nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valdivia Valdivia, quince de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

Don nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado, interponen recurso de protección en contra de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado, todos gestores y participantes de la comisión de censura y TRICEL de esa votación, que pretende ejercer censura de la directiva sindical que encabeza.

Indica que son trabajadores dependientes de la empresa de Inversiones Valle Verde Sa., resultando electos como presidentes y secretario del Sindicato de Empresa Valle Verde SA. RSU 10.03.0339, extendiéndose su mandato hasta el mes de junio del año en curso.

Con ocasión del término de la negociación colectiva vigente, un grupo de trabajadores molesto porque no obtuvieron los incrementos salariales a que se aspiraba, propinaron comentarios, groserías y amenazas hacia ellos y sus familias. De manera informal a fines de diciembre, se enteró de la circulación de una carta cuyo gestor sería el recurrido nombre reservado, para un supuesto incremento salarial, la que fue utilizada para iniciar un proceso de censura. Así dentro de la empresa se publicaron carteles citando a una reunión extraordinaria urgente del Sindicato, en la Sede de la Federación de Trabajadores Agrícolas y Eventuales de lo cual no tomaron conocimiento.

Dicha asamblea, el 16 de enero 2020, contó con la presencia de un Ministro de fe, el funcionario de la Inspección Provincial del Osorno don Federico Higueras, quien no verificó en ese acto, que se cumplieran con las formalidades establecidas en el estatuto Sindical, tal como lo señala Instrucciones de su Servicio, y realizó juicio de valor sobre los suscritos, y le les comentó a los presentes que deberían elegir a nombre reservado, dentro de la directiva porque era un hombre jugado, en ese acto sustituyeron a nombre reservado del Tricel de Censura, por nombre reservado.

Que el día lunes 20 de enero del año en curso en la jornada de la tarde, la empresa les envió un mail, donde les comunica formalmente que fueron censurados, y les enviaron copia digital del acta del Tricel. Así el martes 21 de enero 2020, concurrieron a la Inspección Provincial del Trabajo, y solicitaron verbalmente a don Federico Higueras, jefe del departamento de Relaciones laborales, que les informe y diera copia, de cualquier gestión realizada en torno a un eventual proceso de censura, lo que fue negado, indicándoseles que debe ser requeridos por vía judicial o a través del Consejo de Transparencia.

Sobre la organización sindical, sus estatutos depositados el 30 de mayo 2011, ante la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, contienen en su Título IX el procedimiento de la censura que el efecto dispone: A continuación, el mismo estatuto, en su TITULO X, establece el órgano encargado de los procedimientos electorales, a saber: Precisando el contenido del estatuto de nuestra institución y conforme no existía evidencia de ningún proceso incoado en contra la directiva por mi representada, continuamos nuestras labores.

Por ello el día 17 de enero 2020, instancia en la que actuaron como directiva, no fuimos notificados formalmente, o tomaron conocimientos de la censura y solo el día 20 de enero, fuieron informados a través de una comunicación de la empresa, con la limitante de no poder leer los cargos, porque no existen formalmente.

Indican que no se han observado las normas establecidas, en el estatuto vigente conforme al siguiente detalle:

1.- No existe constancia alguna de la reunión del quórum mínimo requerido para dar inicio al proceso de censura, no existe antecedente alguno en el expediente de censura respecto a la petición efectuada por a lo menos el 20% de los socios del sindicato en torno a llevar a cabo el referido proceso.

2.- No se llevó a cabo asamblea extraordinaria, tendiente a elegir a la comisión de censura, todo se efectuó a través de listas que corrieron entre los trabajadores, en las cuales no se detalla cuáles serían los cargos “fundamentados y concretos” en que se basaría la censura.

3.- La directiva del sindicato no fue notificada de este proceso de censura, nunca se nos notificó esta solicitud de censura, por lo cual se debió dar a conocer los presuntos “cargos fundamentados y concretos”.

