nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Valdivia Valdivia, dieciocho de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente que:

Primero. Comparece don nombre reservado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, pasaporte N°RUT reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la mantención, ejecución y fiscalización actual de la medida de expulsión dispuesta por Resolución Exenta N°1.121, de 8 de septiembre de 2014, de la Intendencia Regional de Atacama.

Refiere que el recurrente ingresó a Chile hace más de doce años y que durante ese tiempo consolidó un proyecto de vida en el país: contrajo matrimonio, tiene hijos escolarizados, mantiene contrato de trabajo vigente y un arraigo familiar, social y laboral efectivo. Añade que la medida no es un acto histórico agotado, pues el Servicio mantiene una fiscalización activa que lo obliga a concurrir periódicamente ante la Policía de Investigaciones a firmar, conforme da cuenta la tarjeta de identificación de extranjero infractor que acompaña.

Sostiene que mantener y ejecutar, después de más de una década, una medida expulsiva sin ponderar su realidad familiar actual resulta arbitrario y desproporcionado, y que concurre el decaimiento administrativo del acto, por haber perdido su finalidad original actualidad y razonabilidad. Invoca el interés superior de sus hijos y la protección constitucional de la familia, y estima vulneradas las garantías de los numerales 1, 2 y 7 del artículo 19 de la Constitución. Pide, en definitiva, que se declare ilegal y arbitraria la mantención y ejecución de la medida, se suspendan sus efectos y se disponga la revisión integral de su situación migratoria.

Segundo. Comparece el abogado don Elver Luciano Noriega Arteaga, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien opone excepción de cosa juzgada y, en subsidio, evacúa informe solicitando el rechazo de la acción.

En cuanto a los hechos, expone que el recurrente ingresó al país el 8 de febrero de 2012 en calidad de turista; que mediante Parte Policial N°62, de 31 de enero de 2014, se denunció su residencia irregular, y que por Resolución Exenta N°1.121, de 8 de septiembre de 2014, se dispuso su expulsión por permanecer en forma irregular y haber eludido las medidas de control y traslado dispuestas en su contra. Agrega que el recurrente tomó conocimiento de dicha resolución, pues el 24 de octubre de 2016 presentó una solicitud de reconsideración; que en 2018 se rechazó su regularización, y que en 2024 no se acogió a trámite una solicitud de residencia temporal por encontrarse vigente la expulsión.

Hace presente, además, que el recurrente fue condenado como autor del delito consumado de tráfico de drogas por sentencia de 4 de febrero de 2021, dictada en la causa RIT N°8.626-2020 del Juzgado de Garantía de Copiapó, a una pena de 5 años de presidio efectivo, la que por vía de apelación fue revocada en orden a otorgarle la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el mismo periodo de tiempo, y que la medida de expulsión se ha mantenido suspendida mientras se cumple la respectiva condena, conforme al artículo 135 de la Ley N°21.325. Sostiene que la resolución se encuentra firme y vigente, no ha sido revocada por vía administrativa ni judicial, y que la causal que la motiva subsiste en el artículo 127 N°4 de la citada ley. Respecto del arraigo familiar, afirma que el recurrente no acreditó relación directa y regular con su hijo ni el cumplimiento de sus obligaciones de familia, y que dicho arraigo no puede instrumentalizarse para eludir una medida adoptada conforme a la ley. Finalmente, invoca el rechazo de la acción de amparo Rol N°49-2026, que recayó sobre la misma resolución de expulsión.

Tercero. Que, en cuanto a la excepción de cosa juzgada, ha de tenerse presente que la acción de protección es una vía cautelar de urgencia, de cognición acotada, cuyas decisiones no producen el efecto de cosa juzgada material en los términos de los artículos 175 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, propios de las sentencias declarativas recaídas en juicios de lato conocimiento. Por ello, formulada en esos términos, la excepción no puede prosperar. Lo anterior es sin perjuicio de que lo resuelto en la acción de amparo Rol N°49-2026 rechazada por esta Corte y confirmada por la Excma. Corte Suprema, en cuanto recayó sobre la misma Resolución Exenta N°1.121, constituye un antecedente que se tendrá a la vista al resolver el fondo.

Cuarto. Que, para resolver, conviene recordar que la acción del artículo 20 de la Constitución exige la concurrencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías que la norma cautela. En materia migratoria, la expulsión recurrida fue dispuesta bajo la vigencia del Decreto Ley N°1.094 de 1975 y su Reglamento, cuya causal permanencia irregular en el país subsiste hoy en el artículo 127 N°4 de la Ley N°21.325, que la contempla expresamente. El artículo 129 de la misma ley enuncia los criterios que la autoridad debe ponderar antes de decretar la expulsión entre ellos, la gravedad de los hechos, los antecedentes delictuales, el período de residencia regular y los vínculos familiares, y el artículo 135 dispone que la medida se entiende suspendida mientras existan condenas o medidas cautelares pendientes.

