nombre reservado con SERVICIO DE SALUD OSORNO

Valdivia, nueve de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°66-2021, comparece don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio de Salud de Osorno, representado por don nombre reservado, cuya profesión u oficio expresó ignorar, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario del recurrido, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 371, de 20 de enero de 2021, que rechazó los recursos deducidos en contra de la resolución que le aplicó la sanción de censura, atenta contra sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Funda su recurso en que mediante Resolución Exenta N° 105.429, de 25 de septiembre de 2019, se inició sumario administrativo con el objeto de investigar su responsabilidad en los supuestos hechos de hostigamientos que se produjeron en una reunión gremial de la asociación de funcionarios de la salud, Fenats Unitaria Hospital Purranque, de la que es tesorero. Agrega que el 16 de septiembre de 2020, fue notificado de la formulación de cargos, los que fueron contestados y, posteriormente, en la parte considerativa de la vista fiscal se estimó que no se configuraron faltas imputables; pero se propuso sanción bajo la estimación que los hechos eran constitutivos de falta administrativa al atentar contra la dignidad de los demás funcionarios. Indica que la resolución recurrida afirma que si bien no se logra configurar acoso laboral, lo cierto es que sí se acredita responsabilidad administrativa, pues los hechos son atentatorios contra la dignidad de los demás funcionarios.

Señala que los ilícitos laborales deben interpretarse restrictivamente y sólo se sancionan en la medida que se respete el principio de tipicidad. Añade que tratándose del acoso laboral el Estatuto Administrativo se remite al artículo 2 del Código del Trabajo, por lo que la resolución recurrida justifica de forma ilegal una conducta que no se dio por establecida, precisamente, porque se descartó la existencia de acoso laboral.

Expone que fue sancionado por conductas desplegadas en su calidad de dirigente gremial y se estableció su responsabilidad administrativa acudiendo al artículo 61 letra c) de la Ley N° 18.834, que se refiere a la obligación de realizar eficientemente sus funciones administrativas, por lo que resulta erróneo ampliar su aplicación a la Ley de Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, que como ley especial prima por sobre la reglamentación general. Refiere que los hechos investigados y sancionados con censura se generaron en el contexto de una asamblea gremial, por lo que el eventual exceso de atribuciones en su calidad de dirigente, que podrían dar origen a responsabilidad gremial, debe conducirse a través de la Ley N° 19.296 y no por la vía de un sumario administrativo, que sólo es útil para establecer responsabilidad administrativa. Manifiesta que la autoridad de ese orden no puede fiscalizar ni sancionar la actividad sindical, que se encuentra protegida por la Carta Fundamental, así como por normas internacionales y de derecho interno.

Arguye que el actuar ilegal y arbitrario descrito atenta contra la igualdad ante la ley, pues la autoridad administrativa se inmiscuye en situaciones internas de una asociación de funcionarios y genera una discriminación arbitraria, al tiempo que lo priva de su derecho de propiedad sobre el cargo de dirigente gremial.

En definitiva, solicita se deje sin efecto la resolución que dejó firme la sanción de censura, con costas.

Informando el recurso, Gonzalo Arroyo Curutchet, abogado, en representación convencional del Servicio de Salud Osorno, expone que no existe contradicción en el análisis de los antecedentes ni se ha transgredido el principio de tipicidad, pues si bien no se logró configurar acoso laboral, lo cierto es que el Director estimó que sí se acreditó que los hechos son constitutivos de infracción a los deberes funcionarios y, por ende, son constitutivos de responsabilidad administrativa, al atentar contra la dignidad de los demás funcionarios.

Manifiesta que el recurrido actuó dentro de la legalidad vigente, al establecer la responsabilidad administrativa del recurrente y aplicar una medida disciplinaria, previo sumario administrativo, no siendo óbice para ello que el actor sea dirigente gremial. Añade que se cumplieron las exigencias de racionalidad y justicia previstas en los artículos 19 N° 3 de la Constitución Política de la República y 15 de la Ley N° 18.575. Describe los antecedentes tenidos a la vista para acreditar la ocurrencia de los hechos investigados y la participación culpable del actor, concluyendo que existen elementos que permiten configurar un comportamiento funcionario reprochable e imputable del recurrente.

