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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 5126-20193 dic 2019

nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

Fecha
3 de diciembre de 2019
Corte
Corte de Apelaciones de Valdivia
Sala
Segunda
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol N° 5126-2019, sentencia de 3 de diciembre de 2019

Resumen

Se rechaza la protección de transportistas contra la Municipalidad y la administradora del terminal: el acto fue dictado dentro de las atribuciones municipales, conforme a una instrucción ministerial, y no es arbitrario ni ilegal.

Texto íntegro

Valdivia, tres de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, en nombre de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, todos empresarios individuales de transporte, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Río y contra la administradora del Terminal de Buses Encargada doña nombre reservado.

Funda su presentación señalando que por comunicación escrita del 22 de octubre de 2019, Ord N° 248, 249, 251, 252, y 253 respectivamente y que fuera entregada a los recurrentes, se les hizo saber que a contar del lunes 4 de noviembre de 2019, por no cumplimiento al art. 34, que habla de la exigencia de instalar a cada bus el AVL (Automatic Vehicle Location), establecido en la Ordenanza Municipal sobre Terminales de Locomoción Colectiva No Urbano, su empresa no podrá hacer uso de losa del recinto terminal de buses de Río Bueno.

Que la misma comunicación indica que en el caso que regularicen su situación antes de la fecha indicada informar por escrito a la administración.- Señala que el actuar de la administradora, que la entiende autorizada y avalada por el alcalde, la estiman absolutamente arbitraria e ilegal porque limita y perturba la libertad de trabajo. Además importa una discriminación arbitraria ya que los afectados han indagado si esta exigencia se hace a todos los trabajadores y empresarios del rubro que utilizan el terminal, y han concluido que algunas líneas no han sido obligadas a implementar el Automatic Vehicle Location. Ejemplo: Tur bus, transantín, Pulman Bus, Bus Norte, etc.- La explicación sería que son entidades o empresas poderosas que no deben ser molestadas.- Señala que este control tiene un fin recaudador ya que impone un control de horas de ingreso y salidas, cuya infracción implica multas y no queda claro a quién beneficia la multa.- Que saben que se organizó una Cooperativa de transportes y que sus asociados convinieron con la Municipalidad, imponer el Automatic Vehicle Location o AVL. Se supone que el AVL lo arrienda la Cooperativa y cobra $1000 diarios. Pero esto representa una imposición por un lado y un lucro por otro sin que exista un contrato. Que no están de acuerdo en tal abuso. Pagar a dicha Cooperativa $1000 diarios por el solo hecho de estar adscrito al sistema que crean es irregular.- Esto sin perjuicio, de que si se retarda el servicio , se impone multa a cada transportista.- Esto parece razonable en cuanto a control en el terminal, sin embargo la administración quiere imponer control con Gps en distintos puntos de los trayectos que ejecutan.- De este modo, si incurre en retardo en un punto lo más probable es que se reitere los retardos a menos que se viole las reglas de velocidad para ir equilibrando los tiempos. De ello solo resulta una competencia perniciosa.

Que un sistema como el que se explica, solo genera un estado de urgencia y competencia malsano que solo provoca perjuicios al público, y estrés a los choferes que vivirán acelerados, angustiados, y además sufrirán menoscabo patrimonial por el sistema sancionatorio creado por los recurrido, toda vez que basta un retraso de minutos para ser castigado por $2000 por minuto.- Esto afecta la integridad física y síquica de los conductores empresarios.

Piden en definitiva declarar arbitrario e ilegal la exigencia de arrendar Gps o AVL, y también, dar protección a los choferes en el sentido de que no se les podrá impedir hacer uso del losa del recinto terminal, esto es, ingresar con sus buses. En subsidio, declarar que el plazo de 8 días para acatar las exigencias es arbitrario e ilegal y conceder un plazo de a lo menos 60 día para estudiar todas las exigencias y su legalidad antes de imponer la perentoria sanción de impedir uso de la losa del recinto terminal de buses de Río Bueno.- Informa el recurso Álvaro Elías Jaramillo Knopel, por las recurridas, quien alega en primer que el libelo de autos ha sido interpuesto fuera del plazo. Lo anterior, porque con fecha 12 de julio del presente año, se celebró la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Río Bueno, donde, por Acuerdo Nº 415/2019, la unanimidad del Honorable Concejo Municipal de Río Bueno acordó “Aprobar La Ordenanza Municipal Sobre Terminales, Locomoción Colectiva No Urbana, Comuna De Rio Bueno”; Lo anterior consta del certificado Nº 168/2019, extendido por la Sra. Secretaria Municipal y del Concejo Municipal.- Dicha ordenanza, en su art. 34 y siguientes, contempla la obligación de que cada bus cuente con el AVL (Automatic Vehicle Location) de gestión de flota, acreditado por el Ministerio de Transporte.

