Protección contra Cuerpo de Bomberos de Mafil

C.A. de Valdivia Valdivia, veintidós de diciembre de dos mil veintidós.

Valdivia, veintidós de diciembre de dos mil veintidós.

Visto:

La señora Natalia Belén Ulloa Villena, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, maestro gasfíter, domiciliado en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra del Cuerpo de Bomberos de Mafil, representado por su Superintendente don Francisco Patricio Jiménez Urrutia, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra del Consejo Superior de Disciplina, representado por su presidente don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N°3 inciso 4 y 5 de la Constitución Política de la República, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en haberlo sancionado con la expulsión del Cuerpo de Bomberos, sin haber cumplido con un debido proceso y con transgresión a su propio reglamento institucional y la Constitución.

Asevera haber detentado la calidad de superintendente hasta antes de la expulsión.

Narra que el 6 de septiembre de 2022 fue notificado mediante carta de una sanción aplicada por el Tribunal Consejo Superior de Disciplina, carta suscrita por don nombre reservado, quien señala ser su presidente. En dicho documento se señala que: …. “una vez reunido el Consejo Superior de Disciplina, revisada de forma detallada la información y medios probatorios entregados por la comisión investigadora compuesta por la señora nombre reservado, señor nombre reservado y don nombre reservado, en reunión dispuesta exclusivamente para tratar el caso del señor nombre reservado y la denunciante doña señora nombre reservado” “ Por unanimidad se establece, que si hubo acoso y hostigamiento a la señora nombre reservado, por tanto también por unanimidad se determina como sanción al señor nombre reservado la expulsión del Cuerpo de Bomberos de Mafil y la prohibición de acercamiento a cualquier cuartel a nivel nacional, no pudiendo ingresar nuevamente a sus filas.”

Agrega que no existe un reglamento oficial debidamente aprobado e implementado que regule la manera en que se va a sancionar este tipo de conductas.

Expresa que se cometieron faltas a la garantía constitucional del articulo 19 N°3 de la Constitución, el debido proceso, ya que solicitó en dos ocasiones copia del expediente de investigación, así como conocer las pruebas que se rindieron y verificar la veracidad de las mismas, que supuestamente sirvieron de base para arribar a la plena convicción por parte de su sentenciador de que los hechos por los cuales se le acusaron fueron efectivos.

Pide se adopten de inmediato las providencias necesarias para permitir el pronto restablecimiento de los derechos conculcados y, en definitiva, declarar que:

1.- Se acoge el recurso de protección;

2.- Se ordene dejar sin efecto la sanción aplicada a don nombre reservado con efecto inmediato.

3.- Se ordene la expresa condenación en costas a los recurridos.

4.- Se disponga como medio de notificación al cuerpo de bomberos de Máfil así como para el Consejo Superior de Disciplina. el correo electrónico correo reservado

El señor nombre reservado, abogado, por el recurrido Cuerpo de Bomberos de Máfil, informa al tenor del recurso.

Después de explicar las labores de la institución de los bomberos, se explaya en relación a su normativa en materia de acoso y abuso sexual.

Expresa que la Junta Nacional de Bomberos dictó el 10 de julio de 2019, la Circular PR19/10, dirigida a todos los Consejos Regionales y Superintendentes de los Cuerpos de Bomberos del país afiliados y dicho documento fue actualizado mediante resolución del Directorio Nacional de Bomberos de Chile, el pasado 15 de octubre de 2022, y comunica el “protocolo contra el acoso y abuso sexual, el que al tenor de su numeral 4 pretende ser “una herramienta para garantizar el respeto mutuo y la no discriminación arbitraria para, resguardar la dignidad de las personas”. Dicho protocolo tiene por objetivo general establecer un procedimiento de actuación para los distintos Cuerpos de Bomberos del país ante denuncias de acoso o abuso sexual, con el propósito de resguardar los derechos, integridad, y dignidad de sus integrantes, en especial de las mujeres bomberas o, brigadieres. Como objetivo específico se plantea la protección a la víctima.

Añade que en lo normativo, la Institución se rige por las disposiciones de la Ley N° 20.564, Ley Marco de Bomberos de Chile; por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, por sus Estatutos, y por su Reglamento General, aprobado en el año 1962, cuyas últimas modificaciones fueron aprobadas en Asamblea General de Voluntarios de fecha 25 de noviembre de 2017 y 26 de agosto de 2022 Explica que para los efectos de llevar a cabo las funciones de policía correccional de sus integrantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 553 del Código Civil, existen organismos disciplinarios autónomos de toda persona u organismo directivo, que ejercen la función sancionatoria, los cuales son: el Consejo Superior de Disciplina -órgano disciplinario máximo de la Institución- y la Junta de Disciplina de cada una de las Compañías, entes intermedios que conocen de las faltas que cometan los voluntarios y que no sean de competencia del organismo superior A continuación se refiere a los hechos con sus detalles, que motivaron que el actor fuera expulsado por pérdida deshonrosa de la calidad de integrante del Cuerpo de Bomberos de Máfil.

Expresa que el recurrente fue oído y pudo aportar su prueba a la investigación.

