ISS SERVICIOS GENERALES LTDA con INSPECCIÓN DEL TRABAJO OSORNO

Valdivia, once de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Doña Jeannette Contreras Sepúlveda, Abogada, en representación, según se acreditará, de ISS SERVICIOS GENERALES LTDA., deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, representada por don nombre reservado, o quien lo reemplace o subrogue legalmente, por cuanto con fecha 21 de marzo de 2018, dictó el Ordinario Número 389, siendo notificada esta parte el día 02 de abril del año en curso, por carta certificada de acuerdo al artículo 508 del Código del Trabajo, en la que se niega la reconsideración de multa presentada por esta parte el 09 de marzo del año 2018, manteniendo firme las 2 multas cursadas a mi representada, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal que ha provocado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de 1.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. (Artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República de Chile), y 2.- El derecho de propiedad (Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República de Chile).

Indica que con fecha 27 de diciembre de 2017, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Osorno, don nombre reservado, dictó la resolución número 8347/17/72 -1 y -2, notificada a esta parte el día 29 de enero de 2018, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 508 del Código del Trabajo, por medio de la cual se le aplicaron dos multas administrativas: “No llevar correctamente el registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo”. 2. “Incumplimiento al contrato de trabajo”.

Con fecha 09 de marzo del año en curso, se presenta recurso administrativo en dependencias de la Inspección del Trabajo el denominado formulario F 10, junto con un anexo de reconsideración, solicitando una rebaja sustancial de la multa, dando cuenta de la corrección de la infracción de mi representada. Sin embargo, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, al momento de resolver la solicitud formulada por mi mandante, decide no dar curso a ella considerando en el Ordinario N° 389 de fecha 21 de marzo de 2018 que: “Dicha solicitud fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la notificación de la resolución de multa, de acuerdo a las instrucciones del N°4 letra a) de la Circular 46, de 02 de mayo de 2012, de este servicio. Dado que en este caso la multa fue notificada vía correo certificado con fecha 29/01/2018. Consecuentemente, el plazo para presentar la solicitud de reconsideración administrativa venció de manera impostergable con fecha 28 de febrero de 2018”, es decir, según el criterio de la Inspección, la solicitud era extemporánea.

Invoca el derecho constitucional de igual protección de toda persona en el ejercicio de los derechos. Al efecto, hace presente sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 26 de abril del año 2013, N° Ingreso 11-2013 que concluye que el artículo 512 del Código del Trabajo no consagra reglas que señalen como debe computare el plazo de 30 días para deducir reconsideración administrativa, es decir, si se trata de días hábiles o corridos. Por lo anterior, y ante el vacío de procedimiento que no ha sido normado, se debe acudir a la normativa de la Ley N° 19.880 y en atención a resultar conciliable con la naturaleza del procedimiento administrativo especial que se trata, cabe dar plena aplicación a su artículo 25, el cual indica que los plazos de días establecidos en la ley son de días hábiles, entendiendo que son inhábiles los sábados, domingos y festivos. Mismo razonamiento utilizó la Excma. Corte Suprema Rol N° 2789-2013 de fecha 20 de junio del año 2013 y además diversos fallos de Corte de Apelaciones de Valdivia , causas de Protección Rol N°455-2016 y 456-2016.

De esta forma, a Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, no sometió su actuación a las normas legales aplicables a su labor, dictadas conforme a la Constitución Política de la República, y excedió la órbita de su competencia, por cuanto determinó que el recurso fue presentado de manera extemporánea, en circunstancias que se encuentra absolutamente dentro de los plazos fijados para tal actuación. Finalmente, la recurrida -por si- que mi representada está incurriendo en una falta y que el recurso fue presentado fuera de plazo, sin contar con ningún elemento que le permita llegar a esa conclusión, lo que resulta de la mayor gravedad y es claramente un acto arbitrario e ilegal, pues además la autoridad administrativa recurrida, a través de la resolución señalada está desconociendo el contenido mínimo de los propios procedimientos determinados por ella para ejercer los recursos administrativos y transgrediendo además lo establecido en el artículo 6º y 7º de la Constitución Política de la República de Chile, excediéndose en la órbita de su competencia, por cuanto desconoce el derecho de su representada que fue ejercido válidamente conforme la normativa que regula la materia.

