Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Los Ríos

C.A. de Valdivia Valdivia, nueve de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

1.-) Comparece doña Carolina Andrea Azúa García, abogada, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, técnico en enfermería del Hospital Base de Valdivia, domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Los Ríos (nombre reservado), representada por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios consistentes en el rechazo de sus licencias médicas y en la posterior confirmación de dicho rechazo por reposo no justificado, hechos que estima vulneran las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1°, 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que padece un traumatismo del músculo y tendones del manguito rotador del hombro derecho desde noviembre de 2023, encontrándose a la espera de la cirugía que constituye la única solución a su dolencia, ingresada en lista de espera quirúrgica, de modo que su salud sería recuperable solo una vez practicada la intervención. Expone que se desempeña como técnico en enfermería en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Base de Valdivia, en funciones que importan esfuerzo físico que estima incompatible con su patología, y que su prestador médico, que le otorga las licencias, y su empleador son la misma institución.

Indica que, encontrándose con licencia médica a contar del 31 de diciembre de 2023, desde la licencia de 13 de mayo de 2024 todas le han sido rechazadas por la nombre reservado y por la SUSESO, por un total de 570 días y diecinueve licencias médicas, individualizadas con los N°s 102375218-9, 103666132-8, 104690729-5, 105982365-1, 107158725-4, 108303660-1, 109841404-1, 112709333-0, 113820680-3, 115096328-8, 116751152-6, 118086218-4, 119778518-3, 120733709-5, 121896224-2, 123405242-6, 1245297080, 124529708-0 y 125882574-4, pese a encontrarse validadas por el informe de su traumatólogo tratante y a contar con exámenes de respaldo.

Sostiene que el rechazo carece de fundamento y vulnera su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, su derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminada, su derecho a un debido proceso y su derecho de propiedad sobre la remuneración o el subsidio que le correspondería.

Solicita acoger la acción, ordenar a las recurridas aprobar las licencias médicas rechazadas y disponer su pago íntegro, con costas.

2.-) Informó don Ricardo Javier Cortés Muñoz, abogado del Departamento Jurídico de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Ríos, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Los Ríos, y solicitó el rechazo de la acción.

Expone que, según el histórico de licencias médicas del Sistema de Información de Fonasa, la recurrente registra licencias por el mismo diagnóstico —síndrome del manguito rotador, código M75.1— a contar del 24 de noviembre de 2023, habiéndose autorizado un primer período de cinco licencias médicas, por un total de 134 días continuos, hasta el 12 de mayo de 2024. Agrega que, a contar del 13 de mayo de 2024, la recurrente continuó presentando licencias médicas por la misma patología, hasta completar diecinueve licencias continuas y 570 días de reposo, todas rechazadas por no existir causa médica que justificara el reposo prescrito.

Señala que la recurrente solo dedujo recurso de reposición respecto de la licencia médica N°115096328-8, extendida por 30 días entre el 9 de marzo y el 7 de abril de 2025, recurso que la nombre reservado desestimó por estimar que los antecedentes médicos aportados no justificaban el rol curativo del reposo conforme a la pauta técnica aplicable; y que, deducida apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social, ésta confirmó el rechazo de dicha licencia mediante la Resolución Exenta N°R-01-UME-46181-2026, de 31 de marzo de 2026, absteniéndose de emitir pronunciamiento respecto de las restantes licencias por no constar la interposición de los respectivos recursos de reposición ante la nombre reservado.

Hace presente que, atendido el elevado número de días de reposo, el caso fue presentado a la Comisión Ampliada de Morbilidad Común, la que con fecha 29 de julio de 2025 declaró irrecuperable la patología y sugirió a la recurrente iniciar el trámite de pensión de invalidez, según da cuenta la Resolución Exenta N°205, de 14 de agosto de 2025. Concluye que los rechazos se fundaron en motivos técnicos, por estimarse los informes médicos tratantes insuficientes para avalar la extensión del reposo indicado, y que la recurrente no agotó la vía administrativa, salvo en el caso ya señalado.

3.-) Informó don Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, y solicitó el rechazo de la acción, con costas.

En primer término, alega la improcedencia de la acción de protección por tratarse de una materia perteneciente al Sistema de Seguridad Social, contemplada en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra incluida en la enumeración taxativa del artículo 20 del mismo texto fundamental. Sostiene que la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas, reguladas en el artículo 149 del D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, y en el Decreto Supremo N°3, de 1984, del mismo Ministerio, así como el pago del subsidio por incapacidad laboral establecido en el D.F.L. N°44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, constituyen materias de seguridad social cuya impugnación cuenta con un sistema propio de revisión administrativa de doble instancia.

En subsidio, informa en cuanto al fondo señalando que estudió los antecedentes y concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N°115096328-8 no se encontraba justificado, por cuanto los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 134 días de reposo ya autorizados por la misma patología, sin que el informe médico de 14 de octubre de 2025 ni la ficha clínica acompañada detallen la anamnesis, los hallazgos del examen físico, la evolución del cuadro, el plan terapéutico mientras espera la cirugía ni la recuperabilidad, y sin que se acredite el ingreso a lista de espera quirúrgica ni la realización regular de kinesioterapia durante la vigencia del reposo. Respecto de las demás licencias médicas, expresa que no emitió pronunciamiento por no constar la interposición de los recursos de reposición ante la nombre reservado, conforme a la Resolución Exenta N°R-01-UME-46181-2026, de 31 de marzo de 2026.

