nombre reservado con UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

C.A. de Valdivia Valdivia, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos, teniendo presente y considerando:

1) A folio 1 compareció don Jaime Benito Gallardo Casanova, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, estudiante de segundo año de la carrera de Medicina, ambos domiciliados en domicilio reservado, y dedujo la presente acción constitucional de protección en contra de la Universidad Austral de Chile, rol único tributario N°81.380.500-6, corporación de derecho privado, representada legalmente por su Rector don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por la actuación que califica de ilegal y arbitraria consistente en desconocer, negar o amenazar con negar la renovación, para el año académico 2026, de la denominada “Beca de Matrícula para Hijos(as) de Trabajadores(as)”, sin que se hubiere dictado al efecto resolución formal alguna ni se hubiere practicado notificación previa al beneficiario; hechos que estima vulneratorios de las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expuso que su representado fue beneficiario, durante el año académico 2025, del aludido beneficio en un cincuenta por ciento del arancel anual, otorgado mediante Resolución N°001, de 25 de marzo de 2025, del Departamento de Bienestar del Personal de la recurrida; que su padre, don nombre reservado, se desempeñó como funcionario de la Universidad Austral de Chile por treinta y dos años, hasta el día 24 de enero de 2025, fecha en que se puso término a la relación laboral por decisión del empleador; y que, previo al otorgamiento de la beca correspondiente al año 2025, su padre consultó formalmente a la jefatura del Departamento de Bienestar del Personal acerca de la procedencia del beneficio, recibiendo respuesta favorable por correo electrónico de 10 de marzo de 2025, en que se le informó expresamente que, tratándose de un trabajador con contrato indefinido y más de treinta años de servicios, correspondía solicitar el beneficio.

Agregó que el ex funcionario dedujo demanda de tutela de derechos fundamentales y, en subsidio, despido injustificado, en contra de la Universidad, causa actualmente en tramitación ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia bajo Rit T-60-2025; y que durante el año académico 2025 su representado obtuvo un promedio general de 5,95, razón por la cual estimaba contar con una legítima expectativa de continuidad del beneficio.

Indicó que su padre solicitó formalmente la renovación del beneficio para el año 2026, mediante correo electrónico de 13 de marzo de 2026 dirigido al Departamento de Bienestar del Personal, sin obtener respuesta; y que, con fecha 7 de abril de 2026, su representado tomó conocimiento, de manera informal, que en el sistema de la institución figuraba un cobro correspondiente al ciento por ciento del arancel, sin aplicación del descuento asociado al beneficio. Sobre dicha base, sostuvo que el actuar de la recurrida resulta ilegal y arbitrario, configurándose una verdadera vía de hecho análoga a aquélla que esta Corte tuvo oportunidad de conocer y resolver en la causa Rol N°519-2025, caratulada “nombre reservado con Universidad Austral de Chile”, precedente que invoca expresamente.

Pidió, en definitiva, que se acoja la acción y se ordene a la recurrida mantener y/o renovar el beneficio en el mismo porcentaje reconocido previamente, abstenerse de efectuar cobros incompatibles con dicha mantención, así como de registrar deuda, mora o restricción académica derivada de la supuesta pérdida del beneficio, con expresa condenación en costas.

2) A folio 10, evacuó informe la parte recurrida, por intermedio de su abogado don Sergio Ignacio Valenzuela Mena, en representación de la Universidad Austral de Chile, quien solicitó el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas, en mérito de las alegaciones que pasan a sintetizarse.

