nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, nueve de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Don nombre reservado, Rut RUT reservado,domiciliado en domicilio reservado, dedujo Recurso de Protección Constitucional en contra de nombre reservado, Rut RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en base a los siguientes antecedentes.

Que es dueño de una empresa de climatización la cual está debidamente constituida por escritura pública suscrita con fecha 29 de Abril de 2019, su casa matriz ubicada en hijuela N°9 Sector Puyehue, de la comuna de Panguipulli. En dicha propiedad trabajan aproximadamente 5 personas más una asesora del hogar. Dicha casa matriz tiene calidad de galpón, es decir, ahí se almacenan todos los materiales que son objeto del giro de la empresa, y además la propiedad tiene una casa situada en el terreno que sirve de oficina principal, donde se manejan todos y cada uno de los negocios, así mismo dicha casa matriz está equipada para que algunos trabajadores pernocten en dicho lugar, siendo no solo su residencia temporal de aquellos, sino además su lugar de trabajo.

El día 25 de Octubre de 2019, se encontraba en Valdivia, cuando le comunican por vía telefónica aproximadamente a las 11 de la mañana, que nombre reservado su ex pareja de hecho con la cual tiene un hijo en común, acompañada de aproximadamente 15 personas más, se encuentran afuera de su propiedad ubicada en hijuela N°9 Sector Puyehue, de la comuna de Panguipulli, intentando ingresar con violencia a la propiedad, la recurrida lleva todas sus cosas personales para efectos de tomar posesión de la propiedad y además de usurparla, compeliendo a las demás personas que la acompañaban para que pudiesen reprimir a los trabajadores que se encontraban dentro de la propiedad aquel día, dándole un plazo de 5 horas para abandonar la propiedad, es decir, hasta las 15 horas de aquel día. Dentro de la mañana cuando se suscitó aquello, la asesora del hogar llamó al Reten de Carabineros de Panguipulli , para efecto de que fueran a resguardar la seguridad de los trabajadores pero además, para que desalojaran a la parte recurrida y a las personas que la acompañaban, en virtud del evidente “delito flagrante” que se estaba cometiendo, una vez que carabineros se sitúa en el lugar, el procedimiento fue básicamente conversar con la recurrida, sin tomar declaración alguna de los trabajadores, sin informar de aquello al fiscal de turno, y sin dejar la constancia pertinente, así mismo, en dicha diligencia policial, la Sra. nombre reservado no le evidenció resolución alguna emanada de un tribunal competente que le permitiera realizar el desalojo, más aun si esta ultima la hubiese tenido dicha resolución, no es la persona señalada por ley para efectos de un eventual desalojo.

Es así, que en virtud del viciado procedimiento policial, se dirigió directamente a la fiscalía local de Panguipulli aproximadamente a las 14:30 horas del día 25 de octubre, interponiendo una denuncia por usurpación violenta causa Ruc N° 1901156662-9, en cuya declaración señala específicamente que la parte recurrida ingresó con fuerza a su casa con otras 15 personas sin autorización alguna, intimidando a la asesora del hogar y sus trabajadores, en la denuncia señala además, que él litiga dicha propiedad con la Sra. nombre reservado, en un Juicio Civil, y que además producto de los acuerdos que sostenía anteriormente con la recurrida en razón de la empresa que tuvieron juntos producto de su relación y trabajo conjunto, la Sra. nombre reservado le había otorgado un contrato de arrendamiento para efectos de acreditar ante el Servicio de Impuestos Internos la constitución de la empresa, hasta que pudieran repartirse los bienes que habían sido producto del trabajo conjunto, jamás para efectos de reconocerla a ella como única propietaria de los bienes, tal como se acompañan en los antecedentes de la Causa Civil. En la denuncia además, se exhibe el contrato de arrendamiento al funcionario que toma la declaración en la fiscalía. Dicho contrato de arrendamiento, de acuerdo a las normas señaladas en los artículos 1915 y siguientes del Código Civil, y además, la ley 18.101 sobre Arrendamiento de Predios Urbanos, no le correspondía a la recurrida desalojar por sus propias manos a mi presentado ni mucho menos turbar ni embarazar su privacidad y propiedad, ni los derechos que este mantiene sobre aquella, menos aún, desalojar a los trabajadores dependientes de mi presentado de su lugar de trabajo.

