nombre reservado con INVERSIONES E INMOBILIARIA PILOLCURA LTDA

Valdivia, veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°) Comparecen doña nombre reservado y doña nombre reservado, abogadas en representación de doña nombre reservado, C.I. RUT reservado, técnico en enfermería y de doña nombre reservado, C.I. RUT reservado, agricultora, y estas como miembros y en representación de la Comunidad Indígena nombre reservado, quienes interponen recurso de protección en contra del Ministerio de Obras Publicas de la Región de Los Ríos, Dirección Regional de Aguas, Seremi De Vivienda Y Urbanismo, Corporación Nacional Forestal (Conaf), Servicio Agrícola y Ganadero (Sag), Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Superintendencia de Medio Ambiente de La Región de Los Ríos, Ilustre Municipalidad de Valdivia e Inversiones e Inmobiliaria Pilolcura Ltda., por grave conculcación de los derechos constitucionales; derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, a la igualdad y no discriminación, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad ancestral de las tierras afectadas.

Refieren que en el mes de julio del año 2020, en autos sobre protección, Rol de ingreso 2214– 2020, en contra de Superintendencia de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Publicas y SEREMI de Vivienda y Urbanismo, todos de la Región de los Ríos, durante la tramitación de dicha causa se dio lugar a la orden de no innovar que no fue cumplida en los siguientes términos: “Atendido el mérito de los antecedentes aportados, y los fundamentos expuestos, en conformidad a lo dispuesto en al artículo 181 del Código de Procedimiento Civil, se da lugar a la reposición planteada; y en consecuencia, se concede la orden de no innovar en los términos solicitados, con respecto a las inmobiliarias individualizadas.”

Señalan que la acción fue acogida con fecha 06 de octubre del mismo año y confirmada por la Excma. Corte Suprema, y se ordena a las recurridas: “(…)Fiscalizar y sancionar cualquier vulneración a la legislación ambiental y de construcción que pudiere ocurrir, en las zona comprendida entre los sectores de Cutipay y Pilolcura de la zona costera de la Comuna de Valdivia, exigiendo el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley N° 19.300 y demás pertinentes, en relación con los hechos y antecedentes del presente recurso.”

De lo resuelto, indican que el Intendente de Los Ríos ordenó a MINVU constituir una mesa de trabajo intersectorial la cual debía ser liderada por dicha institución. Sin embargo, ante la molestia de otros servicios involucrados, el SEREMI de MINVU decide cambiar a la coordinadora y posterior a ello y, de forma arbitraria, pone término a esta instancia de participación, sin arribar a ninguna solución concreta, disolviendo la mesa.

Sostienen que los diversos loteos en la zona costera de la comuna de Valdivia han significado una agresiva intervención del paisaje, incluyendo la tala indiscriminada y sin un plan de manejo de bosque nativo, la intervención y contaminación de napas subterráneas y la excavación de decenas de pozos profundos destinados a dotar de agua potable a dichos proyectos inmobiliarios, por lo que los recurridos seguirían incurriendo en absoluto desacato de lo ordenado en la causa Rol Corte N°2214-2020, por haberse continuado las faenas de los proyectos inmobiliarios “sin que ninguna autoridad los fiscalice y paralice las faenas”.

En definitiva piden que en relación a las instituciones públicas recurridas y dentro del ámbito de sus competencias y previa coordinación entre ellas, detengan las obras que se están realizando contrarias a la normativa vigente nacional e internacional, a lo ordenado por esta Corte y fiscalicen, sancionen y ordenen la reparación en la medida de lo posible del daño ecológico, efectuado en la zona, fundamentalmente replantando las especies nativas y restableciendo los cursos de agua. Junto con lo anterior, no se permita ningún tipo de parcelación que no se apegue estrictamente a las normas de la Administración, urbanismo, biodiversidad y pueblos originarios, realizando una fiscalización permanente y efectiva, a fin de que lo denunciado no se repita. Además, solicitan que respecto a los particulares, se ordene el cese definitivo de todo tipo de faenas, en tanto no se regularice ante las instituciones pertinentes sus permisos, ajustados a la normativa vigente sobre la materia.

2°) La Superintendencia del Medio Ambiente de Los Ríos, evacua informe al tenor del recurso deducido, pues, no ha habido ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal atribuible a su actuar, toda vez que ha dado cabal cumplimiento a la orden de no innovar ordenada, a través de una orden provisoria solicitada directamente al Tercer Tribunal Ambiental para la paralización de la obras, pero solo de manera temporal.