En cuanto al derecho de propiedad con la resolución pronunciada el funcionario recurrido afecta gravemente el derecho de propiedad de mi representada, ya que en forma indebida y arbitraria la obliga a pagar en total 2 multas a mi representada por un total de $4.697.200, habiendo ejercido correctamente el derecho al recurso administrativo, en consecuencia se la impedido hacer uso de la rebaja de la multa, que contempla la norma para este tipo de procedimientos, todo lo cual se ha hecho sin existir motivo justificado para ello, actuando de esta forma en contra del texto expreso de la normativa.

Solicita en definitiva, se ordene dejar sin efecto la resolución N° 389 de fecha 21 de marzo de 2018, que niega lugar al recurso administrativo y en consecuencia deja firme la multa N° 8347/17/72 -1 y -2, cursada a mi representada por la suma de $4.697.200, declarando en consecuencia que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro del plazo, con expresa condenación en costas.

Para fundamentar sus alegaciones, acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de multa administrativa Nº 8347/17/72 de fecha 27 de diciembre de 2017 y su respectiva acta de notificación. 2. Copia de Ingreso de Reclamo Administrativo (Formulario 10) de fecha 09 de marzo de 2018. 3. Copia del ordinario N° 389 de fecha 21 de marzo de 2018 pronunciada por Inspección Provincial del Trabajo de Osorno. 4. Copia del respectivo sobre que contenía el ordinario.

Evacuando el informe requerido, don nombre reservado, abogado de la Dirección del Trabajo, solicita el rechazo del presente recurso, con costas.

Alega en primer lugar, la improcedencia de la presente acción constitucional, pues el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, como sucede justamente en el caso de autos.

La cuestión debatida radica en interpretación acerca de la naturaleza del plazo para solicitar dicha reconsideración, la recurrente sostiene que el plazo para presentar la reclamación administrativa de multa es de 30 días hábiles, por aplicación de la ley 19.880, en circunstancias que para la Inspección recurrida este plazo es de días corridos, discrepancia que surge del artículo 512 del Código del Trabajo, disposición que señala que el Director del Trabajo puede hacer uso de la facultad de dejar sin efecto o rebajar multas, a solicitud escrita del interesado, “la que deberá presentarse dentro del plazo de 30 días desde notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”. De modo de lo que se trata es de resolver una cuestión de interpretación legal, para lo cual el recurso de protección no es la respuesta más adecuada, eficiente y eficaz, si se parte de la base de su carácter cautelar, urgente y excepcional que busca dar solución a una situación que le afecta tanto al ordenamiento jurídico como al recurrido frente a la amenaza que pudieren sufrir garantías constitucionales indubitadas.

Además indica que el recurrente tiene otras vías para reclamar respecto del Ordinario Nº 766, por cuanto el artículo 504 del Código del Trabajo así lo dispone, criterio que se ha manifestado en fallo de 18.01.2016, Corte de Apelaciones de Valdivia, Recurso de Protección Rol 1155-2015 caratulado “Corporación Municipal de Educación Salud y Atención de menores de la Ilustre Municipalidad Chonchi contra Lorena Sierpe Inspector Provincial Del Trabajo Castro”, confirmada por la EXCMA. Corte Suprema Rol 7088-2016 por sentencia de fecha 16.03.2016. Invoca además fallo de Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha 24 de abril de 2015, en recurso de protección Rol 100-2015, confirmada por la EXCMA. Corte Suprema Rol 6.437-2015 por sentencia de fecha 22 de junio de 2015 y fallo de Corte de Valdivia, de 26 de Diciembre de 2013, Rol Corte 2132-2013, sobre recurso de protección.

Luego, manifiesta que el recurso es improcedente pues no existe acto arbitrario e ilegal, toda vez que la resolución de multa aludida, fue notificada mediante carta certificada, depositada con fecha 22 de enero de 2018, en la oficina de Correos de Chile, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo y la solicitud de reconsideración administrativa de la multa individualizada anteriormente fue presentada por la recurrente en la Dirección del Trabajo el día 09 de marzo de 2018, dictándose el 21 de marzo del año 2018, Ordinario Nº 389, donde se informa al recurrente que no se dio curso a la solicitud respectiva de reconsideración por incumplimiento a los requisitos legales, considerando que no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos.

