Protección contra Tesorería General de la República

C.A. de Valdivia Valdivia, quince de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS, Doña Chantal Mariel Fritzler Sandoval, abogada, en favor de doña nombre reservado, médico cirujano, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, recurre de protección en contra de Tesorería General de la República, representada legalmente por su Directora, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que le fuera notificado mediante correo electrónico de 19 de agosto de 2022, que contiene el Of. Ord. N° 1972 de fecha 19 de agosto de 2022 emitido por el Servicio de Salud de Osorno, donde se informa que por Oficio N°17.470 de fecha 01 de agosto del año 2022, se ha decidido por la Tesorería rechazar los bonos post laboral, entre los que se encuentra el bono de la recurrente.

La parte recurrente estima que constituye un acto ilegal y arbitrario, el rechazo de la Tesorería General de la República, de conceder los bonos post laboral solicitados, decisión cimentada sobre la base de que la ley 20.986, no ha establecido la compatibilidad de sus bonificaciones, con el bono de naturaleza laboral de la ley 20.305, por lo que no es posible interpretar que los beneficiarios de dicha ley, se encuentren en alguna de las 3 hipótesis señaladas de la ley 21.306. Dicho acto, en su parecer, conculca la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, garantías contempladas en los numerales 2° y 24, respectivamente, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, protegidas por esta acción constitucional, por cuanto la extensión del plazo excepcional del artículo 80 de la ley 21.306, debe extenderse tanto a los beneficios de la ley 20.305, como así a los de la ley 20.986.

Pide acoger a tramitación el presente recurso de protección, acogiéndolo en todas sus partes y ordenando que se restablezca el imperio del derecho, disponiendo que se deje sin efecto el acto impugnado notificado la Dra. nombre reservado, mediante correo electrónico de fecha 19 de agosto de 2022, que contiene que contiene el Of. Ord. N° 1972 de la misma fecha, por el cual se le informa la respuesta negativa entregada por la Tesorera Provincial de Osorno, es ilegal y arbitrario y se declare que la Dra. nombre reservado tiene derecho a obtener el Bono Post Laboral en el presente año, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 21.306, con costas.

Don MARCELO LAGOS VODANOVIC, abogado del Servicio de Tesorería General de la República, en representación del FISCO- TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, informa:

En primer término alega la improcedencia de a acción constitucional, por la existencia de recursos e instancias jurisdiccionales y administrativas destinadas a solucionar el conflicto. En concreto, en la ley 19.880, sobre procedimiento administrativo, se franquea la posibilidad de que el agraviado por un acto de la administración inicie un procedimiento administrativo, solicitando lo que estime pertinente al caso.

Por otro lado, como así lo alude en el fundamento de su recurso, también existe la posibilidad de recurrir al Dictamen de la Contraloría General de la República, para que dirima la contingencia, con poder obligatorio para los organismos del estado involucrados en la temática que nos convoca.

Plantea, en segundo término la falta de derecho indubitado de la parte recurrente. Expresa que para acoger el recurso de protección debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie, ya que el beneficio impetrado, aún no goza de reconocimiento alguno por parte de la autoridad, por lo la protección que se persigue por esta vía no tiene el carácter de indubitado.

Es un hecho, agrega, que de la documentación aportada por el recurrente al recurso se echa de menos la acreditación fehaciente de un derecho o beneficio declarado y la vulneración del derecho, lo cual no puede subentenderse por el simple hecho de las aseveraciones del recurrente.

A continuación plantea como consideraciones de fondo la ausencia de acto ilegal y arbitrario de parte del Servicio de Tesorería, conforme a lo que pasa a explicar la incompatibilidad de los beneficios de la Ley 20.305 con la Ley 20.986, lo que se lee del informe. En subsidio alega la falta de requisitos para impetrar beneficio de la Ley 20.305, lo que explica en detalle, en lo medular dada la edad que tiene la recurrente al momento de la renuncia, que por estar bajo los 60 años, no cumple las exigencias para ser merecedora del beneficio de la ley 20.305.

Termina descartando la conculcación a garantías constitucionales, en particular, por tratarse de meras expectativas de la recurrente y por haber actuado el servicio al amparo de la legalidad y sin discriminar.

