Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 574-202514 ago 2025

nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Fecha
14 de agosto de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de Valdivia
Sala
Primera
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol N° 574-2025, sentencia de 14 de agosto de 2025

Resumen

Se acoge la protección contra AFP ProVida y se le ordena tramitar la solicitud de devolución de fondos previsionales con el documento acompañado, por ser ilegal exigir un requisito no previsto en la Ley 18.156 que impedía el trámite.

Texto íntegro

C.A. de Valdivia Valdivia, catorce de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero. Comparece doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, abogada, por sí y en representación, nombre reservado, de nacionalidad venezolana, empleado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, y deduce acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones ProVida S.A., R.U.T. RUT reservadoEl acto que califica de ilegal y/o arbitrario es la detención de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, que le fue comunicada el 1 de julio de 2025 por medio de correo electrónico por la recurrida, sostiene que dicho acto impide que se le devuelvan sus fondos previsionales obrando en contra de lo establecido en el artículo 7 la Ley Nº18.156 que Establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, la facultaría la devolución de los fondos a extranjeros, por lo que solicita se le ordene a la recurrida se reconozca como válida la documentación que acompañó a la solicitud de devolución, seguir con la tramitación de la misma y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión.

Refiere ser ingeniero electrónico con residencia definitiva en el país y que ha prestado servicios profesionales en diferentes empresas, y durante el curso de la prestación de sus servicios y de manera sistemática, se le ha descontado parte de su sueldo y enterado sus cotizaciones de AFP, Salud y Cesantía en los Servicios respectivos.

Presentó una solicitud ante la recurrida para el retiro y/o devolución de sus fondos previsionales de acuerdo con lo establecido de la Ley N°18.156, a la que acompañó los documentos requeridos por la ley para tales efectos, a saber: Contratos de Trabajo y /o anexo con cláusula que especifica exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros del cual se verifica su residencia definitiva, y por último constancia del seguro social de su país de origen Venezuela, cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley 18.156.

El 1 de julio de 2025 por medio de correo electrónico la recurrida le indica que el motivo de detención de su solicitud como técnico extranjero es la falta constancia de afiliación, y le indica que el documento debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y que el documento aportado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado, tramité que no puede realizar por el cierre de la embajada en Venezuela y la falta de representación consular de dicho país en Chile, hecho que señala son públicos y notorios.

Indica que el mismo 1 de julio de 2025 ingresó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, la que le reiteró lo señalado por la recurrida y agrega que no le corresponde pronunciarse sobre el cierre de la embajada en Venezuela y la falta de representación consular.

Reitera que acompañó un certificado que consiste en un constancia por medio de certificado electrónico de tener seguro social en su país de origen emitido por el Instituto Venezolano de Seguros sociales, que el mismo documentos señala que su validez comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. http://www.ivss.gob.ve, con el código de verificación N° 912c22356-2025509, dando click en la opción verificación constancia, al final de la página.

Por lo que se puede verificar que efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen, por un documento emanado de la autoridad venezolana competente siendo el actuar de la recurrida, arbitrario e ilegal, vulnerando así su derecho de propiedad.

Segundo. A folio 10, informó el abogado Daniel Santoni, en representación de A.F.P. ProVida S.A.

Solicita el rechazo del recurso de protección por no ser la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento donde no existe derecho indubitado y, en subsidio, alega que no ha incurrido en acto ilegal y/o arbitrario alguno.

Señala que efectivamente rechazó la solicitud de devolución de fondos en su calidad de técnico extranjero de conformidad a la Ley N°18.156 del recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Pensiones no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito del N°2 del artículo 1° de la Ley 18.156. -no hay Nº 2 en el artículo-, por cuanto la afiliaciación a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

Alega que el recurrente no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones, para efectos de obtener pronunciamiento del regulador.

Tercero. Que, el marzo normativo de la devolución solicitada por el recurrente se encuentra en la Ley Nº 18.156 que Establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705.

