Protección contra nombre reservado

Valdivia, veinte de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS A folio 1 Comparece doña nombre reservado, asistente social, en representación legal de su hijo menor de edad nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del nombre reservado, representado legalmente por su directora nombre reservado, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la decisión de mantener la repitencia del alumno en 8° año básico, ratificada administrativamente por el Consejo de Profesores con fecha 20 de marzo de 2026. Sostiene que dicha decisión vulnera las garantías constitucionales de integridad psíquica, igualdad ante la ley y derecho a la educación.

Expone que nombre reservado, de 15 años de edad, ha desarrollado una trayectoria escolar continua en el establecimiento desde el año 2015, ingresando en Pre- kínder, y que es alumno con Necesidades Educativas Especiales, con diagnóstico médico de Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH), siendo beneficiario del Programa de Integración Escolar (PIE). Señala que dicha condición imponía al establecimiento, conforme a los Decretos N° 170 de 2009 y N° 67 de 2018, un deber reforzado de acompañamiento, adecuaciones curriculares, seguimiento pedagógico y evaluaciones diferenciadas, obligaciones que estima incumplidas.

Agrega que durante el año 2025 la familia enfrentó una situación crítica, consistente en que la madre sufrió en enero de 2025 una hemorragia subaracnoidea, con hospitalización de urgencia en Temuco y posterior proceso de recuperación marcado por estrés postraumático, hecho que habría impactado severamente la estabilidad emocional del estudiante, manifestándose en inseguridad, angustia y desregulación emocional. Afirma que el establecimiento conoció este contexto, pero lo omitió al evaluar la promoción escolar.

Sostiene, además, que el actuar del Programa de Integración Escolar fue errático e ineficiente, sin un plan de intervención claro ni transparente, y que el establecimiento informó formalmente el riesgo de repitencia recién el 27 de octubre de 2025, mediante correo electrónico de la educadora diferencial, cuando ya no existía margen real para aplicar medidas remediales eficaces. Añade que, pese a mantenerse la incertidumbre sobre su promoción, el colegio permitió o instó a nombre reservado a participar en instancias de egreso, como el cuadro de honor y la ceremonia de graduación, lo que califica como una exposición humillante. Afirma también que el estudiante fue estigmatizado públicamente con la marca de una “R” de repitente en registros institucionales, lo que habría derivado en un cuadro de ánimo descendido, sintomatología ansiosa y temor al juicio de pares y docentes.

Refiere que, frente a la decisión inicial de repitencia, se ejercieron oportunamente los recursos administrativos pertinentes y se solicitó la intervención del Departamento Provincial de Educación de Valdivia, instancia en la cual tres profesionales habrían analizado la implementación del PIE, concluyendo que éste careció de una intervención adecuada, oportuna y ajustada a las necesidades específicas del estudiante y de su contexto familiar, instando expresamente al establecimiento a revisar su proceder. No obstante ello, el Consejo de Profesores, con fecha 20 de marzo de 2026, ratificó por unanimidad la repitencia, desatendiendo según se afirma, los factores pedagógicos, socioemocionales y contextuales del alumno.

La recurrente sostiene que la decisión es ilegal, por infringir el artículo 11 del Decreto Supremo N° 67 de 2018, que exige un análisis deliberativo y fundado, considerando el progreso pedagógico individual y los factores socioemocionales; y también por omisión de los deberes derivados del Decreto N° 170 de 2009, al no haberse implementado apoyos especializados suficientes para un alumno con TDAH. La califica además de arbitraria, por carecer de razonabilidad y proporcionalidad, adoptándose la medida más gravosa —la repitencia— sin haberse agotado mecanismos de nivelación ni evaluaciones complementarias, y sin atender a la crisis familiar vivida durante el año 2025.

