SOCIEDAD DE TRANSPORTES REGIONAL S.A, con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO VALDIVIA

Valdivia, nueve de febrero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Don Bernardo Andrés Aedo Cerna, abogado, en representación de Sociedad de Transportes Regional S.A., del giro de su denominación, domiciliada en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en negarse a tramitar un recurso de reconsideración presentado dentro de plazo, afecta su garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

Expone que por Resolución Ordinaria N° 1286 de 12 de diciembre de 2017, la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia rechazó por extemporánea la solicitud de reconsideración administrativa deducida por Sociedad de Transportes Regional S.A. en contra de la multa que le fue cursada por dicha institución, en circunstancias que el recurso fue presentado dentro de plazo. Agrega el plazo de 30 días para presentar el recurso de reconsideración ante el Director del Trabajo, a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, no es de días corridos sino de días hábiles, atendido que se trata de la tramitación de un recurso en sede administrativa que carece de normativa especial, por lo que cabe aplicar el artículo 25 de la Ley N° 19.880. Cita jurisprudencia en apoyo a sus asertos. Señala que el recurso de reconsideración fue presentado dentro del plazo de treinta días hábiles contados de la notificación practicada el 2 de noviembre de 2017, por lo que la recurrida al negarse a tramitar un recurso presentado dentro de plazo actuó arbitraria e ilegalmente, afectando las garantías de igualdad ante la ley prevista y debido proceso, consagrados en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Pide se acoja el recurso, y se deje sin efecto la Resolución Ordinaria N° 1286 de 12 de diciembre de 2017, ordenando a la recurrida que admita a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución Multa N° 8014/17/87 de 11 de septiembre de 2017, con costas.

Informando el recurso, doña Audrey Vidal Lucero, abogado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, sostuvo que con fecha 11 de septiembre de 2017 la fiscalizadora dependiente de dicha repartición, doña nombre reservado, dictó la Resolución de Multa Nº 8014/2017/87, la que fue notificada personalmente el día 2 de noviembre del mismo año. Agrega que el día 7 de noviembre de 2017 la recurrente presentó extemporáneamente recurso de reconsideración de la multa individualizada, por lo que se emitió el Oficio Ordinario N° 1286 de 12 de diciembre de 2017, mediante la cual se comunicó a la empresa que no se dio curso a la solicitud de reconsideración, pues no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Señala que la presente acción cautelar es improcedente, ya que el Libro V, título II del Código del Trabajo regula el procedimiento para reclamar judicialmente las multas y demás resoluciones administrativas, no siendo esta la vía idónea para reclamar el acto administrativo, dado que el recurso de protección no es instrumento de control de la legalidad de los actos de la administración sino que de cautela de derechos garantizados por la Carta Fundamental, habida cuenta de que la decisión contenida en el acto recurrido es consecuencia de la interpretación de las normas que aparecen aplicables, actividad inherente a la administración. Cita jurisprudencia en apoyo a su tesis. Sostiene la legalidad en el actuar de la Inspección del Trabajo, atendido que el plazo para ejercer el recurso de reconsideración administrativo de multas es de días corridos y no hábiles, conforme lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo. Agrega que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha consignado expresamente, en virtud de lo prescrito en el artículo 50 del Código Civil, lo que quedaría de manifiesto en los artículos 312, 435 y 503 del Código del Trabajo. Indica que al existir norma legal, expresa y especial, que regula el procedimiento y los plazos para ejercer el derecho a reclamar en contra de una multa impuesta por infracción a la legislación laboral, no corresponde la aplicación del artículo 25 de la Ley N° 19.880. Cita jurisprudencia sobre el particular.

Refiere que no hay arbitrariedad en el actuar de la Inspección del Trabajo, pues la declaración de extemporaneidad se fundó en normas jurídicas que regulan el plazo y en el carácter vinculante del Dictamen N° 64985 de 20 de noviembre de 2009, reiterado en Dictamen N° 17.334, de 10 de marzo de 2014, ambos de la Contraloría General de la República, que concluyó la inaplicabilidad del artículo 25 de la Ley N° 19.880. Agrega que no se han vulnerado la garantía que la recurrente cita, pues la aplicación del plazo corrido, a efecto de admitir o no un recurso de reconsideración administrativa, es igualmente aplicable a cada recurso que ingresa al Servicio. Cita jurisprudencia relacionada con su postura. En definitiva argumenta que no existe actuación arbitraria o ilegal, por cuanto se actuó dentro del marco legal y en uso de atribuciones y prerrogativas propias, no produciéndose, por tanto, lesión al derecho invocado.

Pide el rechazo del recurso por inexistencia de actuación arbitraria o ilegal.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de una acción u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o arbitraria, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más garantías protegidas por el legislador; en concreto, el recurrente considera que se vulneró su derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 números 2 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, de un análisis pormenorizado del recurso y el informe de la institución recurrida, surge que el objeto de la presente controversia consiste en determinar si el plazo contenido en el artículo 512 del Código del Trabajo, se refiere a días hábiles o a días corridos.

CUARTO: Que, tal como se ha resuelto reiteradamente, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, atendido que se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa. Luego, al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, enunciado normativo que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

En consecuencia, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil. (Excma. Corte Suprema Rol 34.529-2017; Rol 30.254-2017; Rol 27-862-2017; Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol 766-2017; 438-2017; Rol 635-2017).

QUINTO: Que, por lo expuesto, el recurso de reconsideración fue presentado el día 7 de diciembre de 2017, esto es, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación practicada el día 2 de noviembre de 2017. Por este motivo, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal en tanto se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al discriminarle arbitrariamente respecto de quienes encontrándose en las mismas condiciones, mantienen su derecho a reclamar administrativamente de la multa impugnada, circunstancia que permite acoger la acción de protección.

Atento lo anterior innecesario se hace pronunciarse sobre la restante garantía denunciada como infringida.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Bernardo Andrés Aedo Cerna, abogado, en representación de Sociedad de Transportes Regional S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia y, en consecuencia, se deja sin efecto el Oficio Ordinario N° 1286 de 12 de diciembre de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el recurrente respecto de la Resolución de Multa Nº 8014/2017/87 de 11 de septiembre de 2017.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 51 – 2018 PRO.