Protección contra medida disciplinaria de expulsión del actor quien por parte del Colegio recurrid

Valdivia, ocho de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS: 1) Comparece nombre reservado y nombre reservado

ALONSO abogadas en representación del preadolescente nombre reservado (13 años) quienes deducen recurso de protección en contra la SOCIEDAD nombre reservado

SOSTENEDOR DEL COLEGIO nombre reservado, en contra de la medida disciplinaria de expulsión del actor quien por parte del Colegio recurrido notificada el 22 de abril del presente.

Explican que nombre reservado padece diagnósticos de Trastorno del Espectro Autista (nivel 1), TDAH combinado moderado y Trastorno de Ansiedad, todos debidamente acreditados por informe psiquiátrico que acompaña.

Luego de señalar pormenorizadamente las terapias, adecuaciones y avances del niño en el establecimiento educacional y la respuesta del Colegio a su condición de neurodivergente, destaca que presentó conflictos de convivencia con otro menor, los que se agudizaron al llegar a la adolescencia, sin que fuera adecuadamente abordador por los profesionales del Colegio.

Señala que, en ese contexto de conflicto con su compañero, el 30 de marzo de 2026, el actor llevó un cortaplumas al establecimiento y lo mostró a otros estudiantes nombrando a un compañero, sin amenaza directa al compañero, cuya motivación era infundir temor a su compañero, quien lo agredía sistemáticamente, que el 23 de marzo de 2023 lo empujó, se calló sobre otro compañero y se lastimó su tobillo, sin que el establecimiento aplicara ningún tipo de medida en contra del agresor.

Ese mismo día le aplicó a nombre reservado la medida disciplinaria de suspensión desde el 31 de marzo al 2 de abril, sin que pudiera volver al colegio.

Al parecer, de acuerdo a todos los documentos, el establecimiento aplicó un procedimiento de aula segura, que no estaba en su Reglamento Interno Escolar 2025 (RIE), ni en ningún otro protocolo conocido por los apoderados o que se pueda descargar de la web del establecimiento.

Indica que el 9 de abril de 2026, el Rector del colegio luego del “término del protocolo” notificó la decisión de “expulsión inmediata de acuerdo al artículo 127 del RIE”. Ante estos hechos, el 10 de abril se presenta una carta de nulidad del proceso y solicitud de antecedentes, ya que dicho procedimiento no estaba explicitado en la documentación, no contaba con los mínimos señalados en la normativas para la defensa del estudiante y los padres no tenían acceso a todos los documentos necesarios para poder responder con suficientes antecedentes.

Lo anterior fue rechazado, viéndose obligados los padres a apelar de la decisión, lo que fue rechazado, siendo los cargos que; “el acto de llevar una cortaplumas al establecimiento y amenazas realizadas a través de un compañero a otro compañero, amenazas que han de estimarse de muerte, al haberse expresado la frase: despídete de nombre reservado”, se entienden como hechos gravísimos de acuerdo al reglamento y a la normativa educacional”.

Añade que el colegio, al tenor de la Ley N°21.545 (Ley TEA), no elaboró un “Plan de acompañamiento emocional y conductual” (PAEC) para el niño en el año 2026 y que, al tenor de los hechos, se debió a una desregulación ante la existencia de un constante acoso por parte de otro compañero, sin que se hubiera considerado en la drástica sanción de expulsión, derivada además de un proceso arbitrario e injusto.

Sostiene que se han vulnerado el derecho a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, en relación con el derecho a la educación del estudiante recurrente.

Indica que el Reglamento presenta diversas irregularidades, ya que la tipificación de faltas gravísimas es contraria al principio de proporcionalidad en el caso de un estudiante con discapacidad, además se aplican dos medidas disciplinarias la de suspensión y la de expulsión para sancionar un mismo hecho, la que se aplica como medida cautelar. Añade que al sancionarse dos veces, se afecta el principio de que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho (non bis in ídem).

