nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valdivia Valdivia, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

nombre reservado, estudiante, domiciliada en la comuna de nombre reservado, deduce acción constitucional de protección en contra del nombre reservado, corporación de derecho privado sin fines de lucro, representado por nombre reservado, a quien atribuye la vulneración de sus garantías constitucionales de los numerales 2º y 3º, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, igualdad ante la ley y derecho a no ser juzgada por comisiones especiales, al haber sido expulsada de dicha corporación, mediante resolución de 9 de septiembre de 2022.

Señala que su expulsión fue decidida por un organismo disciplinario denominado Consejo Superior de Disciplina, que fue creado con posterioridad a la conducta por la que se le sanciona y formado a gusto y gana por el Superintendente, sin que su conformación orgánica ni funcional esté prevista en el reglamento general ni en el estatuto.

Agrega que no tuvo acceso a los antecedentes de la investigación seguida en su contra y que se le sancionó por incumplimiento de responsabilidades como secretaria general que habrían ocurrido con anterioridad a la fecha en que fue electa para servir ese cargo y por haber ejercido su derecho de denunciar a la recurrida ante la Inspección del Trabajo.

Afirma que esta situación se explica en que, desde su elección en diciembre de 2021, se ha intentado de varias formas sacarla de su cargo en el nombre reservado.

Se deje sin efecto dicha resolución, ordenando a la recurrida que me reincorpore a la institución en las mismas condiciones en que estaba de manera previa a la sanción, reponiéndola en el cargo de secretaria general del que fue despojada al ser expulsada, con costas.

Informó Pablo Alvarez Pincheira, abogado, por la recurrida, solicitando el rechazo de la acción deducida- Explica que los Cuerpos de Bomberos se rigen: primero, por la Ley N° 20.564; en segundo término, por el Reglamento de la ley; en tercer lugar, por sus propios estatutos y, finalmente, de manera supletoria, por las reglas del Código Civil. Puesto que ni la ley ni el reglamento tuvo por objeto regular aspectos de carácter disciplinarios -sustantivos, orgánicos o procesales-, esto deben contenerse en los estatutos.

Afirma que en el nombre reservado existe un organismo que tiene facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercen mediante un procedimiento racional y justo y en lo no previsto en sus normas se aplica supletoriamente el estatuto de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

Refiere que el 2 de junio de 2022, el Superintendente, en uso de la facultad establecida en el artículo vigésimo tercero, número octavo, de los estatutos, citó a los directores a honorarios y bomberos insignes que no tienen cargo en la institución para formar un Consejo Superior de Disciplina, que se constituyó el 21 de junio pasado, estableciendo su conformación y duración y fijan un procedimiento.

Por último, niega la afección de las garantías constitucionales de la recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, tal como lo ha sostenido el recurrido en su informe, la ley 20.564, que regula el marco legal de los proceso disciplinarios de Bomberos de Chile, establece en su artículo primero que “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil”, refiriendo el artículo 553 inciso 2 del Código Civil que "La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercer a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario".

De esta forma, por medio de la presente acción constitucional resulta procedente la revisión de la legalidad del procedimiento sancionador en cuanto sus formalidades, la razonabilidad de la actuación y proporcionalidad de la sanción impuesta, dentro de un marco de control judicial de las facultades disciplinarias asumida por el órgano investigador de Bomberos, constituido de conformidad a sus estatutos y la normativa aplicable.

TERCERO: Que, en este caso, se ha alegado como acto arbitrario e ilegal la decisión adoptada por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, el 9 de septiembre de 2022, cuestionándose, entre otros aspectos, la legitimidad del organismo sancionador, señalando que se ha constituido como una comisión especial, sin encontrarse validada su existencia en los estatutos de la recurrida ni en las demás normas que le rigen.

CUARTO: Que, de las argumentaciones de las partes y de las actas acompañadas, se colige que el Consejo Superior de Disciplina ha sido creado a instancias del nombre reservado Negro, señalando que lo convoca en uso de la facultad establecida en el artículo vigésimo tercero, número octavo, de los Estatutos del nombre reservado.

De la lectura de la citada disposición, se aprecia, en lo pertinente, que en esta se faculta al Superintendente para ““Designar comisiones especiales para inspeccionar cualquier asunto interno de las compañías cuando lo juzgue conveniente. Las Comisiones nombradas de esta forma deberán dar cuenta de su cometido.” Sin embargo, el Superintendente ha llamado a la conformación de un Consejo Superior de Disciplina, con la finalidad de velar por el orden, la disciplina y el respeto a la reglamentación del nombre reservado. Con posterioridad dicho Consejo se constituirá señalando que lo hace “por el término de dos años”.

Queda de manifiesto, entonces, que el referido Consejo Superior de Disciplina excede las características de una comisión especial para inspeccionar un asunto interno de una Compañía y que, por el contrario, se ha constituido en un órgano de duración extendida al menos por dos años, encargado de la disciplina en todo el nombre reservado, cuya creación excede los límites de la facultad invocada por el Superintendente.

QUINTO: Que, de esta manera, se ha establecido que la decisión impugnada ha sido adoptada por un órgano creado por un oficial que no tiene atribuciones para ello y que, además, procesa y sanciona a la recurrida por hechos ocurridos con anterioridad a su creación, por lo que se ha constituido en una comisión especial, en los términos establecidos en el inciso quinto del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República y en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, garantías que en este caso no fueron observadas.

Además, la referida sanción, al no observar el procedimiento que debe aplicarse ante las eventuales faltas de las voluntarias y los voluntarios del nombre reservado transgrede lo dispuesto en el artículo 553 inciso 2 del Código Civil, ha vulnerado la garantía fundamental de la igualdad, establecida en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, en conclusión, al haber sido adoptada por un órgano que no tenía competencia la decisión es ilegal y, además, arbitraria, puesto que no se sustenta en un procedimiento legalmente tramitado, vulnerando las garantías de la recurrente establecidas en los numerales 2 y 3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso debe ser acogido.

Y visto, además lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del nombre reservado y, en consecuencia, se deja sin efecto la 9 de septiembre de 2022, que dispone su expulsión y se ordena su inmediata reincorporación en su calidad de bombera voluntaria, debiendo la recurrente ser restituida en el cargo para el que fue electa y sus funciones.

Redactada por el Abogado Integrante don Luis Felipe Galdames Bühler.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5997-2022.