Con fecha 22 de julio de 2019, se dictó el Decreto Exento Municipal Nº3066/2019, mediante el cual, se aprobó la ordenanza municipal citada en el numeral precedente.- El art. 12 inciso final de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades, establece que, las resoluciones municipales, estarán a disposición del público y deberán ser publicadas en los sistemas electrónicos o digitales de que disponga la municipalidad.

Que con fecha 13 de agosto de 2019, fue subido, al portal de transparencia activa de la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, la Ordenanza sobre Terminales, locomoción colectiva no urbana, comuna de Río Bueno, junto al decreto Exento Nº3066/2019, que la aprueba.

Que por su parte, el art. 42 del D.L. Nº 3063 de 1979, en su inc.3º, parte final, establece que las ordenanzas nuevas,(servicios nuevos) comenzarán a regir al 1º día del mes siguiente al de su publicación.

Que conforme lo preceptuado por el art. 8º del Código Civil, la presente Ordenanza se presume conocida desde su publicación, esto es, como ya se dijo, desde el día 13 de agosto de 2019.- Conforme a todo lo anterior, resulta del todo inadmisible que, los recurrentes pretendan casi 3 meses después de dictada la Ordenanza respectiva, obtener tutela ante esta Ilustrísima Corte de su pseudo derecho conculcado, mediante la interposición del recurso de protección.

Que en cuanto al fondo, el art. 4º de la ley Nº 18.695 prescribe que las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: f) la vialiadad urbana y rural y h) El transporte y tránsito públicos;

Que para dar cumplimento al anterior mandato legal, las municipalidades, conforme al art. 5º letra d) de la mentada ley, tienen la atribución esencial de dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular.- Que de conformidad con el artículo 12 del anotado texto legal, las municipalidades pueden dictar ordenanzas que fijen normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad, dentro del ámbito y materias que se encuentren en la esfera de sus atribuciones.- Siendo ello así, nada obsta a que la autoridad edilicia ejerza la atribución legal de dictar ordenanzas locales, y particular, una que regule Terminales y Locomoción colectiva no Urbana, de la comuna.

Pues bien, en mérito de ello, en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 12 de julio de 2019, mediante acuerdo de concejo Nº 415, se aprobó por el Honorable Concejo Municipal de Río Bueno, la “Ordenanza municipal sobre Terminales, Locomoción Colectiva no Urbana, Comuna de Río Bueno”.

Dicha ordenanza fue aprobada por Decreto Exento Municipal Nº 3066 del año 2019, estando como ya se indicó, publicada en la página web del ente alcaldicio desde el día 13 de agosto de 2019.

En lo que se refiere a la exigencia del AVL o GPS, debemos tener presente que, el art. 34 de la mentada ordenanza establece que: Para la plena implementación de la presente ordenanza y en particular para la aplicación de sanciones, la administración del terminal exigirá a cada bus el AVL (Automatic Vehicle Location) de gestión de flota que cuente con acreditación MTT- El proveedor de AVL será decisión de cada operador de transporte”.