Aduce que se garantizó el debido proceso en todas las etapas del sumarial, lo que descarta la ilegalidad y arbitrariedad alegada, habida cuenta que todas las resoluciones adoptadas se encuentran debidamente motivadas. Añade que el sumario administrativo no se encuentra afinado, ya que se mantiene pendiente del trámite de registro en la Contraloría Regional de Los Lagos, por lo que aún no produce efectos jurídicos y, por ende, no ha podido vulnerar las garantías que se dicen conculcadas.

Niega la afectación de la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, atendido que la pertenencia de un funcionario a una organización gremial regulada en la Ley N° 19.296 o el goce del fuero gremial, no limitan la posibilidad de perseguir su responsabilidad administrativa mediante el correspondiente sumario, tal como lo ha sostenido la Contraloría General de la República.

Pide el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla.

Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de toda Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el Constituyente establece.

SEGUNDO: Que, despejando el asunto promovido, cabe patentizar que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha consiste en que el Director del Servicio de Salud de Osorno dictó la Resolución Exenta N° 371, el 20 de enero de 2021, que rechazó los recursos de reposición y apelación deducidos por el recurrente en contra de la Resolución Exenta N° 13.836, de 23 de diciembre de 2020, y aplicó a don nombre reservado, auxiliar dependiente del Hospital de Purranque, la medida disciplinaria de censura, según lo dispuesto en los artículos 121 letra a) y 122 de la Ley N° 18.834.

El objeto del presente recurso es que se deje “…sin efecto la resolución recurrida”.

TERCERO: Que, para una adecuada resolución de la controversia, debe tenerse presente que en el sumario administrativo se formularon cargos al recurrente por los siguientes hechos:

a) “Con fecha 08 de julio de 2019 y en contexto de reunión de la misma fecha en el Hospital de Purranque, desarrolló conductas, palabras, gestos y actos de carácter abusivo contra el demandante señor nombre reservado.I: RUT reservado, según refiere en su declración “ataques violentos, gritos e insultos: “Eres un concha de su madre, un ahuevonado, que le iba a pegar”. En la misma reunión increpa a la directora solicitando mi desvinculación.” Según consta en fojas 16 de la declaración del don nombre reservado”. (sic)

b) “Cuando recibió el sumario: le dijo “Te pasaste, con esto te pasaste”. Y luego se acrecó a una funcionaria, refiriéndose al tema e indicándole ahora van a conocer a un nombre reservado malo, tal como consta en declaración de don nombre reservado de fojas 16”. (sic)

c) “Refiere con terceros en Febrero 2017, refiriéndose al Señor nombre reservado, “no debería estar trabajando, llego como reemplazo,”, tal como consta en declaración del Señor nombre reservado de fojas 16”. (sic)

La Fiscal estimó que los hechos descritos “…pueden ser constitutivos de una falta administrativa en cuanto configuran actos atentatorios a la dignidad de los/las demás funcionarios/as, y en este caso específico al funcionario denunciante…” e infringen lo dispuesto en los artículos 61 letras c) y g), 84 letra m) de la Ley N° 18.834, artículo 52 de la Ley N° 18.575, artículo 160 letra f) del Código del Trabajo, y al instructivo presidencial código de buenas prácticas laborales.

CUARTO: Que, por su parte, en la vista fiscal se dejó asentado que “…no es efectivo que las agresiones sean solo en reuniones gremiales…”, para luego estimar “…acreditada la ocurrencia de los hechos investigados y la participación culpable en ellos, que motivaron el cargo…”, concluyendo que “…concurren elementos que permiten configurar un comportamiento funcionario reprochable y que es imputable a don nombre reservado”.

