nombre reservado con TESORERÍA GENERALDE LA REPÚBLICA

C.A. de Valdivia Valdivia, uno de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Doña Chantal Mariel Fritzler Sandoval, abogada, en favor de doña nombre reservado, recurre de protección en contra de Tesorería General de la República, representada legalmente por su directora, doña nombre reservado, por el acto que le fuera notificado mediante correo electrónico de 30 de septiembre de 2022, que contiene el Of. Ord. N° 1972 de fecha 19 de agosto de 2022 emitido por el Servicio de Salud de Osorno, donde se informa que por Oficio N°17.470 de fecha 01 de agosto del año 2022, se ha decidido por la Tesorería rechazar los bonos post laborales, entre ellos la solicitud de su representado. Dicho acto estima es ilegal y arbitrario pues conculca la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, garantías contempladas en los numerales 2° y 24, respectivamente, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que los fundamentos del acto señalan que la ley 20.986, no ha establecido la compatibilidad de sus bonificaciones, con el bono de naturaleza laboral de la ley 20.305, por lo que no es posible interpretar que los beneficiarios de dicha ley, se encuentre en alguna de las 3 hipótesis señaladas de la ley 21.306. Dicho acto en su parecer conculca la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por cuanto la extensión del plazo excepcional del artículo 80 de la ley 21.306, deben extenderse tanto a los beneficios de la ley 20.305, como así los de la ley 20.986.- Precisa que el artículo 80 de la ley n°21.306, concedió por única vez, el plazo de 1 año, para impetrar el bono de la ley 20.305, a lo ex funcionarios que no hubieren acaecido a este por los motivos que se indica en el aludido precepto, en una situación excepcionalísima que es en los siguientes casos:

A) Cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono. B) Cumpliendo requisitos legales y habiéndolo solicitado, no hubiesen acreditado a bono por motivos no imputables a ellos. C) También aquellos que, al momento del cese de funciones en el servicio respectivo, se acogieron a los beneficios de leyes de incentivos al retiro voluntario que contemplaron plazos y/o edades distintos de los señalados en los numerales 4 y 5 del artículo 2° y en el artículo 3° de la Ley N° 20.305, siempre que cumplan los demás requisitos para acceder al bono que contempla esta última norma.

Por su parte el artículo 2° de la ley 20.305 (que establece el denominado bono post laboral), dispone que el personal que se desempeña en algunos de los servicios o entidades comprendidos en la cobertura del beneficio( incluidos en el artículo 1°), que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del Decreto Ley N° 3500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública, debe cumplir para ser beneficiario del bono, los siguientes requisitos de forma copulativa:

1) Tener la calidad de funcionario público (planta o a contrata) o estar contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos comprendidos en la cobertura del beneficio o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono, como con anterioridad al 1 de mayo de 1981. 2) Tener a lo menos 20 años de servicios en algunos de los servicios o entidades comprendidos en la cobertura del beneficio o en sus antecedentes legales, a la fecha de la publicación de la ley 20.305. 3) Tener una tasa de reemplazo liquida estimada igual o inferior a 55%. 4) Tener cumplidos los 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres. 5) Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley N ° 3500 de ley 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.

La recurrida estima que la ley 20.986 en ninguna de sus disposiciones ha establecido la compatibilidad de sus bonificaciones con el bono de naturaleza laboral, para mejorar condiciones de retiro de trabajadores del sector público (de la ley 20.305) por lo que no es posible interpretar que los beneficiarios de dicha ley, se encuentre en alguna de las 3 hipótesis señaladas.

Señala que el funcionario en cuyo favor recurre tiene actualmente 73 años de edad, y en su vida funcionaria ha ejercido gran parte de su vida retirándose del servicio público en el año 2020, adjudicándose el incentivo al retiro contemplado en la Ley 20. 986., lo que se traducen en una bonificación de 11 meses de remuneraciones imponibles y, además, un bono adicional si el desempeño supera los 15 años de servicio. Estos beneficios tienen una vigencia acotada de 10 años, contados desde el 1° de julio de 2014 al 30 de junio de 2024.

Por su parte la Ley N° 20.305, publicada el 5 de diciembre de 2008, establece mejores condiciones de retiro para los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, la que se traduce en un bono de naturaleza laboral de $70.000 aproximadamente mensuales, para el personal que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley desempeñe un cargo de planta o a contrata, y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos que indica.

