nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, cuatro de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Deduce acción de protección la señora nombre reservado, auxiliar paramédico, domiciliada en domicilio reservado, en contra de doña nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida vulnera sus garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 3, 21 y 24 de la Carta Fundamental.

Afirma que es dueña del inmueble denominado Hijuela número Cinco del fundo Reumén, ubicado en el Sector Lipinhue, Los Lagos, que adquirió a través de compraventa efectuada por doña nombre reservado, según escritura pública de 16 de octubre de 1987. Agrega que vive junto a su marido y en dicha propiedad, además, construyeron una casa que habita el hijo de ambos y su familia.

Sostiene que su inmueble carecía de todo acceso a la Ruta 5 sur, ya que entre ambos cruza un estero denominado “Estero Lipinhue”, por lo que el año 1987 construyó un domicilio reservado metros de distancia, conjuntamente con un puente que atraviesa el citado estero. Agrega que dicha obra fue realizada en el predio colindante al norte de su inmueble, pues según sus títulos éste deslinda exactamente en el Estero Lipinhue, mientras que el bien raíz colindante llegaba al camino público y era de propiedad de Ferrocarriles del Estado. Aduce que nunca tuvo problemas con los antiguos propietarios para utilizar el camino que pasaba por dicha propiedad.

Señala que el 27 de marzo de 2018, la recurrida en su calidad de poseedora inscrita del inmueble por sobre el cual pasa el camino de acceso a su propiedad, procedió a cerrarlo, instalando un portón de fierro en la entrada con candado, sin dar explicaciones. Señala que dicho actuar alteró una situación que se mantuvo por 31 años y la dejó absolutamente desprovista de acceso al camino público, teniendo que salir a través de un puente ferroviario que cruza el Estero Lipinhue a gran altura y que se encuentra en pésimas condiciones, lo que constituye un riesgo para la integridad de ella y su familia. Añade que se ha visto impedida de desarrollar libremente su actividad económica, así como poder movilizar los vehículos de trabajo que se encuentran al interior de la propiedad, lo que le acarrea perjuicios considerables.

Expone que el inmueble en el que se emplaza parte del camino, era propiedad de Ferrocarriles del Estado y fue ocupado por la recurrida quien carecía de título de dominio sobre ella. Agrega que la recurrida procedió a regularizar su posesión sobre dicha propiedad conforme al Decreto Ley 2695, practicándose la inscripción de la posesión el día 28 de junio del año 2017, por lo que aún no es propietaria del predio, conforme lo dispuesto en el artículo 15 del citado Decreto Ley.

Argumenta que la circunstancia de no existir servidumbre legalmente constituida sobre el camino, no habilita a la recurrida a cerrar el acceso e impedir el ingreso hacia su predio, pues ello constituye una manifestación de autotutela que vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Carta Fundamental. Cita jurisprudencia en apoyo a sus asertos. Refiere que el actuar de la recurrida, también, vulnera las garantías constitucionales de los números 21 y 24 del mismo artículo, al afectar la venta de animales ovinos a que se dedica y privarla del derecho de acceso a su inmueble.

En definitiva solicita se acoja el recurso y se ordene el retiro inmediato del portón que impide el acceso de la recurrente, con costas.

Informando el recurso doña nombre reservado, alega en primer término al extemporaneidad de la presente acción constitucional, pues el cierre e instalación del portón aludido por la recurrente, fue confeccionado el mes de julio del año 2017, luego de inscribirse el título a su nombre.

Señala que no es efectivo que la recurrente carezca de acceso al camino público, sino que prefiere atravesar por su predio. Agrega que su inmueble cuenta con cierre perimetral y acceso al camino público, por lo que los portones de acceso no pueden estar abiertos, ya que se expone a ser víctima del delito de abigeato. Sostiene que el recurso de protección se presentó porque existen diferencias de convivencia y malas relaciones de vecindad, pero que deben deducirse las acciones civiles que correspondan en la sede pertinente.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Segundo: El recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, cualquier alegación relacionada con la constitución y ejercicio del derecho real de servidumbre, debe necesariamente ser discutido en la sede que corresponda, mediante la interposición de las acciones que el legislador ha previsto para ello y no por la vía de la presente acción, la que conforme quedó asentado, no tiene naturaleza declarativa, sino esencialmente cautelar.