En cuanto a la forma, opuso la excepción de extemporaneidad, sosteniendo que el recurrente reconoció en su libelo haber tomado conocimiento, con fecha 7 de abril de 2026, del cobro íntegro del arancel en el sistema institucional, por lo que, a esa fecha, contaba ya con conocimiento cierto del acto materia del recurso, debiendo computarse desde dicho día el plazo fatal de treinta días corridos previsto en el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En cuanto al fondo, expuso que el beneficio reclamado se encuentra regulado por el Decreto de Rectoría N°087, de 24 de marzo de 2003, que estructura la denominada “Beca de Matrícula para Hijos de Trabajadores” como un beneficio reglado, anual y condicionado al cumplimiento permanente de requisitos objetivos, entre los cuales se cuenta, de manera basal, la mantención de la calidad de funcionario del padre o madre del estudiante; y que la misma disposición reglamentaria contempla expresamente, como causal de pérdida del beneficio, la pérdida de la calidad de funcionario por parte del padre o madre, “salvo en caso de fallecimiento, invalidez permanente o retiro voluntario con más de 30 años de servicio en la Corporación”.

Refirió que el padre del recurrente fue desvinculado de la institución con fecha 24 de enero de 2025, por aplicación de las causales contempladas en el artículo 160 N°1 letra a) y N°7 del Código del Trabajo, esto es, por causales disciplinarias derivadas de un procedimiento de investigación interna seguido conforme al Reglamento institucional respectivo; circunstancia que excluye, a su juicio, la concurrencia de la hipótesis de excepción reglamentaria asociada al retiro voluntario con más de treinta años de servicio, dado que ésta exige copulativamente ambos presupuestos. Agregó que el rendimiento académico del estudiante constituye únicamente un requisito adicional de mantención del beneficio, mas no un presupuesto autónomo capaz de sustituir el requisito basal relativo a la calidad de funcionario; que la existencia del juicio laboral Rit T-60-2025 carece de incidencia jurídica respecto del beneficio, pues su pérdida opera objetivamente desde el término de la relación laboral; y que el Decreto N°087 no contempla, como requisito de eficacia de la pérdida del beneficio, la dictación de una resolución especial de término ni la notificación formal al estudiante. Sostuvo, asimismo, que la situación de autos difiere sustancialmente de aquella resuelta en la causa Rol N°519-2025, por concurrir en este caso un antecedente nuevo, objetivo y jurídicamente determinante. Pidió, en definitiva, el rechazo del recurso con costas.

3) Que la acción de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste su ejercicio, resultando, en consecuencia, requisito indispensable de la acción la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario al ordenamiento jurídico– o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él–, y que provoque alguna de las situaciones o efectos descritos por la norma constitucional, afectando una o más de las garantías taxativamente protegidas.

4) Que, previo al análisis del fondo, corresponde pronunciarse sobre la alegación de extemporaneidad opuesta por la recurrida. El numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales establece un plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

En la especie, según se desprende del propio libelo, el recurrente afirma haber tomado conocimiento del acto reclamado el día 7 de abril de 2026, oportunidad en que advirtió que el sistema de la recurrida registraba un cobro correspondiente al ciento por ciento del arancel, sin aplicación del beneficio. Habiéndose interpuesto la presente acción dentro de los treinta días corridos siguientes a dicha fecha, según da cuenta el propio expediente, corresponde concluir que el recurso ha sido deducido oportunamente, por lo que la alegación de extemporaneidad será desestimada y esta Corte se pronunciará sobre el fondo del asunto.

5) Que, entrando al análisis sustantivo, conviene precisar que el beneficio cuya renovación se reclama –denominado en la nomenclatura institucional “Beca de Matrícula para Hijos(as) de Trabajadores(as)”– se encuentra regulado por el Decreto de Rectoría N°087, de 24 de marzo de 2003, instrumento normativo interno de la Universidad recurrida que define los presupuestos para su otorgamiento, los requisitos de mantención y las causales que producen su extinción. Conforme se desprende del texto del referido decreto, acompañado por la propia recurrida, el beneficio cubre el cincuenta por ciento del arancel diferenciado de matrícula y está destinado a los alumnos hijos de trabajadores de la Corporación, exigiéndose que éstos cumplan jornada completa y registren como mínimo cinco años de antigüedad en la institución.