Niega la existencia de vicios del procedimiento, haciéndose cargo una a una de las afirmaciones en este sentido que se contienen en el recurso.

Finalmente se refiere a cada una de las garantías fundamentales que se denuncian como vulneradas, argumentando que ni el debido proceso, ni la igualdad ante la ley, tampoco la integridad psíquica del actor han sido mancilladas por el actuar de la recurrida.

Y considerando:

Primero: Para la procedencia de la acción de protección se requiere que el recurrente sea titular de un derecho fundamental respecto del cual haya sido privado, perturbado o amenazado en su ejercicio a través de acciones u omisiones del recurrido que revistan el carácter de ilegitimas o arbitrarias. Concretamente, se invoca la privación del derecho a un debido proceso y a no ser juzgado por comisiones especiales, igualdad ante la ley, propiedad y honra del recurrente.

La acción de la recurrida consiste en la expulsión del actor, por parte del mando de bomberos, de la institución de voluntariado, ante la conducta de quien incurre en un hecho de connotación sexual respecto de una subalterna de la institución.

Segundo: Como se dijo, uno de los pilares del recurso de protección es la existencia de actuaciones u omisiones ilegales o arbitrarias.

La ilegalidad que se refiere el recurrente radica en la actuación del cuerpo de bomberos, al proceder a expulsarlo de la institución incurriendo en transgresión a disposiciones reglamentarias, en síntesis, estima que por su calidad de superintendente tuvo un proceso sancionatorio que fue llevado en forma desigual, con las nefastas consecuencias de su expulsión.

El informe explica que se cumplió a cabalidad con el Reglamento, que conocieron el asunto los cuerpos que debían hacerlo y que no hubo un trato discriminatorio. Se señala que el procedimiento se siguió regularmente.

Tercero: Es el Consejo Superior de Disciplina el organismo encargado de resolver los temas de disciplina y justicia en el cuerpo de bomberos de Máfil y su funcionamiento está regulado en los artículos 49 y siguientes del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos, en su Título XIII, existiendo una primera y segunda instancia, encontrándose el proceso especialmente regulado según el reglamento institucional.

En los artículos 54 y 56 están regulados los pasos a seguir en primera y en segunda instancia. Del caso en comento se aprecia que el actor no recurrió en contra de lo resuelto dentro de la institución, sino que se dirigió inmediatamente a esta Corte, utilizando la vía de la acción de protección.

Cuarto: De los documentos acompañados se constata que existió formulación de un cargo y que el actor tuvo oportunidad de presentar sus descargos, lo que verificó en dos oportunidades. Por su parte, se incorporó prueba y en su mérito el Consejo Superior de Disciplina, se pronunció. Se lee que la Sala Disciplinaria, con el estudio de los antecedentes, evidencias y los testimonios realizados por los citados a ese consejo, cumpliendo con las normas del debido proceso, impuso la sanción dentro de un juicio justo y racional. Se aprecia que el propio recurrente presentó una carta de renuncia a su cargo de superintendente el 11 de agosto del año en curso y que un día después, se verificó la reunión extraordinaria, de la que da cuenta el acta de 12 de agosto, para tomar conocimiento de la situación que afectaba al renunciado superintendente, conforme a la acusación de acoso sexual presentada por doña nombre reservado, quien había sido despedida por el actor, días previos.

Quinto: Centrando el análisis en la presunta ilegalidad que se denuncia, con transgresión al debido proceso, por la expulsión del actor, es necesario enfatizar que de la jurisprudencia en materia de recurso de protección aparece con claridad que es posible distinguir dos posturas en lo que se refiere a la vigencia y aplicación de la garantía constitucional del debido proceso en los procedimientos sancionatorios. Por un lado, se encuentra aquella jurisprudencia más bien formalista que sostiene que, por razones de texto, la Constitución Política no autoriza amparar, mediante el recurso de protección, la garantía del debido proceso frente a las omisiones cometidas por una entidad que pone en marcha un procedimiento sancionatorio, conforme al texto expreso de la carta fundamental, que no contempla aquella garantía dentro de las que pueden invocarse con la presente acción constitucional. Por otra parte, se encuentra aquella jurisprudencia más garantista que reconoce la plena aplicación de esta garantía constitucional en estos procedimientos sancionatorios, y su consiguiente amparo por el recurso de protección, principalmente vinculándola a la igualdad ante la ley.

Sin perjuicio del conflicto antes anotado, se puede concluir que, conforme a la jurisprudencia mayoritaria, los siguientes son los elementes y las etapas que en materia de sanciones disciplinarias configuran un debido proceso, elementos que deben estar presentes en todo procedimiento sancionatorio y además estar contenidos en los respectivos reglamentos sancionatorios:

a) Tipificación: que las conductas sancionadas y sus respectivas sanciones se encuentren previamente descritas en el reglamento disciplinario;

b) Instructor: presencia de un instructor imparcial encargado de establecer las faltas que se sancionan;

c) Investigación previa que establezca los hechos y las faltas sancionadas;

d) Formulación de cargos en forma precisa y fehaciente;

e) Emplazamiento: poner en conocimiento de los cargos formulados al investigado;

f ) Bilateralidad de la audiencia: que el investigado tenga oportunidad de ser oído, hacer sus descargos, rendir pruebas y poder defenderse de los cargos formulados;

g) Imparcialidad de quien resuelve; y h) Derecho a reclamo: existencia de una segunda instancia de apelación que permita revisar las sanciones adoptadas, debiéndose señalar un plazo para la interposición del recurso y el tiempo para su vista.

