nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

Valdivia, seis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos 1) Comparece nombre reservado, quién deduce recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE OSORNO, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el aviso de no renovación de designación a contrata de 16 de marzo del año 2026.

Expone que, en su calidad de educador tradicional, desde el año 2016 en la Escuela Rural Pichil y a partir del 2019 hasta febrero del presente, en la Escuela Claudio Arrau de Osorno, Indica que fue designado por decreto alcaldicio en calidad de contrata hasta el día 28 de febrero del año 2026, la cual se renueva en marzo de cada año y que existe continuidad laboral al haberse designado sucesivamente como docente a contrata, manteniendo la misma carga horaria y funciones vinculadas a la asignatura de Lengua Indígena, lo que consta en los diversos decretos alcaldicios que singulariza .

Así, el 2 de marzo de 2026, al inicio del año escolar, concurrió su lugar de trabajo para dar inicio a mis funciones, oportunidad en la cual fue sorprendido por la instrucción verbal, por parte de secretaria del director del establecimiento, que debía retirarse a la espera de la orden de trabajo, lo que implicó en la práctica la exclusión inmediata de su lugar de trabajo, sin acto administrativo formal que lo fundara y sin mediar procedimiento alguno que justificara tal decisión.

El mismo día el director del establecimiento le remitió un correo electrónico con esa misma instrucción verbal, ante lo cual recurrió a diversos organismos administrativos, sin obtener respuesta, hasta que el 16 de marzo de 2026, recibió un segundo correo electrónico del director por medio del cual cuál le comunica el término de su contrato y se le informa que la unidad educativa decidió entrevistar a otros postulantes para la asignatura de Lengua Indígena, habiéndose ya seleccionado a una nueva persona para ocupar dicho cargo durante el año 2026.

Lo anterior evidencia que la decisión de reemplazarle ya se encontraba adoptada, sin haber sido previamente informado, sin expresión de causa o justificación alguna para la no renovación de la contratación, y sin haber mediado procedimiento administrativo que respetara garantías mínimas de transparencia y fundamentación.

Lo anterior constituye un acto arbitrario e ilegal, vulnerándose su derecho de igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso en sentido material y la libertad de trabajo y propiedad. ejercer una actividad lícita.

El acto recurrido consiste en que no existió comunicación formal ni oportuna de la no renovación de su designación para el año escolar 2026, ni menos una carta de aviso previo que diera cuenta del término del vínculo al 28 de febrero de 2026, vínculo que llevaba más de 5 años continuos.

La ilegalidad se manifiesta además en el incumplimiento del deber de motivación reforzada, al tratarse de un funcionario que goza de confianza legítima por haber superado los 5 años de desempeño, no pudiendo el acto ampararse en una formula genérica.

En suma, el acto recurrido es ilegal por incumplir el deber de motivación exigido por la Ley 19.880, y es arbitrario por carecer de razón suficiente y proporcionalidad frente a los antecedentes de continuidad y necesidad del servicio.

Pide se acoja el recurso y se declare que el correo de aviso de no contratación es ilegal y arbitrario, el que vulnera además el principio de confianza legítima, y en consecuencia se invalide el acto administrativo y se ordene a la Municipalidad recurrida la renovación inmediata de la designación a contrata del actor para el año escolar 2026 hasta febrero del año 2027, sin solución de continuidad, manteniendo las condiciones laborales que mantenía en la Escuela Claudia Arrau, debiendo además pagar íntegramente las remuneraciones y cotizaciones devengadas desde el 1 de marzo de 2026 hasta su efectiva reincorporación, con los correspondientes reajustes e intereses legales, todo con costas.

2) A folio 11 informa la recurrida MUNICIPALIDAD DE OSORNO, organismo que solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

En primer término, precisa que la acción deducida no versa sobre una afectación constitucional actual, indubitada ni tampoco urgente. Lo que la recurrente intenta trasladar a esta sede cautelar es una controversia estatutaria que es propia del régimen docente municipal, relativa a la adecuación anual de la dotación, materia expresamente regulada por la Ley N°19.070 y sometida por el legislador a vías específicas de reclamación.

Señala que, el recurrente mantuvo contrataciones como docente educador tradicional en calidad de contrata, las que se efectuaron bajo el estatuto docente que datan del año 20221 (sic), por lo que no corresponden a contrataciones sucesivas y continuas, sino que por el contrario poseen interrupciones que impiden que se configure a su respecto el principio de confianza legítima, sin que exista obligación de la Municipalidad de renovar su contratación en calidad de contrata.

Indica, además que entre el 2019 y hasta el año 2021, el actor se desempeñó conforme al Código del Trabajo, intentando sumar dichas contrataciones a sus nombramientos a contrata pretendiendo la aplicación del criterio de confianza legítima a su respecto.

Lo anterior se evidencia incluso de los medios documentales acompañados de forma parcializada, dando cuenta únicamente de los decretos que aprueban sus contratos de trabajo, eliminando de dicho documento precisamente el contrato de trabajo suscrito con la recurrente.