Reproduce los requisitos de procedencia de este beneficio establecido en el artículo 2 de la norma citada. Invoca Jurisprudencia de la Contraloría Regional de Tarapacá, mediante Dictamen N° 1117, de 8 de abril de 2020. Señala que del dictamen mencionado, el ente contralor considera que los beneficiarios de la ley N° 20.986 tienen derecho al bono post laboral cuando lo solicitaren dentro del plazo que la ley N° 20.305 señala, pues establece que el solicitante no tenía derecho a tal bono solo en razón de la oportunidad en que fue solicitado ya que, como se ha dicho, la ley 20.305 preceptúa que la postulación al bono post laboral debe efectuarse dentro de los 12 meses siguientes de cumplidos los 60 o 65 años de edad, según el sexo del peticionario. En otras palabras, si hubiere solicitado el bono post laboral dentro de los 12 meses siguientes de cumplidos 65 años, el médico que solicitó el pronunciamiento del ente contralor habría tenido derecho al referido bono, junto con la bonificación por retiro voluntario de la ley 20.986.

Invoca además Jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República (v.gr., dictámenes N°s. 31.526, de 2019; 84.877, de2013, y 41.223, de 2017, en el sentido que “las incompatibilidades entre beneficios contenidos en distintas leyes constituyen, en general, limitaciones de carácter excepcional, por lo que las normas jurídicas que las establecen solo deben aplicarse a los casos expresamente contemplados en el ordenamiento jurídico que las instituye”.

Por su parte, corresponde determinar si es aplicable a los referidos profesionales funcionarios lo dispuesto en el artículo 80 de la ley N° 21.306, de los que se colige que los requisitos para gozar del plazo excepcional que esta norma establece —y que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021 — son los siguientes: a) Ser funcionario o exfuncionario público, cualquiera sea el estatuto jurídico que le sea aplicable, ya que la ley no hace distinción alguna. b) Cumplir los requisitos legales para acceder al bono post laboral. c)

Que no haya presentado la solicitud para impetrar el bono post laboral o que habiéndolo solicitado no hubiese accedido a él por motivos que no le son imputables, o bien que al momento del cese de sus funciones en el servicio respectivo se hubiere acogido a una ley de incentivo al retiro voluntario que contempla plazos y/o edades distintos de los señalados en los numerales 4 y 5 del artículo 2 y en el artículo 3 de la ley No 20.305, tales como la ley No 20.374 y la ley No 20.135, siempre que cumplan los demás requisitos para acceder al bono de la ley No 20.305. La ley 20.986 es, precisamente, de aquellas que contemplan plazos edades distintas a las señaladas en la 20.305 El acto es ilegal y arbitrario, toda vez que no hace referencia alguna ni da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 21.306. La notificación efectuada por Tesorería Regional efectúa una interpretación de lo establecido en la Ley21.306, que modifico de manera excepcional (por el año 2021) los plazos de postulación al Bono Post Laboral, y efectúa un análisis antojadizo de lo dispuesto en el citado artículo 80 de la Ley 21.306, que es el marco legal que permite sostener que sí procede el Bono Post Laboral en favor de su representado, atendido que cumple con todos los otros requisitos exigidos por la Ley 20.305, produciendo que el acto sea arbitrario y, a la vez, ilegal, como ha señalado la Excma. Corte Suprema en reiterada y uniforme jurisprudencia.

La administración se encuentra obligada a fundamentar los actos que dicta, según se indica en los artículos 11 y 41 de la ley No 19.880, que establece las bases de todo procedimiento administrativo, deber que, tal como sostiene nuestro máximo tribunal, no se entiende por cumplido con la mera referencia genérica, sino que debe indicarse de tal manera que permita entender el razonamiento y los reales motivos que tiene la autoridad al momento de dictarlo, de modo de evitar cualquier desviación de poder. En el presente caso, al no efectuar la autoridad administrativa contra quien se recurre una interpretación correcta de la Ley 20.986 en relación con la Ley 20.305, desconociendo disposición expresa de la Ley 21.306 en su artículo 80, constituye un acto administrativo discriminatorio que lo torna arbitrario e ilegal.

Del modo indicado, la autoridad, soslayando las normas legales vigentes que exigen la dictación de un acto motivado, emite la respuesta que rechaza la solicitud ya referida, contraviniendo texto expreso legal, creando una diferencia arbitraria respecto de otros funcionarios que, ante esta misma situación, se les reconoce este derecho.

Pide, en definitiva, se deje sin efecto el acto impugnado notificado a la Dra. nombre reservado, mediante correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2022, que contiene que contiene el Of. Ord. N° 1972 de la misma fecha, por el cual se le informa la respuesta negativa entregada por la Tesorera Provincial de Osorno, es ilegal y arbitrario y se declare que tiene derecho a obtener el Bono Post Laboral en el presente año, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 21.306, con costas.