De resulta especialmente relevante consignar que el propio Decreto N°087, al regular el alcance temporal del beneficio, dispone en el literal A de su numeral 1° que “este beneficio se concederá hasta por un lapso igual al de la duración regular de cada carrera, la que podrá prolongarse hasta 2 años”, agregando que “esta beca no puede extenderse para una segunda carrera” y que “en los casos de cambio de carrera, se contabilizará el beneficio otorgado en carrera anterior”. De tales disposiciones, leídas en conjunto con la regla relativa al rendimiento académico que el propio decreto exige al estudiante para mantener el beneficio –promedio no inferior a 4,0 en primer y segundo año, y no inferior a 4,5 en los restantes–, se desprende que el reglamento concibió el beneficio en proyección al desarrollo íntegro de los estudios del beneficiario, lo que, sin impedir su formalización por resoluciones anuales del Departamento de Bienestar del Personal, permite descartar la idea de un beneficio meramente aislado en cada anualidad, y refuerza la legítima expectativa de continuidad del estudiante que mantiene el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, particularmente si esto se une a los propios actos de la Universidad, que se referirán con posterioridad.

En lo que respecta a las causales de pérdida del beneficio, el Decreto N°087 las enumera taxativamente, a saber: a) adquirir la calidad de repitente en el último semestre o año académico cursado; b) haber obtenido un promedio anual o semestral inferior a 4,0 o 4,5, según corresponda; c) haber sido objeto de medidas disciplinarias –referidas al alumno–; y d) la pérdida de la calidad de funcionario por parte del padre o madre, “salvo en caso de fallecimiento, invalidez permanente o retiro voluntario con más de 30 años de servicio en la Corporación”.

6) Que, de los antecedentes acompañados al recurso y al informe, así como de aquellos que no han sido objeto de controversia entre las partes, se desprenden los siguientes hechos que resultan especialmente relevantes para la decisión:

a) Que don nombre reservado se desempeñó como funcionario de la Universidad Austral de Chile por aproximadamente treinta y dos años, hasta el día 24 de enero de 2025, fecha en que se puso término a la relación laboral por decisión del empleador, fundada en las causales contempladas en el artículo 160 N°1 letra a) y N°7 del Código del Trabajo;

b) Que con fecha 10 de marzo de 2025, esto es, ya producida la desvinculación laboral, la entonces Jefe del Departamento de Bienestar del Personal de la recurrida respondió por correo electrónico la consulta formulada por el ex funcionario, indicándole expresamente que, tratándose de un trabajador con contrato indefinido y más de treinta años de servicios, correspondía solicitar el beneficio de “Beca Hijo de Funcionario” para su hijo;

c) Que mediante Resolución N°001, de 25 de marzo de 2025, esto es, dos meses después de la desvinculación del padre, el Departamento de Bienestar del Personal de la propia recurrida concedió expresamente al recurrente el beneficio de Beca de Matrícula para Hijos de Trabajadores, por un cincuenta por ciento del arancel anual, conjuntamente con otros veintinueve estudiantes nominados en la misma resolución;

d) Que el recurrente cumplió íntegramente con las exigencias académicas previstas en el Decreto N°087 durante el año 2025, obteniendo un promedio general de 5,95, sobradamente superior al mínimo reglamentario de 4,0 aplicable al primer año de la carrera;

e) Que con fecha 13 de marzo de 2026, el padre del recurrente solicitó formalmente, por correo electrónico dirigido al Departamento de Bienestar del Personal, la renovación del beneficio para el año académico 2026, dejando constancia expresa de la existencia y pendencia del juicio laboral incoado en contra de la institución; y f) Que la recurrida no respondió formalmente la solicitud anterior, ni dictó resolución alguna que exteriorizara la decisión de no renovar el beneficio, conociéndose tal circunstancia, a través del cobro íntegro del arancel reflejado en el sistema de gestión académico-financiera de la institución, advertido por el recurrente el día 7 de abril de 2026.