Añade que, el actor dedujo previamente un reclamo ante la Contraloría Regional de Los Lagos por los mismos hechos, el 17 de marzo de 2026, requiriendo dicho órgano de control informe al sostenedor mediante Ord. N°56.452 de 23.03.2026, cuya resolución se encuentra pendiente, por lo cual no resulta jurídicamente procedente acudir por esta vía constitucional en forma paralela.

Agrega que el acto administrativo impugnado no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad, ya que se trata de una comunicación del término de una contrata por vencimiento del plazo, el que constata una situación jurídica preexistente, derivada del carácter esencialmente temporal de los nombramientos de dicha naturaleza. (artículo 25 y 41 de la Ley Nº 19.070, Sobre Estatuto Docente.

Por lo demás, el correo electrónico que comunica el término de la contrata del recurrente no constituye un acto administrativo que altere o modifique situaciones jurídicas preexistentes, sino que se limita a constatar el acaecimiento de un hecho jurídico cuyas consecuencias están expresamente predeterminadas por el ordenamiento legal vigente, por lo cual su fundamentación resulta atenuada atendida su naturaleza y que no requiere de una argumentación específica.

Añade que al no haber permanecido el recurrente en el cargo a contrata —ininterrumpidamente— por más de cinco años, (fue únicamente desde el año 2021 con una interrupción de 20 días en el año 2025) por lo que no se generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración cuya duración haya alcanzado, a lo menos, cinco renovaciones anuales, lo que no ha ocurrido en la especie, además de pretender incorporar como cálculo de esta supuesta confianza legítima contrataciones bajo un estatuto jurídico distinto, como son las contrataciones previas que fueron regidas conforme al Código del Trabajo.

Tampoco existe vulneración al debido proceso en términos constitucionales. El ordenamiento jurídico no deja a la docente en indefensión. Por el contrario, le franquea acciones y procedimientos específicos para reclamar eventual menoscabo o ilegalidad de su no renovación, tanto en sede laboral como ante órganos administrativos competentes.

Expresa que la extinción del vínculo por vencimiento del plazo establecido en la designación no afecta la libertad de trabajo, derechos adquiridos u otras garantías constitucionales, sino que opera conforme al régimen legal expresamente previsto para esta modalidad de nombramiento.

3) El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

4) Conforme a los antecedentes acompañados por el recurrente a folio 1 y siguientes, consta que el actor, en los años 2019 y 2020, celebró contrato de trabajo con la Municipalidad de Osorno, quedando sujeto a dicho estatuto legal durante ese periodo, por lo cual la vinculación a contrata se extendió desde el 01 de marzo de 2021 y hasta febrero de 2026, sin perjuicio de lo debatido por la recurrida en su informe.

5) Sin perjuicio de lo antes expuesto y tratándose de cuestiones referidas al derecho administrativa, en particular la aplicación del Estatuto Docente, consta que el actor dedujo reclamo ante la Contraloría Regional de Los Lagos por los mismos hechos que motivan esta acción, lo que aconteció el 17 de marzo de 2026, requiriendo dicho órgano informe a la recurrida el 23 de marzo del presente, cuya resolución se encuentra pendiente, por lo cual al haberse ejercido el derecho ante el órgano contralor, este tribunal de alzada se encuentra inhibido de pronunciarse sobre el presente recurso.

6) La anterior conclusión emana de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 19.880, el que establece lo siguiente: “…Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.

Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo”.

7) Por lo expuesto, esta Corte de Apelaciones desestimará el recurso de protección deducido en los presentes autos, tal como se dirá en lo conclusivo.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida a folio 1.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección 396-2026 � Decreto Alcaldicio Nº 2334 de la Ilustre Municipalidad de Osorno de nombramiento docente a contrata de fecha 23 de abril de 2016.

Decreto Alcaldicio Nº 3207 de Ilustre Municipalidad de Osorno de nombramiento docente a contrata de fecha 01 de marzo de 2019.

Decreto Alcaldicio Nº 1104 de Ilustre Municipalidad de Osorno de nombramiento docente a contrata de fecha 01 de marzo de 2020.

Decreto Alcaldicio Nº 1743 de Ilustre Municipalidad de Osorno de nombramiento docente a contrata de fecha 01 de marzo de 2021.

Decreto Alcaldicio Nº 1039 de Ilustre Municipalidad de Osorno de nombramiento docente a contrata de fecha 01 de marzo de 2022.

Decreto Alcaldicio Nº 734 de Ilustre Municipalidad de Osorno de nombramiento docente a contrata de fecha 01 de marzo de 2023.

Decreto Alcaldicio Nº 917 de Ilustre Municipalidad de Osorno de nombramiento docente a contrata de fecha 01 de marzo de 2024.

Decreto Alcaldicio Nº 1999 de Ilustre Municipalidad de Osorno de nombramiento docente a contrata de 20 de marzo de 2025.