Informa el recurso don MARCELO LAGOS VODANOVIC, abogado del Servicio de Tesorería General de la República, en representación del FISCO- TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, solicitando desde ya su rechazo.

Alega en forma previa, la improcedencia del recurso pues tratándose de un acto de la administración existen recursos e instancias jurisdiccionales y administrativas destinadas a solucionar el conflicto de acuerdo a la Ley 19.880, sobre procedimiento administrativo. Además, también existe la posibilidad de recurrir al Dictamen de la Contraloría General de la República, para que dirima la contingencia, con poder obligatorio para los organismos del estado involucrados en la temática que nos convoca.

Luego, en el presente caso lo reprochado es la negativa a gozar de un beneficio. Por lo tanto, resulta evidente que la presente calificación de existir o no el derecho que se reclama en la instancia administrativa, no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados condición que no se verifica en la especie, ya que el beneficio impetrado, aún no goza de reconocimiento alguno por parte de la autoridad, por lo la protección que se persigue por esta vía no tiene el carácter de indubitado.

Alega además la ausencia de acto ilegal y arbitrario de parte del Servicio de Tesorería y resultando insuficientes los antecedentes aportados por la parte recurrente.

Así en cuanto a la Incompatibilidad de los beneficios de la Ley 20.305 con la Ley 20.986: El artículo 80 de la Ley 21.306, concedió el plazo de 1 año, a partir del 31 de diciembre de 2020, para impetrar el bono de la Ley 20.305, a los ex funcionarios/as que no hubieren accedido a este, en la medida que: A) Cumpliendo los requisitos legales para acceder al bono de la Ley 20.305, no presentaron la solicitud para impetrarlo. B) Cumpliendo requisitos legales y habiéndolo solicitado el bono de la Ley 20.305, no hubiesen acreditado sus requisitos por motivos no imputables a ellos. C)

También aquellos que, al momento del cese de funciones en el servicio respectivo, se acogieron a los beneficios de leyes de incentivos al retiro voluntario que contemplaron plazos y/o edades distintas de los señalados en los numerales 4 y 5 del artículo 2° y en el artículo 3° de la Ley N° 20.305, siempre que cumplan los demás requisitos para acceder al bono que contempla esta última norma.

De esta forma, el artículo 80 de la Ley 21.306, solo debe aplicarse a las situaciones excepcionales y específicas de la Ley 20.305, y en tal contexto, la ley 20.986 no ha establecido la compatibilidad de sus bonificaciones con el bono de naturaleza laboral aludido (Ley 20.305) por lo que no es posible interpretar que los beneficiarios de Ley 20.986, se encuentre en alguna de las 3 hipótesis señaladas en la Ley 21.306.

La incompatibilidad de los beneficios de las Leyes 20.305 y 20.986, se evidencian aún más, en lo que toca a los plazos para impetrar cada beneficio, pudiendo en tal evento gozarse del segundo y no acceder al primero, como ocurre en la especie.

En subsidio, falta de requisitos para impetrar beneficio de la Ley 20.305. Sin perjuicio de la alegación anterior, y en forma subsidiaria, se evidencia en las declaraciones expresas del recurso, que el recurrente nació el 07 de abril de 1949, cumpliendo los 65 años de edad el 07 de abril del año 2014 y retirándose del servicio público en el año 2020, adjudicándose el incentivo al retiro de Ley 20.986.

Ahora bien, el recurrente a su renuncia voluntaria del servicio público, percibió la bonificación de incentivo al retiro dispuesta en la Ley 20.986, no obstante, ello, dicha renuncia se efectuó fuera del plazo establecido para gozar del beneficio de la Ley N° 20.305, pues en este último caso, debió ocurrir dentro de los 12 meses siguientes a cumplir los 65 años, esto es hasta el 07 de abril del año 2015.

De esta manera, aun cuando se estime compatibles los beneficios de las leyes en comento, desde ya el recurrente no goza del beneficio de la ley 20.305, desde el momento que su renuncia voluntaria fue hecha fuera de plazo, situación que no puede soslayarse por la aplicación de la Ley 21.306, pues esta solo concede un plazo superior para impetrar el beneficio, mas no altera los requisitos del plazo en que debió operar la renuncia para gozar del beneficio.