Indica que ha dado curso a las denuncias recibidas en estricto cumplimiento de su potestad fiscalizadora, iniciando consecuentemente cinco procedimientos de Requerimiento de Ingreso al SEIA en contra de los proyectos denunciados, por lo que dicho servicio se encuentra actualmente fiscalizando los hechos que han motivado el presente recurso.

3°) La Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos, informa pidiendo el rechazo del recurso, señalando que se han ejercido las acciones fiscalizadoras del territorio, ceñida en todo momento a su marco jurídico aplicable sujetándose estrictamente a toda la normativa vigente, con pleno apego al principio de juridicidad que informa el derecho Administrativo.

Sostiene que en el sector de Bonifacio, identificado en el presente recurso, se están analizados los antecedentes que fueron obtenidos con ocasión del proceso de fiscalización desplegado, a fin de determinar los eventuales incumplimientos normativos y, en el caso que se evidencien incumplimientos a la legalidad vigente, se procederá a realizar las respectivas denuncias ante los entes que correspondan, de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción y el D.L. 3516. Por su parte en lo que se refiere a los loteos en el sector Pilolcura, existen denuncias respecto al proyecto inmobiliario Piedra Hueca-Pilolcura, en el Juzgado de Policía Local y en el Ministerio Público, por infracción a las normas de Ley General de Urbanismo y Construcción, así como por considerarse la existencia de antecedentes que dan cuenta de la comisión de delitos definidos en el artículo 138 del referido texto legal.

4°) El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), evacua informe solicitando el rechazo de la acción de protección, señalando que por la vía del presente recurso se pretende obtener de la autoridad judicial, que analice diversos antecedentes administrativos, y que reemplace a las autoridades recurridas, arrancando decisiones que son de su exclusiva responsabilidad, saltándose el proceso previo de inspección, descargos, prueba y ponderación, para obtener decisiones afines a sus pretensiones, lo que es improcedente a la luz de los procesos administrativos regulados por la ley 19.880, sobre procedimientos administrativos.

Añade además, que pretender que la Corte dicte una resolución contraria a lo que pudiera colegirse de los antecedentes que posee la autoridad sectorial, atenta igualmente en contra de la separación de poderes del Estado, invadiendo la esfera de atribuciones que la autoridad administrativa recibe directamente de la ley, en temas tan técnicos y específicos como los que nos convocan.

5°) La Ilustre Municipalidad de Valdivia pide el rechazo de la acción de protección por ser extemporánea, al fundarse en los mismos hechos ya conocidos y resueltos por la Corte en autos de protección Rol 2.214-2020, hechos que son anteriores al mes de agosto de 2020.

Al respecto indica que la acción intentada, se trata de un recurso de protección de carácter ambiental, toda vez que, más allá de la invocación formal de supuestas vulneraciones a los numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, las afectaciones o amenazas a esos derechos solo se plantean como consecuencias de la vulneración de reglas y normas que están orientadas a resguardar el medio ambiente, al margen de una determinada situación puntual a la cual se pueda vincular la afectación medioambiental. El hecho de estar en presencia de un recurso de protección en materia ambiental, tiene las importantes limitaciones que establece el inciso segundo del artículo 20 de la Constitución Política, por lo que debe rechazarse la acción constitucional, al haber sido interpuesto frente a supuestas amenazas (preventivamente) y sin que se justifique la ilegalidad del actuar de los órganos recurridos.

Agrega que la acción debe ser rechazada, por cuanto no existe necesidad de cautela, no siendo la acción constitucional de protección la vía idónea para resolver asuntos de lato conocimiento que encuentran vías específicas de resolución en la institucionalidad ambiental vigente, como lo son, por ejemplo, los procesos fiscalizadores de la Superintendencia del Medio Ambiente o incluso, las acciones judiciales y medidas prejudiciales que puede decretar un Tribunal Ambiental y que para determinar si los proyectos inmobiliarios cuestionados han eludido el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es necesario llevar a cabo un procedimiento que incluya el análisis técnico-ambiental de los antecedentes, razón por la cual, en este caso, no existen derechos indubitados que permitan acoger el recurso interpuesto.