Finalmente agrega que la conducta tipificada “porte de arma blanca” tiene en el RIE dos sanciones asociadas, sin diferenciar cuando se aplica una o la otra.

Con posterioridad agrega que existe un reconocimiento de la existencia de omisiones e inconsistencias normativas en el Reglamento interno, y que contiene disposiciones que no estaban vigentes al momento de los hechos, y fueron de todas formas aplicadas, cuestiona además el incluir normativa sobre Ley de Aula Segura a establecimientos educacionales pagados, lo que no estaba contemplado en la normativa interna del Colegio cuando ocurrieron los hechos que motivaron la sanción.

Pide se acoja el recurso de protección, declarando ilegal el acto de expulsión y se ordene a la denunciada que revoque dicha medida, con expresa condena en costas. 2) A folio 17 informa la recurrida (Sociedad Gestión Inmobiliaria y Educacional), la que solicita el rechazo del recurso.

Indica que no existe acto ilegal o arbitrario, ya que la medida disciplinaria fue adoptada conforme al Reglamento Interno del establecimiento, a la normativa educacional vigente y mediante un procedimiento previo, racional y justo.

Sostiene que ingresar al establecimiento, manipular y amenazar con un elemento cortopunzante en un Colegio, es un hecho de la mayor gravedad, debiendo resguardar la integridad física y psíquica de toda la comunidad educativa y el procedimiento efectivamente seguido.

El día 30 de marzo de 2026, el alumno de 8º Básico del colegio nombre reservado, ingresa al colegio portando desde su casa un cortaplumas. La investigación realizada por el colegio, dio cuenta de que ese día, durante la jornada de la mañana, en clase de Educación Física, el alumno habría realizado comentarios ofensivos hacia otro alumno nombre reservado, luego de una caída sufrida por este último, posteriormente, en la clase de ciencias, el alumno nombre reservado informó al profesor que el alumno nombre reservado estaba utilizando un teléfono celular en clases (Tiktok) y manifestó su intención de denunciar la situación. En ese contexto, nombre reservado exhibió una cortapluma abierta a otro compañero señalándole “Despídete de nombre reservado”. (Por resguardo a este menor no se señala su apellido, el cual comienza con la letra E.) Este último informó esta situación a nombre reservado, quien, a su vez, dio aviso al profesor.

La conducta generó alarma y afectación en el grupo curso, en el docente a cargo y por cierto, en el alumno afectado, por lo cual se comunicó al encargado de Convivencia, efectuando entrevistas con los involucrados, requisando la cortaplumas, dándose inicio a la aplicación del protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, hostigamiento escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa, adoptando medidas inmediatas.

En el curso de este protocolo se recibieron entrevistas de estudiantes, docentes, del alumno nombre reservado, se notificó a los padres de la apertura de éste, se les informó la posibilidad de formular descargos y presentar antecedentes, rendir prueba, se recibieron los certificados médicos del alumno, se les notificaron las resoluciones que se dictaron, se les informó el derecho para presentar apelación, entre otros y se realizó acompañamiento al estudiante y a su familia, para la continuidad del proceso educativo.

Indica que, los hechos que sirvieron de sustento para la aplicación de la medida de expulsión, fueron acreditados, así como la afectación a la integridad psíquica del alumno amenazado, y se estimó que la conducta estaba sancionada en los artículos 107; 123 Nº 17; artículos 126 Nº 5, Nº 7 y Nº 8, del Reglamento Interno Escolar (RIE), hechos que fueron investigados conforme al procedimiento, y al tratarse de una falta gravísima se faculta al colegio para aplicar la expulsión del alumno al ser considerada una falta gravísima, medida La resolución se adoptó en forma unánime en que el Directorio del colegio estimó que la sola circunstancia de portar un objeto cortopunzante al interior del establecimiento educacional constituye un hecho de máxima gravedad, desde la perspectiva de la convivencia y seguridad escolar, especialmente si se verifica en un contexto de conflicto mutuo con otro estudiante o con aptitud objetiva para amedrentar, amenazar o alterar gravemente la convivencia y/o la vida o salud del estudiante amenazado.