Por lo que se vieron privados de efectuar públicamente sus descargos en las citaciones a la asamblea extraordinaria, y asistir a la seudo-asamblea de votación y exponer sus descargos, antes de la votación de esta.

4.- Respecto a la formulación de cargos, estos no se publicaron en la citación de asamblea; si no que se pegaron varios carteles en la empresa citando a Asamblea Extraordinaria -Urgente; con dos días de anticipación a la votación. Sin precisar el objeto de dicha seudo-asamblea, ni quienes citaban, solo decía TRICEL. Tal como lo ilustra la fotografía acompañada previamente.

5.- Que respecto de la formulación de cargos estos, fueron dados a conocer a los socios con ocasión de las votaciones de censura el día. Vulnerando de igual forma el estatuto vigente, que al efecto señala que se deben ser dados a conocer con lo a menos cinco días hábiles anteriores a la votación correspondiente 6.- No existe constancia alguna que se haya designado al órgano de procedimientos electorales previa a la seudo-asamblea por la cual se votó la censura, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Estatuto Sindical, quienes son los encargados de implementar, supervisar y certificar los resultados de la votación.

Estas situaciones fueron expuestas al Fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno don Federico Higueras, director de Relaciones Laborales negándosele la información.

En este caso se han transgredido todos y cada uno de los procedimientos que la propia organización Sindicato de Trabajadores de Valle Verde S. A., se ha dado. De esta misma forma se han vulnerado los procedimientos establecidos en el estatuto del sindicato como en la propia ley laboral. Se está ante una flagrante violación a las garantías constitucionales establecidas en el número 2, y en el inciso cuarto del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en relación a las normas contenidas en los artículos 239 y 244 del Código del trabajo y las normas relativas a la censura y su procedimiento, establecidas en el artículo 38 y siguientes del estatuto del Sindicato De Trabajadores De La Empresa Valle Verde S.A.

Los actos desplegados y de los cuales se reclama por medio de esta acción, deben ser considerados como ilegales y arbitrarios, toda vez que esta parte ni siquiera fue informada o comunicada de las acciones desplegadas, vulnerando todas las disposiciones legales y estatutarias citadas, contraviniendo las garantías constitucionales de igualdad de la ley, y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, particularmente, el hecho de no ser juzgado por comisiones especiales, que en el caso que nos ocupa seria la comisión de censura, y por la comisión del tribunal electoral que aprobó las votación de censura, que son los recurridos.

En este caso, la referida comisión de censura ha pretendido, además, por sobre los órganos establecidos en los estatutos (la directiva sindical, y el órgano encargado de implementar, supervisar y certificar las votaciones.

Pide se declare que se han vulnerado sus garantías constitucionales descritas en el cuerpo del recurso, debiéndose retrotraer los hechos al momento de reunir el quórum exigido por la ley y los estatutos para llevar a cabo una votación de censura en contra de la directiva del Sindicato Empresa Valle Verde S.A. declarando, en consecuencia, que todos los hechos posteriores son NULO, dadas las infracciones alegadas, restableciendo de esta forma el imperio del derecho. Con costas.

Informando el recurso don nombre reservado, opone excepción por falta de legitimación pasiva, solicitando sea rechazado a su respecto, con costas- Al interponerse el recurso, en la parte inicial se le individualiza y se le sindica entre “todos gestores y participantes de la comisión de censura y TRICEL de esa votación...”. Sin embargo el recurso no señala ni fundamenta en qué medida ni cuál es su rol como responsable en los supuestos hechos vulneratorios de las garantías constitucionales, ni cuáles en específico habrían sido los derechos vulnerados por su persona hacia los recurrentes.

