nombre reservado con CLUB DE YATES VALDIVIA

C.A. de Valdivia Valdivia, ocho de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Don Juan Pablo Méndez Pineda, abogado, en nombre de don nombre reservado, chileno, Ingeniero Mecánico, de don nombre reservado, chileno, factor de comercio; y de don nombre reservado, chileno, nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, recurre de protección en contra del Directorio, y de la Comisión de Disciplina del Club de Yates de Valdivia, representado legalmente por su presidente don nombre reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que describe detalladamente en su presentación y que inciden en la imposición de una sanción en su calidad de miembros de la Comisión revisora de cuentas del club de yates de Valdivia.

Contextualizan los hechos a partir de la solicitud que hicieron al directorio y a la administración del Club de Yates, de entregar información para verificar la labor encomendada, información contable con su respaldo documental indispensable, como lo son: Contratos de trabajo de todo el personal, Liquidaciones de sueldos, Planillas de imposiciones, Listado de socios, listado de pago de cuotas sociales canceladas por los socios al día 30 de julio del año 2022, detalle de embarcaciones con los respectivos valores que cancelan por derechos de uso de muelles y o de bodegaje en tierra, libros contables de ingresos y egresos al 31 de julio de 2022. Recalcan las normas estatutarias, contenido en el artículo 9 letra E respecto a tener acceso a los libros de actas, de contabilidad de la corporación, y de registro de afiliados.

Afirman que la documentación solicitada les fue denegada, por considerar que aquello excede de las facultades de la Comisión Revisora de Cuentas. Agregan que conforme al artículo 44 los estatutos en sus letras A y B, sí se contiene la facultad de revisión tanto respecto de los libros como de los comprobantes de ingresos.

Sostienen haber informado a todos los socios del club, a través de un correo electrónico de 7 de febrero de 2023, que al no contar con la documentación que respalde los gastos, la Comisión no podría cumplir la función encomendada por la asamblea.

Añaden que la reacción del directorio se concretó en la citación de los integrantes de la Comisión revisora de cuentas, ante la Comisión de disciplina del club de yates, Comisión que se constituyó con sólo dos de sus tres miembros, y pese a los buenos términos de la reunión, con posterioridad a la misma los actores recibieron la comunicación de una sanción de amonestación escrita por no haber actuado éticamente, imponiendo la obligación de realizar disculpas públicas al directorio y solicitando la renuncia de los miembros de la Comisión revisora de cuentas.

Puntualizan que esta sanción es constitutiva de un acto ilegal y arbitrario, al haber surgido de un procedimiento tramitado en forma ilegal, carente de notificación de cargos; con una comisión de disciplina constituida en forma incompleta; sin derecho a defensa y con la imposición de una sanción que no existe en el estatuto por un hecho indeterminado que no se encuentra descrito que por lo demás carece de fundamentación, lo que además la torna arbitraria.

Lo antes descrito transgrede lo que dispone el título 10º del estatuto, relativo a la Comisión de disciplina, en cuyo artículo 49 se detalla el número de miembros, el procedimiento aplicable y las sanciones que corresponderá imponer. Así las cosas la Comisión disciplinaria ha actuado como una comisión especial lo que se encuentra vedado por el artículo 19 número tres inciso quinto de la constitución. Así también se ha vulnerado la garantía del 19 número uno, número dos de la constitución, lo que se explica en el recurso.

Finalizan pidiendo se acoja el presente recurso protección, declarando que las conductas desplegadas por los recurridos constituyen un acto ilegal y arbitrario y que en consecuencia se deje sin efecto todas las sanciones aplicadas a los recurrentes por ser éstas ilegales y arbitrarias.

INFORMA don Franklin Aurelio Gallegos Cordones, abogado, en representación de la recurrida, haciendo las siguientes alegaciones:

1.- Excepción de incompetencia absoluta, pues considera que la conducta sancionada es de naturaleza ética y su sanción se ajusta a ese parámetro, por lo que la Corte es incompetente absolutamente para conocer de este asunto, toda vez que de conformidad al artículo 10 inciso 2° del Código Orgánico de Tribunales estaríamos fuera de los “negocios de su competencia”, ya que este es un tribunal de derecho y no de ética. La situación seria distinta si en lugar de una amonestación por una conducta anti ética se hubiere ordenado la expulsión de los señores nombre reservado y nombre reservado, lo que no ha sucedido.

De ahí que el entramado de argumentación posterior que plantea la contraria no le es inteligible, ya que intenta subsumir dentro de criterios de tipicidad conceptos que son de naturaleza moral y filosóficas, lo que no encuadra, por tratarse de un tema ético y no precisamente jurídico.

