nombre reservado con TESORERÍA GENERALDE LA REPÚBLICA DE CHILE

C.A. de Valdivia Valdivia, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, médico cirujano, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de Tesorería General de la República, representada legalmente por su Directora, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, atenta contra las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Funda su recurso en que mediante notificación personal de 29 de septiembre de 2022, tomó conocimiento del Of. Ord. N° 1972, de 19 de agosto de 2022, del Servicio de Salud de Osorno, en que se informa que la recurrida ha decidido rechazar los bonos post laboral, según Oficio N°17.470 de 1 de agosto del año 2022. Detalla latamente los fundamentos esgrimidos por la División Jurídica de la recurrida.

Sostiene que tiene 71 años de edad y se retiró del servicio público el año 2015, adjudicándose el incentivo al retiro contemplado en la Ley N° 20.986 que, en síntesis, se traduce en una bonificación de 11 o 12 meses de remuneraciones imponibles, según el caso. Añade que la Ley N° 20.305 establece mejores condiciones para el retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, que se traducen en un bono mensual de $70.000, aproximadamente, conforme a los requisitos contemplados en la citada legislación. Cita Dictamen de la Contraloría Regional de Tarapacá, para concluir que los beneficiarios de la Ley N° 20.986 tienen derecho al bono post laboral cuando lo solicitan dentro del plazo que prevé la Ley N° 20.305, esto es, dentro de los 12 meses siguientes de cumplidos los 60 o 65 años de edad, según el sexo del peticionario. Afirma que dicho Dictamen reconoce el criterio seguido por la Contraloría General de la República en orden a que las incompatibilidades entre beneficios contenidos en distintas leyes constituyen, en general, limitaciones de carácter excepcional.

Señala que conforme al artículo 80 de la ley N° 21.306, sobre reajuste del sector público para el año 2021, son tres los requisitos para gozar del plazo excepcional que esta norma establece y que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, habida consideración que la Contraloría General de la República se pronunció en términos similares el año 2020.

Arguye que el acto ilegal y arbitrario de la recurrida consiste en no dar aplicación al artículo 80 de la Ley N° 21.306 que modificó excepcionalmente y por el año 2021 los plazos de postulación al bono post laboral, lo que trajo como consecuencia que no se otorgara el citado bono, peses a que cumple con todos los requisitos exigidos en la Ley N° 20.305. Aduce que el acto administrativo cuestionado no cumple con los requisitos de motivación previstos en la Ley N° 19.880, lo que conculca la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, al otorgar un trato discriminatorio y privarla de acceder a un bono de adicional de $70.000 mensuales.

En definitiva, solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto el acto ya individualizado, declarando que tiene derecho a obtener el bono post laboral de conformidad a la Ley N° 21.306, con costas.

Informando el recurso, don Marcelo Lagos Vodanovic, abogado, en representación convencional de del Fisco-Tesorería General de la República, alega en primer término la improcedencia de la acción constitucional, por existir recursos e instancias jurisdiccionales y administrativas destinadas a solucionar el conflicto, esto es, la Ley N° 19.880 que franquea la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo al efecto. Añade que, además, existe la posibilidad de recurrir al Dictamen de la Contraloría General de la República, para que dirima la contingencia, con poder obligatorio para los organismos del estado involucrados en la temática de autos.

En segundo lugar, arguye que lo reprochado en autos consiste en la negativa a gozar de un beneficio, lo que evidencia la falta de derecho indubitado de la parte recurrente, precisamente, porque el beneficio impetrado no goza de reconocimiento alguno por parte de la autoridad. Agrega que entre la documentación aportada por la recurrente no existe un acto administrativo que declare el beneficio en cuestión, lo que denota el carácter eventual del beneficio solicitado.

En cuanto al fondo, niega la existencia de un acto ilegal y arbitrario, pues el artículo 80 de la Ley N° 21.306, concedió el plazo de 1 año, a partir del 31 de diciembre de 2020, para impetrar el bono contemplado en la Ley N° 20.305, a los ex funcionarios que no hubieran accedido a este, en la medida que cumplan los requisitos legales para acceder al bono de la Ley N° 20.305 y no hubieran presentado la solicitud para impetrarlo; o bien, cumpliendo los requisitos legales y habiendo solicitado el bono de la Ley N° 20.305, no hubiesen acreditado sus requisitos por motivos no imputables a ellos; y finalmente, aquellos que, al momento del cese de funciones en el servicio respectivo, se acogieron a los beneficios de leyes de incentivos al retiro voluntario que contemplaron plazos y/o edades distintos de los señalados en los numerales 4 y 5 del artículo 2 y artículo 3 de la Ley N° 20.305, siempre que cumplan los demás requisitos para acceder al bono que contempla esta última norma.