La decisión de implementar el sistema de monitoreo, obedece entre otros, a lo normado en DS Nº 212 /92 del Ministerio de Transportes y especialmente, a lo normado en la Resolución Nº 815/2012 de la Seremía de Transportes de la Región de Los Ríos, normativa, que ya a esa época advertía la problemática que se generaba en las vías de la comuna de Río Bueno, con la circulación de buses de locomoción colectiva y que determinaba la necesidad de implementar medidas que vayan en la protección de la comunidad, estableciéndose en la misma resolución, trazados y horarios de recorridos que deben utilizar los servicios de locomoción colectiva rural e interurbana, ello a fin de efectuar un adecuado ordenamiento de los flujos de buses que operan en la comuna.- Que el uso del AVL (Automatic Vehícle Location) es permitido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como medio validado para controlar servicios de transportes, siendo en la actualidad el único medio tecnológico que permite controlar: Acciones y funcionamientos al interior de terminales, Ruteos establecidos para servicios de transporte público, Control de viajes en puntos de control, acreditando que los servicios no se abandonan, Controla que se ejecuten los itinerarios comprometidos al público, Control de velocidades, para acreditar seguridad a los usuarios, Orden entre competidores (empresarios), para evitar enfrentamientos y peleas por pasajeros en ruta, Evita conflictos físicos entre competidores al contar con normas de comportamiento operacional, controlados por tecnología.

En mérito de lo anterior, con la obligatoriedad del uso en los buses del AVL (Automatic Vehícle Location) o GPS, no se vulnera la garantía de la libertad del trabajo, puesto que, tal como se ha señalado, dicha exigencia tiene como objetivo, el orden, la seguridad y coordinación de los viajes., permitiendo no solo coordinar el terminal, sino que también, cumplir con la resolución exenta Nº 815 de la Seremia de transportes de la Región de los Ríos.

Actualmente, existe una nómina firmada de más de 100 empresarios y conductores que manifiestan su acuerdo a este tipo de estructura operacional, la cual no busca el lucro, sino más bien el orden del sistema público de transporte.

En otro orden de ideas, Los servicios de transporte interurbano, como Tur Bus, Transantin, Pullman, Bus Norte, Etc, cuentan con las exigencias Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, propias para servicios interurbanos, como control GPS; velocidades y horas de conducción. En el caso de operar en nuestro terminal, deben, conforme a la Ordenanza, dar acceso a su GPS al administrador. Cabe señalar que dichos servicios, -servicios interurbanos que pasan transitoriamente por el terminal-, no son servicios rurales, como los de los recurrentes.

Mucho menos puede aceptarse lo aseverado por la parte recurrente, al sostener que con la implementación del AVL se persigue beneficiar económicamente a una cooperativa de trasportes que opera en el terminal, al pretender hacer creer que solo ellos pueden proporcionar el sistema de AVL. Nada más alejado de la realidad. El art. 34 de la Ordenanza, en su inc.1º parte final, es categórico en establecer que “el proveedor de AVL será decisión de cada operador de transporte”

En consecuencia, el oficio enviado por la administración del terminal de buses de Río Bueno, a los Sres. recurrentes, se funda en lo dispuesto en la Ordenanza municipal sobre Terminales, Locomoción Colectiva no Urbana, Comuna de Río Bueno , ya que el no dar cumplimiento a la obligación de instalar el AVL, faculta a la administración a aplicar la sanción de suspensión del servicio, contemplada, entre otras disposiciones, en el art. 41 Nº3 de la Ordenanza en cuestión.- Por lo expuesto, solicita que sea rechazado con expresa condenación en costas.

Y Considerando:

Primero: Que el recurso de protección ha sido consagrado con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este mecanismo de tutela preferente, a fin de restablecer el imperio del Derecho y otorgar la debida protección al ofendido y, como reiteradamente lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, del artículo 20 de la Constitución Política de la República se desprende que para la procedencia de esta acción constitucional es menester la existencia de un acto u omisión imputable a un tercero, el que por una parte debe ser arbitrario o ilegal y, por la otra, producir una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de uno o más de los derechos o garantías señalados en forma taxativa por la Carta Fundamental.

Tercero: Que el presente recurso, según la recurrida, se presentó en contra de la decisión de la Recurrida Ilustre Municipalidad de Río Bueno, adoptada en sesión extraordinaria del Consejo Municipal, por la cual se aprobó la ordenanza Municipal sobre Terminales, Locomoción Colectiva no Urbana, de la Comuna de Río Bueno, la que se concretó en el Decreto Exento Municipal N° 3066-2019 de fecha 22 de julio de 2019, la que fue subida al Portal de Transparencia con fecha 133 de agosto de 2019.