Añade que al resolverse la apelación, se tuvieron a la vista todos los antecedentes personales, clínicos y escolares del estudiante, en especial, su edad, el curso al que asiste, el diagnóstico informado al colegio, la existencia de apoyos previos, su hoja de vida, medidas formativas anteriores, intervenciones de convivencia, situación psicosocial, entre otras.

Explica que, a raíz de los hechos acontecidos a nivel nacional, relacionados con los actos de violencias ejercidos por estudiantes en establecimientos educacionales, con fecha 28 de abril de 2026 el colegio debió realizar una actualización del RIE, la que solo implicó modificación a los artículos 58, riesgo de repitencia; artículos 87 y 88, medidas y criterios de aplicación; artículos 120 al 123, tipificación de faltas; artículos 125 y 126, medidas y artículos 126 al artículo 135, procedimiento de cancelación de matrícula y expulsión.

Dichas modificaciones fueron debidamente informadas a toda la comunidad educativa por correo electrónico de fecha 28 de abril de 2026.

Es importante señalar que estas modificaciones en caso alguno afectaron o se aplicaron a la situación del alumno recurrente, toda vez que, a su respecto, naturalmente se le aplicó el RIE vigente al momento del acontecimiento de los hechos.

Agrega que no existen antecedentes de una agresión sistemática y grave como la mencionada en el recurso, y que solo fueron puesto en conocimiento del Colegio una vez ocurridos los hechos que motivaron la expulsión del alumno, y la situación anterior fue abordada debidamente el 23 de marzo del presente, acompañado los respaldos respectivos.

Indica que la suspensión de clases correspondió a una medida cautelar mientras se desarrollaba el procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 126.1 de nuestro Reglamento Interno Escolar, la que puede adoptarse ante la existencia de un peligro real a la integridad física o psicológica de otro miembro de la comunidad educativa.

En cuanto al hecho de no haber ponderado en la sanción su condición de neurodivergente, hace presente que los recurrentes incoaron una denuncia por estos hechos a la Superintendencia de Educación, encontrándose el proceso respectivo vigente, lo que ya fue informado al organismo fiscalizador.

El colegio cuenta con un Programa de inclusión escolar, y con diversas medidas para incorporar alumnos con diversas necesidades educativas especiales, tanto transitorias como permanentes, como lo exige la Ley 21.544.

Además, señala que el alumno recibió acompañamiento emocional y conductual los años 2024 y 2025, en lo que respecta a este año no fue firmado por los padres, ya que los hechos ocurrieron en marzo del presente.

Indica que el trastorno de espectro autista no es considerado una discapacidad y tampoco puede dicha condición permitir que el alumno realice cualquier tipo de conductas, incluso aquellas que constituyen faltas gravísimas.

En cuanto a las observaciones al procedimiento y el Reglamento, sostiene que se trata de una conducta descrita previamente, calificada como gravísima, cuya sanción derivó de un procedimiento legalmente tramitado, describiendo todas y cada una de las etapas de dicho proceso y la justificación de las decisiones adoptadas.

En cuanto al cumplimiento de la normativa sobre la apelación de la medida, indica que según el ordinario Nro. 77 de 19 de diciembre de 2025, se modificó aquella respecto de los colegios particulares, por lo cual la apelación se sometió a conocimiento del Consejo de Profesores, el que ratificó la sanción de expulsión.

