Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

Valdivia, veintitrés de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS, Comparece doña nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ubicada en domicilio reservado, por vulneración de la garantía del numeral 19 Nº 24 de la Constitución.

Asevera que el año 2007 pidió un crédito en C.C.A.nombre reservado a 84 meses, descontándosele mensualmente una cuota de $196.950, cuota que empezó a descontarse el día 10 de enero del 2008. De tal crédito pagó solo hasta la cuota 21, ya que quedó sin trabajo.

Hace un poco más de un año que trabaja en el hospital de Valdivia por la empresa externa LYNER, y ahora, en marzo de 2019, advierte un descuento de $ 73.835 por concepto de crédito de la caja de compensación Los Andes.

Estima que la deuda se encuentra prescrita y que el cobro es improcedente.

Enfatiza que las acciones ilegales de descuentos que se le están realizando por parte de C.C.A.nombre reservado, por un crédito impago desde agosto del 2009, vulneran gravemente su derecho garantizado en la Constitución, específicamente el artículo 19 Nº 24 que es el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase bienes corporales o incorporales, al privarle de parte de su remuneración a la que tenía legítimo derecho, y que están siendo descontadas de forma ilegal y arbitraria, ya que la ley entrega herramientas a los acreedores para poder hacer cumplir obligaciones impagas, como lo son los procedimientos de juicio ejecutivo u ordinario en el caso de no cumplir con los requisitos de la primera acción.

Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte suprema, que avala su postura.

Pide en definitiva, dar lugar al recurso, para que mediante éste se restablezca el imperio del derecho, decretando que cese de inmediato la acción ilegal y arbitraria provocada por el recurrido, que se traduce en la privación de parte de su remuneración por cobros indebidos que está realizando la caja, y que en definitiva se ordene que el recurrido se abstenga de continuar obteniendo el pago del crédito por vía de descuento de sus remuneraciones y que se le reembolse los montos indebidamente descontados, con condena en costas Informa el recurso don SERGIO ABARCA VARGAS, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, solicitando que sea rechazado.

Asevera que Caja Los Andes, con fecha 16 de noviembre de 2007, otorgó a la Señora nombre reservado el crédito código RUT reservado, por la suma de $7.160.953.- a una tasa de interés nominal mensual de 1.75%, pagadero en un plazo de 60 meses, en cuotas de $196.950.-y cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de diciembre de 2007.

De esta operación de crédito, la señora nombre reservado, a través de descuentos efectuados en sus remuneraciones de los meses de diciembre de 2007 a marzo de 2008, pagó las cuotas de los mismos meses Nº1 a Nº4. Posteriormente, con fecha 11 de junio de 2009, se recibió la suma de $3.097.939.- cuyo monto se contabilizó como pago en las cuotas de los meses de abril de 2008 a junio de 2009, Nº 5 a Nº19, por $2.948.619.-, más un abono en la cuota del mes de julio de 2009, por $132.381.- y un interés por $16.939.- Luego, durante el periodo del 10 de noviembre de 2013 al 10 de junio de 2015, se recibió directamente de parte de la recurrente la suma de $336.683.-, cuyo monto se contabilizó como pago en la diferencia de la cuota del mes de mes de julio de 2009, N°20, por $60.883, la cuota del mes de agosto de 2009, Nº 21, por $196.221.-, más un abono en la cuota del mes de septiembre de 2009, Nº 22, por $79.579.- A fin de solucionar su situación de morosidad, doña nombre reservado, con fecha 05 de septiembre de 2017, reprogramó la deuda por la suma de $3.180.000.- cuyo monto se incluye la diferencia de la cuota del mes de septiembre de 2009, cuotas de octubre de 2009 a noviembre de 2012 (N°23 a N°60), más intereses y gastos de cobranza.

El monto reprogramado por $3.180.000.- mantuvo la tasa inicial del crédito, quedando pactado en plazo de 84 meses, y la primera cuota ascendió a la suma de $73.974.- cuyo vencimiento correspondió el 31 de octubre de 2017.

Posterior a la reprogramación, la señora nombre reservado, a través de descuentos efectuados en las remuneraciones de los meses de octubre de 2017 a febrero de 2019, ha venido efectuado los pagos que detalla, por un de $1.044.602.- La deuda, al día 5 de abril de 2019, asciende a la suma de $2.963.659.- y comprende el saldo de la cuota del mes de febrero de 2019, N°16, y siguientes cuotas con vencimiento a partir de marzo de 2019, a octubre de 2024, cuotas N°17 a N°84.

