RENDIC HERMANOS S.A con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE OSORNO

C.A. de Valdivia Valdivia, nueve de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece don Rodrigo Donoso Baraona, abogado, en representación convencional de Rendic Hermanos S.A., empresa del giro supermercadista, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, representada por su Inspector Provincial don nombre reservado, sin indicación de profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida atenta contra sus garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2, 3, 21, 22 y 24 de la Carta Fundamental.

Funda su recurso en que el 30 de mayo de 2022, un fiscalizador de la recurrida cursó la resolución de multa 4544/22/37 por el equivalente a 60 U.T.M., sirviendo de antecedente el Ordinario N° 503 de 30 de marzo de 2022, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, que se originó por una solicitud formulada por la Federación Nacional de Sindicatos UNIMARC en orden a determinar la legalidad de las cláusulas contenidas en el anexo de contrato de trabajo y su validez, en tanto que agregó el cargo operador de tienda.

Sostiene que en el indicado oficio se informa que no se ajusta a derecho el cargo denominado “operador de tienda” dado que no otorga un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados, pues da cuenta de labores que no comparten la misma naturaleza. Agrega que en virtud de esta interpretación de las disposiciones contractuales se han iniciado más de 160 procesos de fiscalización respecto de Rendic Hermanos S.A., incluido el que dio origen a la resolución de multa ya aludida.

Aduce que la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno ha excedido su ámbito de competencia al interpretar cláusulas contractuales e imponer una multa que carece de todo fundamento racional, lo que constituye un acto ilegal y arbitrario. Cita el texto de la resolución de multa, para concluir que no entrega ninguna fundamentación al estimar infringidos el artículo 10 N° 3, en relación con el artículo 506, ambos del Código del Trabajo. Refiere que la resolución recurrida sigue la doctrina emanada del Ordinario citado y, aunque sin decirlo, concluye que la definición del cargo de operador de tienda contenido en el anexo de trabajo suscrito por los trabajadores, sería ambigua y no proporcionaría certeza jurídica respecto de la prestación de servicios que dicho cargo conlleva. Afirma que el contrato de trabajo determina clara y específicamente en qué consiste el cargo de operador de tienda, así como los lugares en que deben prestarse los servicios, por lo que la interpretación de la recurrida no aparece justificada y, en tanto es un acto administrativo que carece de fundamentación suficiente que exigen los artículos 16 y 41 de la Ley N° 19.880, deviene en arbitrario. Cita dictamen de la Contraloría General de la República y doctrina.

Manifiesta que la resolución recurrida es ilegal, ya que la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno excede el marco jurídico de sus atribuciones al interpretar una cláusula contractual, lo que importa desconocer el principio de legalidad. Añade que las Inspecciones Provinciales del Trabajo no cuentan con la facultad de interpretar contratos ni resolver contiendas laborales, conforme lo dispuesto en los artículos 1 letra b), 18 y 20 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1976, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y 505 del Código del Trabajo. Estima que la recurrida interpretó una clausula contenida en un contrato de trabajo y concluyó que no cumple con la normativa vigente, sin proporcionar antecedentes que permitan comprender tal interpretación ni la cuantía de la sanción.

Arguye que el actuar ilegal y arbitrario descrito vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Carta Fundamental, en tanto la recurrida se atribuye facultades que corresponden en forma exclusiva y excluyente a los tribunales de justicia. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo a sus asertos. Del mismo modo, estima que se atenta contra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, puesto que la existencia de un eventual conflicto de relevancia jurídica respecto al contenido e interpretación de las disposiciones contractuales que rigen la relación laboral debe ser conocido por un tribunal de justicia y, no por la Inspección del Trabajo, tal como aconteció en la especie. Expresa que se afecta la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria en materia económica, así como el derecho de propiedad, pues la autoridad administrativa establece una diferencia de trato al ejercer facultades de las cuales carece, privando de efecto a las cláusulas contractuales pactadas e imponiendo una multa que asciende a 60 Unidades Tributarias Mensuales.

Expone que la resolución recurrida carece de base jurídica, ya que la cláusula contractual que se reprocha cumple con la legislación laboral, en específico, el artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo. Añade que el cargo de operador de tienda cuenta con funciones claramente definidas y especificadas, así como el lugar en que debe desarrollarse, por lo que la conclusión de la recurrida carece de sustento.

En definitiva, solicita se deje sin efecto la resolución 4544/22/37, de 30 de mayo de 2022, con costas.

Informando el recurso doña Yoselin Paz Guelet Calisto, abogada, en representación convencional de la Dirección del Trabajo, expone que la Resolución de Multa Nº 4544/22/37 de 30 de mayo de 2022 fue cursada a la recurrente en el marco de una fiscalización que tuvo su origen en denuncias presentadas por trabajadores y organizaciones sindicales, en atención a la formulación de un contrato o anexo de trabajo con un cargo denominado “Operador de Tienda”. Agrega que un fiscalizador se constituyó en las dependencias de la recurrente ubicadas en domicilio reservado, con el objeto de llevar a cabo un proceso de fiscalización que, luego de las diligencias pertinentes, permitió constatar la infracción laboral al artículo 10 N°3, en relación con el artículo 506, ambos del Código del Trabajo, por no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios de los trabajadores, según consta en la resolución recurrida, la que fue notificada en la forma prevista en el artículo 508 del código del ramo.