Agrega que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es la recuperación de la salud del trabajador y su reincorporación laboral, y que el solo otorgamiento de la licencia por el profesional tratante no hace nacer un derecho indubitado al subsidio o a la remuneración, conforme al artículo 17 del Decreto Supremo N°3, de 1984, requiriéndose para ello su autorización por el organismo administrador competente. Sostiene que su actuación se ajustó a las atribuciones técnicas y fiscalizadoras que le confieren la Ley N°16.395 y la Ley N°20.585, descartándose todo actuar ilegal o arbitrario. Pide el rechazo de la acción, con costas.

4.-). El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él- que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

5.-). Que, en cuanto a la solicitud de la Superintendencia de Seguridad Social en orden a que se declare la improcedencia del recurso por tratarse de materias de seguridad social, ésta será rechazada, pues de la lectura del libelo se aprecia que la acción se ha deducido no sólo en cautela de tal garantía, sino también respecto de los derechos consagrados en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, comprendidos en el ámbito de protección del artículo 20 del texto constitucional.

6.-) Que, en el contexto anterior, conviene examinar el contenido de la Resolución Exenta N°R-01-UME-46181-2026, de 31 de marzo de 2026, de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el rechazo de la licencia médica N°115096328-8, y si la misma cumple con el estándar de motivación que requiere la ley.

Al respecto, la resolución expresa los siguientes fundamentos: “Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 134 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que el informe médico de 14 de octubre de 2025, y la copia de ficha clínica de Clínica Aramis, no detallan anamnesis ni los hallazgos del examen físico que dan cuenta de la incapacidad funcional al momento de emisión de la licencia reclamada, tampoco la evolución del cuadro con las medidas implementadas, plan terapéutico mientras espera cirugía y recuperabilidad después de la misma. A mayor abundamiento, no acredita ingreso a lista de espera quirúrgica ni kinesioterapia realizada de manera regular durante la vigencia del período de reposo, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito”.

7.-) Que, en este punto adquiere particular relevancia el examen del marco reglamentario que regula la evaluación técnica de las licencias médicas por reposo continuo, y en tal sentido, se observa que para el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, se ha omitido en su decisión la aplicación del artículo 3° del Decreto Supremo N°7 de 2013 del Ministerio de Salud –Aprueba Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas– que dispone expresamente: “Tratándose de pacientes que tengan indicación de reposo continuo, deberán tomarse algunas de las medidas contempladas en las letras a), b), d) y e) del artículo 21 del decreto Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de autorización de licencias médicas por las nombre reservado e Instituciones de Salud Previsional a contar de la tercera licencia médica. Estas medidas deberán ser coordinadas por cada nombre reservado, Sub Comisión o Isapre y en base a sus resultados la Contraloría Médica correspondiente podrá determinar la procedencia de la aprobación, reducción o rechazo”.

Esta norma resulta decisiva, pues transforma el ejercicio de las facultades indagatorias del artículo 21 letras a), b), d) y e) del Decreto Supremo N°3, de 1984 — Aprueba Reglamento de autorización de licencias médicas por las nombre reservado e instituciones de salud previsional—, en un deber reglamentario expreso, verificada la sola circunstancia objetiva de tratarse de un paciente con indicación de reposo continuo a contar de la tercera licencia médica.

8.-) Que, en el caso de autos, la recurrente acumulaba al inicio del período impugnado más de 134 días de reposo continuo autorizado por la misma patología, superando con creces el umbral de la tercera licencia médica que activa el deber reglamentario, por lo que la decisión de rechazo sin haberse adoptado, en forma previa, ninguna de las medidas indagatorias señaladas —solicitar nuevos exámenes o interconsultas, disponer una visita al domicilio o lugar de reposo, requerir al profesional emisor los antecedentes clínicos complementarios, o disponer cualquier otra medida informativa— infringe directamente el artículo 3° del Decreto Supremo N°7, de 2013, del Ministerio de Salud.

9.-) Que, en consecuencia, se observa un actuar contrario a la ley de parte de los organismos recurridos, porque la decisión de rechazo de licencias médicas se ha adoptado con infracción del deber reglamentario expreso contenido en el artículo 3° del Decreto Supremo N°7, de 2013, del Ministerio de Salud, que obligaba a la recurrida a adoptar, en forma previa, alguna de las medidas indagatorias contempladas en el artículo 21 letras a), b), d) y e) del Decreto Supremo N°3, de 1984, las cuales constituían en el caso particular el mecanismo idóneo para superar las insuficiencias documentales que se invoca como fundamento del rechazo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, Acta 94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida por doña Carolina Andrea Azúa García, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Los Ríos y de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo las recurridas emitir un nuevo pronunciamiento sobre las licencias médicas objeto del recurso de la recurrente, previo cumplimiento del deber indagatorio contemplado en el artículo 3° del Decreto Supremo N°7, de 2013, del Ministerio de Salud, en relación con el artículo 21 letras a), b), d) y e) del Decreto Supremo N°3, de 1984, del mismo Ministerio.

Comuníquese, regístrese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-500-2026.