nombre reservado con JUZGADO DE LETRAS DE MARIQUINA

Valdivia, dieciséis de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Doña Sandra Paola Plaza Ávila, abogada, domiciliada en domicilio reservado, Provincia de Valdivia, en representación de nombre reservado, comerciante y nombre reservado, carpintero, ambos domiciliados en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de resolución judicial oficio de lanzamiento Nº 35, decretado en autos juicio ordinario ROL Nº C-192-2015, caratulados “nombre reservado /nombre reservado” por resolución de fecha 31 de Enero de 2018, emanado del Juzgado de Letras de Mariquina, Juez Don Diego Fuentes Rolack, la cual vulnera los derechos constitucionales de sus representados.

Como antecedentes, invoca:

1.- La Sra. nombre reservado era propietaria de tierra indígena, hijuela Nº uno, sector Choshue, comuna de Lanco, quien suscribió un contrato de arriendo con nombre reservado, por 99 años el 20 de Junio de 1990.

2.- Dicho contrato se inscribe a nombre de la arrendataria Doña nombre reservado, a fojas 200, bajo el número 208 del Registro de Hipotecas del Conservador de Bienes Raíces de San nombre reservado de la Mariquina el año 1995, hecho que debió objetarse por el Conservador de Bienes Raíces, pues en el año 1993 entró en vigor la Ley Nº 19.253, la cual limita la celebración de contratos de arrendamientos a 5 años.

3.- Este contrato de arrendamiento para su validez, por ser tierra indígena, debió estar autorizado mediante resolución por el Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, cosa que no se hizo.

4.- Don nombre reservado y don nombre reservado, (herederos de doña nombre reservado (arrendadora)), hacen posesión efectiva de la hijuela Nº uno, objeto del contrato, pasan a ser propietarios de su cuota y disponen de esta, ignorando por completo la existencia de este contrato, pues no hay anotaciones o prohibiciones, según certificados de litigios y gravámenes y, tampoco la arrendataria detenta el uso y goce del inmueble.

5.- El 18 de Agosto de 2014, don nombre reservado (uno de los herederos de doña nombre reservado) cede sus derechos a don nombre reservado, quien cuenta con su escritura inscrita.

6.- En Mayo de 2015, doña nombre reservado, deduce demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento en contra del Sr. nombre reservado, quien en esos años era el único que vivía en domicilio reservado.

7.- El 17 de Marzo de 2016, don nombre reservado, vende su cuota de dominio a doña nombre reservado, quien tiene su escritura inscrita.

8.- El 24 de Febrero de 2018, se procedió a notificar por la receptora Ad-Hoc Sra. nombre reservado a don nombre reservado del Oficio de Lanzamiento Nº 35 del Juzgado de Letras de Mariquina emanado del Juez Suplente Sr. Diego Fuentes Rolack. Es en este acto que la receptora da cuenta que don nombre reservado ya no vive en domicilio reservado, quienes residen ahí son distintas familias, se encuentran cinco casas construidas, todas las familias indígenas con sus escrituras inscritas.

La Orden Judicial que se les ha notificado y en contra de la cual recurren es manifiestamente arbitraria e ilegal, toda vez que, sin haber sido parte ni habérseles emplazado jamás en el citado juicio, afectándose en consecuencia el debido proceso, al impedir ejercer el derecho de defensa, esta sentencia constituye, por sí misma y atendida su gravedad, una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política del Estado señala en los números 1º, inciso primero, número 3, número 7 letra a, número 21 y número 24.

Es Contraria, pues la jueza interina Alejandra Coronado Labbé, autorizada por don nombre reservado, Ministro de fe, en su considerando sexto, inciso final dice que no es necesario que la sentencia cause efectos respecto de los otros dos herederos y el juez suplente Sr. Diego Fuentes Rolack decreta en autos orden de lanzamiento contra familiares, dependientes y demás ocupantes del inmueble ubicado en la hijuela, sector Chashue, comuna de Lanco.

Por lo demás, de acuerdo al artículo 1546 del Código Civil, los contratos deben ejecutarse de buena fe, doña nombre reservado siendo una mujer mayor celebró un contrato de arriendo por 99 años, por nuestra parte no hay duda que quería hacerse dueña del inmueble aprovechando que la arrendataria no sabía leer ni escribir, pues sólo firma con su huella digital.

I.- Admisibilidad del recurso.

Este recurso de protección es plenamente procedente, por lo cual deberá ser declarado admisible toda vez que esta clase de sentencia procede a causar agravio permanente, que afecta gravemente a varias familias de la hijuela Nº uno en sus derechos constitucionales.