El recurrente funda su recurso en la presunta conculcación de sus derechos descritos en el artículo 19 número 2 y 24 de nuestra carta fundamental, sin embargo, atendido que la procedencia del beneficio no constituye un derecho indubitado, constituye solo meras expectativas por lo que no puede existir una vulneración a su derecho de propiedad. Tampoco puede entenderse la actitud del Servicio de Tesorería, como un actuar discriminatorio, pues no le niega al usuario la respuesta atingente a su consulta, la que es evacuada en tiempo y forma oportuna, y la diversa interpretación de textos legales o respuesta negativa a sus pretensiones, no puede estimarse como un atentado a la igualdad de trato y ponderación, más aún cuando el dictamen recurrido, es la respuesta general a casos de idéntica complexión, todo en el marco de la competencia y facultades administrativa que regulan el actuar del servicio de Tesorería.

Pide el rechazo del recurso en todas sus partes, por ser éste absolutamente improcedente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que el presente caso, el asunto sometido al conocimiento de esta Corte es en definitiva determinar si la Resolución de la Tesorería de rechazar los bonos post laborales, entre ellos la solicitud de su representado constituye un actuar ilegal y/o arbitrario y, por tanto, si de ello se ha producido una afectación de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad del recurrente.

TERCERO: Que, al efecto, el artículo 2° de la citada Ley N° 20.305, que concede el beneficio post laboral, numerales 4 y 5 indica: “Para tener derecho al bono del artículo anterior será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos: (…) 4. Tener cumplidos 65 años en el caso de los hombres y 60 años tratándose de las mujeres. 5. Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones señaladas en el artículo 1º, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley Nº 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo…”

Contrastando con lo manifestado y como núcleo de la controversia, el artículo 80 de la Ley N° 21.306 establece:

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Nº 20.305, otorgase, por única vez, el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley para impetrar el bono de la Ley Nº 20.305, a los ex funcionarios y ex funcionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no hubiesen accedido al bono por motivos no imputables a ellos.

En este caso, se deberá postular en la institución ex empleadora y el bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente de la fecha del acto administrativo que lo concede.”

CUARTO: Que, del análisis de los antecedentes, y especialmente de las normas transcritas, aparece que los derechos cuya protección se reclama no tienen el carácter de indubitados, pues no resultan determinados como derechos preexistentes, sino claramente controvertidos, de modo que no es posible por esta vía proteccional dar remedio al planteamiento del actor, por no cumplir el requisito esencial mencionado para que la presente acción pueda prosperar.

QUINTO: Que al efecto debe mencionarse, que, tratándose de un acto administrativo, es la propia Ley quién otorga los mecanismos recursivos e impugnatorios a su respecto, sea mediante el ejercicio de los medios establecidos en la Ley N° 19.880. o directamente ante la Contraloría General de la República.

SEXTO: Que además de ello y sin que se considere un pronunciamiento de fondo, es menester señalar que resulta manifiesto que en el presente caso, no se encuentra regulado su caso de acuerdo a las normas invocadas, toda vez que el actor recibió el bono de incentivo al retiro de acuerdo a la Ley N° 20.986, la que no establece la compatibilidad de sus bonificaciones con el bono de naturaleza laboral impetrado por el recurrente, sin perjuicio que el artículo 80 de la Ley N° 21.306, sólo aumenta el plazo para aquellas personas que por una u otra razón no imputable a ellas no lo recibieron, resultando además dudoso a lo menos la concurrencia de los requisitos de procedencia si se estimaren de ese modo.

SÉPTIMO: Que igualmente debe considerarse que de acuerdo al artículo 13 de la Ley N° 19.041, la Tesorería General de la República tiene un rol fiscalizador de los egresos no tributarios y que tiene la facultad de suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten y sobre esa base -la recurrida- no solo tiene la prerrogativa para revisar los antecedentes atingentes a los requisitos de tiempo computable y edad para acceder al bono, contemplados en los números 2 y 4 del artículo 2° de la Ley N° 20.305, sino que también para verificar lo esencial a ello, como es verificar si era aplicable al ex funcionario, beneficiario de las bonificaciones de la Ley N° 20.986, las analizadas disposiciones de la Ley N°20.305.

OCTAVO: Que, del modo explicitado en los considerandos precedentes, se concluye que el acto impugnado no es arbitrario, pues no resulta irracional ni obedece a un mero capricho, circunscribiéndose a dar cumplimiento a la normativa señalada en el motivo sexto, en consonancia con las leyes números 20.986 y 20.305. Asimismo, no se aprecian actos u omisiones que puedan constituir privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos fundamentales y garantías de la recurrente, motivos que fuerzan el rechazo del recurso de protección.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto por los artículos 19 Nº 2, 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Chantal Mariel Fritzler Sandoval, abogada, en favor de doña nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-5759-2022.