Pide se rechace e recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Como primer razonamiento es de relevancia consignar, a la luz de los hechos que se exponen en la acción entablada, que el recurso de protección es un medio de impugnación jurisdiccional de rango constitucional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango constitucional (estrictamente enumerados en el artículo 20 de la carta fundamental) y que provengan de actuaciones que admitan la calificación de arbitraria o ilegal.

SEGUNDO: Los derechos que se invocan como conculcados por parte de la parte recurrente, médico cirujano acogida a retiro voluntario, es el derecho de igualdad ante la ley, que está consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, derecho de igualdad; a su vez, estima transgredido el derecho de propiedad, contenido en el artículo 19 N° 24, por los hechos que describe en su libelo.

TERCERO: De lo consignado en lo expositivo, se aprecia, en síntesis, que la recurrente se considera afectada por un acto ilegal y arbitrario, el cual se materializó a través del Of. Ord. N° 1972 de fecha 19 de agosto de 2022 emitido por el Servicio de Salud de Osorno, donde se informa que por Oficio N°17.470 de fecha 01 de agosto del año 2022, se ha decidido por la Tesorería rechazar los bonos post laboral.

Por su parte se aprecia que la recurrida, para proceder a tal decisión, ha analizado las distintas circunstancias que requieren ponderarse para concluir la improcedencia de la bonificación conjunta, conforme a las leyes 20.305 y 20.986, aplicables, en la especie, a los funcionarios de la salud.

Ello implica análisis documental e interpretación legal y contractual, sobre la base de conocimientos.

CUARTO: Cabe responder entonces a la pregunta sobre si la Resolución de la Tesorería que rechaza los bonos post laborales, entre ellos la solicitud de la parte recurrente, constituye un actuar ilegal y/o arbitrario y, por tanto, si de ello se ha producido una afectación de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad de quien acciona.

QUINTO: Que, al efecto, el artículo 2° de la Ley N° 20.305, que concede el beneficio post laboral, en sus numerales 4 y 5 indica: “Para tener derecho al bono del artículo anterior será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos: (…) 4. Tener cumplidos 65 años en el caso de los hombres y 60 años tratándose de las mujeres. 5. Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones señaladas en el artículo 1º, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley Nº 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo…”

Contrastando con lo manifestado y como núcleo de la controversia, el artículo 80 de la Ley N° 21.306 establece:

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Nº 20.305, otorgase, por única vez, el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley para impetrar el bono de la Ley Nº 20.305, a los ex funcionarios y ex funcionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no hubiesen accedido al bono por motivos no imputables a ellos.

En este caso, se deberá postular en la institución ex empleadora y el bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente de la fecha del acto administrativo que lo concede.”

SEXTO: Del análisis de los antecedentes, y especialmente de las normas transcritas, aparece que los derechos cuya protección se reclama no tienen el carácter de indubitados, pues no resultan determinados como derechos preexistentes, sino claramente controvertidos.

Conforme a la ya apuntado surge inmediatamente la luz en torno a la naturaleza de la discusión que convoca a las partes de esta acción constitucional. Se trata de una discusión de fondo sobre si existe derecho a percibir el bono post laboral. Con la consiguiente discusión sobre si la parte recurrente cumple o no con los requisitos para su otorgamiento.

SÉPTIMO: A mayor abundamiento, de los antecedentes aportados por las partes, no aparecen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que los hechos invocados en el recurso, constituyan un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive a la actora del legítimo ejercicio de derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dado que tampoco se divisa una discriminación en contra de la parte recurrente, pues se está negando una petición por no cumplirse los requisitos legales de acuerdo al criterio de una de las partes, razón por la cual, el presente recurso no puede prosperar.

OCTAVO: Por último, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada por la parte recurrente, por existir los procedimientos correspondientes, contemplándose la vía administrativa ordinaria para tratar la presente materia, y además, porque la actora carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que, como se indicó, protege la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

NOVENO: En virtud de todo lo razonado el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, tornándose innecesario el análisis de los documentos y demás elementos probatorios acompañados.

Y visto lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se RECHAZA el recurso interpuesto por doña nombre reservado en contra de Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5570-2022.