En efecto, indica que es socio del Sindicato de Empresa Valle Verde, y trabajador de la empresa Inversiones Valle Verde S.A., y participó de la asamblea a la directiva vigente al día 16 de enero de 2020, en que se votó la censura de los recurrentes como directiva del Sindicato, pero no formó parte de la Comisión Electoral, según da cuenta el Acta de Votación con Escrutinio de Censura de fecha 16 de enero de 2020. Se menciona muy vagamente su nombre como el de un supuesto gestor de una carta de incremento salarial para los socios, que habría sido utilizada bajo engaño a mis colegas socios del sindicato para gestionar la censura.

Pues bien, jamás articuló ningún tipo de engaño a sus colegas trabajadores y socios del sindicato, pidiéndoles firmar bajo un propósito de aumento de salario, esa conducta no representa su formación. Luego no aparece ningún tipo de hecho de su parte que pueda haber transgredido de algún derecho fundamental de los recurrentes.

Por ello pido tener por opuesta la excepción de Falta de legitimación pasiva, dar lugar a ella y rechazar la presente acción cautelar en todas sus partes respecto a su persona, con expresa condena en costas.

En subsidio informando derechamente el recurso, reproduce los fundamentos ya esgrimidos e indica que efectivamente los recurrentes fueron parte de la Directiva del Sindicato de Empresa Valle Verde, vigente hasta el día 20 de enero de 2020 y que durante su período, a fines del año 2019, se estaba llevando a efecto una negociación colectiva con la empresa, que abandonaron, circunstancia de la que puede dar fe la Inspección del Trabajo, obteniéndose un aumento del 2% de las remuneraciones con la empresa, sólo a ofrecimiento de ésta, ya que nuestra Directiva dejó pasar los plazos del proceso de negociación.

Que desde hace más de dos años se le solicitó a la Directiva conformada hasta el día 20 de enero de 2020 por los recurrentes, dar cuenta de los fondos existentes, otorgando en alguna oportunidad una vaga información, sin detalle, ni respaldo, de los fondos existentes y gastos. Por ello los trabajadores sindicalizados organizaron el proceso de censura, por ausencia de transparencia y deberes de dar cuenta a los socios, acerca de los fondos existentes, pagando sus cuotas, en base a la letra f) del art. 27 de los estatutos, por no dar cuenta de los dineros del sindicato.

El 2 de enero de 2020, el sindicato vigente presentó Carta por la cual presentó renuncia voluntaria, bajo el punto 19 del Contrato Colectivo de Trabajo, don nombre reservado, tesorero a dicha fecha, la que no prosperó por no haber dado previo cumplimiento a su obligación de rendir cuenta de los dineros del Sindicato.

Señala que hace tres años que los recurrentes no han asistido a la empresa a prestar sus labores, siendo la comunicación con ellos altamente escasa y difícil, por lo que el proceso de censura se llevó a efectos a través de avisos públicos en instalaciones de la empresa. Luego el 22 de enero de 2020 fue electo como Presidente del Sindicato, por lo que solicitó el 30 de enero de 2020, un Estado de la Cuenta No [cuenta reservada], de titularidad del Sindicato, la que a esa fecha presentaba un saldo de $9.- (nueve pesos).

Indica que de lo que conoce y ante la ausencia por años de los recurrentes en su lugar de trabajo, se distribuyeron carteles informativos y de llamado a Asamblea a efecto de Censurar a la hasta entonces actual Directiva, con al menos 10 días de antelación a la misma. Se formó una Comisión Electoral, conformada por los señores nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado.

La Asamblea del día 16 de enero 2020, se celebró con la presencia de un Ministro de fe, el funcionario de la Inspección Provincial de Osorno don Federico Higueras, quien verificó en ese acto, el cumplimiento de las formalidades establecidas en el estatuto Sindical.

Por lo anterior, no existe vulneración de alguna garantía constitucional, pues el proceso de censura se llevó a efecto dando cumplimiento a los estatutos, ejerciendo las atribuciones que tanto la Ley como la normativa estatutaria conceden.