Sostiene que el recurso debe ser rechazado respecto de la Municipalidad de Valdivia, ya que no existe ilegalidad alguna en el actuar municipal. En efecto, desde que ha tomado conocimiento, el municipio sí ha fiscalizado las obras de urbanización y construcciones asociadas a los proyectos inmobiliarios que cuestionan los recurrentes e inició los procedimientos infraccionales correspondientes ante los Juzgados de Policía Local, de manera que, encontrándose emplazados los referidos proyectos en suelo rural, el municipio ha ejercido las competencias de que dispone legalmente para hacer frente a los hechos relatados en el recurso. No hay entonces, respecto de la municipalidad, una acción u omisión ilegal o arbitraria que determine que se acoja el recurso.

Señala que debe rechazarse el recurso, debido a que la sentencia que eventualmente se dicte acogiéndolo sería ineficaz. En efecto, la orden que contendría la sentencia que se dicte en este recurso respecto de los órganos administrativos recurridos, sería idéntica a aquella que ya se mandató en la anterior sentencia de protección Rol 2.214-2020, puesto que los hechos y el petitorio de los recurrentes en ambos recursos son los mismos. Además, esta eventual orden judicial sólo repetiría un mandato legal que ya pesa sobre los órganos de la Administración del Estado.

6°) El Ministerio de Obras Publicas informa pidiendo el rechazo de la acción de protección, alegando que la recurrente se dirige más bien a configurar una eventual elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por parte de los proyectos inmobiliarios desplegados entre la localidad de Bonifacio y Pilolcura en la comuna de Valdivia. No resultando tampoco idónea esta acción constitucional.

Refiere que el recurso es una acción de carácter excepcional que tiene por objeto amparar situaciones de hecho, pero no constituye un instrumento para impugnar actuaciones que son propias de las actividades jurisdiccionales ejercidas por un tribunal de justicia. La interposición del recurso de autos supone una absoluta desnaturalización de él, toda vez que lo transforma en un proceso ordinario para conocer asuntos litigiosos en que se pueden ver comprometidos derechos, pero la privación, perturbación o amenaza del mismo no se produce por una actuación ilegal o arbitraria alguna.

Al respecto, se pretende obtener de la autoridad judicial, que analice diversos antecedentes administrativos y que reemplace a las autoridades recurridas, arrancando decisiones que son de su exclusiva responsabilidad, saltándose el proceso previo de inspección, descargos, prueba y ponderación, para obtener decisiones afines a sus pretensiones, lo que es improcedente, a la luz de los procesos administrativos regulados por la ley 19.880, sobre procedimientos administrativos.

7°) Inversiones e Inmobiliaria Pilolcura Ltda., evacua su informe pidiendo el rechazo de la acción, señalando que el recurso representa el irresponsable ejercicio de una acción que tiene desconocidos propósitos, pero que racionalmente no está seriamente destinado a la defensa de derecho alguno, ya que no existe el relato de ninguna acción, de ningún hecho, de ningún presupuesto material que sea atribuible a esta recurrida y del que puedan derivarse transgresiones de derechos en perjuicio real de la etnia nativa de nuestra Nación.

Indica que el recurso se afirma en sostener que es una transgresión en sí misma en la que incurre la recurrida, el legítimo ejercicio de una actividad que es descrita en el texto, pero sin que existe ninguna descripción acerca de la acción específica que es reputada ilegítima o arbitraria que esta parte ha ejecutado y que justificaría el ejercicio de esta acción cautelar a su respecto.

Insiste en que la acción deducida debe ser rechazada, porque es necesario limitar el aprovechamiento que por esta vía se hace de legítimas aspiraciones de los Pueblos Originarios, alentando de modo insensato y desmedido la judicialización de situaciones que, a pesar de ser inexistentes, inevitablemente son capaces de generar expectativas en los litigantes que las deducen, siguiendo enseguida la desazón y la frustración al concluir desechas tales esperanzas.

8°) La Dirección General de Aguas, informa solicitado el rechazo de la acción de protección, señalando que dicho servicio a instando por once procedimientos de fiscalización, nueve terminados y dos en curso, los cuales dan cuenta que se han cumplido a cabalidad, todas y cada una de las funciones que el legislador ha puesto dentro del ámbito de sus competencias, relacionadas con los hechos señalados en autos, y que a juicio de los recurrentes, constituirían una infracción a diversas garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que en virtud del principio de legalidad sólo puede actuar dentro de la esfera de sus competencias, estándole expresamente privado por el ordenamiento jurídico inmiscuirse en ámbitos en los que no está facultada para actuar.

