nombre reservado con TESORERIA REGIONAL DE LOS RIOS

Valdivia, veintitrés de abril de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece don Ricardo Herrera Castillo, abogado, en representación de don nombre reservado, agricultor, C.I. NºRUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Provincia de Valdivia, quien interpone recurso de protección constitucional en contra de la Tesorería Regional de Los Ríos, representada por don nombre reservado, en su calidad de Director Regional Tesorero, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado. Funda el recurso señalando que con fecha 21 de noviembre del año 2018 su representado presentó en el expediente administrativo 507-2008, comuna de Los Lagos, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, un incidente de abandono del procedimiento fundado en el artículo 152 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En la referida causa de procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, iniciada en el año 2008, se cobran las obligaciones que constan en formulario 21, folio 100425028 por Impuesto al Valor Agregado, con vencimiento el 30 de abril de 2003, por una deuda neta de $30.350.405.-, correspondiendo su fecha de giro al 22/05/2007 y siendo notificada la causa a don nombre reservado el 18/02/2008, según consta a fs.32 del referido expediente administrativo. Informa que don nombre reservado no opuso excepciones a la demanda ejecutiva de cobro de obligaciones tributarias seguidas en su contra, según consta a fs.36 del antes mencionado expediente administrativo, con fecha 23 de mayo del año 2008.

Agrega que en el referido expediente se trabó embargo sobre bienes de propiedad de don nombre reservado, pero recibido el expediente por el abogado provincial de Valdivia, éste no dio cumplimiento a lo previsto en el Art. 179 del Código Tributario, esto es, remitir el expediente al tribunal ordinario. Hace presente luego que el 27 de octubre de 2009 el Tesorero Regional, actuando en su calidad de Juez Sustanciador, ordenó proseguir en ramo separado la ejecución en contra de don nombre reservado, siendo ésta la última gestión útil realizada en la causa.

El recurso luego da cuenta de que se presentó ante la entidad recurrida una solicitud, a la que se ha hecho referencia más arriba, de abandono del procedimiento y en el mismo escrito, se señaló que en el evento que estimase que no era procedente el abandono del procedimiento, se declarara el decaimiento del acto administrativo, mediante el cual se inició el cobro de la referida obligación tributaria. En subsidio de lo anterior, es decir de ambos incidentes, y para el evento de que el Juez Sustanciador estimara que carecía de competencia para pronunciarse, tanto sobre el abandono del procedimiento como del decaimiento del acto administrativo, se solicitó remitir el expediente al Tribunal Civil competente para que emita un pronunciamiento a su respecto. Expresa que con fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho el Tesorero Regional de Los Ríos, en su calidad de Juez Sustanciador, dictó una resolución en el expediente 507/2007 (la cual fue notificada a don nombre reservado por correo electrónico recién con fecha 06 de febrero del año 2019, en el momento en que éste fue a consultar personalmente, señalándose que se le había enviado un correo electrónico, lo que en la especie no ocurrió, resolución mediante la cual rechazó los incidentes planteados en los siguientes términos: “Respecto de la acción principal, esto es en subsidio el abandono del procedimiento: 1.- Que, con fecha 12 de septiembre de 2007, se generó nómina de deudor moroso, confeccionándose mandamiento de ejecución y embargo por parte del Tesorero Juez Sustanciador con la misma fecha ya señalada. 2.- Que, con fecha 18 de febrero de 2008 se visita el domicilio tributario del contribuyente, notificándose, requiriendo de pago y embargándose bienes de su propiedad en el acto, mediante cédula entregada a persona adulta. 3.- Que, el abandono del procedimiento es una sanción procesal a la parte que no inste oportunamente la prosecución del proceso, por lo tanto, para su aplicación requiere la existencia de un juicio o controversia entre partes cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales de Justicia. 4.- Que, según se desprende de los artículos 168; 180; 181;182; 185; 189 y 190 y demás pertinentes del Código Tributario, el proceso de cobro de obligaciones tributarias de dinero comprende una fase administrativa o de substanciación a cargo del Tesorero correspondiente, quien actúa como Juez Sustanciador, y Abogado del Servicio, y de una fase judicial propiamente tal, que se desarrolla ante el Juez de Letras competente. 5.- Que, en consecuencia, el abandono del procedimiento como sanción a la inactividad de la parte demandante, no tiene cabida en la etapa administrativa de este procedimiento ejecutivo especial, toda vez que no se cumple con los requisitos que la ley exige para ello, ya que no existe propiamente un juicio, no hay controversia entre partes porque ni el Juez Sustanciador ni el Abogado del Servicio, tienen el carácter de representante judicial del Fisco, por lo tanto, no tienen el carácter de parte. 6.- Que, a mayor abundamiento el decaimiento del acto administrativo, se trata de una construcción doctrinaria y jurisprudencial, mediante la cual, el acto administrativo pierde sus efectos por un hecho sobreviniente.”

Indica luego el recurrente que de los hechos descritos se desprende a todas luces un evidente acto arbitrario e ilegal que afecta las garantías constitucionales establecidas en el Art. 19 Nº3, inciso 4º y en el Art. 19 N° 24, como asimismo los preceptos constitucionales establecidos en los Arts. 6 y 7 de nuestra Constitución Política.

Por lo expuesto, pide expresamente declarar abandonado el procedimiento Rol 507-2007 de la comuna de Los Lagos, caratulado “nombre reservado Con nombre reservado”, por vulnerar las normas constitucionales ya señaladas o bien cualquier otra medida que permita reestablecer el imperio del derecho, tal como declarar el decaimiento del acto administrativo y como consecuencia el término del referido proceso.

Por su parte, la recurrida Tesorería General de la República informa el recurso señalando que el recurrente, al mes de abril de 2019, registra una deuda en su Cuenta Única Tributaria por la suma $538.975.188. La deuda corresponde a emisiones y multas efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo.