Quinto. Que, de la revisión de la Resolución Exenta N°1.121 se observa que fue dictada por autoridad competente el Intendente Regional de Atacama, en ejercicio de la facultad delegada y se funda en hechos precisos: la permanencia irregular del recurrente y la elusión de las medidas de control dispuestas en su contra. El recurrente tuvo cabal conocimiento de ella, según acredita la solicitud de reconsideración que presentó en octubre de 2016, y la resolución no ha sido revocada ni dejada sin efecto por ninguno de los recursos administrativos o judiciales procedentes, manteniéndose firme y vigente. En estas condiciones, no se advierte la ilegalidad que se reprocha.

Sexto. Que, en cuanto a la alegación del recurrente cifra lo arbitrario, esencialmente, en el transcurso de más de doce años desde la dictación del acto, invocando su eventual decaimiento. Tal alegación no puede acogerse, pues aquello es del todo ajeno a esta instancia cautelar, conservativa y de urgencia, pero más relevante aún sobre este punto, no declarativa, existiendo las vías administrativas pertinentes para aquello, las que no han sido ejercidas por la actora. Además, la demora en la materialización de la medida no es atribuible a la inactividad o tolerancia del Servicio, sino, por una parte, a la propia conducta del recurrente, que eludió el control de la autoridad, y, por otra, a la suspensión legal de la expulsión mientras cumplía la pena sustitutiva impuesta por el delito que más adelante se dirá, conforme al artículo 135 de la Ley N°21.325 y al resolutivo tercero de la propia Resolución N°1.121. Así, la situación que motivó la expulsión —la permanencia irregular se mantiene inalterada hasta hoy.

Séptimo. Que, a lo anterior se suma un antecedente que el recurso no menciona, y es que de los antecedentes aparejados consta que el recurrente fue condenado como autor del delito consumado de tráfico de drogas por sentencia de 4 de febrero de 2021, en la causa RIT N°8.626-2020 del Juzgado de Garantía de Copiapó, a una pena de cinco años, sustituida por libertad vigilada intensiva. La gravedad de esa conducta, que afecta la salud y la seguridad públicas, priva de sustento a las afirmaciones del libelo sobre una “conducta compatible con reinserción” y “antecedentes sin observaciones”, y refuerza la razonabilidad de que el Servicio mantenga vigente la medida.

Octavo. Resta hacerse cargo del arraigo familiar y del interés superior del niño. Consta el matrimonio del recurrente con doña nombre reservado, de 9 de mayo de 2025, y la existencia de dos hijos de nacionalidad chilena: Breyner nombre reservado, nacido en 2016 y escolarizado en Copiapó, cuya madre es doña nombre reservado, y Brayden nombre reservado, nacido el 4 de mayo de 2026, hijo de la cónyuge. El interés superior del niño y la unidad familiar son criterios que el artículo 129 N°5 y 6 de la Ley N°21.325 manda ponderar, pero no operan como un impedimento automático de la expulsión. Respecto del primer hijo no se acompañó antecedente alguno de relación directa y regular ni de cumplimiento de obligaciones de familia, y tanto el matrimonio como el vínculo laboral que se invoca son posteriores a la condena penal y a los pronunciamientos judiciales previos. Ponderados estos factores frente a la gravedad de la conducta del recurrente y a su permanencia irregular sostenida en el tiempo, no alcanzan para calificar de arbitraria la mantención de la medida.

Noveno. Que, otro tanto cabe señalar del arraigo laboral. El contrato de trabajo que se acompaña, de 20 de mayo de 2026, además de ser posterior a la interposición de este arbitrio, condiciona expresamente la prestación de servicios a que el trabajador cuente con el permiso de trabajo otorgado por el propio Servicio Nacional de Migraciones (cláusula octava), de modo que no da cuenta de un arraigo laboral efectivo y actual.

Décimo. Que, así las cosas, lo impugnado la mantención, ejecución y fiscalización periódica de la medida no es sino la consecuencia natural del carácter firme y vigente de una resolución legalmente dictada y no revocada, por lo que la obligación de presentación ante la policía no constituye un acto autónomo dotado de ilegalidad o arbitrariedad. No concurriendo los presupuestos de la acción constitucional, esta será desestimada, sin que se condene en costas al recurrente por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve:

I. Se rechaza la excepción de cosa juzgada opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones.

II. Se rechaza la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Nº Protección-615-2026