7) Que, asentado lo anterior, debe destacarse que la cuestión central que plantea el presente recurso no reside, como pretende la recurrida, en la sola interpretación del Decreto N°087 a la luz del cese laboral del padre del recurrente, sino en una circunstancia anterior y más significativa: la propia Universidad Austral de Chile, conociendo plenamente la desvinculación del funcionario –ocurrida el 24 de enero de 2025–, decidió no obstante otorgar el beneficio al recurrente mediante Resolución N°001 dictada con posterioridad a ese hecho, esto es, el 25 de marzo de 2025, e incluso –según consta en la cadena de correos electrónicos acompañada– brindó al ex trabajador, por intermedio de la jefatura del Departamento de Bienestar del Personal, una respuesta institucional explícita en cuanto a que, en atención a sus más de treinta años de servicios, correspondía requerir formalmente el beneficio para su hijo.

Tales actuaciones configuran, a juicio de esta Corte, un comportamiento institucional inequívoco que generó en el destinatario del beneficio una expectativa razonable y fundada de continuidad, anclada en la propia conducta de la Corporación universitaria, y no en una mera interpretación unilateral del recurrente. Si la sola pérdida de calidad de funcionario –por causal distinta a las hipótesis excepcionales del Decreto N°087– hubiese operado, como ahora se sostiene, con efectos extintivos automáticos e inmediatos sobre el beneficio, mal podría la propia Universidad haber concedido formalmente la beca con posterioridad al cese laboral del padre. La incongruencia entre la conducta institucional desplegada en marzo de 2025 y la posición sustentada un año después, en relación con un mismo conjunto de hechos esenciales, no puede sino ser interpretada como un apartamiento de las propias decisiones y como una alteración unilateral del estado de cosas que la Universidad libremente había configurado.

8) Que, a lo anterior se suma una cuestión que esta Corte ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en una controversia análoga: la ausencia de un acto formal y debidamente notificado que exteriorice la decisión de no renovar el beneficio.

En efecto, conforme reconoce el propio informe, la decisión institucional de no renovar la Beca de Matrícula para el año 2026 no se materializó en una resolución del Departamento de Bienestar del Personal, ni se comunicó formalmente al beneficiario, ni se le confirieron oportunidades de exponer su situación particular, de hecho ni siquiera se respondió el correo electrónico de consulta enviado a tal efecto. Por el contrario, la decisión únicamente se exteriorizó por la vía indirecta del cobro íntegro del arancel reflejado en el sistema institucional, advertido por el recurrente –de modo informal y casual– el día 7 de abril de 2026. Tal modo de proceder se aparta, a juicio de esta Corte, de las exigencias mínimas de motivación, formalización y notificación que cabe esperar del actuar de una corporación de derecho privado de las características de la recurrida, especialmente tratándose de la supresión de un beneficio asistencial previamente concedido por acto formal, y respecto de una persona –el estudiante– que es tercero ajeno a la controversia laboral subyacente.

La afirmación de la recurrida, en orden a que el Decreto N°087 no contempla expresamente, como requisito de eficacia, la dictación de una resolución de término ni la notificación previa al beneficiario, no excusa el deber elemental de motivar y comunicar formalmente la supresión de un beneficio precedentemente concedido. Por lo demás, si el propio reglamento dispone que el otorgamiento del beneficio se formaliza por resolución, como en efecto ocurrió en marzo de 2025, la coherencia interna del sistema, y el propio actuar de la recurrida, exige que su pérdida o no renovación, cuando ello implica el desconocimiento de un beneficio antes reconocido, se exteriorice igualmente mediante un acto formal, o al menos una comunicación fundada y puesta en conocimiento del interesado.

9) Que, conviene precisar que esta Corte no desconoce el argumento de la recurrida en orden a que la causal reglamentaria de pérdida del beneficio opera, en principio, desde el solo hecho objetivo del término de la relación laboral, sin supeditarse a la firmeza de una eventual sentencia judicial sobre la juridicidad de aquella decisión. Sin embargo, en las particulares condiciones del caso, ese argumento ha de ponderarse en conjunto con todos los antecedentes ya señalados, especialmente con la circunstancia de haberse otorgado el beneficio con posterioridad al cese laboral, y con la inexistencia de un pronunciamiento jurisdiccional que zanje el carácter –disciplinario o injustificado– de la desvinculación, cuestión que, por lo demás, fue formalmente comunicada por el padre del recurrente a la propia recurrida en el correo electrónico de 13 de marzo de 2026.