Producto del no pago en la oportunidad correspondiente, el Servicio de Tesorería, inició el proceso de cobro según el siguiente detalle: a) Expediente administrativo 507-2007 Los Lagos, cobro de los folios 14817374, 100425028 y 106454708; b) Expediente administrativo 511-2007 Los Lagos, cobro del folio 92612827; y c) Expediente administrativo 502-2009 Los Lagos, folios 7942060021 y 7942060022.

Respecto del expediente administrativo 511-2007 Los Lagos, éste fue avanzado a segunda etapa de cobro, recayendo su conocimiento y sustanciación ante el Juzgado de Letras de Los Lagos, en causa caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, Rol C-78-2008. En el referido proceso, el ejecutado dedujo incidente de abandono del procedimiento el que fue acogido por sentencia de fecha 17 de agosto de 2018, la que se encuentra firme y ejecutoriada.

Posterior a ello, el ejecutado, con fecha 21 de noviembre de 2018, solicitó ante el Servicio de Tesorería la declaración de abandono del procedimiento y subsidiariamente el decaimiento y remisión al Tribunal Civil de los expedientes administrativos en los procesos rol 507-2007 Los Lagos y 502-2009 Los Lagos. Tales presentaciones fueron rechazadas íntegramente por resoluciones de fecha 21 de diciembre de 2018.

Dicho lo anterior, resulta clara la confusión, error y/o desconocimiento del recurrente al denunciar como actos arbitrarios o ilegales el mantener el conocimiento del proceso rol C-78-2008, caratulado “Fisco-Tesorería Regional de Valdivia con nombre reservado”, en forma inactiva desde el año 2009, por una parte, y, por otra, denunciar el rechazo de las incidencias planteadas en el mismo proceso de abandono del procedimiento y decaimiento del acto administrativo, sin remitir los antecedentes al Juez Civil competente, ya que tal como se ha expresado precedentemente, el proceso de cobro Rol C-78-2008, sustanciado ante Juzgado de Letras de Los Lagos, proviene del expediente administrativo 511-2007 Los Lagos, respecto del cual existe sentencia firme que declara abandonado el procedimiento, precisamente, por mantener inactivo el proceso.

La inactividad denunciada, en consecuencia, ya fue sancionada con la declaración de abandono del procedimiento decretado por sentencia del Juzgado de Letras de Los Lagos, con fecha 17 de agosto de 2018, fecha desde que la Tesorería no ha realizado gestión alguna, respetando lo resuelto por el Tribunal.

Da cuenta de la legalidad del proceso de cobro de obligaciones tributarias y alega la improcedencia del recurso de protección interpuesto, alegando su imprecisión.

Señala que si se estima que el recurso se ha interpuesto en contra de la resolución de fecha 21 de diciembre de 2018, dictada en el proceso administrativo 507-2007 Los Lagos, igualmente el recurso debe ser rechazado. Esta contienda, por su naturaleza, no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos. Alega además, que la situación discutida ya se encuentra bajo el amparo del derecho. Por lo expuesto, pide el rechazo del recurso.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. A partir de las normas de la Carta Fundamental, se ha definido como una acción constitucional que permite a la persona que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales, ocurrir a la Corte de Apelaciones, con el objeto de impetrar la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los Tribunales de Justicia. Así, al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de este tribunal adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida salvaguarda ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, el recurso de protección protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que afecte el ejercicio de un derecho garantizado y, por tanto, la finalidad de este arbitrio no es otra que la adopción de medidas de seguridad y tutela urgentes, y no la declaración de derechos que resulten discutidos.

TERCERO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario, en consecuencia, analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y que, como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente en la privación, perturbación o amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía. Por lo expuesto, resulta fundamental la existencia de derechos indubitados que estarían siendo vulnerados con el obrar de la recurrida, a fin de adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y brindar la debida protección.

CUARTO: Que de las alegaciones formuladas por el recurrente y de lo informado por la Tesorería surge con indubitada claridad que el ente público ha dejado de cumplir con su deber de diligencia, eficacia y cuidado de los recursos públicos al retrasar la tramitación del cobro de una deuda tributaria más allá de todo plazo razonable (desde el año 2008, respecto de deudas tributarias del año 2003, para ser precisos), resultando incluso incapaz de informar si ha remitido o no a la justicia civil los expedientes Rol 507-2007 Los Lagos y 502-2009 Los Lagos, inmovilizando además el patrimonio del contribuyente, y vulnerando de esta manera el derecho constitucional del recurrente a un proceso racional y justo, así como privando al mismo de facultades inherentes (como la de disponer) del derecho de propiedad sobre los bienes embargados, atentando así en contra del derecho de propiedad constitucionalmente garantizado con esta acción de protección.

QUINTO: Que, en consecuencia, es posible dar por establecido que mediante una omisión arbitraria e ilegal se ha provocado una lesión (por perturbación) de un derecho amparado constitucionalmente, razón por la cual deberá esta Corte acoger la presente acción constitucional, según se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por lo expuesto, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, en tanto se declara que la Tesorería deberá remitir al Tribunal Civil correspondiente, dentro del plazo de cinco días desde que quede ejecutoriado el presente fallo, los expedientes administrativos en los procesos Rol 507-2007 Los Lagos y 502-2009 Los Lagos, notificando legalmente al actor, a fin de que ante la Justicia ordinaria el recurrente pueda plantear lo que estime convenir a sus derechos. Para el caso de que esa repartición administrativa ya hubiese hecho esa remisión, se ordena notificar formalmente al deudor, con el mismo fin de que éste pueda hacer valer sus derechos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Juan Andrés Varas Braun N°Protección-449-2019.