En cuanto a las garantías vulneradas, denuncia afectación del artículo 19 N° 1 de la Constitución, por lesión a la integridad psíquica del estudiante; del artículo 19 N° 2, por vulneración de la igualdad ante la ley y discriminación arbitraria al tratarlo como a un alumno sin Necesidades Educativas Especiales; y del artículo 19 N° 10, en cuanto la decisión de repitencia afectaría el derecho a la educación, particularmente en su dimensión de permanencia, continuidad y desarrollo integral dentro del sistema escolar. Agrega que el establecimiento habría intentado justificar su actuar sobre la base de una supuesta “doble repitencia”, considerando como tal la permanencia del alumno en 1° básico durante el año 2018, la que, según sostiene—, no constituyó una repitencia académica, sino una medida pedagógica excepcional acordada por razones de salud, atendidas reiteradas inasistencias justificadas por cuadros de asma bronquial, rinitis alérgica y bronquitis obstructiva, debidamente acreditados con antecedentes médicos. Indica que, pese a ello, con fecha 23 de diciembre de 2025 la familia fue notificada de que el estudiante habría repetido dos veces y que no podría continuar en el establecimiento en 2026, cuestión que luego fue revisada por la Superintendencia de Educación, instancia en la cual el propio establecimiento reconoció su error y dejó sin efecto la cancelación de matrícula, aunque mantuvo la decisión de repitencia.

Invoca como fundamentos de derecho, además de los artículos 19 N° 1, 2 y 10, y 20 de la Constitución Política de la República, el artículo 11 de la Ley General de Educación N° 20.370, la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, el Decreto Supremo N° 67 de 2018, el Decreto N° 170 de 2009, y los artículos 3 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sosteniendo que el establecimiento ha utilizado la repitencia como una medida sancionatoria encubierta y ha trasladado al estudiante las consecuencias de su propia deficiencia institucional en la implementación de apoyos PIE.

Solicita que se acoja el recurso de protección en todas sus partes, declarando que la decisión de repitencia adoptada por el establecimiento es ilegal y arbitraria, y disponiendo: 1) dejar sin efecto la medida de repitencia correspondiente a 8° año básico; 2) ordenar su promoción inmediata a 1° año de enseñanza media, resguardando su derecho a la educación, su trayectoria escolar continua y su integridad psíquica; 3) en subsidio, ordenar al establecimiento la elaboración e implementación inmediata de un plan pedagógico y psicoeducativo integral, inclusivo y supervisado, que contemple adecuaciones curriculares, acompañamiento especializado y medidas de apoyo efectivas, asegurando la continuidad educativa del estudiante y el resguardo de sus vínculos sociales y comunitarios; y 4) adoptar toda otra medida necesaria para el pleno restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados, con costas.

Acompaña al recurso 1. Acta de Consejo de Profesores. 2. Carta de No Continuidad, de fecha 23/12/2025. 3. Apelación formal de la apoderada, de fecha 15/12/2025. 4. Actas de Entrevista con Dirección y UTP, de fecha 30/12/2025. 5.

Actas de primero básico relativas a la permanencia del alumno en dicho nivel. 6.

Informe Psiquiátrico, de fecha 02/04/2026, del Dr. nombre reservado. 7. Informes Psicológicos de nombre reservado. 8. Plan de Apoyo Individual (PAI) 2025. 9. Acta de Entrevista con el PIE, de fecha 29/12/2025. 10. Informe Médico por Intervención Quirúrgica de la madre. 11. Oficio N° NUM000 de DEPROV Valdivia, de fecha 20/03/2026. 12.

Comprobante de atención de la Superintendencia de Educación. 13. Correo electrónico de la Educadora Diferencial, de fecha 27/10/2025. 14. Historial de anotaciones del estudiante.

A folio 5 informando el recurso comparece doña Viviana Freire Oliva, abogada, en representación de la Fundación Educacional nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, con costas. En lo principal, controvierte la versión de la recurrente y sostiene que no ha existido acto ilegal ni arbitrario en la decisión de mantener la repitencia del estudiante nombre reservado en 8° año básico.

Expone que el alumno ingresó al establecimiento el año 2015, cursando pre-kínder, y que desde el año 2021 forma parte del Programa de Integración Escolar (PIE), lo que implicó trabajo conjunto con terapeuta educacional, educadora diferencial y psicóloga, además de aplicación de evaluaciones diferenciadas. Señala que al cursar 7° básico fue promovido con promedio 5,0 y dos asignaturas reprobadas, registrando ese mismo año diversas anotaciones negativas por conducta y actitud académica.