En tales condiciones, decidir la supresión del beneficio asistencial –sin acto formal y mientras pende el debate jurisdiccional sobre el supuesto fáctico mismo en que la recurrida funda la causal– reviste un grado de incertidumbre y precipitación que excede los márgenes propios de una decisión razonable y motivada, máxime cuando el afectado por la medida es un tercero ajeno tanto al sumario interno como al juicio laboral.

10) Que, conforme al conjunto de las consideraciones precedentes, esta Corte arriba a la convicción de que el actuar de la Universidad Austral de Chile, consistente en no renovar al recurrente, para el año académico 2026, la Beca de Matrícula para Hijos(as) de Trabajadores(as) precedentemente concedida, exteriorizándose tal decisión únicamente mediante el cobro íntegro del arancel en el sistema institucional, sin comunicación formal ni notificación, y sin atender a las circunstancias particulares ya reseñadas –en especial, al hecho de haberse otorgado el beneficio con posterioridad al cese laboral del padre, a los más de treinta años de servicios de éste, al adecuado rendimiento académico del recurrente y a la pendencia del juicio laboral en que se discute la juridicidad misma de la causal de desvinculación invocada–, configura una actuación arbitraria, en cuanto desprovista de la razonabilidad y de la motivación que cabe exigir, y contraria al propio comportamiento institucional desplegado por la recurrida hasta entonces.

Tal actuación afecta la garantía constitucional consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en la dimensión específica que deriva de la interdicción de la arbitrariedad, pues se priva al recurrente de un beneficio que la propia recurrida le había reconocido por acto formal, sin que medie un acto institucional equivalente que dé cuenta razonada de la decisión y que permita a aquél conocer con claridad los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, en condiciones que difieren del trato que correspondería a cualquier estudiante que se encontrara en idéntica situación frente a la administración universitaria.

11) Que, en virtud de lo razonado, y atendido el carácter cautelar y tutelar de la presente acción, corresponde acoger el recurso y disponer la persistencia del beneficio de Beca de Matrícula precedentemente concedido al recurrente para el año académico 2025, sin solución de continuidad respecto del año 2026, debiendo la recurrida abstenerse de efectuar cobros incompatibles con la mantención del beneficio y de registrar deuda, mora o cualquier restricción académica derivada de la decisión que por la presente vía se deja sin efecto, todo ello sin perjuicio de las facultades que el ordenamiento interno y general reconoce a la Universidad recurrida para, en su caso, adoptar una decisión formal, motivada y debidamente notificada sobre la situación particular del recurrente, en los términos y por los cauces que la propia normativa institucional contempla.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: Que se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por don Jaime Benito Gallardo Casanova, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Universidad Austral de Chile y, en consecuencia, se ordena la persistencia del beneficio de Beca de Matrícula para Hijos(as) de Trabajadores(as) precedentemente concedido al recurrente en virtud de la Resolución N°001 de 25 de marzo de 2025 del Departamento de Bienestar del Personal, sin solución de continuidad respecto del año académico 2026, debiendo la recurrida cesar los cobros derivados de la supresión de facto del referido beneficio y abstenerse de registrar deuda, mora o restricciones que sean consecuencia directa de aquélla.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Samuel Muñoz Weisz, quien fue de la opinión de rechazar la acción, por cuanto si bien no se advierte un acto formal expreso de término del beneficio, no se ha acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, ni la vulneración de garantías constitucionales del recurrente, por cuanto la no extensión del beneficio para el año 2026 obedece a una causal objetiva de pérdida de la calidad de funcionario del padre del beneficiario.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-495-2026.