Protección contra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

C.A. de Valdivia Valdivia, trece de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, con fecha 6 de junio de 2025, comparece José Manuel Baquedano González, abogado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, Oficial de Ejército, ambos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por acto que estima ilegal y arbitrario, que causó para su representado una privación, perturbación y amenaza a las garantías constitucionales del derecho a la vida e integridad física y psíquica, de la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo y su protección y el derecho de propiedad.

Expone que con fecha 10 de febrero de 2025, una oficial del Cuartel General de la III División de Montaña del Ejército de Chile presentó una denuncia en contra de su representado, quien tiene grado de Capitán, imputándole un presunto delito de violación. Señala que, a raíz de esta denuncia, se inició una investigación penal en sede militar, actualmente en tramitación ante la Fiscalía Militar de Valdivia, bajo el Rol N°46-2025. Refiere que dicha causa se encuentra aún en etapa de sumario, sin que hasta la fecha exista sentencia firme ni resolución que determine, en definitiva, la responsabilidad penal de su representado, sin perjuicio de lo cual, se mantuvo desde el 11 de febrero al 4 de junio de 2025 sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, hasta que esta fuese dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Señala que, no obstante encontrarse la causa en fase de sumario y sin resolución judicial condenatoria, el 19 de febrero de 2025, el General de Brigada nombre reservado, en su calidad de Comandante de la División de Personal del Ejército, dictó la Resolución Exenta RES.DIVPER AS JUR/f (R) N°10425/248, mediante la cual se ordenó la suspensión del cargo y el reintegro de remuneraciones por encontrarse su representado en prisión preventiva. Dicha resolución fue notificada el 5 de marzo de 2025 y agotada la vía recursiva administrativa, se interpuso recurso de protección ante esta misma Corte de Apelaciones bajo el Rol N°310-2025, el cual se encuentra actualmente pendiente de resolución por la Excma. Corte Suprema, por la vía de la apelación interpuesta por su parte.

Indica que, una vez recuperada su libertad, el recurrente se presentó a trabajar en el Cuartel General de la III División con asiento en Valdivia, siendo notificado e 4 de junio de 2025 del Decreto Exento expedido a través de la Subsecretaría para las FF.AA., por orden de S.E. Sr. Presidente de la República, RA N°118406/1307/2025, de fecha 16 de mayo de 2025 que dispuso su retiro temporal del servicio activo del Ejército de Chile, sin que hubiese sido informado con antelación, ni se le hubiera concedido oportunidad alguna de ser oído o ejercer su derecho a defensa. Agrega que el fundamento formal de dicha medida se sustentó en la Circular CGP N°1610/2589, de 23 de diciembre de 2019, normativa interna del Ejército que regula ciertos supuestos de retiro. Sin embargo, alega que esta circular no constituye una norma legal habilitante para decretar el retiro temporal de un funcionario público sin que medie causal legal expresa ni un procedimiento previo establecido por ley.

Argumenta que la resolución en cuestión fue dictada sin hechos acreditados, sin proceso disciplinario que justifique tan drástica medida o sanción judicial alguna, y sin haber sido precedida por una investigación administrativa o sumario reglamentario. Agrega que esta medida configura una discriminación arbitraria respecto de otros funcionarios públicos sometidos a procesos penales en etapa investigativa, quienes no son suspendidos ni separados automáticamente de sus funciones en tanto no exista condena a firme o sumario disciplinario afinado.

Solicita que se ordene al recurrido dejar sin efecto su resolución impugnada, en tanto no exista sentencia condenatoria que lo declare culpable de la comisión del presunto delito que se le imputa, ordenado al Ejército reintegrarlo a sus filas y que reintegre del goce de sus remuneraciones, además de abstenerse de efectuar cualquier acto futuro que amenace su empleo y goce de su salario, mientras no se dicte sentencia condenatoria, con costas.

2°) Que, con fecha 1 de agosto de 2025, comparece nombre reservado, Jefe de División Jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, quien informa al tenor de la acción constitucional interpuesta.

Señala que la medida objeto de la acción constitucional se adoptó previa solicitud del Comandante en Jefe del Ejército, mediante oficio. Refiere que, en aquella comunicación, se indica que los hechos por los cuales se investiga al recurrente repercuten en la unidad en que éste servía, comprometiendo el prestigio de la institución, agregando que, el mantener a un Oficial en servicio activo, encontrándose detenido en una unidad militar por los hechos denunciados, generan cuestionamientos por parte del personal militar subalterno y subordinado, lo que debilita y quebranta la disciplina y moral del resto del personal.

Argumenta que conforme a la normativa vigente, el Ministerio de Defensa Nacional se halla facultado a disponer el retiro de oficiales hasta el grado de Coronel o su equivalente, bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, indicando que en el caso de autos ello ocurrió a proposición del Comandante en Jefe del Ejército, conforme al artículo 53 letra e), de la Ley N°18.948, por lo cual el acto no puede calificarse como ilegal o arbitrario, lo cual ha sido refrendado por la jurisprudencia administrativa.

Concluye señalando que todo lo anterior no impide que el recurrente pueda solicitar su reincorporación, por lo que no se trata de una medida definitiva, pudiendo el recurrente hacer valer los antecedentes pertinentes para tal efecto.

3°) Que, la acción de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar de emergencia, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, es decir, como surge de lo expresado previamente, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, según la acepción contenida en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, que provoque algunas de las situaciones que se han indicado y que afecten una o más de las garantías constitucionales protegidas.

4°) Que, en este sentido, la acción de protección conceptualizada como un remedio cautelar o de tutela solo tiene por objeto asegurar la protección provisional de derechos cuya apariencia es fuerte y sin necesidad de esperar el completo desarrollo de un juicio.

5°) Que, no se discute en el marco de la presente acción constitucional que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se hallaba legalmente facultada para disponer el retiro temporal de un Oficial con el grado de Capitán, como ocurre en la especie, siendo más bien discutido el mérito de dicha actuación.

6°) Que, la potestad discutida se enmarca en lo que se conoce en la doctrina administrativa como potestades discrecionales. En aquel contexto, la actuación de los órganos de adjudicación que ejercen el control jurisdiccional, deben llevarlo a cabo de manera restrictiva, de modo de no desnaturalizar aquel mayor ámbito de posibilidades que la ley decidió atribuir a la Administración Pública.

7°) Que, en el sentido que se ha venido razonando, se aprecia que el acto recurrido ha sido dictado en el ejercicio de las facultades legales, suficientemente motivado en razones de elevada importancia institucional, siendo sus efectos potencialmente temporales, pudiendo revertirse una vez concluido el proceso penal, lo que conlleva necesariamente a que la presente acción constitucional no pueda prosperar.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por José Manuel Baquedano González, en representación de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-480-2025.