Sexto: Resulta ilustrativo lo antes anotado, pues ninguna de las etapas consignadas en el considerando que antecede, fue obviada en el procedimiento sancionatorio del que fue objeto el actor. Cada una de ellas está contemplada en el Reglamento, al que ambas partes se han referido.

Es importante señalar que la sanción de expulsión fue adoptada con una investigación previa y escuchando descargos o explicaciones por parte del afectado y recibiendo prueba y con la posibilidad que una entidad, en segunda instancia, revise lo resuelto.

Es así, en cuanto se siguió el curso procedimental que impone el Reglamento, el que recoge las normas de un debido proceso. Se aprecia que la resolución impugnada, ha sido dictada por la autoridad correspondiente, quien lo ha hecho dentro del ámbito de sus atribuciones y conforme a un procedimiento establecido con antelación y se constata además que la medida guarda proporción con los fundamentos de hecho que la han motivado.

Séptimo: Ya está claro que ninguna ilegalidad procedimental advierte esta Corte en el obrar de la recurrida. Tampoco se aprecia arbitrariedad. Un acto arbitrario, como otras veces ha quedado consignado, es uno carente de fundamento racional, esto es, uno en que sólo el capricho del agente ha motivado su voluntad. Nada de ello ocurre en el caso sub judice en que de acuerdo a lo informado, hubo un procedimiento ajustado a derecho, que se basó en las facultades legales del ente administrativo y que obedeció a dar aplicación a una sanción respecto de un hecho que no se cuestiona.

Octavo: Ahora bien, como se ha reiterado, no existe una versión que niegue lo acontecido, respecto a las insinuaciones y mensajes de índole sentimental dirigidos a una dependienta por parte del actor, en esa época autoridad máxima en el plano administrativo del Cuerpo de Bomberos de Máfil.

La cuestión radica en que el actor no está conforme con la decisión tomada por la autoridad. Si bien, hace un esfuerzo en su recurso por argumentar en torno a la transgresión al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la honra, lo concreto es que no se vio privado de ninguna de estas garantías constitucionalmente protegidas por este recurso, por un actuar que sea arbitrario o ilegal y que pueda ser reprochado al Cuerpo de Bomberos de Máfil, lo que no existió.

Ya se desarrolló lo concerniente a la garantía del debido proceso.

En lo que toca a la igualdad ante la ley, tampoco hay transgresión de la misma, al no constar un trato discriminatorio que afecte al actor. Incluso, puede argumentarse lo contrario, pues a la luz de lo que se expuso en el informe, tuvo doble oportunidad de presentar descargos.

Noveno: En síntesis, se ha demostrado que en el caso en estudio, situado en el marco del sistema de infracción reglamentaria de la institución recurrida, ninguna ilegalidad procedimental se advierte y tampoco se aprecia arbitrariedad.

A mayor abundamiento y pese a no existir arbitrariedad ni ilegalidad, se analizó la presunta conculcación a las garantías constitucionales mencionadas por el recurrente, de acuerdo al citado artículo 20 de la Constitución Política de la República, y ésta situación fue descartada.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 n.° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y disposiciones pertinentes del Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza al recurso interpuesto por don nombre reservado en contra del Cuerpo de Bomberos de Mafil.

Acordada con la prevención del abogado integrante don Luis Alejandro Durán Roubillard, relativa a que todo proceso de investigación interno que diga relación con hechos que pudieren ser constitutivos de acoso sexual en el ámbito del trabajo debe cumplir siempre con el estándar de reserva que impone el artículo 211-C inciso tercero del Código del Trabajo. Dicha norma solo permite que las conclusiones del procedimiento de investigación sean comunicadas a la Inspección del Trabajo respectiva. De tal manera que la ley ha pretendido que estos procedimientos sean siempre confidenciales, no solo para proteger los derechos del denunciado, que en el caso de marras no es trabajador dependiente, sino también de la parte denunciante. Por lo tanto, al comunicarse los resultados de la investigación a terceros ajenos a la Inspección del Trabajo la parte recurrida incurrió en un acto ilegal, que además resulta desproporcionado para la consecución de los fines sancionatorios y arbitrario al carecer de fundamento o racionalidad. Sin embargo, dicho proceder ilegal y arbitrario implicó una vulneración a los derechos laborales de la denunciante de acoso sexual, quien no es parte de esta acción constitucional de protección y respecto de quién la misma no se ha ejercido, por lo que no puede esgrimirse como fundamento para que el arbitrio tutelar pueda ser acogido.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado y la prevención de su propio autor.

Anótese, regístrese y notifíquese.

N°Protección-5698-2022.