nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA

Valdivia, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece el Abogado Sr. Rafael Eduardo Asenjo Pérez, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, comerciante, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien a su vez comparece en representación convencional de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, San nombre reservado, comuna de Mariquina, quién deduce acción de protección en contra de la I. Municipalidad de Mariquina, RUT RUT reservado, representada legalmente por su Alcalde don Guillermo Rolando Mitre Gatica, ambos con domicilio en domicilio reservado, de esa localidad. Inicia el desarrollo de su recurso, con la exposición de los antecedentes, indicando en primer lugar que doña nombre reservado es una persona adulta mayor de 80 años de edad, quien por más de 25 años a la fecha, con un grupo de vecinos pudieron establecerse en un sitio determinado y generar una solución habitacional para sus respectivas familias, naciendo la “Población San Francisco” dentro del radio urbano de San José de la Mariquina, mediante la permuta de unos terrenos entre el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Valdivia y la Municipalidad de Mariquina, individualizando al efecto el recurrente los lotes 1C y 1B en el plano levantamiento planimétrico DSV-T130. Prosigue señalando que las casas se emplazaron en el terreno posteriormente adquirido por la municipalidad recurrida, para que a su vez sea dicho ente público quien entregue los correspondientes títulos de dominio a los vecinos beneficiados, dejándose establecido que se procedería a lotear en sitios los lotes y con la consecuente ejecución de las obras de urbanización que habilitarían completamente las viviendas, para proceder después a confeccionarse las escrituras públicas de donación de los inmuebles formados a partir de la subdivisión de los Lotes 1C y 1B. Agrega que las primeras escrituras de donación entre la Municipalidad como donante y cada uno de los vecinos como donatarios, se confeccionaron en forma individual y se suscribieron hacia el año 2001, inscribiéndose en Junio de 2003 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, reconociendo el Alcalde de la época Guillermo Rolando Mitre Gatica como propietaria a la Sra. nombre reservado de un inmueble en la Población San Francisco, consistente en terreno y caseta sanitaria que fue entregado por la misma Municipalidad en 1996, encontrándose a esa fecha la escritura “en trámite”, entregando el un certificado que acreditaba este compromiso. Señala después que hubo otras transferencias de sitios durante los años 2006, 2007 y 2009, pero en ninguna de ellas se otorgó el dominio a la recurrente, manifestándosele con el correr de los años por personal del municipio que el inmueble de mayor tamaño donde se emplaza su vivienda, sería de propiedad aun del Servicio de Vivienda y Urbanismo, no obstante lo cual por acuerdo N° 89 del año 2017 del Honorable Concejo Municipal de Mariquina se autorizó a sanear bajo la normativa del D.L. N° 2695/79 terrenos municipales a doña nombre reservado, lo que no ha ocurrido. Refiere después una carta que la hija de la recurrente dirigió al Alcalde Sr. Mitre, en la que se relata la secuencia de los hechos y que al no obtener respuesta concurrió al municipio a entrevistarse con el Alcalde, quien le afirmó que no podía la Municipalidad hacer transferencia a título gratuito del inmueble, porque esa figura jurídica estaba prohibida y que la única solución era solicitar la regularización del inmueble mediante el procedimiento del D.L. N° 2695/79. Prosigue manifestando que la omisión permanente de incumplir con lo prometido en el certificado suscrito por el Alcalde de la comuna, de transferir el dominio del inmueble a la recurrente y la respuesta negativa del día 02 de Marzo de 2022, le hace incurrir en arbitrariedad e ilegalidad de los actos recurridos al no ejecutar lo comprometido, dejando a la recurrente en un plano de inequidad y/o desigualdad frente al resto de sus vecinos, quienes sí obtuvieron sus títulos de dominio correctamente inscritos, incurriéndose también en inobservancia al “Principio de imparcialidad”, consagrado en el artículo 11 de la Ley N° 19.880 sobre Bases Generales de Procedimiento Administrativo. Afirma el compareciente a continuación, que las omisiones generadas por la Municipalidad de Mariquina, han privado y perturbado el legítimo ejercicio de los derechos y garantías de su representada, consagradas en los numerales 19° N° 2° y 24° de nuestra Carta Fundamental, al establecer diferencias arbitrarias en la persona de la Sra. nombre reservado con el resto de vecinos de la Población San Francisco, al no permitirle ser merecedora de un título gratuito, que la convierta en propietaria del terreno donde se construyó antaño la caseta sanitaria que se le había asignado para que viviera junto a su familia, impidiéndole también de acceder a los numerosos subsidios de ampliación y mejoramiento urbano de viviendas, que requieren como requisito primario ser propietario del inmueble objeto de la acción del Estado. Reitera los conceptos ya referidos y concluye su recurso solicitando se ordene en definitiva, que la recurrida disponga sin más trámite el inicio del procedimiento administrativo destinado a otorgar gratuitamente el dominio del inmueble que posee la recurrente y le entregue la escritura de dominio correspondiente, procediendo a la inscripción del dominio del inmueble, con costas La parte recurrente acompañó los siguientes documentos:

1.- Carta suscrita por doña nombre reservado al señor alcalde de Mariquina, ingresada por Oficina de Partes el día 25 de noviembre de 2022.

2.- Certificado del mes de Octubre de 2003, suscrito por el alcalde Rolando Mitre Gatica.

3.- Certificado de avalúo fiscal rol 284-17 de la comuna de Mariquina emitido por el Departamento de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos.

Durante la tramitación del recurso, la parte recurrente acompaño también los documentos que se agregaron a folio 15.

1.- Cartola Hogar registro social de hogares, emitida por el ministerio de desarrollo social y familia respecto a la persona de doña nombre reservado.

2.- Copia vigente de dominio vigente correspondiente a la inscripción de dominio que la recurrida tiene sobre el inmueble de mayor tamaño, de donde se efectuaron donaciones a vecinos de la población San Francisco.

3.- Solicitud de regularización, presentada a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Mariquina 4.- Correo electrónico de la Seremi de bienes nacionales de la Región de los Ríos de fecha 22 de Octubre de 2021, donde se comunica que el rol de avalúo N° 284-17 de la comuna de Mariquina, corresponde a terrenos de la I. Municipalidad de Mariquina en el sector San Francisco donde se ha desarrollado un proyecto de loteo habitacional.

5.- Consulta de antecedentes de un bien raíz, Rol- 00320-00008 de fecha 06 de Mayo de 2022, 6.- Certificado 6223 de Essal de fecha 18 de Abril de 2017.

7.- Certificado de Saesa N° 5894054/2017, 8.- Acuerdo N° 89 del Honorable concejo municipal de la Comuna de Mariquina de fecha 28 de junio de 2017, Se ordenó a la recurrida informar el recurso.

Informa el recurso por la recurrida, la Abogada Carola Angélica Cáceres Gutiérrez, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien manifiesta que en atención a la información que obra en poder de la Municipalidad, el terreno de mayor tamaño donde se emplaza la vivienda de la requerida, esto es, calle nombre reservado°5, nombre reservado de la comuna de Mariquina, continúa siendo de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización, lo que fue puesto en conocimiento de la requirente hace 11 años aproximadamente, en atención a la solicitud de saneamiento que la propia requirente realizó en Bienes Nacionales con fecha de ingreso de 21 de Enero de 2010, la que fue denegada según información entregada por la Jefe de Gabinete del Ministerio de Bienes Nacionales. Individualiza la propiedad, la cual tiene una superficie de 200 metros cuadrados, la que está amparada por el rol de Avalúo Fiscal N°320-8 y que se encuentra inscrita a nombre del SERVIU, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Mariquina, lo cual fue notificada a la recurrente el día 22 de Marzo de 2011, pidiéndosele que debía adjuntar autorización correspondiente emitida por el SERVIU. Manifiesta después que en razón de lo expuesto, no es posible configurar alguna acción u omisión arbitraria o ilegal de parte de esta entidad edilicia en contra de la recurrente, que prive o perturbe alguno de los derechos que menciona y tampoco puede entenderse que mediante un simple certificado emitido por la Municipalidad, puede constituirse de un compromiso entre la entidad edilicia y un particular. Señala después que la recurrente mediante la presente acción solo intenta burlar el procedimiento idóneo para regularizar la propiedad, solicitando una solución habitacional que no es obligación primordial del Municipio, pues la satisfacción de las carencias habitacionales recae en el mismo Estado por medio de sus organismos competentes, como lo es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En cuanto a la circunstancia que existen otros vecinos que tienen regularizados sus terrenos mediante donaciones efectuadas por el municipio, precisa que en ninguno de los documentos adjuntos o anexos presentados en su acción, existen vecinos que hayan obtenido donaciones en la calle nombre reservado. Concluye solicitando rechazar la acción de protección interpuesta por la recurrente en todas sus partes, en razón a los argumentos expuestos en esta presentación, todo con costas.