En consecuencia, tratándose de una disputa valórica y ética, el Tribunal no puede ser llamado a conocer de este asunto.

2.- Excepción de Falta de legitimidad pasiva, en la medida que el recurso se dirige “en contra del Directorio, y de la Comisión de Disciplina, del Club de Yates de Valdivia”, pero señala que ni el Directorio ni la Comisión tienen personalidad jurídica, la que es en esencia del “Club de Yates Valdivia”, por ende esta acción está mal dirigida, de manera que, estima que la acción debió haberse dirigido contra las personas naturales que la componían, lo cual no sucedió.

3.- Excepción de falta de fundamentos de la acción constitucional impetrada, pues detalla los hechos y enfatiza que el relato de la parte recurrente es parcial, indicando que la Comisión Revisora de Cuentas “informa a todos los socios del club, a través de un email de fecha 7 de febrero del año 2023, que no contando con la documentación que respalde los gastos “esta comisión no podrá cumplir la función que la asamblea le encomendó, el correo electrónico de fecha 7 de febrero, el cual se dirigió tanto a socios como a NO SOCIOS es decir, se comunica a terceros ajenos a la institución de algo que es esencialmente interno, de modo que innecesariamente se da publicidad a la comunidad de asuntos internos y que terceros no tienen interés de conocer.

Explica que el Estatuto del Club sanciona a quien “por causar grave daño de palabra o por escrito a los intereses de la corporación, falta ética y disciplina deportiva” (art. 11 letra D) numero 2), es decir, se sanciona la falta ética, la cual se plasma en comunicar a terceros ajenos a la institución una situación que es interna, dejando entrever que la directiva no es proba.

Realza que dicho correo electrónico jamás fue dirigido al directorio, como claramente lo indican los Estatutos del Club, era deber de la CRC “informar al directorio sobre la marcha de la tesorería, el estado de las finanzas y dar cuenta de cualquier irregularidad que notare, para que se adopten de inmediato las medidas que correspondan para evitar daños a la institución” (artículo 44 letra b)

En consecuencia, la contraria cimienta su postura omitiendo información al Tribunal y no acompañando el documento base, es decir, el correo electrónico donde consta a quienes se distribuyó la carta que el contenía, la que por demás es vejatoria contra el directorio Alega también la falta de agotamiento de la vía procesal interna. Explica que en vista de lo anterior el Directorio, pone en conocimiento de la Comisión de Disciplina estos antecedentes, dadas las atribuciones de “Recibir, conocer, investigar y resolver los reclamos por faltas a la ética” (artículo 49 letra a), por lo cual oportunamente esta cita, a los ahora recurrentes, para el 01 de marzo 2023 en que se les requería para aclarar antecedentes respecto a las actividades de dicha comisión, quienes llegaran asistidos por dos abogados para su defensa, con poderes correspondientes, en la cual se reconoce la autoría del correo y su archivo adjunto (que en estos autos de denomina carta) los citados no aceptaron una solución amigable (como vía de acuerdo que prevé el artículo 49) y luego el ambiente se volvió beligerante, debiendo darse por terminada la reunión, de modo que se cumplió el deber de “no podrá fallar asunto alguno sin oír previamente a quien se pudiera afectar con alguna medida de carácter disciplinario y recibir sus descargos” (artículo 49, con precisión pagina 23 líneas 16 a 19) y ante tal reconocimiento no cabe más prueba, sino el análisis de los antecedentes.

En dicho contexto “La comisión no podrá aplicar sanción alguna que no se encuentre comprendida en estos estatutos (artículo 49, con precisión pagina 23 líneas 16 a 17). “Las sanciones que podrá imponer la comisión de disciplina, dependiendo de la gravedad de la falta cometida, serán: amonestación, suspensión de los derechos de socio por tres meses, suspensión de los derechos de socios por seis meses y expulsión (artículo 49, con precisión pagina 24 líneas 4 a 8).

Tras lo cual debe, según estatuto, “Informar de sus actividades al directorio” (artículo 49 letra d), lo que se precisa en que “Las resoluciones definitivas que dicte esta comisión serán comunicadas al directorio de la corporación, para que éste se las notifique al afectado” (art 49, precisamente pagina 24 líneas 2 a 4), cuestión que se cumplió con la misiva de fecha 27 de abril de 2023 que estiman agraviante y que se acompaña al recurso de autos.