Sostiene que el citado artículo 80, solo debe aplicarse a las situaciones excepcionales y específicas de la Ley N° 20.305, habida consideración que la Ley N° 20.986 no establece la compatibilidad de sus bonificaciones con el bono de naturaleza laboral aludido previsto en la Ley N° 20.305. Aduce que, en virtud de lo expuesto, no es posible interpretar que los beneficiarios de Ley N° 20.986, se encuentre en alguna de las 3 hipótesis señaladas en la Ley N° 21.306, por lo que la recurrente bien pudo acceder al beneficio previsto en la primera y no en la segunda.

En subsidio, manifiesta que la recurrente nació el 26 de octubre de 1951, cumpliendo los 60 años de edad el 26 de octubre de 2011 y retirándose del servicio público en el año 2015, adjudicándose el incentivo al retiro de Ley N° 20.986. Refiere que frente a la renuncia voluntaria del servicio, la recurrente percibió el incentivo al retiro dispuesto en la Ley N° 20.986, sin embargo, dicha renuncia se efectuó fuera del plazo establecido para gozar del beneficio de la Ley N° 20.305, esto es, dentro de los 12 meses siguientes a cumplir los 60 años (26 de octubre de 2012). Añade que, aun de estimarse compatibles los beneficios de ambas leyes, en la especie la recurrente no puede gozar de aquel establecido en la Ley N° 20.305, precisamente, porque su renuncia se efectuó fuera de plazo, lo que no puede soslayarse por la Ley N° 21.306 que, en caso alguno, alteró los requisitos del plazo en que debió operar la renuncia.

Niega la afectación de las garantías constitucionales que se dicen conculcadas, desde que no se trata de un derecho indubitado, al tiempo que se otorgó la misma respuesta en tiempo y forma para los casos de idéntica complexión.

Pide el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía consiste en el Of. Ord. N° 1972, de 19 de agosto de 2022, del Servicio de Salud de Osorno, mediante el cual se comunicó a la recurrente que la Tesorería General de la Republica decidió rechazar los bonos post laboral solicitados, según consta en Oficio N°17.470 de 1 de agosto del año 2022.

El objeto del presente recurso es que “se deje sin efecto el acto impugnado notificado presencialmente a la Dra. nombre reservado, con fecha 29 de septiembre de 2022, que contiene el Of. Ord. N° 1972 de fecha 19 de agosto del año en curso, por el cual se le informa la respuesta negativa entregada por la Tesorera Provincial de Osorno, es ilegal y arbitrario y se declare que la Dra. nombre reservado tiene derecho a obtener el Bono Post Laboral en el presente año, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 21.306”.

SEGUNDO: Que, para una adecuada resolución de la controversia, resulta útil consignar que el artículo 2 de la Ley N° 20.305, que concede el beneficio post laboral, en sus numerales 4 y 5 indica: “Para tener derecho al bono del artículo anterior será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos: (…) 4. Tener cumplidos 65 años en el caso de los hombres y 60 años tratándose de las mujeres. 5. Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones señaladas en el artículo 1º, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley Nº 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda…”.

A su turno, el artículo 80 de la Ley N° 21.306 establece que: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la ley Nº 20.305, otórgase, por única vez, el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley para impetrar el bono de la ley Nº 20.305, a los exfuncionarios y exfuncionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no hubiesen accedido al bono por motivos no imputables a ellos (…) Asimismo, podrán acogerse al plazo especial antes señalado aquellos funcionarios y funcionarias que, en el momento del cese de funciones en el servicio respectivo, se acogieron a los beneficios de leyes de incentivos al retiro voluntario que contemplaron plazos y/o edades distintos de los señalados en los numerales 4 y 5 del artículo 2 y en el artículo 3 de la ley Nº 20.305, tales como la ley Nº 20.374 y la ley Nº 20.135, siempre que cumplan los demás requisitos para acceder al bono de la ley Nº 20.305. En este caso, se deberá postular en la institución exempleadora y el bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente de la fecha del acto administrativo que lo concede…”.

TERCERO: Que, de la lectura del acto impugnado se aprecia que la recurrida arribó a la decisión que se cuestiona en esta sede, previo análisis de las distintas circunstancias involucradas y mediante una interpretación de las Leyes números 20.305, 20.986 y 21.306, para concluir la improcedencia de la bonificación solicitada por la recurrente.

CUARTO: Que, por consiguiente, la recurrida obró dentro de las competencias previstas en la Ley N° 19.041, lo que descarta la ilegalidad alegada y, en tanto, se ha emitido un pronunciamiento fundado, tampoco puede considerarse arbitrario.

QUINTO: Que, por lo demás, del análisis de las normas transcritas precedentemente, en relación a los presupuestos facticos sostenidos por la actora, surge que la discusión de fondo que plantea el presente recurso exige evaluar si la recurrente tiene derecho a percibir el bono previsto en la Ley N° 20.305, controversia que atendida su naturaleza no corresponde a una materia que pueda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

SEXTO: Que, en virtud de todo lo razonado el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de que la tutela que se demanda, en cuanto fuere procedente, pueda ser otorgada mediante el ejercicio de las acciones administrativas o judiciales que procedieren.

Por lo expuesto, y visto además, lo dispuesto por en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado en contra de Tesorería General de la República.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5710-2022.