nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

C.A. de Valdivia Valdivia, catorce de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS, TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

1) Comparece don Francisco Andrés Peña Salas, abogado, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, abogada, quien se desempeña como funcionaria del Juzgado de Familia de Osorno, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, RUT RUT reservado, representada legalmente por su Directora Interina, por los actos y omisiones que estima ilegales y arbitrarios que a continuación se reseñan, y que estima vulneratorios de las garantías de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó a prestar servicios en el Poder Judicial en septiembre de 2021 y que durante el año 2025 se desempeñó en el Juzgado de Familia de Osorno como Administrativo Tercero a contrata transitoria, grado XV de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados. Expone que con fecha 20 de octubre de 2025 informó oportunamente a la administración del tribunal su estado de embarazo, y que el 4 de diciembre de 2025 completó y remitió el formulario de solicitud de reconocimiento de fuero maternal, acompañando el certificado médico respectivo.

Agrega que, mediante Oficio 6RH N°7179, de 22 de diciembre de 2025, la Directora Interina de la recurrida informó que, mientras se mantuviera el proyecto de apoyo para los juzgados con competencia en familia, debía mantenerse contratada a la funcionaria durante el período de duración del fuero, y que sólo para el evento de terminar dicho proyecto se autorizaba un cargo a contrata de Administrativo Tercero, grado XV; comunicación que, señala, nunca le fue notificada.

Sostiene que, no obstante lo anterior, entre el 2 de enero y el 30 de mayo de 2026 fue mantenida mediante suplencias sucesivas como Administrativo Primero, grado XIII, percibiendo las remuneraciones correspondientes a dicho grado; y que, mediante Resolución Exenta N°314-2026, de 8 de mayo de 2026 —que tampoco le habría sido notificada formalmente—, se dispuso su contrata transitoria como Administrativo Tercero, grado XV, a contar del 31 de mayo de 2026, lo que en los hechos importó una rebaja de grado y una disminución remuneracional aproximada de $300.000 mensuales respecto de la situación efectivamente servida durante los cinco meses precedentes.

Señala que el propio formulario de reconocimiento de fuero maternal dispone que la contrata transitoria se autorice “en grado equivalente a los últimos nombramientos”, de manera que la asignación de un grado XV resultaría discordante con dicha regla institucional y con la realidad funcionaria consolidada. Añade que debió soportar retrasos y desfases en el pago de sus remuneraciones, permaneciendo, según indica, sin percibirlas entre el 19 de diciembre de 2025 y el 20 de febrero de 2026, y que no percibió remuneración por el día 1 de enero de 2026.

Estima vulneradas las garantías de los numerales 1 (integridad física y psíquica), 2 (igualdad ante la ley) y 24 (propiedad) del artículo 19 de la Constitución, invocando además los artículos 194 y 201 del Código del Trabajo y las directrices institucionales de protección de la maternidad del Poder Judicial.

Solicita, en definitiva, se acoja la acción y se disponga dejar sin efecto o suspender la Resolución Exenta N°314-2026 en cuanto la encasilla en grado XV; mantenerla durante el fuero maternal en un grado equivalente a sus últimos nombramientos efectivamente servidos, esto es, grado XIII; regularizar su situación funcionaria mediante contrata transitoria sin solución de continuidad; y ordenar el pago de las diferencias remuneracionales, previsionales y de salud, con costas. En los otrosíes solicitó vista preferente y orden de no innovar.

2) Comparece don Cristian Andrés Castillo García, abogado, en representación de la recurrida Corporación Administrativa del Poder Judicial, evacuando el informe y solicitando el rechazo del recurso.

Expone que, conforme al Título XIV del Código Orgánico de Tribunales (artículos 506 y siguientes), la Corporación es un órgano interno del Poder Judicial de funciones meramente técnicas y administrativas, a cargo de la administración de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, sin que se encuentre entre sus atribuciones la de efectuar los nombramientos de los funcionarios judiciales, los que corresponden al Presidente de la respectiva Corte de Apelaciones. Precisa que su intervención se limita a preparar materialmente las resoluciones de nombramiento sobre la base de los antecedentes remitidos por los tribunales, careciendo de facultades para decidir el funcionario, cargo, grado o calidad jurídica en que ello se efectúe.

Indica que la situación de las funcionarias embarazadas designadas en cargos a contrata se rige por el criterio institucional fijado por el Consejo Superior de la Corporación en sesiones de 14 y 28 de enero de 2008, consistente en mantener la contrata que se encontraban sirviendo al obtener el fuero. En aplicación de dicho criterio, mediante Oficio 6RH N°7179 se dispuso mantener a la recurrente en la contrata del proyecto de apoyo para juzgados con competencia en familia mientras éste subsistiera, autorizándose sólo para el caso de su término una contrata transitoria de Administrativo Tercero, grado XV; agrega que autorizó oportunamente los fondos para prorrogar durante 2026 las cuatro contratas del proyecto (Oficio 17DDI N°6706, de 2 de diciembre de 2025).