Sostiene que por todo lo expuesto, cabe concluir que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la Dirección General de Aguas, ya que ha actuado dentro del ámbito de sus competencias, respetándose todas y cada una de las disposiciones del Código de Aguas. De esta forma, el actuar del Servicio se ha apegado irrestrictamente a las potestades y competencias previamente determinadas por la ley, en conformidad al principio de juridicidad y legalidad de los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental.

9°) La Corporación Nacional Forestal (CONAF), sostiene el rechazo del recurso de protección señalando la inexistencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, dado que de acuerdo al amplio detalle y documentos se puede observar no se vislumbra en ningún sentido un acto u omisión arbitraria o Ilegal por parte de la Corporación y que de ninguna forma se ha ocasionado a la recurrente una vulneración o lesión de las garantías constitucionales mencionadas y que pudieran ser objeto de protección de esta acción constitucional.

Lo anterior se deriva en primer lugar, que la Corporación en todos sus procedimientos se ha ajustado a la normativa legal vigente, en especial a la que regula el ámbito forestal, fiscalizando y sancionando en todas aquellas ocasiones en que se ha tomado conocimiento de las vulneraciones de los cuerpos legales que rigen la materia de su competencia, desplegando elemento material y humano a los sectores.

Señala que ha sido destinado la fiscalización en esta materia, de mala forma como indica la recurrente se podría hacer recorridos permanentes en la totalidad de los predios de la Región, los cuales por los accesos, ubicaciones y características geográficas es muy dificultoso acceder y que en ocasiones ha implicado que los fiscalizadores destinen la totalidad de la jornada en atender solo un requerimiento en terreno por día. De manera tal, que la pretensión mencionada de un constante monitoreo o fiscalización, por la falta de recurso material y humano, hace imposible la idea de concurrir diariamente o de forma permanente sobre algunos sectores de la provincia en desmedro de otros, ya que ello implicaría un trato preferencial injustificado en desmedro para los demás usuarios de la Corporación.

10°) La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena evacua informe pidiendo el rechazo de la acción, señalando que nos encontramos ante una absoluta falta de antecedentes concretos que demuestren la privación, perturbación o amenaza de las garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República que las recurrentes estiman como vulneradas por la CONADI.

Indica que del análisis de los hechos y en relación al derecho supuestamente vulnerado, no se distingue alguna actuación u omisión que revista el carácter de ilegal o arbitrario en el proceder de la Corporación, toda vez que, este organismo, ha actuado dentro de los parámetros que la ley establece. Para que prospere la acción de protección, se requiere la existencia de un derecho indubitado y la ocurrencia de una acción u omisión que pueda reputarse como ilegal o arbitraria. Ambos son requisitos que la recurrente debe acreditar con la presentación de antecedentes que justifiquen su acción. En consecuencia, las recurrentes no describen en forma precisa la vulneración de los derechos constitucionales que alega, y sus argumentos impiden tener por acreditada la afectación del derecho a la igualdad en los términos exigidos por la Carta Fundamental para acoger el recurso en este punto.

Refiere que en caso que la acción deducida fuera acogida en contra de CONADI, este servicio carece de las competencias para materializar y ejecutar lo pedido por las recurrentes en cuanto a detener las obras que se están ejecutando, la reparación del daño ecológico mediante la plantación de especies nativas y restablecimiento de los cursos de agua, la prohibición a futuro de cualquier tipo de parcelación que no se apegue a la normativa y menos aún lo pedido en cuanto a los particulares y su obligación de regularizar los permisos ante instituciones pertinentes.

Así las cosas, de la relación efectuada, puede afirmarse que no existiendo elementos de juicio que permitan entender que los supuestos fácticos fundantes del recurso efectivamente existen términos precisos y acreditados, es fundamento suficiente para rechazar el arbitrio constitucional, en todas sus partes.

