Protección contra plataforma o sitio web denominado “COBRANZAONLINE”

C.A. de Valdivia Valdivia, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos:

Comparece don Hector Campos Maldonado, abogado, en representación convencional de sociedad nombre reservado y Casas Ltda., representada por su Gerente don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la plataforma o sitio web denominado “COBRANZAONLINE”, administrada por la sociedad Foxtrot Innovaciones SpA, representada por don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 3 y 4 de la Carta Fundamental.

Expone que la sociedad recurrente ejerce actividades agrícolas en diversos previos, especialmente ubicados en Frutillar, ocurriendo que el 24 de octubre de 2022 recibió un correo electrónico emanado de la recurrida informando que mantiene una deuda con un prestador de servicios e invitando a regularizar la situación dentro de 24 horas, bajo la posibilidad de iniciar una cobranza judicial o publicar la morosidad. Agrega que en el mismo documento se detalla una supuesta deuda de la factura N° 1817, por la suma de $13.118.030 de fecha 25 de septiembre de 2020 emanada de Servicios Agromalleco SpA. Indica que al día siguiente recibió otro correo electrónico informando que la deuda fue reportada a “DataPyme.com” y que dentro de 48 horas sería ingresado en el “Sistema Nacional de Comunicación Financiera”. Refiere que otro tanto se hizo el día 26 de octubre de 2022, en dos oportunidades.

Señala que la recurrida pretende el cobro extrajudicial de un documento que se encuentra prescrito conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 19.983, por lo que cualquier respuesta que ejerza la recurrente supondría una renuncia tácita de la misma. Aduce que la recurrida pretende ejercer una función jurisdiccional al cobrar extrajudicialmente una presunta deuda cuya acción está prescrita, impidiendo a la sociedad recurrente ejercer su derecho a defensa.

Expresa que la cobranza judicial se encuentra reglada en la Ley N° 19.496, en términos que aquella debe ejercerse sin arbitrariedad, estimando que el presente caso de incurre en un acoso al enviar insistentes correos electrónicos de cobranza. Cita jurisprudencia en apoyo a sus asertos.

Arguye que el actuar descrito es ilegal y arbitrario, al tratarse de un hostigamiento carente de razón y desproporcionado, lo que vulnera el debido proceso, así como la fama o prestigio comercial de la empresa.

En definitiva, solicita se acoja el recurso y se ordene al recurrido cesar en las conductas que motivaron el presente recurso, así como abstenerse, en lo sucesivo, de incurrir en aquellas, con costas Informando el recurso, don nombre reservado, en representación de Foxtrot Innovaciones SpA, expone que la sociedad recurrida es propietaria y administradora de la plataforma de gestión de cobranza extrajudicial denominada CobranzaOnline, que tiene por objeto democratizar el acceso de servicios de cobranza, que cumple tres grandes propósitos que describe en su presentación. Añade que la tecnológica que se ha desarrollado por la empresa tiene por objeto evitar cobranzas molestas, cumpliendo con los requisitos de la Ley N° 19.496.

Describe la forma en que se contratan los servicios para la gestión de cobro de deudas morosas, afirmando que el cliente se hace responsable de la veracidad de la deuda, así como los documentos que la acreditan.

Afirma que CobranzaOnline no publica deudores en nombre propio, sino que actúa como un intermediario entre el solicitante registrado en la plataforma y la empresa dedicada al tratamiento de datos. Agrega que lo expuesto, es sin perjuicio del “Portal Deudores de CobranzaOnline” denominado “DataPymes”, que consiste en una base de datos privada de libre acceso público, donde se informan las deudas contenidas en los mismos documentos señalados, lo que también se hace por cuenta y riesgo del usuario.

Manifiesta que el 10 de octubre de 2022 se registró en la plataforma Servicios Agromalleco SpA ingresando en calidad de acreedor la factura N° 1817 emitida el 25 de septiembre de 2020 por la suma de $53.550.0000 registrando una deuda contra la sociedad recurrente por la suma de $13.118.030. Agrega que, posteriormente, se generó el cobro con fecha 18 de octubre del año en curso, sin que el recurrente efectuara algún reclamo.

