nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

Valdivia, cuatro de agosto de dos mil veintidós.

Visto:

Comparece la señora nombre reservado, bióloga marina, quien recurre en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), representado por su Director Nacional don Ricardo Ruiz de Viñaspre, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la denegación del pago del beneficio legal denominado IFE Laboral, vulnerando el legítimo ejercicio de la garantía constitucional reconocida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 3 de enero de 2022 postuló al beneficio del IFE Laboral establecido mediante Decreto N°40 de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsional Social, y al momento de postular cumplía con todos los requisitos establecidos en la norma, es decir tenía 32 años de edad, contrato de trabajo vigente con la empresa Mawutara S.A. cuya remuneración bruta era de $437.000.- y su última relación laboral había terminado el 30 de agosto de 2021 con la empresa Servicios Financieros S.A.

Explica que el 22 de junio de 2022 la recurrida le informa, a través de la página web, que no se le concederá el beneficio por no cumplir con los requisitos, ya que de acuerdo a sus registros no se encontraba cesante el mes anterior a la fecha de inicio del contrato, declarada al momento de postular. Indica que la conclusión a la que arriba la recurrida es errónea, por cuanto acompañó certificado de cotizaciones previsionales de AFP Provida, en el cual consta que durante los meses de noviembre y diciembre recibió el pago del seguro de cesantía, lo que acredita que se encontraba cesante antes de la postulación.

Finaliza, solicitando el cese del acto ilegal y arbitrario, consistente en la negativa del pago del subsidio “IFE Laboral”, y se reestablezca el imperio del derecho ordenándose a la recurrida acoger su postulación al beneficio, con costas.

Informa el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, a través de la señora nombre reservado y expone que el IFE Laboral se encuentra regulado en el Decreto Nº 28 de 2011, y sus modificaciones, y consiste en una bonificación mensual que se otorga al trabajador dependiente, previamente cesante, que comienza a prestar servicios bajo vínculo de dependencia y subordinación, con un nuevo empleador, en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo, dentro de la época fijada en la resolución que dicta el Subsecretario del Trabajo, a fin de implementar la Línea Emergencia Laboral Reactivación Covid-19, detallando, pormenorizadamente, los requisitos para otorgar el beneficio, los que deben concurrir copulativamente, a saber: “A.- Tratarse de trabajadores mayores de 18 años que hayan comenzado a prestar servicios bajo vínculo de dependencia y subordinación para con un empleador dentro del período que fije la resolución. B.- Que su remuneración bruta mensual sea igual o inferior a tres ingresos mínimos mensuales, a la fecha de postulación. El valor del ingreso mínimo mensual será aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años; y C.- Haber estado cesante antes de iniciar la nueva relación laboral dependiente que permite al trabajador postular a este beneficio. (…).” (sic)

Ratifica que la recurrente postuló al beneficio el 3 de enero del año en curso, y que no procede la protección solicitada, por cuanto la solicitante no cumple con los requisitos para la obtención del beneficio, por tener una relación laboral anterior a la fecha de inicio de contrato declarado cuando ingresó la postulación.

Refiere que, en consulta presencial efectuada por la señora nombre reservado el 16 de mayo de 2022 en las oficinas de SENCE Los Ríos, entregó certificados de cotizaciones de AFP e Isapre. El análisis de los documentos permitió determinar que, si bien el certificado de AFP PROVIDA no constata ninguna cotización durante los 3 meses anteriores a la fecha del contrato con la empresa MAWUTARA SPA, sí lo hace el certificado de pago de cotizaciones de salud emanado de Isapre Colmena, cuya lectura demuestra que existe cotizaciones pagadas correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 por la empresa RUT RUT reservado.

Concluye señalando que la existencia de cotizaciones de salud pagadas los cuatro meses anteriores al contrato de trabajo por el cual postuló al beneficio, hace presumir la existencia de una relación laboral, aun cuando no se encuentren pagas las cotizaciones previsionales, motivo por el cual, se encuentra plenamente justificada la negativa, al no verificarse el hecho que constituye la condición establecida por ley para obtenerlo. Y en consecuencia, solicita el rechazo del recurso de protección al no existir acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya producido privación, perturbación o amenaza, traducida en un impedimento al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del recurrente, con costas.