11°) Que de acuerdo al petitorio del recurso sub lite, lo que se pretende en relación a las instituciones públicas recurrida es que “dentro del ámbito de sus competencias y previa coordinación entre ellas, detengan las obras que se están realizando contrarias a la normativa vigente nacional e internacional, a lo ordenado por esta Corte, fiscalicen, sancionen y ordenen la reparación en la medida de lo posible del daño ecológico, efectuado en la zona, fundamentalmente replantando las especies nativas y restableciendo los cursos de agua…”

Respecto del particular recurrido, se ha pedido a esta Corte que “se ordene el cese definitivo de todo tipo de faenas, en tanto no se regularice ante las instituciones pertinentes, sus permisos ajustados a la normativa vigente sobre la materia.”

12°) Que como se puede concluir de lo ya expuesto y tal como lo ha manifestado el ente recurrido MOP, la pretensión de la recurrente se dirige más bien a configurar una eventual elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por parte de los proyectos inmobiliarios desplegados entre la localidad de Bonifacio y Pilolcura en la comuna de Valdivia, contando para ello con la pasividad de los entes fiscalizadores.

13°) Que de acuerdo con lo informado por la Superintendencia del medio Ambiente, en la actualidad existen cinco requerimientos de ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental, estos son: Req. 032, 033, 034, 035 y 039, todos del año 2020, referidos a la actividad de la constructora recurrida en la zona comprendida de los sectores Cutipay y Pilolcura, denunciada como afectada.

14°) Que por su parte el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, ha manifestado lo propio, realizando diversas fiscalizaciones correspondientes a sus atribuciones legales y como consecuencia de ello existen denuncias ante el Juzgado de Policía Local y ante el Ministerio Público por infracciones a las normas contenida en la Ley General de urbanismo y Construcción y D.L. 3516, denuncias realizadas a través de los ordinarios, 1277 y 133 del año 2020.

15°) Que a mayor abundamiento la Dirección General de Aguas, DGA, ha sostenido que en función de la competencia que le confiere el art. 299, letras c) a f), del Código de Aguas, ha realizado 11 fiscalizaciones en la zona costera sub lite. De las cuales nueve se encuentra afinadas y dos en proceso.

16°) Que el recurso de protección tiene el carácter de procedimiento "de emergencia", que apunta a dar la debida protección a quienes se consideren amenazados en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales o restablecer el imperio de la legalidad vigente, supuesto que dichos derechos hayan sido objeto de un menoscabo antijurídico.

17°) Que atendida la naturaleza de la acción constitucional, procedimiento breve y sumario, para su procedencia debe existir un menoscabo antijurídico, que se funde en un hecho que tenga impacto en un derecho indubitado.

18°) Que atento a la vigencia de diversos procesos en sede jurisdiccional y administrativa, que se refieren a la eventual existencia de los hechos denunciados por la recurrente, a saber: intervención indebida del paisaje, tala indiscriminada de árboles, intervención de cursos de agua y napas subterráneas, sólo es posible concluir que no se encuentran comprobados hechos o actos arbitrarios o ilegales, que tengan incidencia en derechos indubitados que requieran la protección constitucional que se reclama. En efecto, el conocimiento de esos hechos, en las diversas sedes indicadas precedentemente, requiere de un pronunciamiento o acto terminal que los dé por sentados.

19°) Que, a mayor abundamiento, los hechos denunciados se encuentran en conocimiento del sistema jurídico de protección del medio ambiente, tal como se ha señalado por la Superintendencia del Medio Ambiente de Los Ríos, donde las recurrentes pueden hacer uso de los recursos legales que les asisten, a fin de resguardar su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y todas las otras garantías que se han invocado como afectadas, derivadas de la conculcación principal.

20°) Que, finalmente, todo lo expuesto permite advertir que no hay señas claras de la existencia del supuesto desacato de la orden de no innovar decretada en estos autos, y respecto de lo ya resuelto en el recurso de Protección ROL N° 2214-2020 de esta Corte, no constituye la deducción de una nueva acción de similar índole, el mecanismo idóneo para procurar el cumplimiento de lo que se acusa ausente por quien recurre; lo que tendrá el efecto congruente en el resultado de la que en este Rol se ha formulado.

Por lo expuesto y visto, además, lo dispuesto en el artículo 19 números 1, 2. 8, y 24, en relación al artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección de la Excma. Corte Suprema, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y doña nombre reservado, ambas abogada en representación de doña nombre reservado, técnico en enfermería y doña nombre reservado, agricultora, y estas como miembros y en representación de la Comunidad Indígena nombre reservado, en contra de las entidades ya individualizadas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen.

Rol 48 – 2021 PRO.