Al respecto alega que el acto administrativo referido es un acto legal y razonable, pues aplica el Dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República (20.11.2009) de conformidad al artículo 512 la que no indica si el plazo de 30 días es de días hábiles o de días corridos, y para dilucidar aquello, es necesario considerar, en primer término, el tratamiento que el Código del Trabajo -cuerpo específico de normas relativo a asuntos laborales en que se encuentra dicha disposición - ha dado a la materia, ejemplificando mediante las normas del artículo 312, 435, 9, 126, 162, 168, 171, 201 223, 282, 360, 412 y 503 del Código del Trabajo, de ello se establece que por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, y el art. 512, no hace tal mención, por lo que corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

Así las cosas y desprendiéndose del mismo Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512, no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley 19.880, que se refiere a una materia en especial. De este modo la Contraloría General de la República ha sostenido en reiterados dictámenes que si existe una norma específica que regula una materia concreta, se prefiere ésta que la de la Ley de Procedimiento por tener esta última carácter supletorio ( Dictamen 21025 de 2005 Nros. 33306, 48869,48940 y 54531 de 2004).

A mayor abundamiento, recurre además a la interpretación histórica de la ley 20.087 y Circular Nº 73 de fecha 08.06.2010 que entró en vigencia el día 14 de Junio de 2010, establece que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos. Luego en atención al DICTAMEN N º 64.985 de la Contraloría General de la República, de fecha 20.11.2009, este Servicio deja sin efecto la modificación al Anexo 10 de la Circular Nº 88 de 05.07.2001, hecha por la Circular Nº 96 de 23.09.2009 en la parte que establecía que el plazo para reconsiderar era de días hábiles dictando al efecto la Circular Nº 73, retornado a la interpretación, por lo cual al declarar extemporánea la presentación del recurrente no existe acto ilegal, esto es, contrario a derecho, ni arbitrario, esto es, producto del capricho de quien incurre en él, dado que el recurrido ha actuado conforme a derecho y razonablemente. Invoca diversa jurisprudencia judicial al efecto.

A mayor abundamiento, alega la inexistencia de conculcación de garantías constitucionales, pues su representada actuó precisamente amparado por la ley, que le confiere facultad para actuar como se hizo, por lo que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional del recurrente, no quedando claro cómo se pueda afectar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de la empresa recurrente ni menos el derecho de propiedad al aplicar la ley vigente, con apego irrestricto a las normas legales y a los procedimientos administrativos que rigen la materia, y en caso alguno ha establecido una diferencia arbitraria.

Solicita en definitiva, rechazar el presente recurso por no existir actuación arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza de derecho constitucional alguno, por cuanto el Inspector Provincial del Trabajo de Osorno actuó dentro del marco legal y la órbita de competencias, en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias.

Acompaña: 1.- Copia de Resolución de multa N° 8347/17/72 de 29.12.2017 y acta de notificación. 2.- Copia de recepción de solicitud reconsideración administrativa de fecha 09.032018. 3.- Copia del Ordinario Nº 389 de 21.03.2018. 4.-Copia de la Circular Nº 73 de fecha 08.06.2010 y Anexo Nº1. 5.- Copia del Dictamen Nº 64.985 y Nº 17.344 de la Contraloría General de la República.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que como ya lo ha resuelto la Excma. Corte (Rol N° 4015-2015), el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En consecuencia, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Tercero: Que, por lo expuesto, el recurso de reconsideración fue presentado el día 9 de marzo de 2018, esto es, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación, que fue practicada el día 29 de enero de 2018. Por este motivo, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal en tanto se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, circunstancia que permite acoger la acción de protección.

Y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por doña Jeannette Contreras Sepúlveda, Abogada, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LTDA., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, que rechazó la solicitud de reconsideración de multa interpuesta por su parte respecto de la resolución multa Nº 8347/17/72 -1 y -2 de fecha 27 de diciembre de 2017, y en consecuencia se deja sin efecto el Ordinario N° 389 de 21 de marzo de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la actora.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 550 – 2018 PRO.