Luego de realizada la denuncia y en razón del evidente delito flagrante que se estaba cometiendo , se dirigió al Retén de Carabineros ubicado en la comuna de Panguipulli, para efectos de que se comunicaran con el fiscal de turno para informarle lo sucedido, y así este último solicitara el desalojo inmediato de las personas que habían entrado a su propiedad, es así que expone lo ocurrido al mayor a cargo del retén respectivo, evidenciándole todo lo sucedido y exponiéndole materialmente todos los antecedentes, es decir, señalándole lo referente a la causa civil que litiga con la recurrida, el contrato de arrendamiento celebrado con la Sra. nombre reservado, y además, un video que evidencia lo sucedido en la propiedad de Puyehue. En dicha línea el mayor se comunica directamente con el fiscal jefe de la comuna de Panguipulli, aseverando este último que no tiene antecedentes suficientes para proceder al desalojo en cuestión.

Entrega detalles de la relación que tuvo con la recurrida, el juicio civil que actualmente se tramita, señalando que se vulneró las garantías fundamentales contempladas en el artículo 19 numerales 1,2, 3, 4 y 24 de la Constitución Política, por lo que previas citas legales, pide tener por presentado este Recurso de Protección en contra de nombre reservado, Rut RUT reservado,por el acto ilegal y arbitrario cometido en razón de haberle despojado de su propiedad ubicada en Puyehue Hijuela N°9, de haberle usurpado de forma violenta dicha propiedad, delito que se está cometiendo en plena fase de ejecución y además del eventual delito de Robo respecto de sus bienes que se deberían encontrar dentro de dicha propiedad y sus materiales que usa para objeto de su empresa; y que, conociendo de los antecedentes, resuelva acogerlo, ordenando el desalojo inmediato de la recurrida ya individualizada así como de cualquier otro ocupante, además, se ordene abstenerse de ingresar nuevamente al inmueble, mientras no se resuelva la Causa Civil seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli o no exista resolución expresa de un tribunal que así lo ordene, asimismo, que se restituyan los vehículos ya individualizados a mi representado, mientras un tribunal competente o resolución no ordenen la restitución a la recurrida, o en su caso que se ordene dejarlos en manos de un tercero como depositario provisional dada la mala fe y actitudes de la recurrida, que permitan no poder liquidar los bienes en el juicio civil que se litiga, y asimismo que la Sra. nombre reservado, pueda deteriorarlos, arrendarlos o lisa llanamente ocultarlos, todo aquello con costas.

La recurrida informa al tenor del recurso, señalando que es la legítima dueña de todos los inmuebles y los vehículos que se señalan en el presente recurso, y esta situación consta fehacientemente en las respectivas inscripciones conservatorias y en el registro de vehículos motorizados. Presentó Querella Criminal por apropiación indebida en contra del recurrente; causa que fue sobreseída temporalmente debido a que existe un juicio de lato conocimiento donde se litiga una supuesta comunidad por concubinato respecto de los mismos bienes. Comunidad que mi representada niega categóricamente en la contestación de la demanda en causa ROL C-311-2019. En consecuencia, señala que el recurso de protección de garantías constitucionales no es la vía idónea para discutir lo que errónea y falsamente expone el recurrente.

Respecto a la situación del contrato de arrendamiento celebrado entre doña nombre reservado y el recurrente, este contrato se celebró el día 22 de abril de 2019, y en su cláusula cuarta señala que este terminará el día 22 de octubre del año 2019. Mi representada con fecha 3 de julio de 2019 le informó al recurrente a través de una carta enviada a su domicilio, que su voluntad era no prorrogar dicho contrato de arrendamiento, y así también lo expresó en causa Rol C-311-2019. Los muebles que se encontraban en la propiedad arrendada pertenecen a mi representada puesto que la arrendó amoblada, respecto a las herramientas que se encontraban en la propiedad estas pertenecían a la empresa de mi representada .En relación a los hechos que expone el recurrente debemos señalar que estos no son efectivos, debido a que el recurrente había abandonado la propiedad hace aproximadamente tres meses y en la actualidad tiene su domicilio en la ciudad de Valdivia, fue por este motivo de abandono del inmueble y por temer la propiedad sea objeto de robos y destrucciones que doña nombre reservado regresa a vivir a su propiedad con sus dos hijos el día 25 de octubre del año 2019.Todo lo que se señala en el recurso sobre uso de intimidación y uso de la fuerza es falso, en ningún momento mi representada fue violenta o agresiva. Doña nombre reservado terminó su relación sentimental con el recurrente por los constantes maltratos y violencia de este hacia mi representada, además el recurrente fue condenado en causa Rit Nº 602-2014 por violencia intrafamiliar en contra de doña nombre reservado, ya que en una oportunidad la tomó del cuello, estos hechos volvieron a ocurrir y mi representada por temor no denunció. El recurrente además fue condenado por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones en la misma causa. Todas estas circunstancias demuestran verdaderamente que el recurrente es la parte que ha ejercido violencia en esa relación sentimental y que con todas las acciones judiciales impetradas en contra de mi representada sólo tiene por objeto perjudicarla, ya que en varias oportunidades la amenazó diciendo que la perjudicaría y que la dejaría en la calle. El recurrente ejercía violencia física y psicológica en contra de su representada, es este el motivo del término de la relación sentimental.