Sostiene que fue el propio Juzgado de Familia de Osorno —y no la Corporación— el que, apartándose de dichas instrucciones, no incluyó a la recurrente entre las cuatro contratas del proyecto para 2026 y optó por designarla en suplencias como Administrativo Primero, grado XIII (Oficio N°022-2026, de 26 de febrero de 2026); que la Corporación reiteró su criterio mediante Oficio 6RH N°2042, de 8 de abril de 2026; y que, para regularizar la situación, autorizó excepcionalmente una contrata transitoria como Administrativo Tercero, grado XV, mediante Oficio 6RH N°2833, de 4 de mayo de 2026, la que fue formalizada por la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia a través de la Resolución Exenta N°314-2026.

En cuanto al desfase en el pago de remuneraciones, aduce que obedece al régimen de pago por mes vencido aplicable a los suplentes externos —que requiere certificación de desempeño al término de cada mes—, regulado en la Circular 6RH N°70, de 26 de abril de 2018, y que la fecha de inicio del nombramiento (2 de enero de 2026) fue determinada por el propio tribunal, no por la Corporación.

Concluye que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que le sea imputable; que nunca autorizó ni instruyó nombrar a la recurrente como Administrativo Primero, grado XIII, ni mantenerla en dicho grado durante el fuero; que el haber servido temporalmente una suplencia no confiere un derecho adquirido a ese cargo o grado, ni el reconocimiento del fuero transforma la suplencia en contrata; y que no se configura vulneración de las garantías de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución, careciendo la recurrente, además, de un derecho indubitado.

3) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Constituye presupuesto indispensable de esta acción la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho—, la afectación de alguna de las garantías amparadas por el citado artículo 20, la titularidad por el recurrente de un derecho indubitado y preexistente, y que la acción se dirija en contra del sujeto a quien la conducta reprochada sea jurídicamente imputable, esto es, contra quien posea legitimación pasiva.

4) Que, para el adecuado examen del reproche, resulta necesario precisar el ámbito de la protección que confiere el fuero maternal. Los artículos 194 y 201 del Código del Trabajo —aplicables a los servicios de la administración pública y reconocidos como tales por la propia normativa institucional del Poder Judicial— consagran una garantía de conservación del empleo durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, cuyo objeto es asegurar a la mujer la permanencia de su fuente laboral y la continuidad de los ingresos asociados a la situación funcionaria de que era titular al momento de configurarse dicha protección. Se trata, entonces, de una garantía de estabilidad —de conservación de aquello que se tiene—, y no de un título que habilite para mejorar el cargo, el grado o la calidad jurídica del nombramiento, ni para consolidar situaciones transitorias que, por su propia naturaleza, estaban llamadas a extinguirse.

5) Que, aplicado dicho criterio a los antecedentes de la causa, aparece que al tiempo de comunicar su estado de embarazo —20 de octubre de 2025— y al de presentar su solicitud de reconocimiento de fuero maternal —4 de diciembre de 2025—, la recurrente servía el cargo de Administrativo Tercero a contrata transitoria del Juzgado de Familia de Osorno, grado XV, según ella misma consignó en el formulario respectivo al individualizar su “cargo actual” y conforme da cuenta el certificado de servicios acompañado. Ese es, precisamente, el mismo cargo y el mismo grado en que hoy se encuentra designada en virtud de la Resolución Exenta N°314-2026, esto es, Administrativo Tercero a contrata, grado XV, a contar del 31 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

De este modo, lejos de configurarse la rebaja que se denuncia, la situación funcionaria que la recurrente mantiene durante su fuero maternal es idéntica a aquella de la que era titular cuando dicha protección se hizo valer, sin que se advierta menoscabo alguno respecto de la posición que ocupaba al momento de comunicar su embarazo, ni respecto de aquella cuya conservación el fuero está llamado a garantizar.

6) Que lo que en definitiva se pretende por esta vía, atendido el petitorio del recurso, no es, pues, la conservación de la situación amparada por el fuero, sino la mantención de una situación diversa y posterior a él: la de las suplencias como Administrativo Primero, grado XIII, servidas entre el 2 de enero y el 30 de mayo de 2026. Tales designaciones son, por definición, esencialmente transitorias y de corta duración, desde que se confieren para suplir la ausencia del titular del empleo y se extinguen por el solo cumplimiento de su plazo o por el reintegro de aquél, según da cuenta la Resolución Exenta N°53-2026, que designó a la recurrente “mientras dure la ausencia del titular” y por un plazo que no podía exceder del 2 de marzo de 2026.