II. Presentación dentro de plazo.

Esta acción constitucional de protección se presenta dentro del plazo señalado en el Nº 1 del Auto Acordado respectivo, esto es, de los treinta días corridos desde que sus representados tomaron conocimiento de que existía una orden de lanzamiento en contra de don nombre reservado; esto es, el 24 de Febrero de 2017.

Acto ilegal y arbitrario Esta medida constituye un acto abiertamente ilegal por parte de la recurrida en razón de: 1) Notificar a sus representados, en el marco del cumplimiento de un fallo recaído en un juicio en el que nunca han sido parte, ni consecuentemente han sido emplazados, afectándose en consecuencia el debido proceso, al impedir ejercer el derecho de defensa, 2) La imposición de una sentencia que les priva y limita gravemente el ejercicio de su derecho de propiedad al tener que desalojar las tres familias dueñas del inmueble; 3) Validar un contrato que adolece de nulidad absoluta por causa y objeto ilícito, pero que no se objetó en primera instancia.

También la sentencia impugnada es ilegal, pues si bien el magistrado deduce que es heredero indígena, no aplicó ley especial; esto es, Ley 19.253, que da protección a las tierras indígenas, en dicho cuerpo legal, su artículo 13 dice que las tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. Las de personas naturales indígenas podrán serlo por un plazo no superior a cinco años, en su inciso final dice los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta.

En coherencia con lo anterior, resulta aplicable al caso, Principio de Especialidad de la Ley 19.253 y la legislación especial de protección indígena (Convenio Nº 169 de la O.I.T), prevaleciendo las disposiciones de ésta por sobre las disposiciones generales del Código Civil.

En relación a la Ley 17.729, artículo 7, letra d), inciso primero, vigente a la fecha de celebración del contrato, establece un requisito de validez de este tipo de contratos, sostiene la CONADI que los contratos celebrados deben estar autorizados por el director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario correspondiente.

Procedencia del recurso de protección contra medidas o resoluciones judiciales.

La Jurisprudencia no ha puesto obstáculo para recurrir en contra de una resolución emanada de los tribunales de justicia, cuando esta es manifiestamente grave, ilegal o arbitraria. Así ha fallado la Corte Suprema al señalar que “una Resolución de lanzamiento decretada por un juez de la causa en contra de una persona que nunca ha sido notificada de ninguna de las actuaciones realizadas y que por tanto, no ha sido parte en el juicio, resulta ilegal desde que ha sido adoptada sin considerar la permanencia en el bien raíz del afectado ni el título que poseía (C. Suprema, 5 de octubre 1989, R, t, 82, sec. 5°, p.205)”

Además se ha señalado que “El recurso de protección es aún admisible en caso que el acto calificado como arbitrario e ilegal se haya cometido en la dictación de una resolución judicial y especialmente cuando una de dichas calificaciones, que deben concurrir en cada caso, pueda fácilmente colegirse y atribuirse a dichos actos u omisiones y sean ellas de tal gravedad que necesariamente conduzcan, por esta vía a decidir otorgar la debida protección a quién la reclama.”(C. Suprema 19 julio 1994, RGJ N° 169, Pág. 49).

Por su parte, se ha sostenido “Que, en función de jueces que, frente a una situación que puede convertirse en irreparable, si no se adoptan las medidas cautelares que lleva envueltas el recurso de protección, los sentenciadores, cumpliendo verdaderamente con una actitud de prudencia, más que el rigor de una ritualidad formalista, obrando con equidad y justicia, estiman que el que se ha interpuesto en estos autos, debe ser acogido” (C. Apelaciones de Santiago, 8 de Abril de 1986, RDJ4990, MJJ4990, caratulados “nombre reservado”).

En efecto, el hecho de afirmar la improcedencia de la protección simplemente porque no puede haber ilegalidad o arbitrariedad en una resolución judicial dictada dentro de un proceso jurisdiccional no resiste la lógica más elemental, porque ello significa que "un juez no puede incurrir en antijuridicidad", o sería infalible. Aceptar lo contrario implicaría sostener que el juez nunca se equivoca, pretensión inaceptable dentro de la Constitución que nos rige, que plantea precisamente la sujeción de todo órgano del Estado a la Constitución, y la nulidad de sus actos que la contravengan.

En el caso de marras el acto impugnado mediante este recurso no sólo resulta arbitrario e ilegal, sino que es en extremo grave, toda vez que su ejecución produce una vulneración a sus derechos constitucionales a tres familias indígenas.