En consecuencia, en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente el cual fue reprogramado en septiembre de 2017, en un plazo de 84 meses, a raíz, precisamente, de la morosidad existente hasta dicha fecha y el cual mantiene aún cuotas por vencer hasta octubre del año 2024.

Alega la extemporaneidad de la acción de protección interpuesta, ya que los descuentos efectuados por su Institución en la remuneración de la recurrente han venido ocurriendo regularmente desde el mes de noviembre de 2017, de modo que esta acción de protección sería del todo extemporánea, toda vez que la recurrente ha tomado conocimiento del hecho desde el momento mismo en que sus remuneraciones fueron pagadas.

La parte recurrente manifiesta que la Caja de Compensación estaría cobrando el saldo de un crédito social cuya deuda se encuentra prescrita, pero no ha transcurrido el tiempo que establece la ley ni tampoco ha existido pronunciamiento judicial.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no existe un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833.

Por último, enfatiza que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración.

Por último cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

Pide rechazar el recurso de protección intentado por doña nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las medidas que resulten necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria y/o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución, en su artículo 20 ampara, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que en el presente caso, lo reclamado del punto de vista fáctico, recae en la retención de parte de la remuneración mensual de la actora, lo que verificó su empleadora, para abonar al crédito social otorgado por Caja recurrida a la recurrente. Estos hechos no se encuentran discutidos.

TERCERO: Que los antecedentes allegados por las partes al recurso, no permiten concluir que efectiva y verdaderamente la recurrida hubiere llevado adelante la adopción de medida ilegales o arbitrarias que hubieren significado la privación perturbación o amenaza de derechos constitucionalmente protegidos por esta acción.

En efecto, la prueba más pertinente, contenida en el Legajo de documentos de esta acción de protección, da cuenta de la existencia de una reprogramación de septiembre de 2017 en que la recurrente reprograma el crédito social otorgado con fecha 16 de Noviembre de 2017, por la Caja de Compensación Los Andes por un saldo que supera los 3 millones de pesos y que se acuerda pagar en 84 cuotas de $72.543.- con firma autorizada por notario.

A lo anterior debe agregarse la documentación acompañada por la propia recurrente, en especial instrumento denominado “Informe de Créditos personales” el que referido a los pagos periódicos del crédito objeto de este recurso, se lee que después de figurar cuotas pagadas durante el año 2012, reaparecen pagos en 2017, en los últimos meses del año 2017 y durante el 2018 se reanudaron los descuentos para saldar el crédito y ello está de acuerdo a la época de reprogramación invocada por la recurrida.

Conforme a lo reseñado y a la luz de la alegación de la recurrente que la deuda se encuentra prescrita, ello debe descartarse.

CUARTO: Que con el mérito de los antecedentes acompañados, resulta que no se encuentra acreditado por la recurrente que el crédito por ella obtenido, se encuentre prescrito y ello motiva que su cobro vía retención no pueda ser constituido un acto arbitrario, por cuanto no es antojadizo ni caprichoso de la recurrida su cobro.

QUINTO: Que, efectivamente, de conformidad a lo que dispone el artículo 22 de la ley 18.833, lo que se adeude por concepto de prestaciones de crédito social a una caja de compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de su remuneración por la empleadora, retenido y remesado a la caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales.

El artículo 58 del Código del Trabajo autoriza para que el empleador deduzca de la remuneración de sus trabajadores, entre otras, las obligaciones con instituciones de previsión.

SEXTO: Que, así las cosas, la actuación de la Caja de Compensación recurrida, como ya se ha señalado, aparece como ajustada a la legalidad y con un adecuado fundamento, de suerte que no podría ser catalogada de ilegal ni de arbitraria, no vislumbrándose en consecuencia cómo podría tal actuación amagar la garantía constitucional invocada del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, lo que basta para el rechazo del recurso intentado.

Por las razones dadas, la acción cautelar de derechos constitucionales intentada, debe ser desestimada al no haberse comprobado su fundamento.

Por las anteriores consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes Regístrese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-618-2019.