nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE LANCO

C.A. de Valdivia Valdivia, doce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

1º) nombre reservado, chofer, domiciliado en la comuna de Lanco, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lanco, impugnando los Decretos Afectos N°0430 y Nº0431, de 20 de marzo de 2026, que rechazaron sus recursos de reposición interpuestos respecto de los Decretos Afectos N°0371 y Nº0372, de 5 de marzo de 2026, que le aplicaron la medida disciplinaria de destitución, actos que califica de arbitrarios, ilegales y vulneratorios de sus garantías constitucionales de integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso y libertad de trabajo contenidas en los números 1, 2, 3 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que fue sancionado en su calidad de funcionario municipal -auxiliar chofer de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Lanco -, por haber incurrido, supuestamente, en agresiones en contra de otros dos funcionarios.

Señala que los actos administrativos que impugna se sustanciaron mediante decretos afectos, en circunstancias que debió hacerse mediante decretos exentos. A lo anterior, se suma que las vistas de los fiscales y las resoluciones sancionatorias habrían omitido referirse a sus descargos.

Sostiene que, en uno de los sumarios, para solicitar su destitución, la fiscal se habría fundado únicamente en prueba testimonial y que, en el otro, se propuso únicamente su censura. Sin embargo, en ambos se optó por la sanción más gravosa, todo ello sin fundamentación suficiente y sin ponderar debidamente su trayectoria intachable, que configura una circunstancia atenuante.

Pide que se dejen sin efecto los actos impugnados, ordenando que se aplique una sanción menos gravosa, considerando las atenuantes, la trayectoria funcionaria y las circunstancias excepcionales acreditadas.

2º) Informando, la Ilustre Municipalidad de Lanco alegó, en primer lugar, la extemporaneidad de la acción, señalando que los decretos sancionatorios fueron emitidos ambos el 5 de marzo de 2026, por lo que, a la fecha de interposición del recurso, el plazo para su interposición ya se encontraba vencido.

En cuanto al fondo de la acción deducida, afirma que los cargos fueron plenamente acreditados en el procedimiento sumarial, tratándose en la especie de comportamientos graves, que incluyen conductas de acoso laboral y faltas a la probidad, respecto de los cuales la ley asigna una medida disciplinaria de destitución, con independencia de las atenuantes alegadas por el sumariado.

Indica que la denominación de los decretos, puesto que están afectos al trámite de registro en Contraloría, no afecta su validez, no correspondiendo, en todo caso, pretender que se haga en esta sede una revisión de la legalidad de los procedimientos.

Por otro lado, añade que el recurso de protección no constituye la vía idónea para impugnar el mérito ni el contenido de actos administrativos de naturaleza disciplinaria, dado su carácter cautelar y limitado a restablecer el imperio del derecho frente a actos ilegales o arbitrarios manifiestos.

Finalmente, alega que no existe en este caso una acción u omisión que pueda catalogarse de ilegal o arbitraria y que no hay vulneración a garantía constitucional alguna.

3º) En cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso planteada por la municipalidad recurrida, esta será rechazada porque la acción se dirige contra el rechazo de los recursos de reposición frente a la sanción aplicada, que solo se consolida con Decretos Afectos N°0430 y Nº0431, de 20 de marzo de 2026, por lo que su interposición, el 18 de abril de este año, fue dentro del plazo contemplado en el número 1º del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

4º) Ahora bien, para resolver el fondo de este asunto, conviene tener presente que el artículo 123 del Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales, establece que:

“La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario.

La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos:

c) Infringir lo dispuesto en las letras l) y m) del artículo 82.”

El referido principio de probidad administrativa está definido en el artículo 52 de la Ley N°18.575, sobre bases generales de la administración del Estado, y el artículo 1 de la ley N°20.880, sobre probidad en la función pública, y consiste en “observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

Por otra parte, el artículo 82, letra m, del referido Estatuto Administrativo, señala:

“Artículo 82.- El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:

m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.”

Y el artículo 2, letra b, del Código del Trabajo define el acoso laboral de la siguiente forma:

“b) El acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.”

La facultad de determinar si los hechos probados constituyen o no una infracción que vulnera gravemente el principio de probidad administrativa y si son o no hechos constitutivos de acoso laboral corresponde a la autoridad que sanciona, siempre que tal determinación se adopte luego de un proceso disciplinario legalmente tramitado y fundado en argumentos que se ajusten a la racionalidad y guarden relación con los hechos acreditados.

5º) Así las cosas, tomando en consideración las propias afirmaciones del recurrente y las resoluciones, decretos e informes acompañados, se colige que las decisiones que se impugnan se adoptaron por la autoridad administrativa correspondiente, en el marco de sus facultades y competencias y luego de la tramitación de un proceso sancionatorio de conformidad a la ley, en el que el recurrente tuvo la oportunidad de participar activamente y hacer uso de sus recursos administrativos, sin que se avisore vulneración alguna a las garantías denunciadas.

6º) Por último, la circunstancia de que los decretos sancionatorios se hayan denominado “afectos” no cambia el hecho de que se encuentran exentos del trámite de toma de razón, por haberse dispuesto aquello en la Resolución N°2, del año 2024, de la Contraloría General de la República, no advirtiéndose cómo esta aparente confusión en la nomenclatura de los actos impugnados pudiera implicar una vulneración a los derechos del recurrente.

7º) En consecuencia, no se ha acreditado la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que pudiera perturbar, amenazar o vulnerar las garantías constitucionales del recurrente, presupuesto ineludible de la acción de protección, por lo que esta no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Lanco.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-465-2026.