Cuarto: Que si bien la recurrida estima que ésta fecha debe ser considerada para la determinación del cómputo del plazo, para la interposición del recurso, la recurrente ha basado su recurso, en la comunicación que con fecha 2 de octubre de 2019, ha hecho la entidad recurrida de la exigencia de instalar en cada bus el sistema AVL.

Quinto: Que si bien esta alegación podría entenderse decisoria en el recurso, resulta necesario, en este caso, frente a la disyuntiva - en relación a cual es en definitiva el acto arbitrario del cual se recurre y la fecha en que nace el derecho a reclamar- hacerse caso del fondo del mismo, cuestión que resulta más adecuada frente a estas tesis, quien siendo contradictorias entre sí, resultan tener ambas , fuerza suficiente para contraponerse, de manera tal, que conviene atender al fondo del asunto, a fin de cumplir con el mandato constitucional, de entender que los procedimientos, cualquiera sea su naturaleza, deben tender a asegurar el derecho de las partes a ejercer sus acciones y derechos, antes de preferir una interpretación restrictiva de los mismos.

Sexto: En relación a lo alegado, se ha informado por la recurrida, que se dictó la ordenanza en virtud de la cual se recurre, toda vez que la Municipalidad a través de esta vía, se encuentra facultada para fijar normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad , dentro del ámbito y esfera de sus atribuciones.

Séptimo: Que la recurrida señala que el Ministerio de Transporte, a través de la Seremía respectiva, ha advertido la necesidad de implementar medidas que vayan en la protección de la comunidad, estableciendo mediante resolución 815/2012, trazados y horarios de los recorridos que deben utilizar los servicios de locomoción colectiva rural e interurbana, a fin de efectuar un adecuado ordenamiento de los flujos de buses que operan en la comuna.

Señala que la implementación del sistema AVL, es permitido por el Ministerio de Transporte, por lo que no se vulnera con ello la garantía de libertad del trabajo.

Octavo: Que a fin de resolver, se debe tener presente que el artículo 3° de la Ley 18.695 en su letra d) señala que son funciones de las Municipalidades: d) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo.

Noveno: Que se estima que la recurrida, ha dictado una ordenanza, regulando una materia que de acuerdo a la norma señalada en el considerando precedente, se encuentra dentro de la esfera de sus atribuciones.

Décimo: Que de acuerdo a lo señalado, si los recurrentes no estaban conformes con lo acordado, por las razones indicadas, debieron interponer el recurso legal correspondiente, el que, en un juicio de lato conocimiento, fijaría lo pertinente en relación a la legalidad del acto administrativo y la existencia de derechos indubitados.

Undécimo: Que además , conviene indicar que las condiciones de procedencia del recurso de protección que copulativamente exige el Constituyente son: a) que exista un acto u omisión arbitraria o ilegal; b) que tales actos u omisiones priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de un derecho constitucional contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Duodécimo: Que, así las cosas, resulta que el acto recurrido, ha sido dictado dentro de la esfera de sus atribuciones por el órgano pertinente, fundado por una instrucción del Ministerio que regula la materia.

Décimo Tercero: Que en este último sentido, la alegación de los recurrentes, en cuanto a no estar de acuerdo con la dictación de dicha ordenanza carece de toda fuerza legal, toda vez que las normas que dicta la autoridad Municipal, se adoptan por quienes forman parte de los órganos de dicha administración, lo que ha ocurrido en este caso, sin necesitar contar con el acuerdo de los afectados en la materia.

Por lo expuesto, no puede estimarse que el actuar de las recurridas, es arbitrario o ilegal, por lo que mal pueden estimarse conculcados los derechos constitucionales invocados por los recurrentes.

En virtud de lo expuesto, el presente arbitrio será rechazado.

Y visto lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto en los numerales, 1,2 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, se RECHAZA, el recurso interpuesto por don nombre reservado, en nombre de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Río y contra la administradora del Terminal de Buses Encargada doña nombre reservado.

ROL 5126 – 2019 Protección.