Aduce que las alegaciones relacionadas con la prescripción ejecutiva resultan ajenas a los requisitos que sustentan una publicación comercial, pues el plazo máximo para mantener publicados documentos morosos dice relación con la prescripción ordinaria. Añade que la responsabilidad de la recurrida está limitada a verificar que las facturas hayan sido emitidas a crédito y no se encuentren rechazadas dentro del plazo legal, lo que descarta que se comporte como una comisión especial.

Manifiesta que en el presente caso la factura cumple con los requisitos para ser informada, ya que fue emitida a crédito y no fue rechazada ni objetada a través de la plataforma que el Servicio de Impuestos Internos ha dispuesto al efecto.

Niega la existencia de un actuar ilegal y/o arbitrario, así como las garantías que se dicen conculcadas, desde que ha publicado por cargo y cuenta de un tercero, un documento que puede ser informado en el sistema comercial y financiero, habida consideración que al ser un mandatario la presente acción debió dirigirse en contra del emisor y cobrador de los documentos.

Pide el rechazo del recurso de protección, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía consiste en que la recurrida ha remitido cuatro correos electrónicos informando a la Sociedad nombre reservado y Casas Ltda. que mantiene una deuda con un prestador de servicios e invitando a regularizar la situación, bajo la posibilidad de iniciar una cobranza judicial o publicar la morosidad, en circunstancias que se encontraría prescrita la acción para perseguir el pago de la supuesta deuda por la suma de $13.118.030, contenida en la factura N° 1817, de 25 de septiembre de 2020 emitida por Servicios Agromalleco SpA.

El objeto del presente recurso es que “…cese del envío de cartas de cobranza, o cualquier otra forma de comunicación por parte de la Plataforma o Sitio Web denominado “CobranzaOnline”, o por cualquier tercero a su nombre, a fin de realizar cobros extrajudiciales, que se refieran a la empresa Servicios Agromalleco SpA (…) Que la recurrida se abstenga de ejecutar por sí o por cualquiera a su nombre gestiones de cobranza extrajudicial de la supuesta deuda morosa mantenida por la sociedad nombre reservado y Casas Limitada…”.

TERCERO: Que, como una cuestión previa al análisis sobre el fondo, resulta útil consignar que el recurrente no ha acreditado que la deuda que alude esté pagada, condonada o extinguida por los otros modos de extinción de las obligaciones que contempla la ley, no siendo esta sede la idónea para determinar la prescripción de la acción que invoca la sociedad recurrente, pues aquello es de naturaleza eminentemente civil y propio de aquella judicatura.

CUARTO: Que, despejado lo anterior, cabe dejar asentado que al alegar en estrados el apoderado de la recurrente manifestó que el actuar de la recurrida no es ilegal, sino solo arbitrario.

La consecuencia de aquello, es que el análisis queda circunscrito exclusivamente a la razonabilidad de las comunicaciones dirigidas a la sociedad recurrente.

QUINTO: Que, en la especie, se informa la existencia de una eventual deuda por una factura impaga y se señala la posibilidad de ejercer un derecho en sede judicial, o bien, publicar tal deuda. Ninguno de estos extremos resulta -por sí mismo- contrario al ordenamiento jurídico, ni obedece al mero capricho de la recurrida.

Por lo demás, tampoco es posible considerar que tal actuar constituya un hostigamiento, tanto por los términos, como porque se trata de cuatro correos electrónicos.

SEXTO: Que, por otro lado, la cobranza extrajudicial puede ocasionar una evidente incomodidad en el destinatario de la misma, empero, en este caso concreto ello no revisten un umbral, trascendencia o gravedad para considerarla como atentatoria de los derechos fundamentales de la sociedad actora y que ameriten adoptar alguna medida en esta sede cautelar, máxime si se considera que en las relaciones contractuales está implícita la posibilidad que el acreedor realice gestiones de cobro extrajudicial y/o que ejercite acciones legales.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, falta uno de los requisitos básicos para la procedencia de esta acción constitucional, atendido que no se acreditó la existencia de una acción u omisión, ilegal y/o arbitraria, lo que conduce al rechazo del presente recurso.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por Sociedad nombre reservado y Casas Ltda., en contra de la Sociedad Foxtrot Innovaciones SpA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Luis Galdames Bühler.

N°Protección-6227-2022.