nombre reservado C con TESORERO PROVINCIAL DE VALDIVIA

Valdivia, treinta de julio de dos mil trece.

Vistos:

A fojas 4, comparece don Juan Albornoz Robertson, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, comerciante, deduciendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, Tesorero Regional de Valdivia. Expone que con fecha 15 de abril de 2013, el Sr. nombre reservado presentó su declaración de impuesto a la renta año tributario 2013 con un saldo a favor de $5.256.794.-, aceptada por el S.I.I. sin observaciones, autorizándose a la Tesorería General de la República para que depositara o emitiera cheque por esa suma. Dice que el día 28 de mayo de 2013, la Tesorería General de la República compensó esa devolución con presuntas deudas que el recurrente correspondientes a giros emitidos por dicha repartición por impuestos con fecha de vencimiento en los años 2002 y 2003, los que detalla. Asevera que el procedimiento de cobro judicial de esa deuda fue declarado abandonado en causa Rol C-32-2007 del Juzgado de Letras de la Unión, por lo que al denegársele la devolución de impuestos, se ha privado al recurrente ilegítimamente de su derecho de propiedad sobre los excedentes de impuestos que le corresponde percibir. Sostiene que la conducta de la recurrida vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 2, 22 y 24 de la Constitución Política de la República, ya que la Tesorería General de la República devuelve al resto de los Contribuyentes oportunamente el exceso pagado y se le priva del derecho de propiedad sobre la suma compensada, contraviniendo el artículo 97 del DL 824, que cita. Finaliza solicitando se acoja el recurso interpuesto, ordenando a la recurrida devolver a su representado las sumas indebidamente compensadas más sus reajustes, con costas.

A fojas 15, don nombre reservado, Tesorero Regional de Valdivia, domiciliada en domicilio reservado, informa el recurso. Argumenta ser incompetente en calidad de recurrido, ya que no tiene participación alguna en los hechos que dan origen al recurso, pues de acuerdo al domicilio del recurrente, la conducta habría sido efectuada por el Tesorero Provincial del Ranco, don nombre reservado. Expresa que el recurso es extemporáneo, por haberse efectuado la última compensación el día 23 de mayo de 2013. En seguida, señala que no existe en su actuar ilegalidad o arbitrariedad, dado que la compensación entre deudas recíprocas del Fisco y el recurrente operó por el sólo ministerio de la ley, mediante la facultad otorgada a ese organismo por el artículo 6 del DFL Nº1 de 1994, del Ministerio de Hacienda y lo dispuesto en el artículo 1656 del Código Civil, de tal modo que el Servicio de Tesorerías se ha limitado a cumplir las funciones que la ley le ordena. Concluye pidiendo se rechace el recurso.

A fs. 34, don nombre reservado, Abogado, y en su calidad de Tesorero Provincial (S) de la nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, informa el recurso. Expresa que la recurrida carece de legitimación pasiva, ya que no ha habido por parte de esta un actuar ilegal o arbitrario, por cuanto el Servicio de Tesorerías en cumplimiento de un deber legal procedió a compensar la devolución de impuesto a la renta del recurrente por existir una deuda con el Fisco, de tal modo, el Servicio aludido procedió conforme lo establecen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, basándose en el principio de la legalidad de su actuar, junto con lo establecido por el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de fecha 26 de Octubre de 1994 del Ministerio de Hacienda, el que contempla el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, donde le concede expresamente esta facultad. En segundo lugar, señala que el recurso es improcedente, al señalar como garantía constitucional vulnerada la del N° 24 del artículo N° 19 de la Carta fundamental, esto es, el Derecho a la Propiedad, dado a que no se puede esgrimir la existencia de éste derecho sobre sumas de dinero, ya que las declaraciones de impuestos son eminentemente provisorias y las devoluciones solicitadas y obtenidas por los contribuyentes son meras expectativas. En tercer lugar, señala, que a la fecha de la presentación del recurso, no existe ninguna acción o resolución judicial que ordene no compensar, aduciendo además, que el abandono del procedimiento citado y alegado por la recurrente, refleja el término de la gestión ejecutiva para su cobro. Además, expresa que la compensación opera por el sólo ministerio de la ley, y aun sin el conocimiento de los deudores siempre que las deudas sean en dinero, líquidas y actualmente exigibles. Concluye, solicitando que se tenga presente que la recurrida no ha actuado en forma arbitraria ni ilegal, eximiéndola de las costas ya que no las ha causado, y pidiendo que se condene a la recurrente en costas por carecer su acción de fundamentos de hecho y de derecho.

Se agregaron los documentos allegados por las partes.

A fojas 39 se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

2°) Que, en primer lugar, es menester desechar desde ya la alegación de la recurrida en torno a la extemporaneidad del recurso, toda vez que no es posible aceptar como fecha cierta de toma de conocimiento del acto, aquella en que dicha medida fue realizada, pues necesariamente hubo de notificarse al afectado, lo que permite tener por cierto lo que éste señala en su recurso respecto a la fecha en que se enteró de la existencia de la compensación que denuncia, a saber, el día 28 de mayo pasado.