Se decretó traer los autos en relación y agregarla en tabla extraordinariamente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Constituye un requisito indispensable de la acción de protección la existencia de una acción u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o que sea arbitraria por parte de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más garantías protegidas por el legislador. El apoderado de la recurrente ha invocado para recurrir y fundamentar su acción, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19° de la Constitución Política de la República esto es, 2°, “La igualdad ante la ley ”; y N° 24,”El derecho de propiedad”.

SEGUNDO: Que, la parte recurrente ha solicitado mediante la presente acción cautelar, que se ordene a la recurrida, la Ilustre Municipalidad de Mariquina, que cumpla con su compromiso de otorgar escritura definitiva de dominio a doña nombre reservado, respecto del sitio que ocupa desde el año 1996, otorgado por la propia Municipalidad, ubicado en calle nombre reservado°5, nombre reservado de la comuna de Mariquina. Para fundamentar su petición, relató el origen de su situación habitacional, la que se produce por un traslado de terreno que el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Valdivia de la época, hiciera a la I. Municipalidad de Mariquina a objeto de asignar títulos gratuitos a los habitantes de la Población San Francisco, lo que se cumplió respecto del resto de los vecinos, no así de la recurrente. La exigencia se basa en una carta compromiso del año 2003, suscrita por el propio Alcalde la Comuna y en un acuerdo municipal del año 2017 y en la cual el Concejo Municipal de la Comuna de Mariquina autorizó a la recurrente para regularizar el terreno mediante el procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695 del año 1979. Como efecto de la omisión de la recurrida, la recurrente expuso que no ha podido obtener tirulo de dominio ni acceder a los beneficios sociales que exigen ser propietaria del sitio.

TERCERO: Que, la recurrida al informar señaló que el terreno donde se emplaza la vivienda de la recurrente pertenece al Servicio de Vivienda de Urbanismo y que así se le informo el año 2010, cuando pretendió regularizar a través del Ministerio de Bienes Nacionales y que en cuanto a los títulos de dominio otorgado por el Municipio a los vecinos de la Población San Francisco, ninguno se emplaza en la calle nombre reservado. Expuso también el informe, que los acuerdos o compromisos suscritos invocados por la parte recurrente, no tienen la fuerza jurídica de obligar a la Municipalidad de otorgar títulos de dominio.