La norma refiere en su artículo 1º que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

A su turno, el artículo 7º de la ley referida señala “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

Cuarto. Que la discusión en el presente caso se circunscribe únicamente a que el recurrente no cumpliría con el requisito específico de acreditar por medio de un certificado apostillado o legalizado el requisito del artículo 1º letra a), esto es, que se encuentra afiliado un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, mas no respecto a los demás requisitos respecto a los cuales no se comunica reparo ni en la respuesta otorgada por la recurrida al afiliado ni en su informe.

Sobre el mentado certificado, el recurrente acompañó a su solicitud y a folio 1 del presente ingreso, un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” expedida el 12 de junio de 2025 que consigna lo siguiente “El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), hace constar por medio de la presente que el (la) Ciudadano (a) nombre reservado titular de la Cédula de Identidad N° RUT reservado posee 59 semanas cotizadas ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), siendo su primera fecha de afiliación al Instituto 01/09/2015, encontrándose actualmente en estatus de asegurado CESANTE en la empresa NESTLE VENEZUELA (LARA) inscrita bajo en Número Patronal L32000017 con Fecha de egreso 21/10/2016 según base de datos de la institución sujeta a revisión de documentos probatorios”. Al final del documento se lee la siguiente frase: “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. (www.ivss.gob.ve) con el código de verificación N° 912c22356-2025509”.

Quinto. Que, así las cosas, un documento como el previamente referido si permite, en su caso, acreditar el cumplimiento de la exigencia establecida en la letra 1 letra a) de la Ley Nº 18.156, que es que el recurrente se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile y es verificable en cuanto a su validez por un mecanismo con código de código de verificación, apta para justificar el requisito mencionado, por lo cual tiene fuerza vinculatoria para la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la misma ley y acceder a la petición del recurrente. En efecto, no puede pretender la institución recurrida que una institución de seguridad social extranjera emita un certificado de afiliación idénticos a los emitidos en nuestro país, y que se apostille como copia fiel de su original un documento no le quita mérito a su existencia ni a lo que en él se contiene, porque está atestiguado por la fe pública; por lo demás, existe también constancia que el extranjero se encuentra actualmente pensionado.

A su turno, efectivamente es un hecho de público conocimiento la imposibilidad práctica de obtener el certificado apostillado o legalizado por las instituciones respectivas, por lo que insistir en dicho requisito pone al recurrente en una situación de imposibilidad de cumplimiento y que tiene como consecuencia, la privación de la correspondiente tramitación de su solicitud.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de requerir la presentación del mismo certificado obtenido desde la misma fuente por el recurrente, pero con fecha actual, para efectos de la vigencia del código de verificación.

Dándose cuenta que al ingresar a la página de la institución emisora referida en el documento, es posible, con los datos del recurrente nombre y número de identificación, dar cuenta que con los mismos se registra una afiliación al sistema de seguridad social de dicho país.

Sexto. Que, en base a lo expuesto, se logra concluir que el acto impugnado deviene en ilegal, al rechazar la solicitud, teniendo presente para ello lo dispuesto en la Ley 18.156, lo que demuestra que la recurrida ha creado una hipótesis no prevista por el legislador para no acoger a trámite lo solicitado por la peticionaria, conculcando con dicho proceder, su garantía a la igualdad ante la ley, y una amenaza de vulneración al derecho de propiedad del recurrente, por lo que se acogerá la acción en los términos que se dirán en los resolutivo.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones ProVida S.A. y se ordena a esta última, que permita la realización del trámite solicitado con el tipo de documento acompañado a la solicitud de devolución para acreditar el requisito del artículo 1 letra a) de la Ley Nº 18.156, sin perjuicio de requerir al recurrente, en su caso, la actualización del mismo, para efectos de vigencia del código de verificación, a fin de continuar con la tramitación de la solicitud y, en tal sentido, pronunciarse a su respecto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección-574-2025