En cuanto al año 2025, cursando 8° básico, indica que al término del primer semestre el estudiante registraba tres asignaturas con promedio rojo. Afirma que previamente ya se había informado a la madre del rendimiento académico, de los problemas de conducta, de la escasa disposición académica del alumno y de su negativa a recibir apoyos y participar en clases de reforzamiento. Añade que, conforme al artículo 12 del Decreto N° 67 de 2018 y al reglamento interno del colegio, el establecimiento implementó un plan de acompañamiento pedagógico, proyectado desde el mes de septiembre de 2025 hasta diciembre de 2025, debidamente acordado con la madre y firmado por ella, con el fin de apoyar la trayectoria del aprendizaje del alumno. Sostiene que dicho plan, sumado a entrevistas, seguimiento y uso de la plataforma LIRMI, descarta la falta de comunicación o apoyo que denuncia la recurrente.

Afirma que el alumno contó desde el año 2021 con acompañamiento desde PIE, supervisión en sala, apoyo de la profesora diferencial, reforzamientos y distintas alternativas de evaluación, pero que se negaba a colaborar en su proceso educativo, rechazando apoyos, no asistiendo a los reforzamientos y negándose incluso a realizar evaluaciones en condiciones más favorables, como en biblioteca o mediante guías para desarrollar en el hogar. Añade que al cierre del año 2025 el alumno registraba cuatro asignaturas con promedio rojo y porcentaje de aprendizaje igual a cero, además de 40 anotaciones negativas en su hoja de vida, y una suspensión por protocolo de maltrato entre pares y acoso escolar.

Respecto de la situación de salud de la madre, sostiene que el establecimiento solo tomó conocimiento formal de ella mediante carta de apelación presentada el 15 de diciembre de 2025, y no durante el desarrollo del año escolar, por lo que niega haber omitido conscientemente un factor del cual hubiese sido oportunamente informado. En cuanto a la alegación de exposición humillante por ritos de egreso, aclara que el denominado “cuadro de honor” no corresponde a una actividad oficial del colegio, sino a una iniciativa de los apoderados del curso, y que en 8° básico no existe ceremonia de graduación, por cuanto el establecimiento tiene continuidad hasta 4° medio. Del mismo modo, niega que existiera estigmatización pública por una supuesta marca de “R” en registros institucionales, indicando que éstos son reservados y que, en todo caso, si tal referencia existe, correspondería únicamente a la condición académica del alumno para el año 2026.

Refiere que, presentada la apelación de la apoderada y habiendo ésta acudido a la Superintendencia de Educación, el colegio revisó la normativa aplicable y decidió mantener la matrícula del alumno para el año 2026, descartando la cancelación, pero manteniendo la repitencia. Señala que posteriormente, tras reunión con profesionales del Departamento Provincial de Educación (DEPROV), se indicó que la decisión final sobre promoción o repitencia correspondía al propio establecimiento, razón por la cual se citó con fecha 26 de marzo de 2026 a un Consejo General de Profesores, integrado también por docentes de años anteriores que conocían la trayectoria del estudiante, resolviéndose nuevamente mantener la medida de repitencia. Niega expresamente que el DEPROV hubiese concluido que el PIE careció de una intervención adecuada, oportuna y ajustada.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, sostiene que la medida adoptada se encuentra plenamente amparada por la normativa educacional vigente, particularmente por el Decreto N° 67 de 2018 del Ministerio de Educación y por el Reglamento de Procedimientos Evaluativos año 2025 del establecimiento. Explica que dicho reglamento contempla expresamente criterios para evitar la repitencia, promover juicios comprehensivos y acompañar al estudiante, pero también regula los requisitos mínimos de promoción, exigiendo el logro de objetivos de aprendizaje y asistencia mínima. Cita, entre otros, los artículos 82, 83, 84 y 85 del reglamento, que establecen los criterios objetivos de promoción. Añade que el Título IX regula específicamente el procedimiento aplicable a estudiantes en riesgo de repitencia, contemplando citación del apoderado, entrevistas mensuales, tutorías obligatorias, seguimiento conjunto del equipo docente y revisión del caso en Consejo de Profesores, procedimiento que, afirma, fue plenamente observado en autos.

