Protección contra Instituto de Seguridad Laboral

C.A. de Valdivia Valdivia, seis de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, con fecha 14 de julio de 2025, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional en contra del Instituto de Seguridad Laboral, con domicilio en domicilio reservado.

Expone que el 3 de diciembre de 2004, mientras desempeñaba su trabajo, sufrió un grave accidente que provocó la amputación bilateral transradial, esto es, bajo el codo, de ambas extremidades superiores, siendo desde entonces beneficiado de las prestaciones previstas por la normativa referida a los accidentes del trabajo. Señala que actualmente utiliza prótesis mecánicas con dispositivo terminal tipo gancho, las cuales requieren de un sistema de arnés que le ha provocado, a lo largo de los años, lesiones muscuploesqueléticas recurrentes en la cintura escapular, tendinopatías bilaterales y cervicalgias, tal como consta en informes médicos que adjunta y que afirma que le limitan su funcionalidad y calidad de vida.

Indica que con fecha 21 de marzo de 2024, la recurrida rechazó su solicitud para obtener prótesis mioeléctricas bilaterales modelo Michelangelo, pese a contar con indicación médica de fisiatras, argumentando razones que habrían sido descartadas por especialistas, a saber, la escasez de ejemplares en el país, la necesidad de entrenamiento en la ciudad de Santiago, la eventual necesidad de reparaciones en el extranjero, y experiencias previas negativas con otras prótesis mioeléctricas.

Señala haber reclamado de la decisión de la recurrida ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual acogió parcialmente su reclamo, el cual no ha sido acatado plenamente por la recurrida.

Por otra parte, indica que la recurrida no le ha provisto de las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar sus estudios de psicología en modalidad semipresencial, pese a haber aprobado su beneficio de reeducación profesional.

Alega que la recurrida ha vulnerado su derecho a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, a la protección de la salud, y a la educación.

Solicita que se acoja la acción constitucional de protección, que se declare que la recurrida ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que vulneran sus garantías constitucionales, y que se ordene a la recurrida en un plazo no superior a 15 días que le otorgue las prótesis referidas en su escrito y las herramientas tecnológicas que le fueran recomendadas, así como también cualquier otra medida que esta Corte de Apelaciones estime pertinente.

2°) Que, con fecha 28 de julio de 2025, comparece nombre reservado, en representación de la recurrida, quien evacúa informe al tenor de la acción constitucional interpuesta.

En cuanto a las prótesis solicitadas por el recurrente, indica que luego del reclamo interpuesto en el año 2024 por el recurrente ante la SUSESO, se acogió la indicación de evaluación del paciente por el área de salud mental, con el fin de tener claridad de si éste se encontraba en condiciones de afrontar un proceso de entrenamiento y los aspectos asociados a la incorporación de las prótesis mioeléctricas. Señala que, evaluado en prestador médico en convenio, se indica que el paciente se encuentra estable y sin requerimientos actuales de psiquiatría ni controles con psicología. Posteriormente, indica que el caso con los nuevos antecedentes es revisado en reunión médica de ISL, con el fin de contar con la completitud de antecedentes para dar respuesta a SUSESO. Agrega que, en abril de 2025, el caso es presentado en reunión de médicos auditores de ISL nuevamente. En esta instancia, revisados los antecedentes ya mencionados además de considerar el rechazo del paciente a prestaciones específicas y a las conductas agresivas que ha presentado con el prestador médico debido a distintas situaciones, se decide gestionar reunión con fisiatra tratante del paciente y con referente técnico ACHS para poder tomar ciertas precauciones y resguardos hacia el paciente en caso de que se autorice la prótesis, protegiendo especialmente el aspecto de salud mental de éste para seguridad de él y mantener las prestaciones médicas de manera expedita.

Refiere que con fecha 20 de mayo de 2025 se realiza reunión con prestador médico ACHS con el fin de evaluar y considerar aspectos específicos de la indicación y eventual entrega de las prótesis indicadas de así proceder. En dicha reunión se establece que el paciente no sería candidato para indicación de prótesis mioeléctricas, debido a que el paciente ha alcanzado buena funcionalidad con sus prótesis mecánicas y el uso de prótesis mioeléctricas no va a generar un cambio o mejora en este ámbito. Es decir, de autorizarse el uso de éstas últimas, las actividades que el paciente actualmente no puede realizar tampoco podrían realizarse con las prótesis mioeléctricas y deben continuar siendo subsanadas por el cuidador. Agrega que, el jefe de rehabilitación ACHS indicó que se reunió con la fisiatra tratante inicial del paciente en Hospital del Trabajador (ACHS) quién le indicó que la experiencia previa del paciente con el uso de una prótesis mioeléctrica del mismo tipo, años atrás, no fue beneficiosa para éste, no logrando su uso y que el médico también señala que la situación de ruralidad del paciente (polvo y humedad) pone en riesgo la integridad de las prótesis, por lo que sería un punto adicional para no indicar su uso en este caso.