Pide en definitiva, rechazar la acción cautelar en todas sus partes respecto a su persona, con expresa condena en costas.

Luego don nombre reservado y nombre reservado informando el recurso solicita su rechazo, con costas.

Indica que los recurrentes fueron parte de la Directiva del Sindicato de Empresa Valle Verde, vigente hasta el día 20 de enero de 2020 y que a fines del año 2019, se estaba llevando a efecto una negociación colectiva con la empresa, que abandonaron, circunstancia de la que puede dar fe la Inspección del Trabajo, obteniéndose un aumento del 2% de las remuneraciones con la empresa, sólo a ofrecimiento de ésta, ya que nuestra Directiva dejó pasar los plazos del proceso de negociación.

Agrega que hace más de dos años se le solicitaba a la Directiva, dar cuenta de los fondos existentes, otorgando en alguna oportunidad una vaga información, sin detalle, ni respaldo, de los fondos existentes y gastos. Siendo ésta la razón que llevó a los trabajadores sindicalizados a organizar el proceso de censura, por ausencia de transparencia y deberes de dar cuenta a los socios, acerca de los fondos existentes, pagando sus cuotas, en base a la letra f) del art. 27 de los estatutos, por no dar cuenta de los dineros del sindicato y así el 2 de enero de 2020, el sindicato vigente presentó Carta, a raíz de la cual presentó renuncia voluntaria, bajo el punto 19 del Contrato Colectivo de Trabajo, don nombre reservado, tesorero, la que no prosperó por no haber dado previo cumplimiento a su obligación rendir cuenta de los dineros del Sindicato.

Luego, la nueva Directiva solicitó el 30 de enero de 2020, un Estado de la Cuenta No [cuenta reservada], del banco Estado, de titularidad del Sindicato, la que arrojó un saldo en a dicha fecha de $9.- (nueve pesos).

Dada la permanente ausencia de los recurrentes y la falta de comunicación, pues cuando se intentó tener contacto con ellos, desde un tiempo a la fecha no contestaron sus celulares a ninguno de los socios. Por ello, para dar inicio al proceso de censura, se reunieron 21 socios del sindicato, que posteriormente suscribieron la Petición de Censura que señala: “Socios necesitan censura de Directiva por no rendir cuentas Artículo 27, letra F”. En efecto, el Artículo 27, señala las obligaciones de Tesorero en los siguientes términos: “f) Confeccionar trimestralmente un estado de caja, con el detalle de entradas y gastos, copias del cual se fijarán en lugares visibles de la sede sindical y sitios de trabajo, estos estado de caja deben ser firmados por el presidente y tesorero, visados por la comisión revisora de cuentas que se menciona más adelante”.

En razón de ello, se distribuyeron carteles informativos y de llamado a Asamblea a efecto de Censurar a la hasta entonces actual Directiva, con al menos 10 días de antelación a la misma y se formó una Comisión Electoral, conformada por los señores b) nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, por acuerdo de los socios del sindicato, mediante asamblea. Trataron de notificarlos y solo lograron una llamada telefónica, oportunidad en que informamos el objeto de la citación. Posteriormente ubicamos de forma personal a don nombre reservado, y se negó a recibir y firmar la citación. Por lo anterior, el proceso de censura se llevó a efectos a través de avisos públicos en instalaciones de la empresa publicitados desde el día 6 de enero de 2020, llevándose a efecto la Asamblea el día 16 de enero 2020 de Censura, contó con la presencia de un Ministro de fe, el funcionario de la Inspección Provincial de Osorno don Federico Higueras, quien verificó en ese acto, que se cumplieran con las formalidades establecidas en el estatuto Sindical.