Niega, por tanto, que exista infracción al Decreto N° 67 de 2018 ni al Decreto N° 170 de 2009, y sostiene que tampoco existe arbitrariedad, pues la medida de repitencia no fue adoptada sobre la sola base de criterios numéricos, sino a partir de una evaluación integral del desempeño académico, conductual y de los apoyos desplegados por el establecimiento. Añade que no se vulnera la integridad psíquica, la igualdad ante la ley ni el derecho a la educación, pues al alumno no se le ha expulsado ni cancelado la matrícula, sino sólo aplicado una medida de repitencia, pudiendo continuar sus estudios en 8° básico. Afirma, incluso, que si existe afectación al derecho a la educación, ésta derivaría de la decisión de la propia madre de no matricular a su hijo en el curso correspondiente para el año 2026.

Finalmente, desarrolla consideraciones sobre el proyecto educativo del establecimiento, su historia institucional y el deber de colaboración de padres, madres y apoderados en el proceso educativo, invocando el artículo 10 letra b) inciso segundo de la Ley General de Educación N° 20.370, en cuanto obliga a los padres a apoyar el proceso educativo, cumplir los compromisos asumidos con el establecimiento y respetar su normativa interna. Sobre esa base, solicita el rechazo del recurso. Acompaña al informe 1. Reglamento de procedimiento evaluativos año 2025, del nombre reservado. 2. Hoja de vida del estudiante nombre reservado, año 2024. 3. Hoja de vida del estudiante nombre reservado, año 2025. 4.

Actas de entrevista con apoderada, año 2025. 5. Informe de calificaciones año 2025, 8° básico B, del alumno nombre reservado. 6. Carta de compromiso, firmada por apoderada y estudiante, de fecha 12.09.2025. 7. Informe de personalidad, segundo semestre, del alumno nombre reservado. 8. Acta de Consejo de Profesores 8° B, de fecha 18 de diciembre de 2025. 9. Actas de entrevistas PIE realizadas con la madre y apoderada durante el año 2025. 10. Set de pruebas diferenciadas aplicadas al alumno en 8° Básico B 2025. 11. Documento de la Superintendencia de Educación, de fecha 24.12.2025, NUM001. 12. Plan de acompañamiento individual, año 2025. 13. Informe del plan de acompañamiento al estudiante, de diciembre de 2025.

A folio 6 se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben decretar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, comparece doña nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad, nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del nombre reservado, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la decisión de mantener la repitencia del alumno en 8° año básico, ratificada administrativamente por el Consejo de Profesores con fecha 20 de marzo de 2026, sosteniendo que con ello se vulneran las garantías del artículo 19 N° 1, 2 y 10 de la Constitución Política de la República, esto es, la integridad psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la educación. La recurrente afirma, en síntesis, que su hijo es alumno con Necesidades Educativas Especiales, con diagnóstico de Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH), beneficiario del Programa de Integración Escolar (PIE), y que el establecimiento no le habría proporcionado los apoyos pedagógicos y diferenciales exigidos por la normativa vigente, especialmente atendido el contexto familiar vivido durante el año 2025, marcado por la grave enfermedad sufrida por su madre. Añade que el colegio informó tardíamente el riesgo de repitencia, que expuso al estudiante a instancias de egreso pese a no existir certeza sobre su promoción, y que finalmente ratificó la repitencia sin realizar el análisis integral que exige el ordenamiento educacional.

Tercero: Que, evacuando informe, la recurrida Fundación Educacional nombre reservado solicita el rechazo del arbitrio, sosteniendo que no ha existido acto ilegal ni arbitrario, desde que el estudiante ingresó al establecimiento el año 2015, que desde el año 2021 forma parte del Programa de Integración Escolar (PIE), contando con apoyo de terapeuta educacional, educadora diferencial, psicóloga y evaluaciones diferenciadas, y que durante el año 2025, cursando 8° básico, registró primero tres y luego cuatro asignaturas reprobadas, además de numerosas anotaciones negativas y escasa disposición académica.