3º) Que, en segundo lugar, de acuerdo a los antecedentes de convicción allegados al proceso, en particular los documentos rolantes a fojas 2 y 12, se deduce que la institución que realizó la compensación fue la Tesorería General de la República, por lo que carece de relevancia que el recurrente haya dirigido su acción en contra de la Tesorería Regional de los Ríos, o en su defecto, en contra del Tesorero Provincial del Ranco, pues ambos estamentos formar parte del mismo servicio y lo representan, por la que la alegación de falta de legitimación pasiva será desestimada.

4º) Que, en cuanto al fondo de la acción incoada, de un análisis pormenorizado del recurso y el informe de la recurrida, es posible advertir que efectivamente como reclama el actor el Servicio Tesorerías compensó deudas del contribuyente con cargo a créditos de éste contra el Fisco, acción que la recurrida fundamenta en una prerrogativa legal establecida en el artículo 6° de su Estatuto Orgánico.

Sin embargo, de conformidad a lo establecido en el artículo 1656 del Código Civil, para que opere la compensación legal se requiere que ambas partes sea recíprocamente acreedor y deudor, que las deudas sea de la misma naturaleza y, que éstas sean actualmente exigibles, requisito este último que la recurrida no ha acreditado concurra en la especie.

En efecto, las deudas que amparan la actuación del Servicio de Tesorería, datan de los años 2002 y 2003, cuyo cobro ejecutivo fue declarado abandonado por sentencia judicial, según se desprende de los documentos agregados a fojas 26 y, si bien es cierto que excede a los límites de una acción esencialmente cautelar como ésta declarar la prescripción alegada por el recurrente, no es menos cierto que la recurrida también pretende amparar su conducta en una compensación, cuya eficacia no ha probado, pues no aportó antecedente alguno de que las deudas que le sirven de fundamento a dicha compensación sean actualmente exigibles, vale decir, que pueda válidamente perseguir su cobro de forma inmediata.

5°) Que, en este orden de ideas, sin entrar a discutir si las deudas que sirven de base a la compensación se encuentran o no prescritas, lo que por lo demás debe resolverse en un juicio de lato conocimiento, es posible concluir que la conducta reclamada si bien aparece amparada en una facultad legal, resulta arbitraria y carente de fundamento razonable, pues el ente recaudador pretende compensar créditos con deudas del actor, respecto de las cuales no acreditó que sean actualmente exigibles.

6°) Que, un acto ilegítimo como el descrito, efectivamente como reclama el recurrente, afecta el derecho de propiedad del demandante, pues consta que la devolución de impuestos fue aceptada por el Servicio de Impuestos Internos luego de los procedimientos de rigor, no siendo posible acoger la alegación de la recurrida en orden a que el contribuyente tendría solo una mera expectativa respecto de dichos fondos, argumento que resulta contradictorio con la propia compensación que alega, desde que ésta requiere que ambas parte sean recíprocamente acreedor y deudor, lo que lleva implícito que ambos tengan incorporados a su patrimonio un crédito para compensar y que puedan hacer valer uno respecto del otro.

7°) Que, dicho criterio ha sido aceptado por la Excma. Corte Suprema en los autos rol 266-2008, de 28 de septiembre de 2009,., el cual en su motivo noveno, señala: “Que, de conformidad a lo dispuesto en el n°3 del precitado artículo 1656 del Código Civil, para que opere el modo de extinguir las obligaciones mediante la compensación se requiere que ellas sean actualmente exigibles, esto es, que el acreedor se encuentre condiciones de exigir inmediatamente su pago al deudor”, razonamiento que resulta plenamente aplicable al caso de autos.

8°) Que, por las razones antes anotadas, la acción de protección será acogida.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en el artículo 19 N °24 y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas del recurso, la acción de protección interpuesta a fojas 4 por don Juan Albornoz Robertson, en representación de don nombre reservado y se dispone como medida para restablecer el imperio del derecho, la inmediata liberación y restitución de la devolución de impuestos del actor por parte de la Tesorería General de la República. Ofíciese.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro don Mario Julio Kompatzki Contreras.

Rol N° 495 – 2013. CIV.

Pronunciada por la SEGUNDA SALA, por el Ministro Sr. MARIO JULIO KOMPATZKI CONTRERAS, Ministro Sr. PATRICIO ABREGO DIAMANTTI, Abogado Integrante Sr. JUAN CARLOS VIDAL ETCHEVERRY. Autoriza la Secretaria Sra. ANA MARIA LEON ESPEJO.

En Valdivia, treinta de julio del dos mil trece, notifiqué por el ESTADO DIARIO la resolución precedente