Tercero: Que, no obstante lo expuesto, del escrito de recurso y del informe del recurrido, surge que el núcleo central del conflicto se traduce en el reproche de autotutela, esto es, toda vía de hecho que cualquier persona ejecuta o lleva a cabo alterando un determinado status quo, tomando la justicia por mano propia y desoyendo el principio básico de un Estado de Derecho que obliga a recurrir a los Tribunales de Justicia en busca del amparo que de facto se ha pretendido.

La reclamada vía de hecho que se acusa en el presente caso, consiste en que el 27 de marzo de 2018, la recurrida instaló un portón de fierro con candado en la entrada del camino que sirve de acceso al inmueble de la recurrente.

Cuarto: Que, no obstante la negación genérica de los hechos, lo cierto es que la recurrida reconoce el sustrato fáctico afirmado en el recurso e intenta justificar su actuar, en primer término, alegando la extemporaneidad del recurso con fundamento en que construyó el portón el mes de julio de 2017 ni que lo mantuvo cerrado. Sin embargo, no aporta antecedente alguno que permita dar sustento a dicha afirmación, por lo que ha de considerarse que la acción constitucional fue interpuesta dentro de plazo. Un segundo capítulo de defensa, lo hizo consistir en que la recurrente prefiere utilizar el camino que atraviesa parte del inmueble de la recurrida, pese a contar con otras vías de acceso, hipótesis fáctica que tampoco se encuentra acreditada.

Quinto: Que, en las circunstancias antes indicadas, es un hecho que doña nombre reservado, el 27 de marzo de 2018 construyó un portón de fierro con candado en la entrada del camino que sirve de acceso al inmueble de doña nombre reservado, impidiendo el tránsito de la recurrente. Lo anterior es concordante con la fotografía acompañada con el recurso y con el Oficio N° 786 de 17 de abril de 2018, de la Segunda Comisaria de Los Lagos en que se informa que el portón de propiedad de la recurrida, que es la única vía de acceso de la recurrente, se encuentra firmemente cerrado con candado.

Sexto: Que, los hechos así expuestos, permiten tener por acreditada la vía de hecho que se impugna, pues al haber construido un portón de fierro que impide el habitual acceso de la recurrente, se alteró el statu quo vigente. En este sentido, aun cuando existe controversia acerca del uso de dicho camino, lo cierto es que dicha contienda necesariamente debe resolverse a través de los medios ordinarios que el ordenamiento jurídico contempla para ello, pero en caso alguno, por la decisión unilateral de uno de los involucrados, sin el amparo de una resolución judicial.

Séptimo: Que, una acción como la descrita representa una manifestación de autotutela, proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, constituyéndose en una suerte de comisión especial. En efecto, la legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener judicialmente, en su caso, el reconocimiento del derecho que invoca y, mientras ellos no sean ejercidos y dispuesto lo pertinente por la jurisdicción, no resulta lícito a la recurrida alterar la situación de hecho preexistente, aún amparado en el derecho de dominio del camino.

Octavo: Que, de lo señalado precedentemente, queda de manifiesto que la recurrida incurrió en un acto arbitrario e ilegal, que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, pues nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, desde que asumió, en la práctica, la función de juzgar, que pertenece constitucionalmente a los tribunales de justicia, razón que se estima suficiente para acoger la acción.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 6, 7, 19 N° 3, 20 y 73 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge sin costas, la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado en contra de doña nombre reservado y, en consecuencia, se dispone como medida destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, que la recurrida debe abstenerse en lo sucesivo de obstaculizar el tránsito por el camino aludido, entregando a la recurrente copia de la llave del portón metálico que se instaló en ese lugar.

Asimismo, deberá abstenerse de ejecutar en el futuro cualquier otro acto que importe un desconocimiento de la situación preexistente, sin el amparo de una resolución judicial.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

Rol N° 514-2018. PRT.

Se deja constancia que no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, no firma la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.