Tras ello los ofendidos tenían la posibilidad de apelar, según se consagra en el mismo artículo 49 (página 24 línea 10) ya que la comisión de disciplina ante la “apelación del afectado, informará al directorio tales hechos”, es decir, cuando se deduce el recurso de apelación ante la mencionada Comisión, esta informa al directorio, y este, dado que dicho recurso no lo puede resolver la Comisión de disciplina “deberá convocar a una asamblea general extraordinaria especial para tal efecto” (mismo artículo líneas 11 a 13), y “esta asamblea deberá establecer por reglamento los procedimientos para la solución amigable de los conflictos que se generen entre sus asociados, con ocasión de la aplicación de estos estatutos y sus reglamentos. Si no fuere así, esta asamblea deberá dirimir en forma definitiva sobre el conflicto en votación secreta” (mismo artículo líneas 13 a 18)

Asevera que los actores fueron escuchados.

Reconoce que la Comisión de Disciplina estuvo compuesta para esos efectos por don nombre reservado y don nombre reservado, omitiendo indicar por un lado que el señor nombre reservado no concurrió por haberle afectado una situación personal momentos antes de efectuarse la reunión, y que el señor nombre reservado a esa época estaba suspendido según estatutos.

Sobre el particular debe considerarse que si bien asistieron 2 de 3 miembros, su finalidad era escuchar y proponer solución amigable; y en todo caso, al no haber prosperado esto último, al reunirse la comisión en pleno acordó por unanimidad su decisión, dictamen que también podría haberse obtenido por al menos dos votos, de modo que al sesionar se cumplía con un quorum mínimo, que no deslegitima ni su actuar ni su decisión final.

Aseveran los recurrentes que la reunión informal “se desarrolló en buenos términos”, ello es cierto en principio, salvo cuando la misma Comisión de Disciplina fue increpada y debió darse por terminada la reunión.

Finalmente los recurrentes no mencionan que asistieron acompañados por sus respectivos abogados señores Benito Ojeda y otro profesional de apellido Montalbani que no tenía mandato y que solo observó el asunto.

Manifiesta que no existe garantía fundamental que se encuentre conculcada y procede el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La Constitución Política de la República prescribe en su artículo 20 que: “Toda persona que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Conforme a la norma contenida en el artículo 20 de la Constitución, recién transcrita, que regula la acción de protección constitucional, ésta procede cuando existe un actuar ilegal o arbitrario que cause privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos y garantías fundamentales que la norma detalla.

Considerando el amplio campo de competencia que la norma citada otorga, procede rechazar la alegación de incompetencia que sostuvo la recurrida, como primera alegación en su informe, pues la razón dada para justificar aquella, referida a que se trata de materias de orden ético o filosófico, por consistir la sanción aplicada en una amonestación a los actores, no tiene injerencia en la determinación de la competencia de este tribunal, el que debe abocarse al conocimiento de la presente acción en la medida que se denuncien hechos que puedan ser transgresores de las garantías que la acción de protección tiene bajo su resguardo.

TERCERO: Que, igualmente se desestimará la segunda alegación formal relativa a la falta de legitimación pasiva de la recurrida, pues si bien el recurso ha sido dirigido en contra del Directorio y de la Comisión de Disciplina del Club de Yates de Valdivia, representado legalmente por su presidente don nombre reservado, lo que la parte recurrida estima equivocado, ello no ha impedido que se haya podido informar, por la parte recurrida, el Club de Yates de Valdivia, debidamente representado.

CUARTO: Que en lo que respecta al fondo, en síntesis, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía, en último término, ha consistido en haber sido los recurrentes, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, sancionados con una amonestación escrita por parte de la Comisión de Disciplina (CDD) y directorio del Club de Yates Valdivia además de la imposición de otorgar disculpas públicas al directorio del Club de Yates Valdivia por su falta ética, lo que deberá realizarse por correo electrónico institucional a todo el cuerpo social del Club de Yates Valdivia, en plazo no superior a 15 días de la fecha de la notificación; a lo que se sumó la solicitud de la renuncia de la Comisión Revisora de Cuentas con efecto inmediato. Lo anterior, con fundamento en un actuar no ético de los sancionados, como integrantes de la Comisión.

QUINTO: Que, en este orden de ideas, resulta prioritario tener presente que para estimar procedente una acción de protección, se debe apreciar si el acto u omisión que se ha fijado como objeto del recurso incoado adolece efectivamente de ilegalidad o arbitrariedad, en términos de no encontrarse ajustado a la normativa vigente, o bien, de haberse adoptado con criterios ajenos a la racionalidad o proporcionalidad, de modo tal que sean evidencia de un mero capricho de quien (es) ha (n) provenido.