Por lo anterior, la Fiscal aconsejó la aplicación de la medida disciplinaria de censura contenida en el artículo 121 letra a) y artículo 122 de la Ley N° 18.834, “…por haber infringido lo dispuesto en la letra b), c) y g) del artículo 61 sobre obligaciones funcionarias…”.

QUINTO: Que, como consecuencia de lo descrito, por Resolución Exenta N° 13.836, de 23 de diciembre de 2020, el Director del Servicio de Salud Osorno estimó que “…atendido el mérito del expediente es efectivo que las agresiones verbales no solo se dan en reuniones gremiales (...) sino que también en otras circunstancias no gremiales (…) concurriendo entonces los elementos que permiten configurar un comportamiento funcionario reprochable e imputable”. A reglón seguido, descarta las alegaciones del actor respecto a la imposibilidad que los hechos investigados puedan ser objeto de reproche administrativo y, en definitiva, resuelve aplicar al recurrente la medida disciplinaria de censura.

SEXTO: Que, tal como quedó adelantado, la resolución que se reprocha por esta vía rechaza los recursos de reposición y apelación deducidos por el actor en contra de la aludida en el considerando precedente, descartando sus alegaciones de afectación de libertad sindical y debido proceso, así como infracción de ley y apreciación de la prueba, según consta en las motivaciones 2°, 3° y 4°.

Finalmente, el Director del Servicio de Salud reitera que los hechos acreditados son generadores de responsabilidad administrativa al ser atentatorios contra la dignidad de los demás funcionarios.

SÉPTIMO: Que, en consonancia con lo expuesto y a partir del examen de los documentos aparejados a los autos, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es dable advertir que mediante el procedimiento sumarial desarrollado se comprobaron de manera fehaciente las infracciones en que incurrió el recurrente en el desarrollo de sus funciones –descartando de paso que los hechos se hubieran verificado sólo en contexto de una reunión gremial-, por lo que la decisión de la autoridad que dispuso la aplicación de una medida disciplinaria aparece fundada en los antecedentes que constan en el proceso administrativo y de conformidad a las normas sustantivas que reglan la materia.

De este modo, se descarta la ilegalidad y arbitrariedad alegada, puesto que la decisión impugnada se encuentra dictada obedeciendo a cánones de racionalidad y proporcionalidad, debidamente fundada y enmarcada dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

OCTAVO: Que, asimismo, el sumario administrativo que sirvió de base para el pronunciamiento reprochado ha sido tramitado con observancia de las normas de procedimiento correspondientes y con pleno respeto a las garantías del debido proceso, como evidencia de uno racional y justo, sustanciado por autoridad competente y en el ejercicio de sus facultades legales.

En efecto, la autoridad administrativa aplicó una medida disciplinaria al recurrente en un caso previsto por la ley y, frente a la sanción, el funcionario ejerció todos los recursos que prevé el ordenamiento jurídico del ramo, tendientes a revertir tal decisión.

Lo que en realidad aparece es que el actor pretende que por esta vía se revise la integridad del sumario administrativo a que estuvo sujeto, pese a encontrarse debidamente tramitado e inclusive aun no afinado – adoleciendo del registro en la Contraloría -, lo que se aparta de los caracteres urgente, cautelar y no declarativo del recurso de protección, al no constituir una nueva instancia de debate de fondo acerca de su mérito, según se ha resuelto reiteradamente por la jurisprudencia.

NOVENO: Que, como colofón de los razonamientos desarrollados, según se anotó, no ha existido acto ilegal o arbitrario que permita acceder a la cautela solicitada, faltando una de las premisas elementales para hacer susceptible de acogimiento el arbitrio intentado, sin que se juzgue, por ende, necesario emitir un pronunciamiento especial acerca del modo de afectación de los derechos supuestamente conculcados, por tratarse de exigencias copulativas.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción interpuesta por don nombre reservado, en contra de la Servicio de Salud de Osorno.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

Rol 66 – 2021 PRO.