CUARTO: Que, corresponde tener en consideración conforme a la documentación acompañada por la parte recurrente, que efectivamente doña nombre reservado se encuentra en posesión del sitio individualizado en su recurso por el tiempo que ha relatado, en el cual se emplaza una vivienda donde vive con su grupo familiar, como asimismo que en terrenos contiguos se emplazan viviendas de la Población San Francisco de la comuna de Mariquina, respecto de las cuales el Municipio le otorgó a sus poseedores título de dominio gratuito. El terreno de esas viviendas fue traspasado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo precisamente con la finalidad habitacional antes indicada. En cuanto al propietario del sitio que ocupa la recurrente, si bien al informar la recurrida afirmó que pertenece al Servicio de Vivienda y Urbanismo, explicando un proceso fallido de regularización debido a esa circunstancia, no acompañó antecedentes que permitan ratificar esa circunstancia. También resulta efectivo que el año 2003, el Alcalde de la comuna de aquel entonces manifestó su compromiso de otorgar título de dominio a la Sra. nombre reservado como asimismo que el Concejo Municipal el año 2017 adoptó el acuerdo de autorizar a dicha persona y a otros vecinos a objeto regularicen el dominio de sus respetivos sitios, mediante el procedimiento del decreto ley 2695 de 1979. Corresponde establecer entonces, la fuerza vinculante del compromiso y el acuerdo referido precedentemente, en el evento que el terreno en cuestión sea de propiedad municipal.

QUINTO: Que, sin perjuicio que no se encuentra absolutamente indubitado que el sitio en el cual se encuentra emplazada la vivienda de la recurrente sea efectivamente de propiedad municipal, lo que se ha solicitado por la parte recurrente a través de la presente vía cautelar, es que se ordene a la I. Municipalidad de Mariquina realizar todos los trámites tendientes a otorgarle título de dominio gratuito. Al efecto y en relación con esta petición de transferencia del dominio de un bien municipal, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, corresponde al Alcalde de la Comuna disponer de los bienes municipales. El artículo 65 de la ley dispone que: “El Alcalde requerirá el acuerdo del concejo para:… f) Adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro años o traspasar a cualquier título, el dominio o mera tenencia de bienes inmuebles municipales o donar bienes muebles”. La norma citada permite establecer que el Alcalde de una comuna carece de atribución para disponer sin este acuerdo de los bienes municipales. En consecuencia, el compromiso que adquirió el Sr. Alcalde la Municipalidad de Mariquina para con la recurrente, en orden a otorgarle título de dominio, no tiene fuerza vinculante sin este requisito, lo que lo transforma solo en una mera intención de voluntad. Se suma a lo anterior, la circunstancia que no es legalmente posible que a través de un recurso de protección se pueda ordenar o forzar a esta autoridad edilicia para disponer de un bien raíz municipal, por tratarse de atribuciones propias de la autonomía de la que gozan estos organismos y sus máximas autoridades.

SEXTO: Que, en relación con el acuerdo del concejo municipal ya citado, y si bien el Decreto ley 2659 de 1979 prohíbe la regularización de bienes raíces municipales, salvo situaciones de excepción reuniéndose determinados requisitos, la iniciativa de acogerse al procedimiento administrativo respectivo recae en el propio poseedor de este bien pretendido sanear, ante el Ministerio de Bienes Nacionales. En este contexto, el acuerdo indicado para el evento que el terreno sea de propiedad municipal, tiene solo el efecto de constituir un antecedente favorable para la pretensión de quien pretenda regularizar, pero no puede interpretarse como una voluntad de transferir directamente el bien al poseedor, atendida la normativa citada en el considerando precedente. El acuerdo del Concejo Municipal lo fue en relación con la regularización en el marco del D. L. 2659 de 1979, pero no para transferir directamente el bien.

SEPTIMO: Que, conforme al análisis de los considerandos precedentes, admitiéndose la plausibilidad de la recurrente de contar con título de dominio inscrito a su nombre conforme a los antecedentes ya expuestos, la vía cautelar cuya finalidad es la de poner pronto remedio a la afectación de una garantía constitucional, no resulta idónea para ordenar a la Municipalidad recurrida suscribir una escritura tendiente otorgar título de dominio de un bien raíz a un particular, considerando la autonomía que la ley orgánica municipal otorga a estas entidades, como asimismo ante la circunstancia que la interesada debe instar por los procedimientos administrativos que el ordenamiento jurídico dispone al efecto.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA sin costas, la acción de protección interpuesta por el apoderado de doña nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de San José de la Mariquina, por no resultar idónea la vía cautelar respecto de la pretensión de la recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Vidal Etcheverry.

Rol 396 – 2022 PRO.