aquellos que prevenían de la Administración Municipal, como ocurre en su caso.

De este modo, el referido Estatuto declara expresamente que las causales de cesación de la relación laboral con motivo de “Obtención de jubilación, renta vitalicia o pensión de un régimen previsional” (letra f, art. 33) y “Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo” (letra g, art. 33); no se aplican al personal que tenga contrato vigente con una Municipalidad y que haya sido traspasado a un SLEP.

A pesar de lo anterior, la SUSESO emitió la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UJU-173794-2025, mediante el cual informó a la recurrente que debía cesar en sus funciones para acceder a la pensión de invalidez de la Ley N°16.744, obviando la situación de la recurrente y la normativa aplicable, no impugnó dicha resolución, ya que el 19 de diciembre de 2025, se le informó que su caso se encontraba en proceso normal y ya estaba en fase de cálculo de la pensión, cuyo pago se produciría en 90 días.

Con ello se generó una legítima expectativa de que Mutual modificaría el criterio sostenido y acogía entonces su requerimiento.

A pesar de lo indicado y el plazo señalado, no recibió el pago correspondiente y ante su insistencia con fecha 06 de mayo de 2026, la Mutual nuevamente insiste en que debe cesar en sus funciones para obtener la pensión de invalidez, sea total o parcial .

Esta última respuesta esa contradictoria con lo que se le había informado previamente y es arbitraria al insistir en la negativa con base en estatutos a los que la actora no está vinculada y se omite la regulación expresa del estatuto que sí se le aplica (para asistentes de la educación pública).

De lo expuesto deriva la arbitrariedad y la patente ilegalidad de la resolución pues contraviene expresamente el artículo octavo transitorio de la Ley N°21.109.

Sostiene que se vulnera el derecho de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y de propiedad, más aún cuando cumple con todos los requisitos para obtener la pensión de invalidez que reclama.

Pide se acoja el recurso y se ordene dar inicio al pago de la pensión a que tiene derecho, sin más trámite o en subsidio se reingrese la solicitud de pensión, teniéndose a la vista lo expuesto en cuanto a su situación estatutaria (en particular a propósito del artículo octavo transitorio de la Ley N°21.109), a fin de que se obtenga una respuesta fundada en derecho, con costas.

2) A folio 9 informa la recurrida MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN.

En primer término, solicita se declare improcedente la acción, ya que se pretende por la vía del recurso de protección se revisen actuaciones enmarcadas dentro de las facultades que le ley 16.744, le otorga en su calidad de Organismo Administrador, lo que no es materia susceptible de este recurso, teniendo en consideración que las prestaciones médicas y económicas fueron además confirmadas por la SUSESO mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-173794-2025, de 16 de diciembre de 2025.

Sostiene que no existe un acto ilegal o arbitrario, tampoco estamos ante un derecho indubitado que pueda ser tutelado por esta vía excepcional, sino que más bien la actora plantea una interpretación que escapa de lo que ese Organismo Administrador y la propia Superintendencia de Seguridad Social concluyen.

Finalizando, indicando que, la recurrente busca por medio de la presente acción de protección abrir una controversia administrativa utilizando la instancia constitucional, por lo que la acción debe ser desechada.

3) De los antecedentes acompañados por la recurrente y lo informado por la recurrida, se deprende que el acto ilegal y arbitrario achacado consiste en la negativa de la Mutual de Seguridad en proceder al pago de la pensión de invalidez a la que tiene derecho la actora, exigiendo para ello la renuncia al cargo público que detenta la recurrente, aplicando una normativa administrativa que la Sra. nombre reservado estima improcedente, al contemplarse a su respecto una excepción legal que sustenta su acción.

4) En ese entendido la recurrente sostiene que le es aplicable lo previsto en el artículo 8 transitorio de la ley 21.109 y por tanto quedaría excluida de la obligación de cesar en su cargo para obtener el pago de la pensión de invalidez mencionada, interpretación que no ha sido recogida por la entidad recurrida, pues aquella requiere la cesación antes indicada.

5) En cuanto a la petición principal, tratándose de un derecho que no es indubitado, se trata de una petición que no es posible ser resuelta por esta vía.

6) Analizados los actos administrativos y las respuestas efectuadas por la Mutual de Seguridad al tenor de las peticiones y en particular, respecto de la correcta interpretación de la normativa en que sostiene su pretensión la actora, no ha existido un pronunciamiento específico sobre la materia, lo que permite concluir que no ha recibido la debida respuesta a fin de aclarar la situación que afecta a la Sra. nombre reservado, lo que vulnera el derecho de igualdad ante la ley de la recurrente, por lo cual se acogerá solo la petición subsidiaria efectuada, en los términos que se indicarán en la parte resolutiva de esta sentencia.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la MUTUAL DE SEGURIDAD CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, solo en cuanto se ordena que se reingrese la solicitud de pensión de invalidez debiendo pronunciarse en particular sobre la interpretación normativa que plantea la recurrente, mediante resolución debidamente fundada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección 669-2026 � “Artículo octavo transitorio Ley 21.109.- Transitoriedad sobre término de relación laboral. Las causales de término de la relación laboral establecidas en los literales f) y g) del artículo 33 de esta ley no serán aplicables al personal que tenga contrato vigente con una municipalidad o corporación municipal a la fecha de entrada en vigencia de la misma y sea traspasado a un servicio local”.

� El funcionario deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que sea notificado de la Resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o de la Comisión Evaluadora de una mutualidad de empleadores por la cual se declare que presentan un porcentaje de incapacidad permanente que le dé derecho a una pensión total o parcial de la Ley Nº16.744. A partir de la fecha de cese debe iniciarse el pago de la pensión. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Administrativo, las pensiones de la ley 16744 deben constituirse, una vez cesada su calidad como funcionario público.