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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 5711-20227 dic 2022

nombre reservado con CONTRALORÍA LOS RÍOS

Fecha
7 de diciembre de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Valdivia
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol N° 5711-2022, sentencia de 7 de diciembre de 2022

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Contraloría Regional de Los Ríos: su abstención de pronunciarse sobre la destitución es legal, pues la materia ya fue resuelta por vía jurisdiccional y está sometida a tribunales.

Texto íntegro

C.A. de Valdivia Valdivia, siete de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Doña nombre reservado, RUT RUT reservado, recurre de protección en contra de la Contraloría Regional de Los Ríos, por vulneración de la garantía del numeral 19 N°3 inc.5 y 19 N°24, y artículo 6 de la Constitución Política de la República, respecto del oficio N° E 254456, de fecha 7 de septiembre de 2022, mediante el cual se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de la medida disciplinaria de destitución impuesta a la recurrente por la I. Municipalidad de Valdivia, inhabilidad de ingreso a la Administración del Estado y compensación económica por el fuero gremial.

Indica que se desempeñó como administrativa en el departamento de educación municipal, desde el año 2013 hasta el 6 de marzo del año 2020.

Se pone término a su relación laboral por falta a la probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Fue presidenta de la Asociación de funcionarios del DAEM, hasta 20 de junio de 2021.

Que, la I. Municipalidad de Valdivia no considero para la medida disciplinaria de destitución, lo establecido en el artículo 25 de la Ley 19.296, respecto al fuero gremial.

A causa de la desvinculación, acoso laboral y daño en su salud, interpone acción de tutela laboral, causa RIT T-54-2020 del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, acción que fue acogida.

Con posterioridad interpone acción en procedimiento ordinario, RIT O-219-2021, ante el mismo Tribunal, solicitando se declare la ilegalidad de la medida disciplinaria de desvinculación, se ordene su comunicación a Contraloría General de la República a fin de que quede sin efecto la sanción de inhabilidad funcionaria, y se pague todos los haberes, prestaciones y remuneraciones desde el 06 de marzo de 2020 hasta el 20 de junio de 2021.

Expresa que, respecto de esta causa, el Tribunal dicta sentencia rechazándola, en base a lo dispuesto en el artículo 489 inciso 7°, del Código del Trabajo, por estimar que el no ejercicio de estas acciones en la causa de tutela, importó su renuncia.

Ante esta resolución, concurre a la Contraloría Regional de los Ríos, para que se pronuncie sobre la ilegalidad y desproporción de la medida disciplinaria de destitución, materia que es de su competencia y que no existe impedimento legal para resolverla.

Absteniéndose dicho órgano de emitir un pronunciamiento conforme lo dispone el artículo 6 de la Ley 10.336, que a juicio de la recurrente es interpretado de forma errónea pues en la especie no se está frente a un asunto de naturaleza litigiosa, ya existe una sentencia de término de un tribunal de justicia y la materia no es competencia del Consejo de Defensa del Estado, constituyendo a su juicio esta omisión el acto ilegal y arbitrario, pues deja de lado su obligación Constitucional y legal, de responder jurídicamente a los reclamos y denuncias que se le presenten.

Solicita que se deje sin efecto el acto impugnado; y que la Contraloría Regional de Los Ríos se pronuncie sobre el fondo del reclamo, con costas del recurso.

Informa el recurso don nombre reservado, Contralor Regional, solicitando su rechazo.

Indica que la sentencia que rechaza la acción en causa RIT O-219-2021, es impugnada mediante un recurso de nulidad, confirmando esta I. Corte la resolución cuestionada.

Refiere que el acto impugnado, hace mención del artículo 76 de la CPR, precepto que debe interpretarse con el artículo 6 de la Ley 10.336, por lo cual conforme dictámenes Nos 7.383, de 2013, y E90444, de 2021, de la Contraloría General de la Republica.

Que esta Sede Regional resolvió abstenerse de pronunciarse en la materia, puesto que esta incide en determinar los efectos de la sentencia antes en referencia, cuyo conocimiento compete exclusivamente a los Tribunales de Justicia.

El acto no es ilegal, pues el acto impugnado se ha emitido con plena observancia a los artículos 7 y 76 de la Constitución Política y artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336. Además, la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 17.116, de 2005 y 12.679, de 2020.

No es arbitrario, toda vez que no constituye una acción u omisión arbitraria, sino que es el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada y de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia.

Refiere que el asunto respecto del cual se solicita su pronunciamiento es idéntico y se encuentra vinculado con las acciones laborales interpuesta por la recurrente, por lo cual pretende reclamar en sede administrativa aquello que le fue denegado en sede judicial, lo cual es jurídicamente improcedente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio SEGUNDO: Que el presente caso, el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, consisten en determinar si la Resolución de la Contraloría Región de Los Ríos constituye un acto ilegal y/o arbitrario y, por tanto, si de ello se ha producido una afectación de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad del recurrente.

TERCERO: Que el artículo 8 inciso 2º de la Ley 10.336 señala “La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa Fiscal, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor”.

CUARTO: Que ha quedado de manifiesto que la recurrente intentó por vía Jurisdiccional que se declare la ilegalidad de la medida disciplinaria expulsiva que le fue impuesta, respecto de la cual el Tribunal competente resolvió no dar curso por existir en la especie una renuncia de acciones según lo dispuesto en el artículo 489 inciso 7° el Código del Trabajo.

De esta manera, no es posible que la recurrente intente un pronunciamiento administrativo de un asunto que ya fue resuelto por vía Jurisdiccional, por lo cual el actuar de la Contraloría Regional, es legal, pues se enmarca plenamente en lo dispuesto en el artículo 6 y 76 de la Constitución Política de la Republica y no es arbitrario, pues no resulta irracional ni obedece a un mero capricho.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto por los artículos 19 Nº 2, 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Contraloría Región de Los Ríos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Luis Galdames Bühler.

N°Protección-5711-2022.