El término de una suplencia y el consiguiente retorno de la funcionaria al cargo y grado propios de su nombramiento no constituye, por sí solo, un acto de rebaja ni una decisión desfavorable adoptada en su contra, sino el efecto natural de la naturaleza transitoria de aquélla. Tanto es así que idéntica situación podría verificarse respecto de una funcionaria titular que, sirviendo transitoriamente una suplencia en un grado superior, retorna a su propio grado una vez expirada ésta, sin que por ello pudiera sostenerse que ha sido objeto de una rebaja.

7) Que, en el mismo orden de ideas, la pretensión de la recurrente se aparta de aquello que disponen los propios instrumentos que invoca. El formulario de solicitud de reconocimiento de fuero maternal prevé que la Corporación evalúe la autorización de una contrata transitoria “en grado equivalente a los últimos nombramientos”, referencia que ha de entenderse fijada al tiempo de la solicitud —4 de diciembre de 2025—, oportunidad en la que el nombramiento de la recurrente era, precisamente, la contrata transitoria de Administrativo Tercero, grado XV. Congruente con ello, los Oficios 6RH N°7179, de 22 de diciembre de 2025, y N°2833, de 4 de mayo de 2026, determinaron uniformemente ese mismo grado. Las suplencias en grado XIII sobrevinieron con posterioridad a dicha solicitud y no fueron autorizadas para servir la contrata derivada del fuero.

De suerte que lo pedido —que se la asimile al grado de una de las suplencias posteriormente conferidas— no se corresponde con lo que establecen los referidos instrumentos, sino que supone, en rigor, transformar una suplencia temporal en una contrata y consolidar un grado esencialmente transitorio, efectos que el reconocimiento del fuero maternal no produce.

8) Que a lo razonado se agrega que las decisiones de las que arranca el reproche no provienen de la conducta de la recurrida. En efecto, la designación de la recurrente mediante suplencias sucesivas, en lugar de mantenerla en la contrata del proyecto de apoyo, fue adoptada por el Juzgado de Familia de Osorno, que no la incluyó entre las cuatro contratas del proyecto para el año 2026; y la Resolución Exenta N°314-2026 fue dictada por la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, a quien corresponde el nombramiento, y no por la Corporación Administrativa.

Lejos de un actuar caprichoso, la recurrida mantuvo un criterio uniforme desde su primer pronunciamiento —Oficio 6RH N°7179—, lo reiteró al advertir la desviación producida —Oficio 6RH N°2042, de 8 de abril de 2026— y, en definitiva, autorizó de manera excepcional los recursos para una contrata transitoria que asegurara a la recurrente cobertura durante la vigencia de su fuero —Oficio 6RH N°2833—, todo ello con arreglo al acuerdo del Consejo Superior de la Corporación de 14 y 28 de enero de 2008, aplicado a casos semejantes. Antes que arbitrariedad, tal proceder revela el propósito de resguardar la continuidad funcionaria de la recurrente.

9) Que, en cuanto a los desfases en el pago de remuneraciones, ellos obedecen al régimen de pago por mes vencido aplicable a los suplentes externos —que exige certificación de desempeño al término de cada mes—, regulado en la Circular 6RH N°70, de 26 de abril de 2018, mientras que la fecha de inicio del nombramiento a contar del 2 de enero de 2026 fue determinada por el propio Juzgado de Familia de Osorno; de suerte que tampoco desde esta perspectiva se configura un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la Corporación Administrativa.

10) Que, en tales condiciones, no resultan conculcadas las garantías invocadas. No se divisa afectación de la del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, desde que las remuneraciones futuras asociadas a un cargo servido transitoriamente en calidad de suplente no se incorporan al patrimonio del funcionario ni generan un derecho a exigir nombramientos posteriores en el mismo cargo o grado. Tampoco se configura la del artículo 19 N°2, pues a la recurrente se le aplicó el mismo criterio institucional previsto para las funcionarias en situación semejante, reconociéndosele el fuero y asegurándosele una contrata durante su vigencia. Y no se acredita una afectación concreta y objetiva de la integridad psíquica amparada por el artículo 19 N°1 que resulte imputable a la recurrida, sin perjuicio de las molestias que las demoras administrativas hayan podido ocasionar. A ello se une que la recurrente carece de un derecho indubitado a servir durante el fuero un grado distinto de aquel que le correspondía al momento de configurarse la protección, presupuesto sin el cual esta acción cautelar no puede prosperar.

11) Que, conforme a lo razonado, no concurriendo en la especie un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la recurrida que vulnere, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección-645-2026