Agrega que, conforme al Decreto N° 67 de 2018 y al reglamento interno del establecimiento, se implementó un plan de acompañamiento pedagógico desde septiembre a diciembre de 2025, debidamente informado y firmado por la apoderada, junto con reforzamientos, seguimiento docente y alternativas de evaluación, todo lo cual habría sido rechazado o desatendido por el propio estudiante. Sostiene también que la situación de salud de la madre recién fue informada formalmente al colegio en diciembre de 2025 y que, revisado nuevamente el caso por el Consejo General de Profesores, se resolvió mantener la repitencia conforme a la normativa vigente y a la autonomía técnica del establecimiento.

Cuarto: Que, en consecuencia, la controversia se circunscribe a determinar si la decisión de mantener la repitencia del estudiante nombre reservado en 8° año básico, ratificada con fecha 20 de marzo de 2026, constituye un acto ilegal o arbitrario que haya importado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, particularmente las contenidas en el artículo 19 N° 1, 2 y 10 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, para resolver la cuestión planteada, resulta aplicable, en primer término, el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República, que asegura el derecho a la educación, en relación con el artículo 20 del mismo texto; la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, en cuanto orienta el sistema a eliminar formas de discriminación e impedir exclusiones arbitrarias; el Decreto Supremo N° 67 de 2018 del Ministerio de Educación, que establece normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción y, en especial, sus artículos 11 y 12, referidos al análisis deliberativo y fundado de la promoción o repitencia y al acompañamiento pedagógico de estudiantes en riesgo; y el Decreto N° 170 de 2009, que regula la determinación de estudiantes con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de subvención para educación especial, imponiendo la adopción de apoyos y estrategias acordes a su situación. Asimismo, debe considerarse el artículo 10 letra b) de la Ley N° 20.370, que consagra los deberes de los padres, madres y apoderados de apoyar el proceso educativo, cumplir los compromisos asumidos con el establecimiento y respetar su normativa interna.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por ambas partes, aparece acreditado que el estudiante ingresó al establecimiento el año 2015 y que desde el año 2021 pertenece al Programa de Integración Escolar (PIE), con diagnóstico de TDAH. También consta que durante el año 2025, cursando 8° básico, presentó dificultades académicas significativas, registrando primero tres y luego cuatro asignaturas reprobadas, junto con un alto número de anotaciones negativas y una participación deficiente en actividades académicas y de reforzamiento. Del mismo modo, consta que el establecimiento implementó un plan de acompañamiento individual durante el segundo semestre del año 2025, con participación de profesor jefe, educadora diferencial, coordinación académica y entrevistas con la apoderada, acompañándose en autos tanto dicho plan como actas de entrevistas, informe de personalidad, informe de calificaciones, pruebas diferenciadas y actas del Consejo de Profesores.

Séptimo: Que, a su vez, se encuentra acreditado que la recurrente presentó con fecha 15 de diciembre de 2025 una apelación formal ante el establecimiento, invocando el cuadro de salud que la afectó en enero del mismo año, y que posteriormente acudió a la Superintendencia de Educación y al Departamento Provincial de Educación, manteniéndose finalmente la matrícula del estudiante para el año 2026, pero también la medida de repitencia. Asimismo, consta que el colegio revisó nuevamente la situación en un Consejo General de Profesores, el que resolvió ratificar la repitencia.

Octavo: Que, en cuanto a la alegación de ilegalidad, ésta se hace descansar principalmente en una supuesta infracción al artículo 11 del Decreto Supremo N° 67 de 2018, al Decreto N° 170 de 2009, y a la normativa general sobre inclusión y derecho a la educación. Sin embargo, del examen de los antecedentes no aparece, en esta sede cautelar, que el establecimiento haya prescindido por completo del análisis integral exigido por la normativa o que haya omitido de manera absoluta la adopción de medidas de apoyo. Por el contrario, consta la existencia de un Plan de Acompañamiento Individual, de entrevistas con la apoderada, de participación del equipo PIE, de aplicación de pruebas diferenciadas y de revisión de la situación en Consejos de Profesores, antecedentes que impiden concluir, con la claridad e indubitabilidad que exige esta acción, que haya existido una infracción manifiesta al marco normativo aplicable.