Manifiesta que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos contemplados en la ley para la defensa de los derechos de quienes se sienten perjudicados por la dictación de una resolución administrativa, a saber, artículos 511 o 503 del Código del Trabajo. Cita jurisprudencia en apoyo a sus asertos. Añade que, en forma paralela a la interposición de la presente acción constitucional, la recurrente dedujo reclamo judicial en causa RIT I-38-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, la que actualmente se encuentra en tramitación, lo es demostrativo de la improcedencia del recurso de marras por haber optado por la vía ordinaria, habida consideración que no existe un conflicto constitucional que deba ser conocido en esta sede. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo a sus asertos.

Alega la inexistencia de un acto arbitrario o ilegal, pues la multa cursada se ajusta a los hechos constados y al derecho en el marco de una fiscalización que consta en el expediente administrativo de la Comisión Nº1003/2022/495 y que concluyó que los contratos de trabajo y anexos revisados contemplan un cargo de “Operador de Tienda” y “Operador de Producción” que suponen la realización de una serie de funciones descritas sin que se precise de manera cierta la naturaleza de los servicios a los que se obligan sus dependientes. Añade que la resolución establece con claridad el hecho constitutivo de la infracción a la norma, esto es, no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios, al tenor de los artículos 10 N° 3 y 506 del Código del Trabajo. Afirma que el acto administrativo sancionatorio se encuentra debidamente fundado conforme a las exigencias de los artículos 16 y 41 de la Ley N° 19.880 Manifiesta que la resolución recurrida se enmarca en las facultades de fiscalización de la Dirección del Trabajo, esto es, dotar las situaciones de hecho de sentido y alcance, lo que tiene asiento normativo en diversas disposiciones de la legislación laboral que alude en su presentación. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo a su tesis. Refiere que en el presente caso la multa se cursó luego de llevar a cabo un procedimiento administrativo que incluyó la revisión de una serie de antecedentes y entrevistas que condujeron al fiscalizador a establecer la existencia de la infracción. Indica que el fiscalizaron aplicó la normativa vigente, así como la doctrina del Servicio contenida, entre otros, en el dictamen N°2302/129 de 3 de mayo de 1999 y Ordinario Nº503, de 30 de marzo 2022, lo que es demostrativo que el funcionario actuó dentro del ámbito de las facultades que le confiere la ley, respectando el principio de legalidad. Estima que los extremos descritos descartan la ilegalidad y arbitrariedad alegada por la recurrente.

Niega la vulneración de las garantías que se dicen conculcadas, pues el servicio ha obrado en virtud de las atribuciones que la ley le ha conferido, estando a salvo la posibilidad del recurrente de acudir al procedimiento previsto en el artículo 503 del Código del Trabajo, tal como lo hizo y que supuso la paralización del cobro de la multa, habida cuenta que aquella fue impuesta dentro de los márgenes que prevén los artículos 506 y 506 quater del cuerpo de normas ya citado Pide el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía consiste en que el 30 de mayo de 2022 la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno dictó la Resolución de multa N° 4544/22/37, fundado en una interpretación contractual, lo que excede sus facultades.

El objeto del presente recurso es que se deje sin efecto “…la Resolución de Multa (S) N° 4544/22/37, de 30 de junio de 2022…”. (sic)

TERCERO: Que, para una adecuada resolución de la controversia, resulta útil consignar que el estatuto laboral contempla los recursos que en sede administrativa y judicial puede ejercer el destinatario de una infracción en defensa de sus derechos. Así, establece un procedimiento reglado, con plazos, oportunidad y órganos competentes diferenciados, según el caso, conforme lo dispuesto en los artículos 503, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo.

CUARTO: Que, en la especie, se pretende dejar sin efecto una multa administrativa impuesta por la Dirección del Trabajo, lo que excede la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa del recurso de protección, en el entendido que el ordenamiento jurídico contempla las acciones concretas para tal fin, que conllevan un procedimiento que posibilita el debate con latitud e igualdad de oportunidades, así como el establecimiento preciso del objeto del pleito y la recepción formal de probanzas.

QUINTO: Que, en efecto, frente a la imposición de una multa el actor bien puede recurrir al Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, o bien, ejercer las demás acciones que contempla la legislación, pero en caso alguno, utilizar el recurso de protección como un sustituto jurisdiccional de los medios de impugnación que prevé el orden laboral.

SEXTO: Que, en la especie, la recurrente dedujo reclamo judicial en contra de la Resolución de Multa N° 4544/22/37, al tenor de lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, según consta en causa RIT I-38-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno.

Sobre el particular, la Excma. Corte Suprema ha sostenido reiteradamente y como criterio general, que estando una controversia sometida al imperio del derecho, no procede otorgar amparo constitucional. (Rol N° 32.118-2019, de 14 de enero de 2020). En otro sitio agrega que estando el conocimiento del asunto sustantivo (que sirve de fundamento a la acción constitucional) sometido al procedimiento judicial correspondiente que otorga a las partes y terceros las máximas garantías y mecanismos de impugnación para que puedan hacer valer sus pretensiones y derechos, garantizando de esta manera el cumplimiento cabal del debido proceso, el recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza. (Rol N° 7940-2019, de 21 de julio de 2019).

SÉPTIMO: Que, todavía más, la discusión de fondo que plantea el presente recurso exige evaluar la existencia misma de la infracción administrativa y revisar todos los antecedentes y circunstancias que llevaron a su imposición por parte del fiscalizador actuante, controversia que atendida su naturaleza no corresponde a una materia que pueda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

OCTAVO: Que, en las circunstancias antes indicadas, el recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Rendic Hermanos S.A. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno.

Regístrese digitalmente y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. María Elena Llanos Morales.

N°Protección-5145-2022.