Conviene tener presente además que sus representados, atendida su calidad de tercero ajeno al juicio en cuya sustanciación se ha dictado el grave, arbitrario e ilegal acto atentatorio contra sus garantías constitucionales, razón por la cual la acción de protección que se interpone es la vía idónea para que esta Iltma. Corte reestablezca el imperio del Derecho.

Garantías constitucionales afectadas El acto arbitrario e ilegal impuesto por la Magistrado del 24° Juzgado Civil de Santiago (sic) le ha causado una perturbación y privación a sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 N° 3, 7 a), 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

1.- La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

El artículo 19 N° 3 de la Constitución asegura a todas las persona el derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal de las personas.

El grave acto ilegal y arbitrario en que ha incurrido el magistrado del Juzgado de letras de Mariquina ha vulnerado en primer lugar el derecho al debido proceso y a la defensa judicial que les corresponde, toda vez que le impone el cumplimiento de una medida gravosa y que limita el dominio sin haber participado de un proceso judicial previo, y sin la posibilidad de efectuar alegaciones para revertir lo resuelto por el letrado.

Resulta completamente atentatorio contra las normas básicas de la igualdad ante la ley y el debido proceso que se le ordene cumplir un fallo en el cual nunca ha sido emplazado ni se le ha notificado resolución alguna, no teniendo en consecuencia instancia alguna para hacer valer sus derechos.

2.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

En consecuencia: a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;

Atentatorio, pues sus representados no podrán residir en su propiedad indígena.

3.- El Derecho a desarrollar una actividad económica.

El artículo 19 N° 21 de la Constitución asegura el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

El acto del Lanzamiento privaría a su representada del derecho a ejercer la actividad económica, pues su lugar de trabajo es la Hijuela nº uno, salto de agua, sector Choshue, comuna de Lanco.

La medida ilegal que se le impone de desalojar el inmueble le impide desarrollar libremente dicha actividad económica.

4.- El Derecho de Propiedad.

El N° 24 del Artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Añade el mismo numeral que “sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.”

Para asegurar este derecho constitucional el mismo numeral establece la garantía de que “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

En consecuencia, existe un grave acto arbitrario e ilegal emanado de la recurrida doña nombre reservado, Juez del 24° Juzgado Civil de Santiago (sic) ya señalado que ha privado gravemente a su parte de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a desarrollar una actividad económica libremente y el derecho de propiedad sobre el contrato de concesión (sic) de que es titular, protegidos expresamente por esta acción constitucional procede que en uso de las facultades legales se reestablezca el imperio del derecho y se le otorgue la debida protección ordenando la no ejecución del lanzamiento.

Pide, en definitiva, tener por interpuesto recurso de protección en contra del Juez (S) de Letras de Mariquina, don Diego Fuentes Rolack, admitirlo a tramitación y acogerlo, y declarar ilegal y arbitraria la orden judicial que se les ha notificado de Lanzamiento, la que no es procedente para ellos, por vulnerar las garantías constitucionales señaladas en los N° 3, 7 a), 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, y en definitiva proceda a reestablecer el imperio del derecho dejando sin efecto la resolución de Lanzamiento dictada por la recurrida, notificada con fecha 24 de Febrero de 2018, por ser ilegal y arbitraria, o bien las providencias que se determine para el reestablecimiento del derecho.

Don nombre reservado, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de San nombre reservado de la Mariquina, informa:

Antecedentes de la causa: La acción interpuesta: Cumplimiento de contrato de arriendo. Las partes y apoderados de la causa son: Demandante: nombre reservado. Apoderados: nombre reservado. Demandado: nombre reservado. Apoderados: Luis Abarca Sepúlveda.

Estado procesal de la causa: Cumplimiento de la Sentencia.

Información general de la causa: La acción es interpuesta por doña nombre reservado en contra de don nombre reservado. Funda su demanda en que habría celebrado un contrato de arriendo por 99 años con doña nombre reservado respecto de una propiedad ubicada dentro del radio jurisdiccional de ese tribunal. Por actos del demandado se le habría embarazado el cumplimiento del referido contrato quien entre otros actos habría puesto candado a las cercas; lo identifica como sobrino de su arrendataria. El demandado contestando al demanda, hace ver su calidad de co-heredero de la arrendataria (sic) y solicita el rechazo de la acción además de su calidad de co-heredero por ser nulo el contrato por aplicación de la ley indígena. La sentencia se dicta el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, acogiendo la demanda, e indicando en la resolutiva:

“Que se acoge la demanda de fojas 5 y, en consecuencia, se ordena al demandado cumplir con el contrato rolante a fojas 1, debiendo librar a la demandante de toda turbación o embarazo en el goce de las hijuelas números 1 y 6, resultantes de la División de la Reserva Indígena encabezada por don nombre reservado, ubicadas en Chashue, comuna de Lanco, para lo cual deberá desocupar dichas hijuelas dentro del plazo de tercero día desde que quede ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de ser lanzado con la fuerza pública, sin costas por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.”

