nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Valdivia Valdivia, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1) Compareció don nombre reservado, ingeniero civil mecánico, e interpuso acción constitucional de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Tesorero Regional de Valdivia, don nombre reservado, por la retención y posterior compensación de la devolución de impuestos correspondiente al Año Tributario 2026. Expone que el 6 de abril de 2026 presentó su declaración anual de impuesto a la renta, que arrojó un saldo a su favor de $1.905.169, devolución que el Servicio de Impuestos Internos autorizó el 21 de abril de 2026. Señala que el 27 de abril de 2026 tomó conocimiento, a través del "Certificado de Movimiento de Deudas Fiscales", de que la recurrida aplicó el 23 de abril de 2026 una retención total de $1.928.031 bajo el concepto "Declaración y Pago Simultáneo Formulario 31", registrando una causa de naturaleza "LABORAL" supuestamente oficiada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, con el Banco Itaú Chile como institución demandante, practicándose la compensación el 29 de abril de 2026. Afirma no haber sido notificado ni emplazado de demanda alguna en su contra, por lo que estima que no existe resolución judicial que autorice a la recurrida a retener sus fondos; que ésta carece de facultades autónomas para ordenar embargos o retenciones en favor de terceros privados, conforme al artículo 10 del D.F.L. N°1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, infringiendo los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República; y que la contradicción interna del certificado evidencia una retención automatizada, sin análisis jurídico, lo que califica de ilegal y arbitrario, con vulneración de las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se deje sin efecto la retención y compensación practicada sobre su devolución de impuestos del Año Tributario 2026 y se ordene a la recurrida el giro, pago y entrega de la suma de $1.905.169, o la cantidad mayor que corresponda reajustada, con costas.

2) Informó don Julio Covarrubias Vásquez, abogado, en representación de la Tesorería General de la República, y solicitó el rechazo de la acción constitucional. Reconoce que la declaración de renta del recurrente arrojó un remanente a su favor de $1.928.031, cuya devolución no se verificó, pues en la causa Rol C-1038-2026 del Primer Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Banco Itaú Chile S.A. con nombre reservado", por resolución de 3 de febrero de 2026 se despachó mandamiento de ejecución y embargo, ordenándose notificar y requerir de pago al ejecutado por exhorto. Agrega que mediante exhorto N°E-433-2026 del Segundo Juzgado de Letras de Los Ángeles, el 16 de febrero de 2026 se notificó al recurrente conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la Ley N°21.394, y que luego se le requirió de pago en rebeldía. Indica que, posteriormente, por intermedio de receptor judicial se notificó a Tesorería el embargo por la suma de $7.671.036, más intereses y costas, reteniendo el Servicio la suma de $1.928.031, de modo que su actuación se fundó en una resolución judicial y se limitó a cumplir lo ordenado por el tribunal, careciendo el acto impugnado de imputabilidad a su respecto, con la consecuente falta de legitimación pasiva. Sostiene, finalmente, que no se vulneró la igualdad ante la ley, pues se dio al recurrente el mismo trato que a toda persona afectada por embargos o retenciones judiciales que Tesorería está obligada a cumplir conforme al artículo 76 de la Constitución, y que tampoco se afectó el derecho de propiedad, por cuanto la devolución de impuestos es un derecho eventual, condicionado a que no exista una causa legal de retención.

3) De lo expuesto por las partes, se obtiene que la actuación que la parte recurrente estima ilegal y arbitraria es la retención, practicada el 23 de abril de 2026, y la posterior compensación, de 29 de abril de 2026, de los fondos correspondientes a su devolución de impuesto a la renta del Año Tributario 2026, sin que -a juicio del recurrente- conste resolución judicial que la ordene y que le haya sido comunicada.

4) Referido lo anterior, y en base al informe y a los antecedentes acompañados por la recurrida, es posible constatar que la retención de los dineros tiene fundamento en lo obrado en la causa Rol C-1038-2026 del Primer Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Banco Itaú Chile S.A. con nombre reservado", juicio ejecutivo en el que, por resolución de 3 de febrero de 2026, se despachó mandamiento de ejecución y embargo en contra del recurrente por la suma de $7.671.036, más intereses y costas. Consta, asimismo, que el ejecutado fue notificado de la demanda el 16 de febrero de 2026, en la forma del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la Ley N°21.394, mediante exhorto E-433-2026 tramitado ante el Segundo Juzgado de Letras de Los Ángeles, y que el 17 de febrero de 2026 fue requerido de pago en su rebeldía, haciéndosele saber el plazo legal para oponer excepciones. Finalmente, consta el acta de 25 de marzo de 2026, por la cual el receptor judicial, a petición de la parte ejecutante y en conformidad a los artículos 447, 449 N°1 y 456 del Código de Procedimiento Civil, trabó embargo sobre los dineros correspondientes a la devolución de impuestos, total o parcial, del ejercicio comercial 2025, Año Tributario 2026, del ejecutado, hasta por la suma de $7.671.036, más intereses y costas, embargo que fue notificado personalmente al señor Tesorero General de la República, quedando los dineros en su poder en calidad de depositario provisional y a disposición del tribunal de la ejecución.

5) De lo expuesto, consta la orden judicial de embargo, dictada y materializada en un procedimiento ejecutivo seguido en contra del recurrente -del que fue legalmente notificado y requerido de pago-, que antecedió al obrar de la Tesorería General de la República, la cual descarta la arbitrariedad de su actuación, entendiendo tal concepto como el acto meramente antojadizo o caprichoso de quien lo efectúa, así como su ilegalidad, pues la recurrida se encuentra en el deber de cumplir las resoluciones judiciales que le son notificadas, conforme al artículo 76 de la Constitución Política de la República, sin que le sea lícito calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad. La circunstancia de que el "Certificado de Movimiento de Deudas Fiscales" registre la causa bajo una glosa de naturaleza "LABORAL" constituye un error de registro que no altera la existencia y validez del fundamento judicial del acto, siendo además pertinente considerar que la devolución de impuestos constituye un derecho condicionado, que sólo se hace efectivo en la medida que se cumplan los presupuestos legales de procedencia, entre ellos, que no exista una causa legal de retención.

6) En síntesis, no existiendo vulneración de los derechos constitucionales invocados, por no concurrir actuación arbitraria o ilegal de parte de la entidad recurrida, sólo cabe el rechazo de la presente acción, sin perjuicio de los derechos que el recurrente pueda hacer valer ante el tribunal de la ejecución, sede en la que corresponde ventilar sus alegaciones relativas al emplazamiento y a la procedencia del embargo.

Por lo expuesto y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-636-2026.