De este modo, tanto la forma en que se llevó a efecto el proceso de censura de la Directiva conformada por los recurrentes al día 16 de enero de 2020, cumplió con los requisitos tanto estatutarios como legales, y al contrario a lo expuesto por los recurrentes, no existe vulneración de alguna garantía constitucional. Se dio cumplimiento a los estatutos, ejerciendo las atribuciones que tanto la Ley como la normativa estatutaria conceden, por lo que no existe garantía vulnerada en la forma indicada en la acción de protección, debiendo esta ser rechazada, Finalmente, lo que pudiese entenderse como vulneratorio en el poco legible recurso de protección de autos, es la circunstancia de que los recurrentes no recibieron citación o petición de censura, lo que no fue efectivo en tanto se les comunicó por teléfono y personalmente, aunque sin registro por rehusarse a recibirlo, con lo cual y ante la real disconformidad de los socios del sindicato por la ausencia de gestiones en su favor por la anterior directiva, es que solicitamos como petición subsidiaria al rechazo del recurso, que en caso de estimar algún mérito al recurso, el proceso de censura sea dejado sin efecto únicamente a la etapa de notificación de los recurrentes, y que el procedimiento de censura siga su curso desde esa etapa, efectuándose un llamado a Asamblea hasta que las circunstancias de emergencia sanitaria lo permita, rigiendo mientras tanto la actual Directiva del Sindicato, respecto de la cual no se ha objetado parte alguna del procedimiento de nombramiento. En efecto, los trabajadores sindicalizados confiamos plenamente en la gestión de la actual directiva, sobre todo porque son trabajadores que a pesar de contar con fuero, acuden a su lugar de trabajo de forma regular, mantienen contacto directo con todos los colegas del trabajo, y has sido de gran ayuda y orientación en esta época de constante angustia de estabilidad en nuestros puestos de trabajo y de desvinculaciones periódicas.

Por tanto, pide rechazar la presente acción cautelar en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Por su parte informando don nombre reservado y don nombre reservado solicitan sea rechazado, con costas.

Indica que los recurrentes fueron parte de la Directiva del Sindicato de Empresa Valle Verde, vigente hasta el día 20 de enero de 2020. A fines del año 2019, se estaba llevando a efecto una negociación colectiva con la empresa, que abandonaron, circunstancia de la que puede dar fe la Inspección del Trabajo, obteniéndose un aumento del 2% de las remuneraciones con la empresa, sólo a ofrecimiento de ésta, ya que nuestra Directiva dejó pasar los plazos del proceso de negociación.

Que desde hace más de dos años se le solicitó a la Directiva conformada hasta el día 20 de enero de 2020 por los recurrentes, dar cuenta de los fondos existentes, otorgando en alguna oportunidad una vaga información, sin detalle, ni respaldo, de los fondos existentes y gastos. Siendo ésta la razón que llevó a los trabajadores sindicalizados a organizar el proceso de censura, por ausencia de transparencia y deberes de dar cuenta a los socios, acerca de los fondos existentes, pagando sus cuotas, en base a la letra f) del art. 27 de los estatutos, por no dar cuenta de los dineros del sindicato.

Así el 2 de enero de 2020, el sindicato vigente presentó Carta por la cual presentó renuncia voluntaria, bajo el punto 19 del Contrato Colectivo de Trabajo, don nombre reservado, tesorero la que no prosperó por no haber dado previo cumplimiento a su obligación de rendir cuenta de los dineros del Sindicato. Posteriormente al proceso de censura, la nueva Directiva solicitó el 30 de enero de 2020, un Estado de la Cuenta No [cuenta reservada], del banco Estado, de titularidad del Sindicato, la que arrojó un saldo en a dicha fecha de $9.- (nueve pesos).

En cuanto al Proceso de Censura de la Directiva del Sindicato de fecha 16 de enero de 2020, para su inicio 1. Para dar inicio al proceso de censura, se reunieron 21 socios del sindicato, que posteriormente suscribieron la Petición de Censura que señala: “Socios necesitan censura de Directiva por no rendir cuentas Artículo 27, letra F”.