En el considerando vigésimo sexto, se reconoce la falta de emplazamiento respecto de los demás herederos.

Existen certificaciones de las respectivas notificaciones, la falta de oposición, por ello actualmente se tramita en cuaderno de cumplimiento En cuanto a la resolución recurrida.

Corresponde a una resolución de mera tramitación, en el cuaderno de cumplimiento de la sentencia; dictada por el Juez subrogante Diego Fuentes Rolack con fecha 31 de enero del año en curso. El juez se pronuncia sobre una petición formulada por el abogado de la demandante de fecha 30 de enero del año 2018 Señor nombre reservado. La petición del abogado hace mención a la certificación receptorial de fecha 12 de enero del año 2018 y solicita se le conceda el auxilio de la fuerza pública para proceder al desalojo.

Es todo cuanto informa.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Del informe evacuado por el magistrado de Mariquina aparece que en el juicio de cumplimiento de arrendamiento en el que se originan los actos recurridos, se agotó la fase de cumplimiento, ya que no se opusieron excepciones y, como consecuencia, de un proceso legalmente tramitado, el tribunal a quo procedió a dictar la resolución de lanzamiento, no objetada, de fecha 31 de enero de 2018 y, posteriormente, la concesión del auxilio de la fuerza pública, resoluciones y consecuente oficio respecto de los cuales se ha interpuesto recurso de protección.

TERCERO: En primer lugar, resulta necesario dejar asentado que la utilización de la acción de protección en contra de resoluciones judiciales dictadas con arreglo a un procedimiento legal, supone una absoluta desnaturalización de dicho arbitrio, toda vez que éstas deben impugnarse a través de los recursos ordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico y no por esta vía, ya que la acción de protección no es un sustituto procesal que pueda ser utilizado como medio de impugnación de decisiones jurisdiccionales, pues ello afecta el estado de derecho, la certeza jurídica y la normal sustanciación de los procedimientos judiciales, en los que el legislador ha previsto expresamente los recursos procesales que las partes pueden hacer valer en el evento de no compartir los fundamentos de una determinada decisión judicial. (Corte de Valdivia 1976-2013 CIV).

CUARTO: En este caso, eso sí, es fundamental ahondar en la situación de los recurrentes, quienes si bien están impugnando una resolución judicial y sus efectos por medio de la presente acción constitucional, lo que en principio, como se explicó, desnaturaliza el procedimiento, resulta que son terceros respecto de un juicio con sentencia firme, en la que se les ha ordenado el lanzamiento del predio que habitan y del que acreditan tener titularidad dominical, en calidad de codueños, al haber adquirido derechos de quienes tenían la calidad de herederos de la propietaria original.

Ese escenario, resulta atendible de ser analizado con detalle, pues la posibilidad que la ley les otorga, de oponerse al cumplimiento, en los términos del artículo 235 del Código de Procedimiento Civil, ya les está vedada, por el transcurso del plazo.

QUINTO: De la sentencia definitiva, dictada en la causa rol C-192-2015 del Juzgado de Letras y Familia de San nombre reservado de la Mariquina, tenida a la vista dando cumplimiento a lo ordenado por la medida para mejor resolver, es necesario destacar que si bien accede a la petición de la demandante lo hace en términos muy precisos que no rozan siquiera a otros ocupantes que pueda tener la propiedad, puesto que dentro del mismo pleito esto fue un hecho dado a conocer a la sentenciadora.

En efecto, el fallo de la causa en mención, resolvió: “Que se acoge la demanda de fojas 5 y, en consecuencia, se ordena al demandado cumplir con el contrato rolante a fojas 1, debiendo librar a la demandante de toda turbación o embarazo en el goce de las hijuelas números 1 y 6, resultantes de la División de la Reserva Indígena encabezada por don nombre reservado, ubicadas en Chashue, comuna de Lanco, para lo cual deberá desocupar dichas hijuelas dentro del plazo de tercero día desde que quede ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de ser lanzado con la fuerza pública, sin costas, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar”.

Como se lee de lo transcrito, la sentenciadora fue muy cauta en la redacción de lo resolutivo de su fallo, haciendo mención a que el demandado (que no corresponde con ninguno de los recurrentes) debía hacer desalojo del predio, sin extenderlo a otros ocupantes.