Expone que durante la segunda mitad del año 2024 y lo que va del 2025, se han reparado las prótesis mecánicas del paciente y además se encuentra en tratamiento debido a molestias y dolor que ha presentado en relación al uso de arnés de éstas. Mantiene atenciones en su región de domicilio de manera regular, y que, con fecha 18 de junio de 2025, se realiza una segunda junta médica donde se revisa nuevamente el caso por fisiatra tratante y fisiatra jefe de ACHS Valdivia y se decide indicar el uso de prótesis mioeléctrica unilateral (extremidad superior derecha). Esto, debido al dolor persistente que ha presentado el paciente asociado al uso de las prótesis mecánicas, requiriendo infiltraciones y tratamiento farmacológico.

En cuanto a las ayudas técnicas en su proceso de reeducación, refiere que el Departamento de Inclusión de la Universidad UNIACC, en que se encuentra matriculado el recurrente, solicita los equipos indicados por el recurrente. Argumenta que, el propio compendio de la SUSESO, indica que los insumos deben constituir una necesidad imperiosa para poder realizar los estudios, además de que el beneficio de la reeducación profesional se debe impartir dentro de márgenes racionales, adquiriéndose algunos de los elementos solicitados por el recurrente.

Alega que no existen derechos constitucionales vulnerados, actuando la recurrida de conformidad con la ley, por lo cual solicita que se rechace la acción constitucional interpuesta, con costas.

Con fecha 4 de agosto de 2025, amplía su informe señalando que el 23 de junio de 2025 el recurrente fue notificado del inicio y pruebas de las prótesis solicitadas en su libelo, por lo cual alega que la acción sería improcedente.

3°) Que, la acción de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar de emergencia, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, es decir, como surge de lo expresado previamente, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, según la acepción contenida en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, que provoque algunas de las situaciones que se han indicado y que afecten una o más de las garantías constitucionales protegidas.

4°) Que, en este sentido, la acción de protección conceptualizada como un remedio cautelar o de tutela solo tiene por objeto asegurar la protección provisional de derechos cuya apariencia es fuerte y sin necesidad de esperar el completo desarrollo de un juicio.

5°) Que, la acción constitucional interpuesta dice relación con dos situaciones diversas referidas a la condición del recurrente, siendo la primera la vinculada con las prótesis solicitadas, mientras que la segunda dice relación con las prestaciones necesarias para llevar a cabo su proceso de reeducación.

6°) Que, en cuanto a la primera, de los antecedentes acompañados por la recurrida, se desprende que ésta ya ha accedido a la adquisición de una de las prótesis mioeléctricas solicitadas por el recurrente, por lo cual no subsisten las consideraciones relativas al entrenamiento, costo, o reparación de los aparatos que inicialmente habían sido invocadas por el ISL.

No obstante, de lo resuelto por la recurrida no se advierte un análisis y motivación respecto de la segunda prótesis solicitada, toda vez que se advierte respecto de la primera un cambio sustancial en cuanto a su necesidad, lo que deviene en una indefensión del recurrente ante la actuación del ISL.

7°) Que, en relación con la adquisición de elementos para la reeducación del recurrente, es posible advertir del informe de la recurrida que esta no se pronuncia respecto del teléfono celular solicitada por el paciente, advirtiéndose del análisis de los antecedentes acompañados, que la negativa estaría asociada al costo del aparato. No obstante, no se explica por qué la autoridad autoriza la adquisición de un computador y no la de un teléfono celular, en circunstancias que son aparatos que podrían tener un costo adicional. No se acompaña una cotización, ni un debido análisis de costo-beneficio de lo solicitado, por lo cual cabe concluir la existencia de un actuar arbitrario por la recurrida, más aún si se considera que las decisiones de la recurrida constituyen actos ablatorios.

8°) Que, así las cosas, no existiendo un debido pronunciamiento por parte de la recurrida respecto de las solicitudes del recurrente, su actuación deviene en arbitraria, en vulneración del derecho del recurrente a su derecho a la integridad física y psíquica, la cual cabe interpretar conforme un concepto amplio de salud, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, la acción interpuesta por nombre reservado en contra del Instituto de Seguridad Laboral, sólo en cuanto se ordena a la recurrida a efectuar una nueva evaluación pronunciamiento respecto de la solicitud del recurrente, debidamente fundado, respecto de la prótesis mioeléctrica izquierda y el teléfono celular solicitados por el recurrente.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-598-2025.