La acción de protección carece de todo fundamento, el mismo recurrente acompaña a su presentación la Escritura Pública del inmueble ubicado en Puyehue, instrumento público que acredita el dominio y la posesión, todo ello en conformidad al sistema registral chileno, y en conformidad a los artículos 582 C.C. 700 C.C. 686 C.C., además se acompaña a su presentación contrato de arrendamiento donde se indica expresamente la fecha de vencimiento, se acompaña carta enviada al domicilio, contratos que se celebraron en conformidad al artículo 1545 C.C. 1546 C.C y siguientes, y que sólo dan cuenta de la mera tenencia del bien respecto al recurrente, tenencia que se inicia el día 22 de abril de 2019 y que vence el día 22 de octubre. Su representada comunicó al recurrente que el contrato no se prorrogaba, y una vez abandonado ella regresó a vivir a su propiedad con sus dos hijos. Señala que su representada ha ejercido legítimamente sus derechos, por lo tanto todas las circunstancias alegadas por el recurrente son falsas respecto de su representada y respecto a las instituciones públicas que acusa en su libelo. Nos parece de mala fe e impertinente impetrar una acción de protección faltando a la verdad y en conocimiento de que existe una causa en sede Civil y Penal en que se están litigando las mismas circunstancias, con este recurso se están desperdiciando recursos estatales en una acción absolutamente infundada y falsa que tiene el único afán de continuar perjudicando a doña nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).

Lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).

CUARTO: Que, asentado lo anterior, resulta claro que esta vía no es la que ha establecido el legislador para determinar la procedencia de la restitución del inmueble, ya que al existir un contrato de arriendo incumplido presuntamente por la recurrida, debe impetrarse las acciones civiles que emanan de dicho contrato.

En lo que se refiere a las acciones penales, el recurrente detalló que realizó la denuncia por diversos delitos, siendo investigados tales hechos por el Ministerio Público, por lo que no corresponde a esta magistratura inmiscuirse en la investigación que lleva a cabo el órgano persecutor, el que determinará el camino procesal a seguir, consistente en judicializarla ante el tribunal competente.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no existen antecedentes respecto a la existencia de un derecho indubitado, ya que de los antecedentes proporcionados por las partes, se desprende la existencia de un juicio civil de comunidad por concubinato entre las partes el cual se encuentra actualmente tramitado ante el Juzgado de Letras de Panguipulli, sin que exista aun pronunciamiento en una sentencia definitiva, por lo que en estos momentos es la recurrida la propietaria del inmueble, tratándose de una mera expectativa, que el recurrente sea declarado como copropietario.

SEXTO: Que, por lo anterior, no se vislumbra la conculcación de garantía fundamental alguna por lo que se rechazará el recurso como se dirá en lo resolutivo.- SÉPTIMO: Que, todo lo expuesto, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que procedieren y de los derechos que puedan hacerse valer en los procedimientos que correspondan.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Acordado con el voto en contra de la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen, quien fue del parecer de acoger la acción de protección, fundado en que la recurrida, ejerció un acción de autotutela al ingresar al inmueble de autos, sin detentar una autorización judicial, ya que a pesar que el contrato de arriendo había expirado, la Sra. nombre reservado no se encontraba facultada para ingresar al inmueble.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad N°Protección-5313-2019.