Ahora, continuando con el análisis de las piezas pertinentes al presente recurso, dictadas en dicho procedimiento, queda de manifiesto la contradicción con lo que dispone el Oficio de Fuerza Pública, que decreta:

“En autos juicio ordinario Rol Nº C-192-2015, caratulados “nombre reservado/nombre reservado”, por resolución de fecha 31 de enero de 2018, se ha dispuesto solicitar de Ud., el auxilio de la fuerza pública con facultades de allanamiento y descerrajamiento en caso necesario, a fin de que se asesore al Ministro de Fe encargado de efectuar la diligencia de LANZAMIENTO decretado en autos, en contra del demandado don nombre reservado, familiares, dependientes y demás ocupantes del inmueble ubicado en domicilio reservado”.

SEXTO: Es indispensable que el decreto de Fuerza Pública que se dicta como consecuencia del cumplimiento de la sentencia definitiva, que accede a lo pedido en la demanda, disponga lo que la sentencia manda y se aprecia que ello no ocurrió en la especie, en que los términos del citado decreto exceden con creces el contenido de lo resolutivo de la sentencia al disponer que familiares, dependientes y demás ocupantes del inmueble sean desalojados.

Ello no tiene justificación en el proceso ni en el derecho, por el contrario constituye un acto que excede en las facultades legales del juez, en el marco del cumplimiento del fallo y ello lo tornó arbitrario al ser carente de razón y justificación.

No existe en el proceso fallado, traído a la vista, desde el Sistema Civil de Tramitación digital de causas, resolución alguna que permita al juez dictaminar el lanzamiento de todos aquellos que detalla en su oficio, por el contrario, como se enfatizó el lanzamiento es limitativo de la persona del demandado.

SÉPTIMO: Lo expuesto no resulta algo desconocido para el sentenciador, puesto que del propio fallo de fecha 24 de febrero de 2017, se lee en su considerando 26, “Que, por último, si se estimara que existe un vicio que permita declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, lo cierto es que no se emplazó a todos los herederos de la parte arrendadora, por lo que la sentencia no se podría cumplir respecto de ellos, atendido lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil”.

OCTAVO: En el caso en análisis el acto impugnado mediante este recurso no sólo resulta arbitrario e ilegal, sino que es en extremo grave, toda vez que su ejecución produce una vulneración al derecho constitucional de propiedad de los recurrentes, en esta etapa, en grado de amenaza.

Para asegurar este derecho constitucional el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución establece la garantía que “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

En consecuencia el decreto de fuerza pública emanado del Tribunal de San nombre reservado de la Mariquina, ya señalado que ha amenazado a los habitantes del predio a desalojar, es atentatorio del derecho de propiedad sobre el predio ubicado en lugar Chashue de la comuna de Lanco, protegido expresamente por esta acción constitucional. Al haber demostrado con las correspondientes inscripciones de dominio de cada uno de los recurrentes que ambos son titulares de derechos en la Hijuela Número 1 que fuere de propiedad de doña nombre reservado y al estar expuestos en la actualidad a ser lanzados de su terreno por un decreto que ordena más allá de lo dictaminado por una sentencia judicial, resulta indispensable que esta Corte adopte las medidas para impedir dichas perniciosas consecuencias.

NOVENO: Con la constatación de existir un acto arbitrario que causa afectación a la garantía ya reseñada, no es necesario seguir analizando la posible vulneración de las demás garantías denunciadas, puesto que lo expuesto es suficiente para acceder a la acción de protección.

“El recurso de protección es aún admisible en caso que el acto calificado como arbitrario e ilegal se haya cometido en la dictación de una resolución judicial y especialmente cuando una de dichas calificaciones, que deben concurrir en cada caso, pueda fácilmente colegirse y atribuirse a dichos actos u omisiones y sean ellas de tal gravedad que necesariamente conduzcan, por esta vía a decidir otorgar la debida protección a quién la reclama.”(C. Suprema 19 julio 1994, RGJ N° 169, Pág.49)”. Así lo ha resuelto nuestro tribunal superior de justicia y sirve además de fundamento para lo que se decretará.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección interpuesta y en consecuencia se ordena dejar sin efecto el decreto de fuerza pública, denominado “Oficio de Lanzamiento” OFICIO N° 35 “SIN COSTO”, que no contiene fecha y que figura suscrito por don nombre reservado, como Juez y doña nombre reservado, como Secretaria, en los términos que se ha librado. El Tribunal de San nombre reservado de la Mariquina deberá proceder al cumplimiento de la sentencia en los términos en ella contenidos, respecto del demandado que fue condenado, sin incluir a terceros que no fueron parte del pleito.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen.

N°Protección-467-2018.