Y teniendo presente:

Primero: Que, conforme es generalmente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, del artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera, que esta Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Tercero: Que el acto que se estima arbitrario de parte de la recurrida, es haber denegado el pago del denominado IFE Laboral a la solicitante señora nombre reservado, no obstante haber cumplido con todos los requisitos legales al momento de su postulación, vulnerando de esta manera el derecho constitucional a la propiedad que le asiste a recibir dicho beneficio, garantizado en nuestra Carta Fundamental.

Cuarto: Que en este caso, de lo informado por la recurrida, y el mérito de los antecedentes que se han acompañado, resulta evidente que existe discrepancia, en cuanto a la procedencia del pago del beneficio que la recurrente -sostiene- le corresponde recibir. En tanto, que el Servicio recurrido, afirma que se encuentra plenamente justificada la negativa, al no verificarse el hecho que constituye la requisito establecida por ley para obtenerlo, por presentar cotizaciones de salud pagadas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, según da cuenta el certificado emitido por Isapre Colmena, lo que les hace presumir la existencia de una relación laboral anterior a la fecha de la postulación.

Quinto: Que no obstante lo razonado, al informar la recurrida reconoce que no se encuentran pagadas las cotizaciones previsionales de la recurrente los meses previos a su postulación, presumiendo la existencia de una relación laboral únicamente por el pago de cotizaciones de salud que constan en el certificado emanado de Isapre Colmena, no dando crédito al certificado emitido por AFP Provida, el cual, da cuenta en los meses de noviembre y diciembre de 2021 la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía pagó el seguro de cesantía a la actora, beneficio que cesó en febrero pasado, al haberse enterado las cotizaciones previsionales descontadas de la liquidación de sueldo del mes de enero de 2022, en virtud de la relación laboral iniciada con la empresa Mawutara S.A.

Sexto: Sostiene la recurrida que las cotizaciones de salud mencionadas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre aparecen pagadas por la empresa Rut N°RUT reservado. Sin embargo, al confrontar dicha información, con los antecedentes incorporados por la recurrente, específicamente un “certificados de nacimiento”, aparece que el “Rut empresa” corresponde al señor nombre reservado, hermano de la solicitante, lo que se refuerza con el certificado emitido por Isapre Colmena que acredita que doña nombre reservado tuvo como carga a don nombre reservado, en los períodos mayo de 2021 a abril de 2022.

Además, se puede observar del certificado emitido por Isapre, que en los meses de octubre, noviembre y diciembre aparece la actora pagando sus cotizaciones de salud por un valor de 4.57 UF, antecedentes que logran desvirtuar la argumentación de la recurrida.

Séptimo: Que el Decreto Nº 28 de 2011, en su artículo tercero, letra c) N° 4, establece los requisitos para otorgar el IFE Laboral, los que deben concurrir copulativamente, a saber: “a).- Tratarse de trabajadores mayores de 18 años que hayan comenzado a prestar servicios bajo vínculo de dependencia y subordinación para con un empleador dentro del período que fije la resolución. b).- Que su remuneración bruta mensual sea igual o inferior a tres ingresos mínimos mensuales, a la fecha de postulación. El valor del ingreso mínimo mensual será aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años; y c).- Haber estado cesante antes de iniciar la nueva relación laboral dependiente que permite al trabajador postular a este beneficio. (…).” (sic).

Octavo: Que una interpretación armónica de la normas reseñadas y de los antecedentes tenidos a la vista, permite concluir que la solicitante cumplía íntegramente con todos los requisitos establecidos al momento de postular, y que la presunción de existencia de una relación laboral invocada por la recurrida para denegar el beneficio, no es tal, por cuanto la norma exige “haber estado cesante antes de postular”, condición, que se logra acreditar con el pago se seguro de cesantía efectuado por la AFC, por lo que la conducta de la recurrida al denegar el beneficio importa una clara transgresión al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto al derecho de propiedad, al haberse privado a la actora del IFE Laboral.

En consecuencia y concurriendo los supuestos de la acción constitucional, la protección impetrada habrá de ser otorgada del modo que se dirá.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo establecido en el artículo 19 número 24 en relación con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías, se acoge sin costas, el recurso de protección deducido por la señora nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y en consecuencia, se le ordena acoger la postulación de la solicitante y otorgar el beneficio del IFE Laboral por los meses que le corresponde recibir, debiendo informar a esta Corte los detalles de su cumplimiento, dentro de décimo día.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

Rol 4589-2022.