En efecto, el Artículo 27, señala las obligaciones de Tesorero en los siguientes términos: “f) Confeccionar trimestralmente un estado de caja, con el detalle de entradas y gastos, copias del cual se fijarán en lugares visibles de la sede sindical y sitios de trabajo, estos estado de caja deben ser firmados por el presidente y tesorero, visados por la comisión revisora de cuentas que se menciona más adelante”.

Ante la ausencia de los recurrentes en su lugar de trabajo desde hacía más de 3 años, se distribuyeron carteles informativos y de llamado a Asamblea a efecto de Censurar a la hasta entonces actual Directiva, con al menos 10 días de antelación a la misma. Se formó una Comisión Electoral, conformada por los señores b) nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, por acuerdo de los socios del sindicato, mediante asamblea. Precisa que trataron de comunicarse con los recurrentes, a efectos de notificar personalmente a los involucrados en el futuro proceso de censura, cuestión que logramos a través de una llamada telefónica, oportunidad en que informamos el objeto de la citación. Posteriormente ubicamos de forma personal a don nombre reservado, y le quisimos entregar la citación, sin embargo, éste no quiso recibir ni firmar la circunstancia de haberle sido notificada la misma. Por lo anterior, el proceso de censura se llevó a efectos a través de avisos públicos en instalaciones de la empresa publicitados desde el día 6 de enero de 2020. 5. La Asamblea del día 16 de enero 2020 de Censura, contó con la presencia de un Ministro de fe, el funcionario de la Inspección Provincial del Osorno don Federico Higueras, quien verificó en ese acto, que se cumplieran con las formalidades establecidas en el estatuto Sindical.

El proceso de censura de la Directiva conformada por los recurrentes al día 16 de enero de 2020, cumplió con los requisitos tanto estatutarios como legales, y no existe vulneración de alguna garantía constitucional.

Finalmente, lo que pudiese entenderse como vulneratorio en el poco legible recurso de protección de autos, es la circunstancia de que los recurrentes no recibieron citación o petición de censura, lo que no fue efectivo en tanto se les comunicó por teléfono y personalmente, aunque sin registro por rehusarse a recibirlo, con lo cual y ante la real disconformidad de los socios del sindicato por la ausencia de gestiones en su favor por la anterior directiva, es que solicita como petición subsidiaria al rechazo del recurso, que en caso de estimar algún mérito al recurso, el proceso de censura sea dejado sin efecto únicamente a la etapa de notificación de los recurrentes, y que el procedimiento de censura siga su curso desde esa etapa, efectuándose un llamado a Asamblea hasta que las circunstancias de emergencia sanitaria lo permita, rigiendo mientras tanto la actual Directiva del Sindicato, respecto de la cual no se ha objetado parte alguna del procedimiento de nombramiento. En efecto, los trabajadores sindicalizados confiamos plenamente en la gestión de la actual directiva sobre todo porque son trabajadores que a pesar de contar con fuero, acuden a su lugar de trabajo de forma regular, mantienen contacto directo con todos los colegas del trabajo, y has sido de gran ayuda y orientación en esta época de constante angustia de estabilidad en nuestros puestos de trabajo y de desvinculaciones periódicas.

Por tanto, pide rechazar la presente acción cautelar en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA:

PRIMERO: Que el recurrido don nombre reservado, opone excepción por falta de legitimación pasiva, fundamentado en que el recurso no señala ni fundamenta en qué medida ni cuál es su rol como responsable en los supuestos hechos vulneratorios de las garantías constitucionales, ni cuáles en específico habrían sido los derechos vulnerados por su persona hacia los recurrentes, mencionándosele vagamente sin aparecer ningún tipo de hecho de su parte que pueda haber transgredido de algún derecho fundamental de los recurrentes.

nombre reservado: Que considerando que la doctrina ha entendido que la Legitimación Pasiva, es aquella cualidad que debe poder encontrarse el recurrido, en el presente caso, y que se identifica con el hecho de ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a la pretensión hecha valer por el demandante . De ello se desprende claramente que tanto en los hechos y en cuanto a la participación del recurrido, estos se encuentran definidos y a su respecto claramente determinados, resultando sus alegaciones propias del fondo del asunto, por lo que se rechazará la excepción interpuesta por don nombre reservado.