En síntesis, indica que la medida de expulsión fue adoptada conforme al Reglamento y con estricto respecto a las garantáis y derechos del alumno sancionado, no siendo efectivas las aseveraciones hechas por los recurrentes en su acción constitucional, lo que descarta la existencia de un acto ilegal o arbitrario y en consecuencia no existe vulneración a garantías fundamentales del alumno. 3) A folio 13 consta oficio Nro. NUM000 de 23.05.2026, de la Superintendencia de Educación, el que señala que el colegio recurrido fue multado con 1 UTM en septiembre de 2025, sin indicar el motivo de la sanción administrativa. Explica que en abril de 2026 los padres efectuaron consulta sobre los procesos de expulsión y cancelación de matricula de alumnos pertenecientes a colegios particulares pagados y el 07.05.2026 los apoderados presentan denuncia sobre incumplimiento de la normativa a raíz de la sanción de expulsión, el que se encuentra pendiente de resolución. En lo que respecta al fondo del recurso indica que estar en condiciones de pronunciarse, ya que existe un procedimiento administrativo pendiente. 4) El Reglamento interno del Colegio, notificado a los padres del estudiante recurrente según se acredita en el informe y antecedentes acompañados por la recurrida, establece en su artículo 123 punto 17, que serán consideradas como faltas gravísimas, el “Porte de arma blanca y/o cortopunzante, armas de fuego, artefactos incendiarios u otro que cause daño a las personas o estructura y mobiliario del colegio”. 5) Que, conforme al tenor del recurso y escritos posteriores efectuados por la abogada del estudiante, no hay debate ni cuestionamiento a los hechos que se verificaron en la investigación, es decir, que el estudiante concurrió el día 30 de marzo de 2026 al establecimiento educacional portando una cortapluma, la cual fue exhibida en la sala de clases a un compañero, expresando amenazas respecto de otro alumno del curso, las que provocaron alarma y temor en los estudiantes y profesores del Colegio, lo que se encuentra debidamente respaldado en los profusos antecedentes de la investigación que acompañan por la recurrida. 6) En lo que dice relación con la vulneración al debido proceso, al contrario de lo que expresa la recurrente, se adjuntaron a este recurso las actas, antecedentes, documentos, reglamentos, declaraciones, hoja de vida, formulación de cargos y revisión de la decisión, con las notificaciones a los apoderados del alumno, sin que se verifiquen los vicios que denuncia en su recurso.

En lo referido a la revisión de la apelación efectuada por los padres del alumno, que fue conocida por el Directorio del establecimiento educacional recurrido, cabe consignar que, de todas formas, la decisión de expulsión fue sometida a resolución del Consejo de Profesores, organismo que ratificó la decisión adoptada, cumpliendo con dicho requisito en su procedimiento, lo que también se acreditada en esta causa. 7) Por su parte, el artículo 126 del Reglamento interno del establecimiento recurrido; señala: “El Colegio nombre reservado contempla una serie de sanciones formativas que se aplicarán para todos los cursos, cuando se incurra en un incumplimiento de las Normas de Convivencia Escolar que están descritas en este RIE.

Las sanciones se aplicarán de acuerdo con el grado de la falta y serán analizadas por los responsables de Ciclo antes de su aplicación.”

Así, en el numeral 5°, sobre sanción de “Expulsión inmediata del establecimiento”, se indica lo siguiente: “Esta sanción se podrá aplicar en cualquier momento del año escolar a estudiantes que hayan incurrido en alguna de las siguientes faltas: (…) 7. Porte de arma blanca y/o cortopunzante, armas de fuego, artefactos incendiarios u otro que cause daño a las personas o estructura y mobiliario del colegio. 8. Acciones que pongan en riesgo la seguridad personal, de otros estudiantes y funcionarios del colegio, y… 9. Faltas gravísimas que dañen a otras personas de la comunidad escolar.” 8) A su turno, y atendidas las alegaciones que efectúa la recurrente en su acción, aquellas tienen por objeto impugnar el mérito de la decisión impugnada, circunstancia que escapa a la competencia de esta acción cautelar. 9) Conforme a lo expuesto, encontrándose regulada la conducta y la sanción que acarrea su infracción, derivando su conclusión de un proceso debidamente tramitado por la recurrida, no se avizoran las vulneraciones a las garantías fundamentales que fundan el presente recurso, por lo que la acción será rechazada, como se dirá en lo conclusivo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, Acta 95-2015, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra la SOCIEDAD nombre reservado SOSTENEDOR DEL COLEGIO nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol 560-2026 Protección.