SEXTO: Que en tal sentido y en lo que concierne a la imputación de ilegalidad atribuida al actuar de los miembros del directorio del Club de Yates Valdivia, habiendo depurado el asunto sometido a la decisión de este tribunal cautelar de primera instancia, así como a partir de la ponderación de los antecedentes aparejados por las partes conforme a las reglas de la sana crítica, ha podido advertirse que la imposición de una amonestación por escrito, ha obedecido a criterios estrictamente reglamentarios, enmarcados dentro de las atribuciones otorgadas por el Estatuto del Club que sanciona a quien “por causar grave daño de palabra o por escrito a los intereses de la corporación, falta ética y disciplina deportiva” (art. 11 letra D) numero 2).

En el caso en comento, se sanciona la falta de ética, la que se plasma en comunicar a terceros ajenos a la institución una situación que es interna, dejando entrever que la directiva no es proba, según señala la recurrida en su informe y se lee de la copia de la Resolución que impuso la sanción, que fue acompañada al proceso.

En similar orientación y en complemento de la fundamentación de lo decidido, ha venido a ilustrar el parecer de estas sentenciadoras el artículo 44° letra b del Estatuto de la institución, en cuanto dispone: “En la sesión ordinaria en que debe efectuarse la elección de directorio, la asamblea general designará una comisión revisora de cuentas, compuesta por tres miembros y un miembro suplente, que serán elegidos por votación directa y mayoría de votos, siendo electos las cuatro primeras mayorías. Las obligaciones y atribuciones serán las siguientes: b) Informar al directorio sobre la marcha de la tesorería, el estado de las finanzas y dar cuenta de cualquier irregularidad que notare, para que se adopten de inmediato las medidas que correspondan para evitar daños a la institución”. Norma que fija la órbita de atribuciones de la entidad revisora, atribuciones que se excedieron con faltas a la honra del directorio, según expresó la recurrida.

La sanción fue impuesta por el órgano con atribuciones al efecto, se impuso en su mínimo, y existió el derecho a la doble instancia la cual no se ejerció.

SEPTIMO: Que, despejado que ha sido que ninguna ilegalidad advierte este Tribunal en el obrar de los recurridos, incumbe agregar que tampoco se aprecia la existencia de arbitrariedad, que va usualmente enlazada a la primera, desde que un acto arbitrario, como otras veces ha quedado consignado, es uno carente de fundamento racional, esto es, uno que sólo obedece al mero capricho del agente el cual ha motivado su voluntad.

OCTAVO: Que, En atención a haber descartado que se haya estado ante un actuar ilegal o arbitrario de parte de los recurridos, inoficioso resulta entrar a analizar en profundidad si se han conculcado o no cada una de las garantías constitucionales traídas a colación por el recurrente, pues tal infracción debe ser, de acuerdo al citado artículo 20 de la Constitución Política de la República una consecuencia de una actuar ilegal o arbitrario que no se ha dado en el presente caso.

NOVENO: A mayor abundamiento, se tiene en consideración, que se tomó conocimiento en virtud de los alegatos de las partes el día de la vista de la causa, que en la Asamblea General celebrada con fecha 22 de junio del presente año, se votó censura de los miembros de la citada comisión Revisora de Cuentas de la cual formaban parte los recurrentes.

Ante dicha noticia, se decretó como medida para mejor resolver y para un mejor acierto del fallo, oficiar al Directorio del Club de Yates de Valdivia, a fin de poder conocer la forma de citación a la reunión de Asamblea General celebrada con fecha 22 de junio del presente año; y copia del acta de la Asamblea General del Club de Yates de Valdivia, verificada el día indicado.

A lo solicitado se informó que la citación se verificó mediante una publicación en el Diario Austral de Valdivia al igual que por correo electrónico a todos los socios del club. Y en lo referente al acta de la Asamblea en mención, en lo pertinente se lee que siendo su motivo de convocatoria, dirimir la situación relacionada con la Comisión revisora de cuentas, se aprecia que sometida a votación si la Comisión Revisora de Cuentas debe seguir en funciones, salió vencedora la opción No, que representa a los que no desean que la Comisión siga en funciones, con lo que este recurso ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.-Se RECHAZAN las alegaciones de incompetencia absoluta y de falta de legitimación pasiva.

II.-Se RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por don Juan Pablo Méndez Pineda, en nombre de don nombre reservado, don nombre reservado y de don nombre reservado en contra del Directorio, y de la Comisión de Disciplina, del Club de Yates de Valdivia.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Titular, Sra. María Elena Llanos Morales.

N°Protección-566-2023.