EN CUANTO AL FONDO:

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

CUARTO: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

QUINTO: Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).- Lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).

SEXTO: Que el acto cuya arbitrariedad reprochan los recurrentes consiste en la realización de un procedimiento de censura en su contra sin cumplir con los requisitos legales y estatutarios, hechos que derivaron en su cese como Directiva, sin haber tomado conocimiento de dicho proceso y sin posibilidad de efectuar sus descargos, lo que vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho a un justo procedimiento, de acuerdo al artículo 19 Nº 2 y 3 inciso 5 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que por su parte los recurridos manifiestan la inexistencia de actos ilegales y arbitrarios que pudieran afectar las garantías constitucionales de los recurrentes, toda vez que el proceso de censura se llevó a efecto de conformidad con las normas del estatuto vigente y las reglamentarias y legales, siendo además efectuadas en presencia de Ministro de Fe.

OCTAVO: Que, de los antecedentes aportados, consta el Acta de Escrutinio ratificada por la Comisión Electoral del Sindicato de Empresa Valle Verde y con la presencia del Fiscalizador de la Inspección del Trabajo en calidad de Ministro de Fe don Federico Higueras, certificando la concurrencia de 73 socios a la votación, siendo aprobada la censura por 64 votos correspondiente a un 68% de la mayoría absoluta de los socios lo que se condice con las normas del Estatuto tendido a la vista en su Título IX artículos 38 y siguientes.

NOVENO: Que la normativa del estatuto acompañado, se encuentra en coherencia con las normas del Artículo 244 del Código del Trabajo que indica “Los trabajadores afiliados sindicato tienen derecho de censurar a su directorio.

En la votación de la censura podrán participar sólo aquellos trabajadores que tengan una antigüedad de afiliación no inferior a noventa días, salvo que el sindicato tenga una existencia menor. La censura afectará a todo el directorio, y deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del total de los afiliados al sindicato con derecho a voto, en votación secreta que se verificará ante un ministro de fe, previa solicitud de, a lo menos, el veinte por ciento de los socios, y a la cual se dará publicidad con no menos de dos días hábiles anteriores a su realización.

DÉCIMO: Que al efecto se puede observar el cumplimiento aparente de las formalidades legales y estatutarias y a mayor abundamiento los actos que se impugnan por esta vía han sido efectuados en presencia del Fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno don Federico Higueras, director de Relaciones Laborales actuando de conformidad a lo dispuesto artículos 23 del D.F.L. LNº 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, orgánico de la Dirección del Trabajo, y 218 del Código del Trabajo, esto es en calidad de Ministros de Fé, por lo que los hechos por estos constatados gozan de presunción legal de veracidad para " todos los efectos legales, incluso para los efectos de la " prueba judicial.

UNDÉCIMO: Que de este modo, y en el contexto de la presente acción cautelar de emergencia, no es posible advertir en forma manifiesta e inequívoca la existencia de los actos que se estiman ilegales o arbitrarios, por lo que los recurrentes que se estimen afectados deben impugnar la validez de los actos realizados en contravención, ya sea en las instancias previstas en la estructura de las entidades sindicales o mediante acciones interpuestas ante los Tribunales de Justicia.

DUODÉCIMO: Que de acuerdo a los razonamientos precedentes, se rechazará el recurso de protección, sin perjuicio de otros derechos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

1) Se RECHAZA la excepción por falta de legitimación pasiva.

2) Se RECHAZA el recurso de protección de autos.

3) Que no se condena en costas por estimar que ha existido motivo plausible para recurrir.

Regístrese digitalmente, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-466-2020.