Noveno: Que, si bien la recurrente reprocha que el establecimiento habría informado tardíamente el riesgo de repitencia y que el acompañamiento PIE fue ineficiente, lo cierto es que tales afirmaciones aparecen controvertidas por la recurrida mediante documentos que dan cuenta de seguimiento, entrevistas, compromisos y acompañamientos académicos durante el año 2025, de suerte que la discusión planteada importa un examen de mérito pedagógico y de suficiencia de apoyos especializados que excede el marco de cognición restringido propio del recurso de protección, cuyo objeto no es sustituir la valoración técnico-pedagógica del establecimiento ni resolver controversias de lato conocimiento sobre la regularidad de los procesos escolares, salvo que emerja una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, lo que en la especie no se advierte.

Décimo: Que, en cuanto a la denunciada arbitrariedad, entendida como ausencia de racionalidad o fundamento suficiente en la decisión impugnada, tampoco aparece configurada. En efecto, la medida de repitencia fue adoptada y posteriormente ratificada sobre la base del desempeño académico del estudiante, de su nivel de logro en diversas asignaturas, de su asistencia a apoyos y reforzamientos, de su conducta escolar y del seguimiento efectuado por el establecimiento, todo ello dentro del marco del reglamento de evaluación del colegio, acompañado en autos. Que se trate de una decisión discutible o severa no la transforma, por sí sola, en arbitraria, desde que se encuentra sustentada en antecedentes pedagógicos objetivos y en un procedimiento interno previsto en la normativa institucional.

Undécimo: Que, en relación con la alegada vulneración de la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución, referida a la integridad psíquica, si bien no puede desconocerse la preocupación y afectación emocional que una medida de repitencia puede producir en un adolescente, no se advierte que tal circunstancia derive, en el caso concreto, de una actuación ilegal o arbitraria del establecimiento. La afectación emocional que denuncia la recurrente aparece asociada a la propia consecuencia académica de la repitencia y a la disconformidad de la familia con dicha decisión, pero no a una conducta manifiestamente ilegítima de la recurrida que permita estimar lesionada la integridad psíquica en los términos que ampara esta acción constitucional.

Duodécimo: Que, tampoco se configura vulneración del derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, desde que no se observa que el establecimiento haya dispensado al estudiante un trato desigual carente de justificación, sino que, por el contrario, de los antecedentes aparece que precisamente por su condición de alumno con Necesidades especiales incorporado al PIE, se le otorgaron apoyos, acompañamientos y evaluaciones diferenciadas, aun cuando la recurrente estime que éstos fueron insuficientes. La discrepancia sobre la calidad o eficacia de tales medidas no se traduce, sin más, en una discriminación arbitraria constitucionalmente reprochable.

Décimo tercero: Que, respecto del derecho a la educación del artículo 19 N° 10, debe tenerse presente que la decisión impugnada no consistió en una expulsión, cancelación de matrícula o exclusión definitiva del sistema escolar, sino en una medida de repitencia con mantención de matrícula para el año 2026, según reconoce la propia recurrida y consta de los antecedentes allegados. En tales condiciones, no se advierte una privación actual del derecho a la educación en su faz de acceso o permanencia, sin perjuicio de que la recurrente pueda estimar inconveniente o injustificada la medida académica adoptada. Más aún, del propio informe aparece que, a la fecha, el alumno permanece en su domicilio particular por decisión de su madre, a la espera del resultado de esta acción, sin haber sido matriculado en 8° básico, circunstancia que no puede ser imputada a la recurrida.

Décimo cuarto: Que, en definitiva, los antecedentes allegados a la causa no permiten tener por acreditada una actuación ilegal o arbitraria de la recurrida que importe vulneración de derechos indubitados del estudiante, apareciendo la decisión cuestionada inserta en el marco de la normativa educacional vigente, del reglamento interno del establecimiento y de una controversia de naturaleza predominantemente pedagógica y técnica, la que no resulta susceptible de ser revisada y dejada sin efecto por esta vía cautelar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, 2 y 10, y 20 de la Constitución Política de la República; en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; en la Ley General de Educación N° 20.370; en la Ley N° 20.845; en el Decreto Supremo N° 67 de 2018 del Ministerio de Educación; y en el Decreto N° 170 de 2009, se resuelve: Se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, en contra del nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 411 – 2026 Protección.